CARTA SOBRE LA JUSTICIA

Justicia: Tareas pendientes del Gobierno

RODRIGO DELAVEAU
Director Programa Justicia LyD

En la reciente inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema puso énfasis en la transparencia, el control de corrupción, la eficiencia y la atención al usuario, todos aspectos muy fundamentales. No obstante, y más allá de los esfuerzos del propio Poder Judicial, los problemas que enfrenta la justicia parecieran ser los mismos de los últimos años. Si bien el Ejecutivo -principal encargado de concretar políticas públicas en esta área- ha logrado ciertos resultados específicos, el panorama general parece desalentador, y queda la sensación de que muchas soluciones tardan demasiados años en materializarse.


Así, en relación con la implementación de las reformas procesales (Penal Adolescente, Laboral y Familia), éstas no han estado exentas de problemas. En la justicia juvenil, el 89% de quienes estuvieron presos durante el proceso no fue, en definitiva, condenado a una pena de internación en régimen cerrado, lo que es confuso. Luego, en la reforma procesal laboral, cuya implementación concluye este año (después de dos postergaciones), habrá que estar muy atento a lo que suceda en la Región Metropolitana, dado que en regiones ha habido dificultades en la adaptación de algunos jueces al nuevo procedimiento oral, lo que evidencia un problema de capacitación. Por último, en relación con los tribunales de familia, recién el próximo año podremos ver si las reformas introducidas recientemente al sistema de mediación cumplen con las anunciadas mejoras a estos tribunales.

En materia procesal civil, han transcurrido varios años desde que se comenzó a estudiar la reforma a esta rama de la justicia (con menos impacto mediático que la procesal penal, pero con un universo de personas afectadas infinitamente mayor a ésta), sin que hasta la fecha haya ingresado al Parlamento como proyecto de ley. Junto con lo anterior, resulta insostenible que el fisco aún cuente con alrededor de medio centenar de privilegios procesales, en directo desmedro de las personas contra las cuales litiga.

En lo referente a nuestro Poder Judicial, debemos repensar el papel que queremos de la Corte Suprema como ente unificador de jurisprudencia, tal cual lo señaló su propio presidente en su discurso. Además, el máximo tribunal debe cumplir con demasiados roles a la vez, muchas veces en materias extrajurídicas, lo que impide que se dedique en profundidad a los temas que le son propios. Íntimamente vinculada con lo anterior está la estructura del Poder Judicial: el hecho de que los que confirmen o revoquen sentencias sean los mismos que califican a sus inferiores atenta de alguna manera contra la calidad de las sentencias y la independencia de nuestros jueces. El diseño institucional es excesivamente piramidal y cuenta con pocos incentivos para que los buenos jueces permanezcan en el Poder Judicial. Más grave que lo anterior, el sistema de nombramiento de jueces está exento de competencia real, ya que impide que destacados profesionales externos postulen al Poder Judicial, y, donde no hay competencia, difícilmente habrá excelencia.

Otro punto de gran impacto es la defensoría jurídica. El Gobierno anunció este año una reforma de la Corporación de Asistencia Judicial. Es de esperar que esta reforma no se base en crear nuevamente otra repartición pública colmada de funcionarios, sino en la implementación de un sistema más moderno, que contemple vouchers judiciales donde sea la persona -que no puede procurarse un abogado por sus propios medios- la que elija al profesional que la defienda, ofreciendo rendición de cuentas e independencia a la hora de defender sus derechos. Así, el Estado se limita a financiar dicha prestación, a verificar los requisitos para postular y a velar por su cumplimiento debido de la defensa, generando competencia y beneficiando a las personas.

Podríamos seguir enumerando otros temas pendientes, como la falta de un impulso más decidido al exitoso sistema de cárceles concesionadas y su extensión a otras áreas, como los recintos del Sename; la reforma a los órganos registrales, como conservadores y notarios; el perfeccionamiento de los juzgados de policía local y la justicia vecinal, y tantas otras. Todo lo anterior, sin perjuicio de las mejoras modernizadoras, informáticas y de infraestructura, dado el fuerte aumento del ingreso de causas (casi 30% en dos años). Es de esperar que este año, el último de la Presidenta Bachelet, se hagan avances efectivos en esta área. La agenda pendiente es enorme.