Editorial de El Mercurio
Conocidos ahora los resultados de la V Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), realizada en 2009, queda oficialmente definida la situación desde la cual debe partir el actual Gobierno. Según dicha encuesta, se confirma la tendencia a la baja en la cantidad de hogares que han sufrido algún delito de mayor connotación social: en 2005 eran el 38,3 por ciento, hoy son el 33,6. No obstante, Chile aún está en un nivel de victimización superior al de los años 90. Ni el Gobierno ni los expertos han podido determinar qué motiva esta baja. ¿Qué estrategias han resultado eficaces? Esto reafirma la necesidad de evaluar los programas de seguridad ciudadana para ampliar aquellos que hayan contribuido a esta disminución y discontinuar o corregir los demás.
El nuevo formato de la encuesta, con datos desagregados, muestra aspectos que se difuminan en los promedios. Por ejemplo, mientras la tasa de hogares victimizados en la Región Metropolitana y la zona sur de Chile pareciera disminuir, la zona norte registra un alza de 29,7 a 33,4 por ciento. En cuanto a tipos de delitos, aparecen bajas importantes en el robo con violencia o intimidación, pero aumentan las lesiones. Ahora es preciso avanzar en la identificación de las causas de esto. Asimismo, llama la atención la concentración territorial de los delitos: el 12 por ciento de los hogares explica el 60 por ciento de los hechos delictivos. Siendo así, focalizar la acción preventiva y de reducción de delitos en esos hogares reduciría las tasas delictivas.
Sin perjuicio de los perfeccionamientos metodológicos que se requieran, la información ya disponible debería acelerar la adopción de estrategias específicas que aborden la criminalidad desde los problemas particulares, con iniciativas diferenciadas por zonas, territorios, tipo de delito. Al respecto, el nuevo énfasis en estrategias orientadas al barrio va en la dirección correcta, y debería incorporar aquellos aprendizajes adquiridos en las estrategias locales de los últimos años, así como iniciar, mantener o mejorar procesos de evaluación permanentes.
Otros estudios recientes, como el Balance de la Delincuencia 2009 de la Fundación Paz Ciudadana, también confirman la necesidad de refinar algunas estrategias. Por ejemplo, evaluar el verdadero efecto preventivo del Plan Cuadrante; identificar qué está ocurriendo con el alto número de casos que archiva provisionalmente el Ministerio Público, y avanzar hacia un mejor sistema de cumplimiento de penas, dados los altos índices de reincidencia. En esto último, son importantes los avances en métodos innovadores de respuesta penal, como los tribunales de tratamiento de drogas, que muestran bajos niveles de reincidencia entre quienes se someten a ellos. De allí que sea muy positivo el anunciado aumento de 13 mil a 45 mil cupos para rehabilitación en drogas.
Es indispensable mantener estos sistemas de medición periódica y estable, que deberán complementarse con estudios adicionales sobre realidades más locales y de barrio. La seguridad es uno de los más importantes factores por los que la ciudadanía evalúa a las autoridades, y ella necesita conocer cifras oportunas y confiables.
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