Grabación revela diálogo entre el presidente de la Suprema, Milton Juica, con otros ministros sobre proyectos adjudicados en forma directa. Hubo diferencias entre jueces respecto de llevar el caso al Ministerio Público.
Miércoles 21 de diciembre de 2011 - foto: CNN Chile
L.N.
Prácticas que podrían acreditar un eventual delito de colusión se detectaron al interior de la Corporación de Administración del Poder Judicial.
Así lo reveló un audio difundido por CNN Chile con un diálogo entre el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, con otros ministros del máximo tribunal como Rubén Ballesteros (electo para sucederlo en el cargo) y Sergio Muñoz, durante una reunión del Consejo de la entidad que administra los recursos del tercer poder del Estado.
En el audio fechado en agosto de este año se les da a conocer a los magistrados el resultado de una investigación interna en relación a las licitaciones directas para la construcción o arriendo de edificios en el marco de las reformas a la Justicia Penal y Familiar en 2004, adjudicadas a una empresa y otras ligadas a la misma.
Se trata de la inmobiliaria El Vergel que, según indica el reportaje denuncia, obtuvo el 50% de los proyectos, mientras las otras razones sociales vinculadas a esa compañía logran otro porcentaje superando el 83%. Todo ello, presentándose como único o únicos oferentes.
La grabación, proporcionada al canal de noticias por funcionarios del Poder Judicial, revela las opiniones sobre la situación calificada por el ministro Muñoz como “delito”, si se comprueba que hubo colusión para la adjudicación de US$ 120 millones pagados por el Fisco para ese fin.
Según consta en el relato del informe del jefe de finanzas de la Corporación, el órgano pagó mucho más por medio de ese mecanismo que si lo hubiera hecho por licitación abierta.
Ello se aprecia la concentración de adjudicaciones con la revisión efectuada por el contralor Jorge Viveros en 2008, quien revisó los edificios judiciales de Iquique, Limache, San Antonio, Peñaflor, Buin y Calama.
A partir de ello se suspendieron las compras directas y se dio paso a licitaciones que contaban con los mismos interesados.
“Es un sistema que habría operado y que no tenía ninguna prohibición, al contrario atentaría contra la libertad de emprendimiento. Por eso, nosotros en un momento determinado dijimos que teníamos que transparentar también ese tipo de información”, explicó Juica.
La indagatoria interna también determinó la desvinculación del director de la Corporación de Administración Judicial, Miguel Sánchez, el subdirector de la misma y 3 jefes de área, y pidió gestiones para aclarar lo sucedido y denunciar al Ministerio Público lo que podría constituirse como delito.
Durante la conversación de agosto pasado en la reunión del Consejo, el magistrado Sergio Muñoz manifestó: “creo que es delito. La colusión está reconocida como delito económico, de modo que cuando hay alguien que está haciendo una concentración es delito”.
El titular de la Suprema en ese momento le contestó: “La verdad es que yo no me atrevería a hacer una denuncia como esa, nos vamos a las pailas, porque aquí se nos mete el Ministerio Público, incauta todo el material y va a hacer un proceso nacional”.
Requerido por CNN Chile, el Ministerio Público aclaró que no hay denuncia de ese tipo sólo por negociación incompatible en la compra de pasajes participación de un ex funcionario en una de las empresas que realizaba los proyectos.
Respecto de ello Juica sostuvo que no había nada que demostrara la colusión a la que se aludía, sino que conforme al sumario se demostró una “negligencia a la que se le aplicó medida disciplinaria correspondiente y se marginó al funcionario”.
“Si no es delito no tenemos por qué hacer la denuncias. Si se hace la denuncia tenemos que aceptar que vengan policías y Ministerio Público y para qué si estamos convencidos que no es delito”, sentenció el jefe del máximo tribunal del país.
Cabe señalar que la Contraloría General de la República no tiene facultades para indagar al Poder Judicial.
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