Existe una diferencia matemática entre el porcentaje de metas cumplidas en seguridad que señala el Ministerio del Interior y el resultado de la primera evaluación externa.
Es deseable que el cumplimiento de objetivos de las políticas públicas sea evaluado por entidades distintas a aquella que es responsable de su ejecución. He ahí la importancia de la transparencia e información que proporcionan los servicios públicos y ministerios ejecutores a toda la ciudadanía. Sería interesante considerar que la sociedad civil puede participar en esta parte del procedimiento por el cual atraviesan o debieran atravesar todas las políticas en las que se invierten recursos públicos, de tal forma que el aparataje gubernamental pueda internalizar en su producción de bienes y servicios esta externalización o acción positiva que otorga información del funcionamiento de un área determinada.
En este contexto, deben elogiarse las investigaciones privadas que evalúan políticas públicas e integrarse como diálogo social al mejoramiento del sistema.
Lamentablemente, no todos los planes y programas de un sector determinado están refundidos en un solo documento, pero en aquellos que si lo están, como las políticas públicas que pretenden aumentar la seguridad en nuestro país, debe reconocerse que ya se ha dado el primer paso de transparencia, fiscalización y determinación del órgano responsable, siendo injustificable el comportamiento omisivo de los expertos en el desarrollo de las mismas.
El documento que contiene todas las políticas públicas de seguridad ciudadana es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada a finales del año 2006 por el Ministerio del Interior. Constituye una política pública compuesta por 107 metas cuyo objetivo consiste en el cumplimiento de la promesa del Gobierno de Michelle Bachelet de reducir en un 10% el número de hogares víctimas de algún delito entre 2006 y 2010, esto es, disminuir el número de delitos cometidos en nuestro país. Seis ejes (institucionalidad, información, prevención, control y víctimas) agrupan una serie de planes y programas ejecutados por distintos ministerios y servicios públicos.
El Gobierno ha rendido cuenta pública de esta ENSP en tres oportunidades, siendo la última en agosto de este año, oportunidad en que nos sorprendió con el lanzamiento de una nueva versión (ENSP versión 2008) que curiosamente modifica los plazos y metas de la versión original.
Durante el mes de enero del año 2008 el Gobierno señaló en su Cuenta Pública Anual que había cumplido el 87,6% de todas las metas, cuestión que provocó alerta toda vez que muchas de ellas tenían como plazo de cumplimiento el año 2010.
Efectivamente, luego de evaluar la ENSP, se confirmó esta advertencia. Sólo el 55% de las metas estaban vencidas al terminar el año 2007. Por su parte, un 45% de las metas aún están vigentes (su plazo de ejecución se encuentra actualmente en desarrollo, es decir, que corresponde al año 2008, 2009, 2010 o bien, a plazos que van desde el año 2006 o 2007 al año 2010), y por consiguiente, es imposible calificar aún su cumplimiento.
Si bien es cierto, que debe reconocerse, en determinadas circunstancias, las bondades de toda actualización, reformulación o rediseño de políticas públicas, es preocupante que se haya elaborado una nueva versión de la ENSP, puesto que sólo el 46% de las metas vencidas de la versión 2006 están cumplidas y sólo el 29% de las vigentes presenta un alto grado de avance.
Ello, sin considerar que la información disponible al público impide realizar una evaluación social o de impacto ex post de cada una de las metas, a modo de comprobar la efectividad del gasto invertido en seguridad hasta hoy.
Un segundo avance, luego de esta primera evaluación, consistiría en exigir que la ENSP contara con información del presupuesto invertido anualmente en cada una de las metas, lo que permitiría obtener la cantidad de dinero asociada a la seguridad ciudadana y a cada una de las políticas públicas. ■■■■■
Daniela Godoy G.Instituto Libertad
Es deseable que el cumplimiento de objetivos de las políticas públicas sea evaluado por entidades distintas a aquella que es responsable de su ejecución. He ahí la importancia de la transparencia e información que proporcionan los servicios públicos y ministerios ejecutores a toda la ciudadanía. Sería interesante considerar que la sociedad civil puede participar en esta parte del procedimiento por el cual atraviesan o debieran atravesar todas las políticas en las que se invierten recursos públicos, de tal forma que el aparataje gubernamental pueda internalizar en su producción de bienes y servicios esta externalización o acción positiva que otorga información del funcionamiento de un área determinada.
En este contexto, deben elogiarse las investigaciones privadas que evalúan políticas públicas e integrarse como diálogo social al mejoramiento del sistema.
Lamentablemente, no todos los planes y programas de un sector determinado están refundidos en un solo documento, pero en aquellos que si lo están, como las políticas públicas que pretenden aumentar la seguridad en nuestro país, debe reconocerse que ya se ha dado el primer paso de transparencia, fiscalización y determinación del órgano responsable, siendo injustificable el comportamiento omisivo de los expertos en el desarrollo de las mismas.
El documento que contiene todas las políticas públicas de seguridad ciudadana es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada a finales del año 2006 por el Ministerio del Interior. Constituye una política pública compuesta por 107 metas cuyo objetivo consiste en el cumplimiento de la promesa del Gobierno de Michelle Bachelet de reducir en un 10% el número de hogares víctimas de algún delito entre 2006 y 2010, esto es, disminuir el número de delitos cometidos en nuestro país. Seis ejes (institucionalidad, información, prevención, control y víctimas) agrupan una serie de planes y programas ejecutados por distintos ministerios y servicios públicos.
El Gobierno ha rendido cuenta pública de esta ENSP en tres oportunidades, siendo la última en agosto de este año, oportunidad en que nos sorprendió con el lanzamiento de una nueva versión (ENSP versión 2008) que curiosamente modifica los plazos y metas de la versión original.
Durante el mes de enero del año 2008 el Gobierno señaló en su Cuenta Pública Anual que había cumplido el 87,6% de todas las metas, cuestión que provocó alerta toda vez que muchas de ellas tenían como plazo de cumplimiento el año 2010.
Efectivamente, luego de evaluar la ENSP, se confirmó esta advertencia. Sólo el 55% de las metas estaban vencidas al terminar el año 2007. Por su parte, un 45% de las metas aún están vigentes (su plazo de ejecución se encuentra actualmente en desarrollo, es decir, que corresponde al año 2008, 2009, 2010 o bien, a plazos que van desde el año 2006 o 2007 al año 2010), y por consiguiente, es imposible calificar aún su cumplimiento.
Si bien es cierto, que debe reconocerse, en determinadas circunstancias, las bondades de toda actualización, reformulación o rediseño de políticas públicas, es preocupante que se haya elaborado una nueva versión de la ENSP, puesto que sólo el 46% de las metas vencidas de la versión 2006 están cumplidas y sólo el 29% de las vigentes presenta un alto grado de avance.
Ello, sin considerar que la información disponible al público impide realizar una evaluación social o de impacto ex post de cada una de las metas, a modo de comprobar la efectividad del gasto invertido en seguridad hasta hoy.
Un segundo avance, luego de esta primera evaluación, consistiría en exigir que la ENSP contara con información del presupuesto invertido anualmente en cada una de las metas, lo que permitiría obtener la cantidad de dinero asociada a la seguridad ciudadana y a cada una de las políticas públicas. ■■■■■
Daniela Godoy G.Instituto Libertad
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