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lunes, 27 de julio de 2009

RESISTENCIA


P. Raúl Hasbún | Sección: Política, Religión


Obedecer implica someter la propia voluntad a una norma de origen superior, que obliga por venir de quien viene y porque está orientada a procurar el bien personal y común. En rigor, sólo se obedece a Dios. Pero dado que la Causa Primera habla y actúa generalmente a través de causas segundas, la obediencia a toda legítima autoridad humana viene siendo la prueba concreta de que obedecemos a Dios. Por la misma lógica, cada vez que la autoridad pretende imponer una conducta que contradice la ley y voluntad divina, el súbdito tiene derecho y, eventualmente, deber de resistir. Su aparente desacato humano no hace sino honrar la necesaria obediencia a supremos preceptos divinos. Ello explica la constante histórica que pone al cristiano en la vanguardia de los obedientes y a la cabeza de los resistentes.

Su resistencia priorizará los medios pacíficos, no violentos, contemplados en el Derecho. Si éstos se probaren insuficientes, y la deslegitimación de la autoridad –cualquiera fuere su origen– redundare en opresión intolerable, la resistencia puede lícitamente apelar a la fuerza, siempre que ésta sea racionalmente proporcional a la necesidad de repeler la injusta agresión, y no provoque males aún mayores. Leemos, en el Catecismo de la Iglesia Católica: “La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnen las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores” (Nº 2243). También en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce que la ineficacia de un régimen en la protección de los derechos humanos puede hacer que el hombre se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Por definición, la democracia exige escuchar al pueblo y respetar su voluntad, legítimamente expresada. Cuando aquellos en quienes el pueblo delega el ejercicio del poder político traicionan gravemente su mandato, la soberanía vuelve al pueblo. Pretender que la investidura canoniza la magistratura, y que el hecho de estar en el poder confiere inmunidad, es un alarde de seudobeatería democrática, sin sustento ético ni jurídico. Quienes se embriagan hasta el lirismo con la Revolución Francesa harían bien en aplicar un más prolijo discernimiento en el caso de Honduras.


Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Humanitas, www.humanitas.cl/html/destacados/hasbun.html.



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