por Daniel Mansuy -
EL ASESINATO del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, caído el lunes en una emboscada en Ercilla, constituye un hecho grave que debe ser investigado a fondo por las autoridades para identificar, capturar y sancionar a los responsables. La muerte de un suboficial en acto de servicio es un hito en el historial de violencia y amedrentamiento que se vive desde hace años en La Araucanía, pues da cuenta de la decisión de algunos exaltados de escalar el conflicto y avanzar hacia objetivos antes no buscados.
Por demasiado tiempo La Araucanía ha sido escenario de episodios de violencia que no han encontrado una respuesta eficaz de parte del Estado. Las circunstancias que llevaron al crimen del sargento Albornoz son una muestra de ese clima de inseguridad: el carabinero formaba parte de la comitiva del fiscal jefe de Collipulli, quien practicó un allanamiento en busca de armamento junto a efectivos del Gope como parte de las investigaciones relativas a un ataque con armas de fuego ocurrido en octubre de 2011 contra el fundo Centenario, en Ercilla. El hecho de que ese predio haya sido víctima de 46 atentados en los últimos años, y que ésta no sea una situación aislada, sino que se multipliquen en la zona las denuncias de atentados incendiarios, robo de animales, invasiones de terrenos, talas no autorizadas, bloqueos de caminos, destrucción de maquinaria, amenazas y ataques contra instalaciones y residencias, revela que se está en presencia de una prolongada alteración del orden público, que busca crear temor en la población y en los dueños de tierras para que abandonen sus propiedades.
El crimen del suboficial parece confirmar la decisión de los violentistas de escalar las hostilidades, pues se trata de la primera ocasión en que muere un policía víctima de un disparo de arma de fuego desde que se inició el conflicto mapuche. El sargento recibió un balazo mortal en el cuello, mientras que el capitán de la patrulla se salvó al ser impactado su casco protector y otro efectivo fue herido con perdigones en la cara. Ello sugiere que quienes realizaron la emboscada tomaron la decisión consciente de disparar a matar. Considerando que en la comitiva también se encontraba un fiscal, el ataque supone un abierto desafío a los organismos que están llamados a imponer la ley en la región.
Cabe al gobierno garantizar la seguridad de las personas en La Araucanía y al Ministerio Público dirigir las pesquisas para acusar a los responsables de este asesinato. Es positivo, en este sentido, que el primero haya definido un comité para abordar los temas de seguridad en la zona, y que el segundo haya designado un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las circunstancias en que éstos tuvieron lugar, aunque no parece conveniente que sea el mismo que fue víctima de la emboscada quien dirija la indagatoria.
Es evidente que el conflicto mapuche es un asunto complejo que no se resuelve sólo abocándose a lo penal y lo policial, pues en su trasfondo está la postergación en que vive parte de la población de la zona. Esta realidad no es de fácil solución y requiere ser atendida por las autoridades, las cuales han impulsado medidas al respecto, no siempre con buenos resultados. También es un deber enfrentar la violencia criminal, con el objetivo de detener a las minorías que la utilizan para radicalizar las posturas y evitar la solución de los problemas.
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