PRESUNTO FRAUDE CON BECAS VALECH

Jueves 19 de Agosto de 2010
Presunto fraude con "becas Valech"

Editorial El Mercurio


El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que se interpondrá una querella contra quienes resulten responsables por la falsificación de documentos para la obtención de beneficios destinados por ley a exonerados políticos. Esto, luego de que diligencias de la Policía de Investigaciones -que incluyeron allanamientos- condujeran al hallazgo de documentación falsa que habría servido a cerca de mil 500 personas para la obtención de las becas de reparación ("becas Valech"), pese a no reunir los requisitos legales.

Los pasos dados en esta materia por el Ministerio del Interior buscan restaurar la probidad en un ámbito en el que, bochornosamente, mucho de cuanto se ha ido conociendo hasta ahora revelaría la existencia de una trama de situaciones que aparecen irregulares y moverían a pensar que se organizó un sistema para proceder de modo sistemático a estas defraudaciones, abusando de un mecanismo legal de alto costo para el fisco que tuvo una intención humanitaria.

Adicionalmente, el "caso becas Valech" reconfirma también el grave desorden que imperaba en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación durante los gobiernos anteriores.

Por cierto, es indispensable lo dispuesto por el Ministerio de Educación en cuanto a una auditoría rigurosa de todas las becas para educación superior entregadas por dicha repartición. Será necesario establecer eventuales responsabilidades individuales, y hacerlas valer en conformidad con las normas legales. No sería constructivo para la ética funcionaria que quedara impune la evidente negligencia en la fiscalización del otorgamiento de estos beneficios, que en el caso de las becas Valech comprometieron, sólo en el año 2009, 10 mil millones de pesos.

Y tanto menos lo sería si los hechos que se investigan, más allá de desórdenes administrativos, tipificasen figuras delictivas. Es preciso confirmar o descartar de modo creíble la eventualidad de que existiera una red de corrupción en el manejo de estos recursos fiscales, y también se requiere determinar cuáles sean las eventuales ramificaciones hacia instituciones que recibieron pagos por estos alumnos, situación que parecería comprometer a dos planteles superiores privados.

La Contraloría anunció que realizará un sumario para determinar las responsabilidades del Ministerio de Educación, pues ella dictaminó ya en 2005 que con estas becas no se podían financiar estudios de posgrado ni cursos que no condujeran a título -así lo ha recordado el contralor en exposición ante la comisión competente de la Cámara de Diputados-. Es grave que, pese a tal dictamen, ese ministerio haya seguido pagando a instituciones de educación superior por programas de esta especie.

Además, cabe recordar que, desgraciadamente, esta situación no sería un episodio aislado: entre otros, también se investiga actualmente el caso de fichas adulteradas que distorsionan la entrega de beneficios sociales, y el país sigue las evoluciones de los procesos para determinar los alcances de las anomalías cometidas con dineros públicos en el gobierno regional de la V Región.

En la medida de lo posible, la magnitud y alcances de estos ilícitos deben ser esclarecidos cuanto antes por las actuales autoridades. La nueva administración no puede correr el riesgo de que su propia imagen se vea contaminada por su prolongación o su impunidad y, por sobre todo, el país no puede admitir que su antes tradicional imagen de probidad se socave en la apreciación internacional, como les ha ocurrido a otros países de nuestra región.