FACULTADES EXTRAORDINARIAS

Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo

Nadie puede poner en duda que la catástrofe que vive Chile a consecuencia del sismo del 27 de febrero pasado requiere tanto del esfuerzo gigantesco de todos y cada uno de nosotros como de autoridades con poderes y facultades suficientes para encarar estos nuevos desafíos. De no ser así, probablemente, demoraremos muchos años en restañar heridas materiales y morales muy profundas. No es el momento de poner en discusión, una a una, cuáles deben ser las medidas excepcionales que se adopten. Todas ellas deben formar parte de un plan integral y coherente, elaborado por las autoridades del Ejecutivo. Uno de los problemas más graves que encaró la administración del Presidente Jorge Alessandri, a propósito de la devastación que sufrió el sur del país el año 1960, fue el retraso con que el Congreso Nacional despachó las leyes necesarias para enfrentar la reconstrucción. La Constitución de 1980 fue más sabia al prever, en casos especiales, la posibilidad de que el Parlamento delegue en el Presidente de la República su potestad legislativa en materias precisas, por un tiempo definido (que no puede ser superior a un año), pudiendo establecer las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes (artículo 64 de la Carta Fundamental).

A medida que se desarrolle el plan de emergencia diseñado por el nuevo Gobierno, surgirá una serie de cuestiones que, atendida su naturaleza, deberán ser resueltas por medio de leyes. Trasladar al Congreso Nacional la decisión de todas ellas suscitará conflictos innecesarios y servirá para agitar diferencias que, en lugar de promover la unidad nacional, estimularán la confrontación y el divisionismo.

No debe resolverse, en este ámbito, la procedencia o improcedencia de aumentar los impuestos, de recurrir al crédito externo, de revisar las franquicias tributarias, de enajenar parte del patrimonio del Estado, de modernizar la normativa sobre la construcción y reparación de los bienes afectados, etcétera. Se trata de cuestiones puntuales, reservadas por la Constitución al dominio legal, que deben incorporarse a la política global de reconstrucción sin provocar desajustes o tardanzas injustificadas. De aquí la necesidad de dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias para la dictación de Decretos con Fuerza de Ley, evitando disputas políticas con una carga ideológica innegable.

No es necesario tener una imaginación muy fértil para descubrir que en el debate parlamentario, en un Congreso con mayoría opositora, todo proyecto de ley que incida en las materias antes referidas será objeto de disputas y desencuentros, que irán profundizando los antagonismos y, por qué no decirlo, explotados con miras a sacar provecho político electoral en desmedro de la población. Ya hemos visto las primeras manifestaciones —a propósito del “bono marzo” y de las medidas adoptadas en resguardo de la seguridad ciudadana— y, ciertamente, ello aumentará progresivamente.

Nuestro sistema jurídico permite garantizar que la delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República no afecte los derechos fundamentales, ni la organización y atribuciones de los demás poderes del Estado, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Contraloría General de la República, como tampoco aquello que disponen las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado. Por lo tanto, la delegación mencionada no pone en peligro ni compromete las bases esenciales de la institucionalidad. Un Decreto con Fuerza de Ley puede ser objetado por la Contraloría o declarado inaplicable o inconstitucional de la misma manera que una ley.

A medida que pasen los primeros efectos de esta catástrofe y el país vaya normalizándose, reaparecerán las contiendas políticas y la tarea del Ejecutivo se irá haciendo cada vez más difícil. Perderemos ese sentimiento nacional de solidaridad que hoy nos embarga y, por ese camino, haremos más difícil, si no imposible, muchas medidas que hoy pueden adoptarse con una adhesión ciudadana mayoritaria. Es hora, creo yo, de medir la generosidad de nuestros parlamentarios —de Gobierno y oposición— para desprenderse, en función de satisfacer las necesidades más apremiantes, de sus legítimas atribuciones y poner en manos de quienes nos gobiernan las herramientas que se requieren para enfrentar esta crisis.