HOMOSEXUALES NO, FUERTE Y CLARO
Miguel A. Vergara Villalobos. Almirante ®
(Comentario aparecido en Diario La Tercera)
Con preocupación veo que se está utilizando la ley
antidiscriminación para que se puedan incorporar a las FF.AA.
quienes ejercen conductas homosexuales.
Al respecto, la citada ley lo que rechaza es la discriminación
arbitraria, es decir, que carezca de justificación.
Por eso me parece artificial la algarabía que ha generado el
instructivo del Ejército que, entre otras categorías, estima
inconveniente la presencia de homosexuales en sus filas.
No está en cuestión la capacidad intelectual, ni las habilidades
manuales, ni el patriotismo de los homosexuales. Pero se
deben prever los negativos efectos que su presencia generaría
en la convivencia y la cohesión de los heterosexuales.
Los miembros de las FF.AA. deben estar preparados para
ofrecer su vida en defensa de la Patria, por lo que no es el lugar
más apropiado para experimentos sociales.
El General Norman Schwarkopf, que estuvo al mando de las
fuerzas aliadas que en 1990 invadieron Irak, decía: "En todos
los casos que he conocido, las unidades (en que sirven
homosexuales) se dividen cuando los demás se enteran de su
orientación sexual; ocurre siempre".
Confío en que las autoridades políticas, considerando la
idiosincrasia y el ethos militar chileno -no el de otros países--,
ponderarán debidamente los problemas de convivencia que
significaría aceptar homosexuales en las FF.AA.
No es justo que una minoría se imponga en materias tan
delicadas como ésta, mientras quienes mayormente se verían
afectados están obligados a guardar silencio.
Los heterosexuales también tienen derechos que se deberían
respetar.
“LOTO ROJO”
Escribe don Fernando Navajas I.Vicealmirante
Dentro de las actividades subversivas del marxismo
internacional, en la década de los 70 existió un plan llamado
“Loto Rojo”, que contemplaba acciones de este tipo para todo
el cono sur de nuestro continente.
Para Chile, consideraba vertebrar a lo largo de todo el país
organismos subversivos de grupos marxistas, concretando la
meta de constituir “las milicias del pueblo”.
Dicho plan contemplaba cuatro fases; pero me referiré a la
cuarta que se denominaba”Netuaiñ Mapu, que en mapuche
significa “recuperar la tierra”.
Partía considerando que, de Temuco a Chiloé, habitaban unos
250.000 individuos de ascendencia indígena, fácilmente
adoctrinables en el marxismo, según ellos, por las duras
condiciones de vida pre-cordillerana andina los cuales podrían
ser entrenados para formar guerrillas bajo el eslogan Netuaiñ
Mapu.
Se pretendió volcar a esta etnia mapuche contra los
propietarios de la tierra.
Consideraba también a los 200.000 chilenos que en esa época
residían en el sur argentino, muchos de origen indígena, para
reeditar los”malones araucanos”, creando un ambiente de
violencia en ambos países.
También contemplaba esta fase del plan, la misión de apoyo a
los grupos extremistas argentinos.
En el inter tanto, el Imperio Soviético se derrumbó y han
transcurridos 39 años desde que se expulsó al gobierno
marxista de la U.P. Pero parece que esta fase del plan se viene
cumpliendo en el país desde mediados de los años 90 hasta
nuestros días, con diferentes intensidades.
En efecto a partir de 1996/1997, se inició un clima de violencia
que ha ido en aumento desde la VIII a la XI regiones y cuyo
propósito es recuperar la tierra; es decir ocupar, destruir,
incendiar e impedir el trabajo en zonas forestales en plena
producción que tienen sus legítimos dueños-mientras no se
demuestre lo contrario-a quienes se les está privando por la
fuerza de ejercer su labor productiva, además de constituir un
asalto al derecho de propiedad que consagra la Constitución
de la República.
Todo esto a la vista de gobiernos timoratos y débiles como han
sido los de la Concertación y el actual. La diferencia está en
que ahora son mucho más violentos pues actualmente se ataca
a Carabineros, se destruye la maquinaria, se queman las casas
de los propietarios actúan coordinadamente y se mueven con
toda soltura.
Esto no es un problema menor.
Grandes empresas forestales chilenas han adquirido tierras en
Argentina, Brasil, Uruguay a precios más bajos y en
condiciones de rendimiento forestal similares a Chile.
Aún cuando han declarado que sus actividades en Chile no se
suspenderán, es indudable que están tomando sus
resguardos para el futuro.
El Gobierno y la ciudadanía no parecen tomar el peso a este
asunto toda vez que la producción del sector forestal y sus
derivados representan un gran porcentaje de nuestras
exportaciones, generando cuantiosos recursos para el Estado
y dando empleo directo e indirecto a miles de personas.
El capital está destinado a producir bienes y servicios que
requiere la sociedad y para ello necesita de estabilidad política,
social y reglas del juego claras en lo económico. Si ello no
existe el capital emigra.
Esto no parece comprenderlo mucha gente en Chile.
Políticamente la ley 19953, llamada Ley Indígena, es atentatoria
contra la unidad nacional, ya que crea, de hecho, dos tipos de
chilenos y contradice el principio de integración al existir
normas y disposiciones diferentes para unos y otros en
distintos ámbitos, especialmente en el laboral.
El problema indígena no tiene solución a corto plazo, requiere
educación, cultura, formación de hábitos de trabajo, tecnología
y dinero por medio de un plan que participe el gobierno y la
actividad privada.
Además todos estos movimientos indigenistas son dirigidos
desde el exterior, concretamente Europa, y se ha observado la
presencia de ellos en la zona en cuestión, incluyendo la
detención de un miembro de la ETA hace unos años.
Antes del primer gobierno de la concertación, el tema mapuche
era el de la pobreza; ahora se ha transformado en un problema
racial hábilmente explotado por los activistas ya mencionados
y ejecutado físicamente por los infaltables encapuchados.
Por todo lo que estamos observando, por la coordinación entre
los diferentes grupos mapuches para ejecutar sus actos de
violencia, por la preparación de sus dirigentes, métodos de
actuar y formas de expresarse, pienso que estamos después
de 42 años, presenciando la cuarta etapa del plan Loto Rojo,
dirigido por el extremismo marxista que aún existe en nuestro
país, a pesar del derrumbe de la Unión Soviética y sus planes
de dominio mundial.
Como sea, estamos ante un problema serio, apoyado por la
Ley Indígena norma que nunca debió aprobarse.
Aquí está en juego el bien común de la nación chilena, ante el
cual los políticos y gobernantes deben empeñarse con energía
y no mostrar debilidad para protegerlo y recordar que Chile es
un país unitario por lo que no puede haber ciudadanos de
distintas categorías bajo el imperio de igualdad ante la ley para
todos.
Pero la violencia no para y en estos días se ha producido otro
ataque incendiario a un fundo forestal quemando 11 camiones
y esto seguirá sin que se detenga debido a las autoridades
incapaces que tenemos para tomar decisiones drásticas,
jueces y fiscales que no cumplen con su deber, dejando sin
castigo la mayoría de las veces a los delincuentes.
Como no hay voluntad política para resolver este vandalismo,
lo más probable es que las empresas dueñas de los predios
emigren y vendan; esto con las empresas ¿y qué ocurre con
los agricultores que trabajan sus campos para producir y
ganarse el sustento?
Se les ha puesto vigilancia Policial a varios de ellos
considerando las veces que han sido atacados violentamente
dejándolos en la calle aun con dicha protección, usando armas
de fuego igualmente contra la policía.
Tenemos el caso más palmario como es el del colono Alemán
que emigró de su País, para trabajar un campo adquirido en la
zona; como fue atacado por las hordas indígeno -marxistas,
decidió terminar sus actividades y regresar a su patria.
Así Chile, de jaguar ha pasado a ser menos que gato, con la
diferencia que éstos se defienden con fiereza cuando son
atacados.
CARTA DE LA ONG CIUDADANOS DEL
ORDEN AL SUBSECRETARIO DEL
INTERIOR
SEÑOR
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
PRESENTE.
Sr.Sr. Subsecretario:
Como Presidente de la ONG Ciudadanos del Orden, en
representación de nuestra Directiva, me dirijo a Ud. a fin de
dar a conocer nuestra PREOCUPACION por la posición
permanente y reiterada de los abogados de la Oficina de
derechos humanos del Ministerio del Interior, triste legado del
gobierno de la concertación. que se ha encargado en forma
persistente de perseguir a los Oficiales y Suboficiales de
carabineros y militares en situación de retiro, en procesos por
derechos humanos, ejerciendo a nuestro juicio, una presión
indebida sobre los Tribunales de Justicia.
Lamentablemente, ese grupo durante este Gobierno ha
evidenciado un accionar más prepotente, que muestra una
acción de venganza, pero en ningún caso de verdad y justicia.
Creo que todos estamos de acuerdo en que no existe
justificación alguna para la violación a los derechos humanos
de una persona, por lo que, tales conductas deben ser
drásticamente sancionadas, pero con la salvedad que debe
hacerse dentro del estricto marco del derecho, aplicando las
leyes vigentes, dentro de un debido proceso, ajustado a la
normativa legal, sin que medie ninguna consideración de otro
tipo que no sea la estrictamente legal.
No deseamos hacer un juicio al poder judicial o al
comportamiento de algunos jueces, ellos tienen el deber de
aplicar las leyes vigentes del país, por lo tanto, cuando
deliberadamente se aplican normas no vigentes o acuerdos
internacionales sin estar debidamente aprobados para su
vigencia en Chile, los órganos del Estado encargados de su
supervisión deben actuar, y no permitir la aplicación de leyes
que no corresponde.
Es necesario resaltar como un hecho grave, la situación que
afectó a un Coronel de Carabineros, dos capitanes de Navío, y
un Comisario de Investigaciones, quienes habían sido
condenados por la Corte de Apelaciones de Concepción con
una pena remitida de tres años y un día, y la Corte Suprema, a
instancias de los abogados del Ministerio DEL INTERIOR
solicitaron un aumento de las penas, quedando en definitiva
con sentencias de cinco años y un día, y llevados a la cárcel
de alta seguridad de Punta Peuco.
Esta amarga experiencia que afecta a distinguidos oficiales de
las instituciones armadas, deja en el ambiente una sensación
de tremenda injusticia, que la ley no se aplica a todos por
igual, que existe una odiosa discriminación en contra de los
uniformados. Este importante sector de nuestra sociedad, ha
sido tratado y continúa siendo tratado de mala manera por el
Estado, por hechos ocurridos hace cuarenta años,
La opinión publica informada de este país, no comprende la
forma como el gobierno y especialmente el Ministerio de
Interior y esa Subsecretaria por medio de esta Oficina, trata el
tema de los Derechos Humanos, rechazando de plano que con
fondos del erario nacional se mantenga abogados que no
buscan aplicar la ley, sino encontrar mecanismos o artimañas
para perseguir a los miembros de la FF.AA.
La naturaleza de personal de Carabineros en retiro, ,por
nuestra formación enmarcada en la disciplina y el respeto , no
nos permite hacer manifestaciones publicas de presión, de tal
forma que resulta difícil encadenarse en algún patio de la
Moneda para llamar la atención, por nuestra formación
creemos en la aplicación de la ley y el derecho
Nuestra gente esta cansada de vejámenes. Son personas
ancianas, sin voz, sin recursos, sin que nadie los defienda,
que cumplieron ordenes superiores en un Gobierno Militar al
que no podían desobedecer, por lo tanto, a nuestro juicio,
ningún oficial o suboficial que a la fecha de los presuntos
delitos era un subalterno de baja graduación puede ser
responsable de los hechos que se le imputan, dejando en
claro que muchos de ellos no tuvieron participación alguna en
los hechos, no se necesita comprobar responsabilidades,
basta el haber vestido uniforme para que la pena se aplique..
No resulta objetivo, ni razonable, juzgar hoy día, hechos
ocurridos en el pasado en situaciones de crisis institucional,
en que los distintos poderes del Estado no fueron capaces de
solucionar, y que lo ocurrido hace cuarenta años obedeció a
una petición de la gran mayoría de los chilenos que veía un
peligro inminente de la guerra civil, por el odio de clases
existente y que el gobierno de la época se negaba a flexibilizar
sus posturas políticas.
Tenemos la esperanza que algún día, la verdadera justicia
impere en nuestro país, aun cuando ya sea tarde y muchos
procesados deban morir antes que probar su inocencia, el
gobierno no solo debe regirse por encuestas y opiniones de
personas vociferantes, sino que, por sobre todo, debe aplicar
la ley a todos por igual.
A nuestro juicio el Estado y el gobierno debe estar por encima
de posiciones extremas y los distintos poderes del Estado no
dejarse avasallar por consignas o personas que manipulan a la
opinión pública y a los medios de comunicación. Políticas
Se Adjunta boletín digital CHILE INFORMA, donde puede
interiorizarse del articulo escrito por el Capitán de Navío de la
Armada de Chile Sr. Adolfo Paúl sobre inequidad judicial,
donde está inequívocamente expuesta la realidad de los
hechos ocurridos desde el año 1973, que puede servir para
tener una visión mas objetiva de los hechos y en consecuencia
poder tomar decisiones en que se respete el estado de derecho
en nuestro país.
Saluda atte a Us.
Osvaldo Muñoz Sanhueza
Gral Insp. de Carabineros R.
PRESIDENTE.
Jose Taffal del Canto
Secretario ONG
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