UN DÍA SE ESCRIBE UNA COSA, CUANDO ALCANZAMOS EL PODER NOS OLVIDAMOS

¡¡¡¡ Para recordarle a Dn.Cristián, ahora que es Gobierno.- Seamos serios y consecuentes !!!!


Bueno..... ¿Y en qué quedamos ? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, cuando alcanzan el poder se olvidan.....cuando nos creemos estadistas tenemos que quebrar huevos, en beneficio de la unidad nacional, aunque bajemos temporalmente en las encuestas.....

¿¿ BIENVENIDOS A LA NUEVA DERECHA ??
"¿ESTADO DE DERECHO AMENAZADO?"
Escrito por Cristián Larroulet,el 28 de julio de 2003

El Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento de la democracia y el desarrollo económico y social de un país. Este existe cuando las sociedades poseen Constituciones y leyes que delimitan el poder del Estado, y protegen los derechos y libertades de las personas. Sin embrago, ello sólo es posible si el Poder Judicial es independiente y, mediante su acción y órganos complementarios, garantiza el irrestricto respeto a estas libertades y derechos.

Son innumerables los casos de naciones que, a pesar de haber alcanzado altos niveles de conocimiento en materia de descubrimientos científicos y tecnológicos, y poseer sistemas de gobierno que detentaron un poder gigantesco; no lograron niveles de progreso que beneficiaran a la gran mayoría de la población precisamente por carecer de un Estado de Derecho.

Nuestro país posee una tradición legalista que se basa en el Estado de Derecho. Sin embargo, durante los últimos años se aprecia un progresivo debilitamiento en ciertas áreas fundamentales. Resulta imperativo detener este proceso para que ello no signifique un deterioro en nuestro sistema democrático y en el desarrollo económico.

Este debilitamiento progresivo se observa en el problema indígena, especialmente con los procesos de tomas de terrenos y quemas de plantaciones forestales, entre otros, que han ocurrido en la IX Región. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó por mayoría un completo informe que da cuenta de la precariedad de los derechos de propiedad y a la seguridad, que sufren los habitantes de esa región a raíz de las acciones de grupos que fomentan la violencia en las zonas rurales donde habitan comunidades indígenas. Como se deduce de este informe, esta situación está produciendo un deterioro en la capacidad productiva de la región, un creciente flujo migratorio de capitales y personas que se alejan por la falta de un Estado de Derecho efectivo que proteja y garantice sus derechos.

Afortunadamente, durante los últimos meses se han visto reacciones institucionales alentadoras frente a este escenario preocupante, explicadas principalmente por la Reforma Procesal Penal. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y es responsabilidad de los Poderes Judicial y Ejecutivo, actuar con mayor firmeza y claridad para imponer un Estado de Derecho efectivo e impedir que se burlen garantías fundamentales de los ciudadanos de esa región.

Otro aspecto que ha influido para debilitar el Estado de Derecho dice relación con la interpretación que se ha dado a ciertas normas vinculadas al tema de los derechos humanos. Hoy es un hecho reconocido por nuestra sociedad que en el país se desató un proceso de violencia que todos los chilenos condenamos y existe consenso respecto a que se podrían haber realizado mayores esfuerzos para impedirlo. Asimismo, los orígenes y las responsabilidades sobre esos hechos de violencia nos dividen y, sin duda, lo seguirán haciendo en el futuro.

Sin embargo, también resulta fundamental que las heridas que quedaron producto de aquel proceso de violencia, sean superadas. Es por ello que se dictan leyes como la Ley de Amnistía y existen instituciones jurídicas como la prescripción. Durante los últimos años y especialmente en los últimos meses, algunos jueces y tribunales han señalado que no es la ley chilena la que debe regir en materias de violaciones a los derechos humanos y que tampoco sería la Ley de Amnistía la norma que debería ser aplicada. Desconocer la aplicación de leyes vigentes atenta contra el Estado de Derecho y afecta directamente la normalidad del funcionamiento de instituciones fundamentales para el país como las Fuerzas Armadas y específicamente el Ejército. La autoridad máxima ha anunciado propuestas en esta materia. Estoy seguro que la inmensa mayoría del país desea que ellas permitan aclarar lo ocurrido con las personas que se vieron afectadas por violaciones a los derechos humanos y que posibiliten la reconciliación nacional aplicando efectivamente la Ley de Amnistía.

Un tercer aspecto que afecta el Estado de Derecho en Chile es lo que está ocurriendo con la delincuencia. El robo con violencia ha continuado subiendo en forma sostenida durante más de una década. Sólo en el último sexenio (1997-2002) ha aumentado en un 230%. Según los últimos antecedentes, hoy se estima que se cometen más de 1.800 delitos diariamente en el país. Sin embargo, el significado real de estas cifras es que las personas tienen temor de transitar libremente por las calles y dormir tranquilamente en sus casas, y, en consecuencia, los derechos más básicos del ciudadano están siendo afectados por el flagelo de la delincuencia.

El gran problema es que cuando la sociedad percibe que el Estado de Derecho se debilita, los individuos y los grupos sociales más afectados, buscan hacer respetar sus derechos aún por medios no tradicionales. En los casos mencionados, hay signos incipientes de lo señalado. Por ejemplo, en la IX Región grupos de agricultores se han organizado para defenderse de las tomas de campos. También la prensa ha informado que grupos de militares en retiro organizan un partido político para defenderse del incumplimiento que algunos tribunales están haciendo de la legalidad vigente, con lo cual se corre el riesgo de politizar instituciones que están para proteger a todos los chilenos. Por último, a través de internet circulan mensajes de personas que, afectadas por asaltos violentos a sus hogares, llaman a la ciudadanía a adquirir armas para defenderse de los delincuentes. En suma, estas señales deben ser interpretadas como un llamado a los líderes públicos a hacer cumplir el Estado de Derecho.