DOCUMENTOS QUE NO PUEDEN FALTAR EN EL MUSEO DE LA MEMORIA (II)

Acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile
Santiago, 22 de agosto de 1973


Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;

2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República --un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa-- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas "cadenas" ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;

12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;

13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad nacional" y le señaló como tareas fundamentales las de "imponer el orden político" e "imponer el orden económico", lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República;

14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;

15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;

SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.

Nota. El texto del Acuerdo fue publicado en el diario La Nación el 25 de agosto de 1973. El proyecto de Acuerdo fue presentado, al iniciarse la sesión plenaria de la Cámara el 22 de agosto de 1973, por los diputados del Partido Nacional Mario Arnello, Mario Ríos y Silvio Rodríguez, y por los diputados del Partido Demócrata Cristiano José Monares, Baldemar Carrasco, Gustavo Ramírez, Eduardo Sepúlveda, Lautaro Vergara, Arturo Frei y Carlos Sívori. La sesión fue presidida por el diputado DC Luis Pareto y el diputado PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente.



La respuesta del Presidente Allende
24 de agosto de 1973

(Discurso al país del Presidente de la República, Salvador Allende Gossens, en respuesta al Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973)


Santiago, 24 de agosto de 1973.

Al país,

La Cámara de Diputados ha aprobado, con los votos de la oposición, un acuerdo político destinado a desprestigiar al país en el extranjero y crear confusión interna. Facilitará con ello la intención sediciosa de determinados sectores.

Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del Gobierno, existe un solo camino: la acusación constitucional según el procedimiento expresamente contemplado por la Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas, sectores opositores trataron de obtener dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No lograron suficiente respaldo electoral para ello. Por eso, ahora, pretenden, mediante un simple acuerdo, producir los mismos efectos de la acusación constitucional. El inmérito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia.

En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política según las opiniones inconstitucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso.

Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden frente al Gobierno democráticamente elegido, significa subordinar la representación política de la Soberanía Nacional a Instituciones Armadas que no pueden ni deben asumir funciones políticas propias ni la representación de la voluntad popular. Esta última, en la democracia chilena, está delegada exclusivamente en las autoridades que la Constitución establece. 'Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo' (Artículo 4º de la Constitución vigente).

El Presidente de la República, en uso de sus atribuciones privativas, ha confiado responsabilidades ministeriales a las Fuerzas Armadas y Carabineros para cumplir en el Gabinete un deber superior al servicio de la paz cívica y de la Seguridad Nacional, defendiendo las instituciones republicanas frente a la insurrección y al terrorismo. Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover al golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil.

Dicha mayoría ha desnaturalizado el contenido de la facultad fiscalizadora que el artículo 39, Nº 2º, otorga a la Cámara, que establece que los acuerdos y observaciones adoptadas 'se transmitirán por escrito al Presidente de la República' --no directamente a los Ministros, como se ha hecho--, y que 'no afectarán la responsabilidad política de los Ministros' mientras que sí la contempla el acuerdo mencionado.

Con una fundamentación llena de afirmaciones ya antes refutadas en su integridad por el Gobierno por gratuitas o infundadas, en su mayor parte reversible contra el uso que la oposición ha hecho de su mayoría parlamentaria, ésta pretende destruir el basamento institucional del Estado y del Gobierno republicano, democrático y representativo.

El acuerdo aprobado, más que violar, niega la substancia de toda la Constitución, y de modo directo, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 9º, 10, 22, 23, 39, 61, 71, 72 y 78b de nuestra Carta Fundamental. La oposición está abjurando de las bases del régimen político y jurídico establecido solemnemente en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados 47 años.

Pretende, asimismo, constituir a la Cámara de Diputados en poder paralelo contra la Constitución y revela su intención de concentrar en el Congreso el poder total al arrogarse funciones del Ejecutivo, además de las legislativas, que le son propias.

La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra ni regalo de las clases explotadoras y será defendida por quienes, con sacrificios acumulados de generaciones, la han impuesto.

Con tranquilidad de conciencia y midiendo mi responsabilidad ante las generaciones presentes y futuras, sostengo que nunca antes ha habido en Chile un Gobierno más democrático que el que me honro en presidir, que haya hecho más por defender la independencia económica y política del país, por la liberación social de los trabajadores. El gobierno ha sido respetuoso de las leyes y se ha empeñado en realizar transformaciones en nuestras estructuras económicas y sociales.

Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Y como dijera el pasado día 2 en carta al presidente del Partido Demócrata Cristiano, 'es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional'.

El Parlamento se ha constituido en un bastión contra las transformaciones y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para perturbar el funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando cualquier iniciativa creadora. Anteayer la mayoría de la Cámara de Diputados, al silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y lo acepta.

Con ello facilitan la sedición de los que quisieran inmolar a los trabajadores que bregan por su libertad económica y política plenas. Por ello me es posible acusar a la oposición de querer impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática, elevándola a un nivel más auténtico y alto. En el documento parlamentario se esconde tras la expresión 'Estado de Derecho' una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista. Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el mundo los intereses egoístas que defiende.

Son muy trascendentes y graves las medidas económicas y políticas que nuestro país necesita para superar la crisis total a que se nos está queriendo arrastrar, medidas que el Gobierno adoptara, pese a los obstáculos que se les ponen por delante y en las que ha solicitado la colaboración de los sectores democráticos de oposición.

Pero cuando a la parálisis de las instituciones impuesta por el Congreso sucede el intento de destruir el propio Estado, cuando la formidable ofensiva que se ha desencadenado atenta directamente contra la democracia y el régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a asumir y usar en su plenitud todos los poderes políticos y administrativos que la Constitución me confiere como Jefe Supremo de la Nación.

Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria.

Hoy cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho y amenaza de muerte a las libertades, cuando los trabajadores reivindican con fuerza una nueva sociedad, los chilenos pueden estar seguros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá sin vacilaciones con su deber, para asegurar así la plena realidad de la democracia y las libertades dentro del proceso revolucionario. Para esta noble tarea convoco a los trabajadores, a todos los demócratas y patriotas de Chile.


La presentación de Orrego

(Versión taquigráfica del discurso de presentación del proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, contenido en el libro "Para una paz estable entre los chilenos", edición privada publicada por Claudio Orrego Vicuña en julio de 1974).


El señor PARETO (Presidente).- La presente sesión ha sido citada a petición de 53 señores Diputados y tiene por objeto "analizar la situación política y legal que afecta al país". En conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento, el tiempo previo de quince minutos que dicha disposición establece corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Ofrezco la palabra.

El señor ORREGO.- Pido la palabra.

El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORREGO.- Señor Presidente, para nadie es un misterio los gravísimos momentos que está viviendo el país, ni nadie ignora que en esta Cámara, en su primera legislatura ordinaria, ya nos hemos reunido más de una vez para tratar el progresivo deterioro de la situación del país.

Con motivo de una comunicación que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia le enviará al Presidente de la República, esta Cámara celebró una sesión especial para tratar el problema del quiebre de la juridicidad chilena. En aquella ocasión, reiteramos, en forma patriótica y elevada, la preocupación que, desde estos bancos, tenemos por un proceso que, cada día, se ha ido haciendo más grave y más costoso, hasta el punto de que el país está sufriendo actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tantos años de vida independiente.

Por esta razón, hablo hoy día con la preocupación que les asiste a quienes hemos sido elegidos por el pueblo para defender la Constitución y la ley; a quienes hemos sido elegidos recientemente en un plebiscito nacional, como lo fueron las elecciones parlamentarias del 4 de marzo, para exigir rectificaciones que son de tal "obviedad", que resulta realmente penoso que el Jefe del Estado no se compadezca de su patria y no asuma las responsabilidades que le competen.

Desde hace casi tres años, los Diputados democratacristianos hemos venido reiterando que el actual Gobierno, progresivamente, ha conculcado el Estatuto de Garantías Constitucionales que aprobara la Unidad Popular en este mismo Congreso y que permitiera el acceso al Poder del señor Salvador Allende Gossens.

Los últimos presidentes de mi partido --Senadores Benjamín Prado, Narciso Irureta, Renán Fuentealba y Patricio Aylwin--, cada vez con mayor insistencia, han ido señalando el camino de la palabra quebrantada, del incumplimiento de un compromiso vital para la República.

Desde la última vez que habláramos en esta Corporación han ocurrido hechos extremadamente graves; y la Democracia Cristiana, una vez más, le ha demostrado al país su conciencia patriótica, su responsabilidad y su deseo de evitarle mayores males. Así nuestro Partido fue a dialogar con el Presidente de la República; fue a dialogar para encontrar las soluciones mínimas que restablecieran el orden constitucional y legal del país, trajeran la paz a los espíritus y permitieran el normal funcionamiento de la democracia. Desgraciadamente --y desgraciadamente no es una novedad tampoco--, el Presidente de la República, en vez de tomar con el debido aprecio este gesto que los democratacristianos hicimos con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque el país sabe lo que sufren nuestros hombres de base, lo que sufren nuestros modestos militantes de manos de los militantes de la Unidad Popular y de los funcionarios de Gobierno, propuso una serie de medidas dilatorias que, lejos de resolver los problemas, los alargaban y no les daban solución alguna. Por desgracia, el señor Presidente de la República no tiene conciencia aparente de la gravedad de la crisis, de la urgencia, ya vital, de que las rectificaciones se hagan en forma inmediata.

En estas condiciones, se cerró, por culpa de Gobierno y, en especial del señor Presidente, esta alternativa política democrática y patriótica.

Posteriormente, el Presidente de la República llamó a ingresar a su Gabinete a los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al Director General de Carabineros. El país sabe que este hecho, hasta hoy, no ha significado rectificaciones. Y hemos tenido conocimiento público, millones de chilenos, de la dramática experiencia de su paso por el Gabinete del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de aquel entonces General don César Ruiz.

Hasta este momento la crisis no se resuelve; al contrario, se agudiza día a día. Por eso, nosotros, hoy día, en esta Corporación y ante la faz de Chile, queremos decir que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas, como hemos tenido aquí demostración cada vez que hemos acusado a un Intendente.

En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo. Aquí, como lo hemos dicho miles de veces al señor Presidente de la República, no se puede seguir sirviendo a dos señores: al extremismo de izquierda y a la democracia chilena. La hora de la definición no puede seguir siendo postergada, porque este país vive en la angustia, y ninguno de nosotros, en esta Cámara, ignora como recurren a los parlamentarios para expresar la angustia de un pueblo que vive en el sobresalto, en el temor, en la paralización y, en algunos casos, hasta en la miseria física.

Por esta razón, es necesario que se restablezca con toda claridad el imperio de la Constitución y de la ley, y, en este caso, es obligación de los señores Ministros militares que han asumido tan altas funciones en representación de toda la Patria, que ellos también asuman su responsabilidad para restablecer el orden constitucional y legal, para que el Presidente de la República opte, de una vez por todas, o entre las exigencias técnicas, políticas y legales que pueden salvar a Chile de una catástrofe, o seguir siendo maniatado por un ultraizquierdismo que paraliza y que, como lo acabamos de ver hace pocos días, en el caso del Subsecretario señor Faivovich, llega hasta el punto de esterilizar las más altas y patrióticas intenciones de los más altos dignatarios de las Fuerzas Armadas chilenas.

Por esta razón nosotros creemos que aquí ya no se puede seguir con maniobras. Es necesario que el Presidente de la República opte por resolver los problemas de Chile dentro de la Constitución y de la ley, tal como él se comprometiera solemnemente; que el Presidente de la República opte a favor del clamor de un pueblo que pide trabajo, que pide orden, que pide tranquilidad, que pide medidas económicas de fondo y que no se siga sacrificando la economía por la toma total del poder por parte de algunos Partidos; un pueblo que exige en definitiva, que volvamos a la mínima institucionalidad, que a las Fuerzas Armadas se les permita mantener su unidad interna y que no sean víctimas de esta campaña que el país atónito presencia, de polémicas públicas, de infiltraciones y de todo tipo de maniobras destinadas a destruir hasta eso que todavía queda en pie en este país.

En este patriótico momento, en este momento de crisis profunda, los democratacristianos hemos asumido nuestra responsabilidad de llamar a esta reunión para que los señores Ministros militares obtengan, en definitiva, los poderes que necesitan para poder darle satisfacción a las necesidades de Chile. Y, vuelvo a repetir, ya no hay solución que se consiga en una conversación más o con una conversación menos. Aquí hay que tomar el problema a dos manos, y serán muchos los sacrificios que tendremos que hacer todos los chilenos para lograr algún día restablecer en este país su legalidad, su moralidad y su estabilidad económica.

Por estas razones, señor Presidente, los democratacristianos, por acuerdo de nuestro Consejo Nacional, hemos decidido presentar un proyecto de acuerdo, que ruego a la Mesa dar lectura en el momento pertinente, que refleja nuestra angustia por la grave situación de Chile, nuestra ansia de rectificación y nuestra petición expresa de que los que tienen la responsabilidad de gobernar el país entiendan que ha llegado la hora final y definitiva de que se tomen las medidas que le den a este país una solución pacífica, honorable y que lleve, una vez más, la paz a los hogares chilenos y la prosperidad a toda nuestra nación.

Es todo lo que quiero decir, señor Presidente.