TERAPIA PARA CEREBROS LAVADOS CAPITULO XI

Estimados amigos

Las FF.AA y la fuerzas de Orden y Seguridad han optado por aparecer sumamente complacientes ante las autoridades políticas.
Hace unos años atrás un Comandante en Jefe culpó anticipadamente, y a través de la TV, a varios de sus oficiales de los lamentables hechos ocurridos en Antuco.
Unas semanas atrás el Director General de Investigaciones hizo lo mismo con algunos de sus funcionarios.
Y, esta semana, la superioridad de Carabineros acaba de sancionar a dos de sus funcionarios.... ¡¡¡¡¡¡¡ por pasar un parte !!!!
Este año, con motivo del proceso al que fueron sometidos ex oficiales de la Armada, esta institución dijo que no tenía nada que decir. ¿Fue esta una actitud correcta?. ¿Ud. que opina?

Sobre este tema es el nuevo extracto del libro "Terapia para cerebros lavados", de H. Pérez de Arce, que les adjunto

Atentamente

Juan M. Reveco Bravo


TERAPIA PARA CEREBROS LAVADOS


Autor: HERMOGENES PEREZ DE ARCE
DEL CAPITULO XI
AMARGAS EXPERIENCIAS (XI-2)


Los vejámenes sufridos por los uniformados procesados y presos por los Tribunales de Justicia son múltiples, pero si se quejan, un castigo adicional puede provenir de sus propias instituciones. Véase lo que sucedió al almirante (r) Kenneth Gleiser, que era director médico del Hospital Naval de Talcahuano: fue destituido después de lo que vio y soportó en el buque escuela Esmeralda, donde decidió interrogarlos, a él y otros oficiales, la ministra sumariante Eliana Quezada, en el caso de la “desaparición” del renunciado sacerdote Miguel Woodward – “desaparición” que no fue tal, pues murió de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Naval de Valparaíso -, en 1973.
Posteriormente, el 18 de abril de 2008, fueron sometidos a proceso y detenidos como autores de secuestro calificado del renunciado sacerdote “tras ser torturado y llevado a bordo del buque escuela Esmeralda” según dice el diario (dándolo como hecho probado), los vicealmirantes (r), Guillermo Aldoney, Juan Mackay, Adolfo Walbaum y Sergio Barra, el capitán de navío (r) Ricardo Riesco y el teniente primero (r) Carlos Costa, éste último en calidad de cómplice.
La información periodística termina expresando:
“La Armada señaló que no se pronunciará sobre temas judiciales”.
¿No se pronuncia, aun si está directamente afectada por el proceso? Porque:
1) Los almirantes y oficiales no eran empleados de la Compañía de Teléfonos ni de la Compañía de Muelles de la Población Vergara, sino funcionarios de la Armada, que trabajaban para ella.
2) El delito de secuestro, por el cual se les inculpa, sólo pueden cometerlo los particulares, según el Código Penal, y en este caso los marinos procesados y detenidos no actuaron como particulares, sino como funcionarios de la Armada. Esta institución debería tener algo que decir al respecto, particularmente si, de ser efectivos los hechos, la figura jurídica apropiada sería la del delito de detención ilegal.
3) Pero si la Armada no tiene nada que decir de lo anterior, sí debería tenerlo acerca de la siguiente afirmación de la jueza en su resolución: (Woodward) fue privado de su libertad de desplazamiento, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 hasta la época actual”. (Ver nota personal al pié de página)
¡Acusan a la Armada de tener ilegalmente preso a Woodward hoy día, y ella no tiene nada que decir!
Pero yo le voy a sugerir a ella cosas que sí podría decir, con apego a la ley y a la verdad: Primera, que la jueza está procediendo ilegalmente, en perjuicio de quienes sirvieron a la Armada; segunda, que (la Armada) desea representar esta ilegalidad públicamente, porque públicamente ella está siendo denostada como institución y lo están siendo quienes fueron sus miembros; y, tercera, anunciar que planteará esta ilegalidad, atentatoria contra una de las bases de la institucionalidad como lo es el debido proceso, en la primera oportunidad en que sea convocado el Consejo de Seguridad Nacional, aunque previsiblemente éste no lo ocurrirá jamás, pues, tras la última reforma, sólo puede serlo por la Presidenta de la República, a la cual, evidentemente le interesa el continuo vejamen y juzgamiento ilegal de los uniformados que enfrentaron a los grupos terroristas a los cuales fue tan próxima.
Yo pienso que la Compañía de Teléfonos o la Compañía de Muelles de la Población Vergara habrían dicho, por lo menos, algunas de esas cosas ante un fallo aberrante como el comentado, si los afectados hubieran sido funcionarios de ellas
(Páginas 362 a 365 de “Terapia para cerebros lavados”)
CONTINUARÁ


Nota personal de Juan Reveco Bravo: Respecto a este tema, en carta a El Mercurio en abril de 2008, el ex Comandante en Jefe de la Armada Miguel A. Vergara V., escribió que: durante sus años como Comandante en Jefe de la Armada no tuvo conocimiento que en dependencias de su institución hubiera algún detenido.