DE CHILE INFORMA EDICIÓN Nº 561
Presidenta de la AFEP, Alicia Lira.
Dirigentas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos de Chile (AFEP) ocuparon ayer la sede del Programa
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ubicada en
calle Agustinas, de Santiago, en protesta por las políticas del
gobierno de Sebastián Piñera.
"El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se niega a firmar
decenas de querellas por casos de ejecutados políticos",
denunció la presidenta de la AFEP, Alicia Lira.
"La derecha lleva nueve meses en el Gobierno y no ha
presentado ni una querella por ejecutados políticos. Incluso se
han reunido con violadores de los derechos humanos", acusó
la representante de la agrupación.
Confirmando el odio que sienten, la mujer exigió al jefe de
gabinete que dé una respuesta a sus demandas, de lo
contrario:"Nosotras nos vamos a quedar acá.
Acotó luego: “Es inaceptable que se preocupen y hablen de
injusticia en un crimen común como el de Jaime Guzmán y
para aquellas víctimas de terrorismo de Estado se les ha
negado toda posibilidad de saber por qué los mataron".
La abogada izquierdista Karina Cerda sostuvo "pareciera que
no se quiere avanzar". Advirtió que a fines de año
probablemente serán despedidos los juristas que llevan las
causas de las víctimas.
Según cifras del Programa de Derechos Humanos, de los 110
uniformados condenados los últimos tres años, 22 cumplen
hoy penas efectivas.
En total, de 200 condenados en los últimos 15 años, 65 están
presos. Los demás recibieron penas remitidas, en virtud de
leyes ordinarias de prescripción de los delitos.
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