
( Artículo difundido en el año 2003 que cobre especial vigencia ahora, con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera.)
Clara Szczaranski:
La Amnistía es "una ley que está vigente y se debe aplicar"
Viernes 18 de julio de 2003
Carmen Gardeweg L.
Presidenta del CDE avanza y profundiza en sus ideas para aportar al debate de Derechos Humanos en vísperas de la propuesta presidencial...
Postula que hay que dar un marco de garantías por ley, para establecer qué pasó, cuándo, cómo, dónde, quién y por qué...Y que respondidas estas preguntas cabe aplicar la ley más beneficiosa... porque así lo establece el ordenamiento jurídico...Sí la Amnistía también...por polémica que sea...
"La Amnistía es una norma que no ha sido derogada; si la ley provoca un rechazo social, el legislador debe enfrentar esa situación y derogarla. De lo contrario, hay que aplicarla".
Por Carmen Gardeweg L.
Clara Szczaranski no se mueve un milímetro de su apego irrestricto a la legalidad vigente. Así le pueda valer más de una crítica. Ya lo experimentó ante las quejas de familiares de víctimas y abogados de derechos humanos, que no perdonan al Consejo de Defensa del Estado el haber apelado sistemáticamente las indemnizaciones pedidas en estos casos.
Invariable, la presidenta del CDE respondió que la ley la obliga a actuar así, defendiendo los intereses del fisco.
Hoy, con la misma rigurosidad, aborda un tema aún más conflictivo, por la carga emocional que conlleva: la Amnistía, una ley vigente desde 1978 y que, por lo tanto, debería aplicarse -dice- cuando se cumplan los requisitos para ello.
En vísperas de la propuesta sobre DD.HH. que el Presidente Lagos entregará en las próximas semanas, la abogada ha decidido salir a la palestra con una serie de ideas...."personales", insiste. Se ha reunido con todos los partidos políticos que han hecho propuestas. Partiendo por la UDI, cuya iniciativa de poner nuevamente el tema en el tapete, aplaude. Por críticas que aquello le acarree.
En estas horas claves, hace nuevos aportes:
"Si no se actúa con un apego profundo a la verdad", será muy difícil conformar a las partes más involucradas: los familiares de las víctimas y las FF.AA.
"Para que las resoluciones sean justas, tienen que corresponder exactamente a los hechos. Y como éstos están lejanos en el tiempo y hay factores que obstaculizan su reconstrucción, la verdad está medio débil y hay un factor que puede determinar una percepción y una realidad de injusticia..."
"Las partes nunca pueden determinar lo que es justo, y es prácticamente imposible que compartan un sentimiento de lo justo objetivo; sí lo puede hacer la sociedad".
Por todo lo anterior, descarta que vayan a quedar todos satisfechos.
"Quienes entienden el rol del Estado de Derecho y de una justicia aplicada por los tribunales, externa a los interesados, podrían quedar razonablemente satisfechos si se trabaja con mucha comunicación y explicación del paso a paso. De manera que si en un caso o en varios encontramos que no se puede determinar exactamente qué ocurrió, el país sea testigo de que se hizo todo lo posible".
Que Lagos "se tome todo el tiempo"
- ¿Qué le gustaría que contemplara la propuesta presidencial?
- Primero, me gustaría que el Presidente se tomara todo el tiempo que necesita. La seriedad del tema impide que se le dé un plazo corto, porque tiene que actuar como jurista que es y, además, como Presidente de la República, pensando en el futuro del país a mediano y largo plazo. No puede ser una respuesta conyuntural para el hoy, ni querida por las masas, sino que debe obedecer a su conciencia y a sus luces jurídicas.
Debe tener, además, los antecedentes que le permitan hacerse de un escenario real, un diagnóstico adecuado y un pronóstico de las medidas que pueda tomar, de manera que más que una respuesta "sea un camino que ayude a resolver este problema".
Asegura que su pasado como exiliada no ha influido para nada en su eterna preocupación por los Derechos Humanos. Y que su motivación principal para dedicar horas y horas a estudiar el tema va por su formación jurista.
"Ha prevalecido en mí el ser abogado y una persona de Derecho. La justicia no debe nunca confundirse con que me den a mí lo que yo pretendo, o con que castiguen a alguien. Hacer justicia es determinar un equilibrio que a cada uno le asigna lo que le corresponde. Yo no me he identificado con las partes, sino que me he puesto en el rol de avanzar hacia hacer justicia, en el sentido que todos los abogados queremos".
Influyó también en su preocupación - cuenta- el tema que escogió para desarrollar la tesis de post grado que hizo en Italia: La responsabilidad del subalterno ante la orden criminal.
"Hay injusticia en confundir a los protagonistas con los responsables"
"Me di cuenta de cuánta injusticia podía haber en confundir a los protagonistas visibles con los responsables. Porque cuando una persona pertenece a una institución altamente jerarquizada, sin tener la plenitud de información para formarse una opinión crítica, lo más probable es que se sienta obligada y hasta crea que cumple con su deber".
Precisa que también hay una suerte de violencia física - algunos fueron amenazados de muerte- y de violencia moral, que deriva también de la ignorancia. "Entonces, ¿có-mo va a ser lo mismo la responsabilidad del que todo lo sabe y puede frenar una orden o cambiarla de la de aquel que se encuentra en una condicion minusvalente de subordinación y debe obedecer?".
- ¿Cree usted que pueda salir una propuesta que "cierre" el tema de las violaciones a los DD.HH.?
- La alternativa es no hacer nada y no me parece que sea válida. Hay que hacer el esfuerzo por encontrar una proposición que sea estimada justa, aunque requiera un tiempo y un trabajo muy fuerte de reculturización del país. Es una tarea irrenunciable.
- Usted ha propuesto en los últimos días una serie de ideas para favorecer a los informantes y a los culpables: rebaja de penas, libertad provisional, cómputo simultáneo de las penas, una exculpante de coacción... Ahora aboga por la aplicación de la ley de Amnistía...
- Es que, mientras no sea derogada, está vigente. Y existe un criterio en derecho penal que se llama el principio de pro-reo: al procesado siempre se le debe aplicar la ley más beneficiosa para él y las normas se tienen que interpretar de acuerdo a este principio. Entre una interpretación perjudicial para el condenado y una que le favorece, se debe optar por esta última. Por eso, si una ley existe se debe aplicar.
Junto con esta declaración de principios, destaca como "muy importante la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema en orden a esclarecer los hechos antes de pronunciarse sobre si procede o no la amnistía. Qué pasó, cuándo, cómo, dónde y quién, por qué... Cuando estas preguntas tengan respuesta- y eso es lo que se debe favorecer, insiste- , no encuentra excusa jurídica para que a quienes reúnan los requisitos se les aplique la ley de amnistía, si es más beneficiosa que la ley general".
- El problema es que la palabra Amnistía conlleva una carga emocional.
- Claro. Tiene problemas porque se supone que nadie se puede amnistiar a sí mismo. Si esa ley hubiese surgido posteriomente, a lo mejor tendría más legitimación en la opinión pública. Pero yo voy a un hecho estrictamente legal: la ley no ha sido derogada. Si la ley provoca un rechazo social, el legislador debe enfrentar esa situación y derogarla.
- ¿Por qué cree que no se ha derogado?
- No lo sé. Pero creo que por mucho tiempo el país entero ha hecho un poquito la política del avestruz. Es decir, problemas difíciles y espinudos no han sido abordados... El problema se impone por su gravedad.
Estima que no se trata de llegar a un acuerdo político en materias como estas. "Estamos enfrentados a un problema que sólo se resuelve con verdades de hecho y conceptos sobre lo que es justo. No es un tema que dé para consensuar posiciones. Me parecería precario en el tiempo".
"La reconciliación no se impone por decreto"
Insiste en que ni la paz social ni la reconciliación "se imponen por acuerdo, por decreto o por la fuerza. Se obtiene, se logra y se conquista en un diálogo que va profundizando en una verdad y en un sentimiento de lo justo". Deja en claro que en esa verdad "a veces se puede coincidir y en otras no". Puede ser, también "que nos rindamos y digamos que no podemos llegar más allá". Y por último, esa verdad que se determine, conllevará la norma jurídica que se deba aplicar.
En lo que no claudica es e que "el encuentro con la verdad se tiene que incentivar y propiciar".
- ¿Qué podría, a su juicio, ofrecer la propuesta Lagos a los militares?
- Todo aquello que el sentido común dice, para que una persona, puesta en la situación de ser acusada, se sienta ayudada o protegida para hablar. Si yo sé algo y, por el mero hecho de decir "quiero informar", paso procesada y detenida preventivamente; o si ya tengo una condena y sé más, porque estaba en un puesto importante de inteligencia o de poder y sé que por hablar me van a cargar otras penas que se van a sumar a las que ya tengo... ¿hablaría... me autoinculparía... me autolesionaría el futuro?
Conclusión que ya podrían tomar los tribunales. "Pero el mandato no es lo suficientemente claro y categórico como para garantizar que va a ocurrir así en todos los casos. Es la ley la que debe garantizar que quien entrega una información tiene, a lo menos desde ya, libertad provisional".
Advierte que no es el único tema. También está el de la responsabilidad que merece esa persona. "¿Una persona que ha colaborado con la justicia merece la misma pena que aquella que la ha obstruido?", se pregunta.
Concretamente aboga por establecer una política criminal específica para estos casos, como el alzamiento por ley del deber de reserva que vincula a los ex militares. Ley que puede decir que no están sujetos a reserva los militares que hayan participado o conocido hechos relativos a violaciones a los DD.HH.
Y como los delitos de derechos humanos son especiales, opina que requieren de una política criminal propia "que no es la misma que para tratar el hurto.
También estima importante "precisar las lealtades, porque la que debieran tener todos los uniformados y ex uniformados es con sus instituciones y no hacia personas. Y la institución requiere que se restablezca la verdad para poner coto y término a esa vía crucis".
- ¿Ha conversado este tema con el Comandante en Jefe del Ejército?
- Al general Cheyre lo he visto muchas veces, porque el Ejército es cliente del CDE en varios casos.
Las reuniones han sido "no frecuentes pero regulares". Y si bien han conversado del tema, lo han hecho "no para tratarlo, porque no tengo autoridad ni cargo que me dé un centímetro de posibilidad para resolver esto. Ni él tampoco".
Cuenta también que se ha juntado muchas veces con las distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y con familias, quienes son "los que sicológica y afectivamente más están sufriendo. Aunque probablemente se pueda comparar con el dolor de las familias que están siendo injustamente procesados".
Dice que en sus conversaciones con ellos ha concluido que son tres los espacios donde ellos esperan una respuesta: reparación económica, necesidad de justicia y conocer la verdad.
En cuanto al primer punto, argumenta que cuando se destruye una familia "nada sigue como antes y el deterioro material es significativo". La disyuntiva es que considerando que "desde el punto de vista conceptual, es el más fácil de solucionar, hay gente que no tendrá paz en el alma mientras no sepan la verdad de lo que ocurrió con el ser querido. Y llegar a probar lo que ocurrió es muy difícil. Por eso la necesidad de esta política criminal que ayude a informar".
Sobre la necesidad de justicia, puntualiza: "Pareciera que justicia es castigo. Y castigo es pena de privación de libertad. Entonces, si no se sanciona a alguien no se ha hecho justicia. Eso no es cierto", porque hay otras penas.
De ahí que debe determinarse qué elementos hacen que una persona, pese a haber cometido un crimen, puede no ser culpable. "En la teoría penal no es culpable la persona que actúa cuando no se le pudo exigir una cosa distinta".n
Caso Mery: No a los prejuicios
Respecto al caso Mery, Clara Szczaranski dice que desconoce los hechos, salvo lo informado por la prensa. "Esa es una muestra de que el problema existe como también existe una gran oscuridad hacia atrás respecto a qué ocurrió, quiénes participaron, qué hicieron, si fueron pasivos o activos", acota.
- ¿Le sorprende lo que está ocurriendo con el Director de Investigaciones?
- Me sorprende porque lo conozco como una persona muy respetuosa de los derechos humanos y quisiera poder ver documentos procesales demostrando lo que se dice, porque el performance que ha tenido en estos años que lo he visto actuar ha sido el de una persona comprometida con esos derechos y ayudando a esclarecer crímenes vinculados. Pero es un tema en el que hay que actuar con la verdad y no con prejuicios.
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