INIQUIDAD JUDICIAL CONTRA MIEMBROS DE LAS FF.AA Y DE ORDEN ÚLTIMA PARTE

INIQUIDAD JUDICIAL CONTRA MIEMBROS
DE LAS FF.AA. Y DE ORDEN ULTIMA PARTE


Ofrecemos a nuestros lectores la última parte del
trabajo jurídico del cual es autor el abogado y capitán
de navío en retiro don Paul Latorre.




12. Politización de la justicia
El peso de la justicia retrospectiva recae sólo sobre los
militares —quienes por razones de orden y autoridad y en
cumplimiento de su misión de defender la patria y el orden
institucional de la República, se vieron obligados a empuñar
las armas en contra de quienes pretendían su destrucción—,
pero no sobre quienes destruyeron la democracia y llevaron a
cabo los hechos de violencia ilegítima en los años 70 y 80.
¿Es justo que tratándose de una gravísima crisis política
y social —y en un ambiente de odio, de anarquía y de violencia
desatada— carguen con la culpa sólo los uniformados que en
su mayoría eran muy jóvenes en 1973?
Lamentablemente los tribunales, violando numerosas
leyes que tienen sentido de pacificación social, le han dado
estatuto legal a la tarea de revivir odios.
Los precedentes históricos, que enseñan cómo en el
pasado se pudieron cerrar las heridas provocadas por períodos
conflictivos de nuestra vida interna, no han sido tenidos en
cuenta.
Así se continúan prolongando y profundizando divisiones
del pasado y, con ello, debilitando la cohesión y la unidad
nacional para acometer el futuro.
Ello se debe a la acción de grupos minoritarios y
contradice el parecer de la mayoría de los chilenos, que no
desea seguir hurgando en viejas heridas y sí aspira a
emprender la tarea de construir el futuro, dejando atrás los
lastres del pasado.
En este sentido, todavía no se ha cerrado el largo capítulo
de relación crítica entre política y justicia.
Han pasado casi cuarenta años desde que ocurrieron los
hechos que hoy se están juzgando y castigando, mediante
interpretaciones jurídicas torcidas e insostenibles.
Se altera la paz social cuando los tribunales acogen querellas
por supuestos delitos absolutamente prescritos.
Se atenta contra el Estado de Derecho cuando no se aplican las
normas jurídicas vigentes.
Ya es hora de poner término a la actividad que busca la
venganza y presencia mediática con fines claramente políticos
y, también, económicos.
Mantener privados de libertad a tantos militares, de más
de ochenta años de edad o con gravísimos problemas de
salud, por haber defendido la libertad, la propiedad y tal vez la
vida de todos los que hoy los juzgan con tanta severidad es
una iniquidad, una obscena arbitrariedad y un despropósito
jurídico de consecuencias imprevisibles en una nación que
quiere consolidarse y progresar de forma pacífica y armónica.
El “problema de los derechos humanos” es un problema
político que todavía está vigente.
Lamentablemente los órganos más propiamente políticos
—ejecutivo, legislativo y partidos políticos— no han cumplido
su tarea y han puesto sobre los hombros de los tribunales de
justicia la solución del problema.
Y la judicatura tiene una incapacidad natural para
solucionar un problema que es político y no judicial. Y mientras
esto no se reconozca, no vamos a llegar a solución alguna.
Y, lo peor, es que se está instrumentalizando el sistema
jurídico para llegar a soluciones del sistema político. Y, cuando
los ordenamientos jurídicos se instrumentalizan para
conseguir fines políticos, mueren en ese mismo acto.
Si es malo judicializar la política, significativamente peor
es politizar la justicia, porque conduce a la muerte del derecho;
al fin de la conquista de las maneras civilizadas que conforman
el Estado de Derecho.
Concordamos plenamente con lo expresado por el
presidente Piñera en el sentido de que “en Chile falta unidad y
sobran divisiones, falta nobleza y sobran pequeñeces”.
Una manifestación de esto último es la brutal e inicua
persecución político-judicial iniciada por los gobiernos de la
Concertación y que el actual gobierno ha mantenido contra
muchos de los integrantes de las instituciones que salvaron a
Chile del caos y de su destrucción y que se vieron obligadas a
intervenir en 1973.
En efecto, el actual gobierno, a través del ministerio del
Interior y sin respetar las normas propias de un Estado de
Derecho, ha perseverado en la presentación de querellas por
supuestos delitos que no sólo están absolutamente prescritos,
sino que amparados por una ley de amnistía; ley que sí les fue
aplicada a los terroristas.
Y no sólo eso: los abogados del Programa de la ley Nº
19.123 del ministerio del Interior han llegado al extremo de
recurrir de casación ante la Corte Suprema a fin de que le sea
elevada la pena asignada a los condenados en la sentencia de
segunda instancia y con la cual habían quedado conforme los
querellantes.
La iniquidad con que actúan tanto el Gobierno como el
Poder Judicial en contra de miembros de aquellas instituciones
que salvaron a Chile de una guerra civil y de convertirse en una
segunda Cuba ha llegado a extremos inauditos e intolerables.
La brutal persecución de los abogados del Programa de
Derechos Humanos del ministerio del Interior y el desvarío de
la sala penal de la Corte Suprema no tienen nombre.
Las últimas sentencias dictadas por esta última vulneran
gravísimamente el sentido común más elemental, normas
constitucionales expresas, la legislación vigente, principios
básicos de la seguridad jurídica, el debido proceso, la verdad
de los hechos y, en definitiva, el Estado de Derecho.
Se ha condenado con saña a militares y carabineros sin
prueba concluyente alguna.
Por ejemplo, se ha condenado por secuestro a quienes lo
único que les fue acreditado en el proceso es el hecho de
haber arrestado a una persona y de haberla trasladado a un
lugar de detención; todo ello, cumpliendo órdenes superiores.
Este absurdo alcanza ribetes de realismo mágico, cuando
en una misma sentencia se reconoce que los imputados
entregaron al detenido en un determinado lugar y más adelante
se dice que aún lo mantienen secuestrado, ¡habiendo
transcurrido más de treinta y cinco años de la detención!
Lamentablemente, en lugar de la ley se está aplicando el
lema “ni perdón ni olvido”, acuñado por los mismos que
predicaban la lucha de clases, la vía armada, el terrorismo y el
totalitarismo.
Nunca se habían visto los atropellos a la verdad y a la ley
que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual.
13. ¿Solución política o judicial?
Para terminar con el problema de los juicios contra
militares, por hechos ocurridos hace cuatro décadas, hay
quienes proponen encontrar una solución política; otros
prefieren dejar entregado este tema a los tribunales; y otros
opinan que no se requiere acuerdo político alguno, sino
respetar las leyes sobre amnistía y prescripción.
Efectivamente, en rigor, no sería necesaria una “salida o
solución política” o la dictación de nuevas leyes, pues bastaría
aplicar rectamente la legislación vigente y los principios
tradicionales del derecho universal; declarar amnistiados los
supuestos delitos cometidos durante el período de vigencia de
la Ley de Amnistía; respetar la cosa juzgada y no reabrir
procesos fenecidos; no aplicar teorías absurdas como la del
“secuestro permanente”; declarar la prescripción de los delitos
prescritos; aplicar la presunción de inocencia, etc.
Sin embargo, considerando que los tribunales de justicia
no muestran la más mínima intención de rectificar su actual
proceder —por el contrario, se ha endurecido con la nueva
integración de la sala penal de la Corte Suprema—, tal vez sería
conveniente dictar una ley de amnistía general que ponga
término a la situación existente y permita que los chilenos nos
dediquemos a mirar hacia el futuro (aunque incluso en tal caso
podría mantenerse latente el problema, dado que algunos
jueces que han recurrido a rebuscadas interpretaciones para
no aplicar las leyes vigentes podrían perseverar en su empeño
a fin de eludir futuras leyes que busquen poner término a la
situación actual).
Es por la referida actitud recalcitrante de los tribunales —
y mientras ella no cambie— que nos inclinamos por una
solución política; un acuerdo político para cerrar el pasado.
Por otra parte, pensamos que es el mundo político el que
debe dar una salida política a una situación que es de carácter
político.
Es ilusorio y poco razonable resolver un conflicto
histórico, eminentemente político, por la vía judicial.
La búsqueda de la justicia perfecta —que posiblemente
están buscando de buena fe algunos jueces— ha concluido en
la más completa injusticia.
Como decían los romanos: summum ius, summa iniuria.
La justicia debe ser templada con la prudencia y la clemencia.
Una crisis como la vivida en Chile, que repercute aún
después de haber transcurrido tantísimos años, sólo puede ser
superada políticamente, a través de un acuerdo que tenga
como norte el bien común de los chilenos, sabiendo de
antemano que habrá voces y sectores disidentes.
En todo caso y sea como fuere, el hecho es que la
iniquidad judicial que hemos denunciado en estas páginas no
puede continuar.
Reflexiones finales
El clima de persecución judicial contra los uniformados
es evidente. Las resoluciones judiciales a que nos hemos
referido a lo largo de este trabajo así lo demuestran, a lo que se
suman las irresponsables y descabelladas querellas
interpuestas por abogados u organizaciones “de derechos
humanos”, las que al ser amparadas por el Poder Judicial y el
ministerio del Interior profundizan tal clima de persecución.
No es razonable que continúen militares encarcelados
porque tienen a personas secuestradas, en circunstancias de
que todo el mundo sabe que eso es una mentira, una ficción
evidente.
Decir que una determinada persona está actualmente
secuestrada, después de haber transcurrido casi cuarenta años
desde la fecha en que fue detenido por el o los imputados, es
una patraña que no resiste mayor análisis y una burla grotesca
a la ley.
Tanto o más criticables son aquellas resoluciones que le
atribuyen responsabilidad y someten a proceso a personas
sobre la base de que, atendida la naturaleza de sus funciones,
no pudieron menos que conocer la existencia de delitos
gravísimos —extendiendo de esa manera el ámbito de la
responsabilidad penal, confundiéndola con la responsabilidad
política— o aquellas sentencias que condenan a un acusado
por el mero hecho de haber estado alguna vez en el lugar
donde supuestamente ocurrieron los hechos delictivos que se
le imputan.
La reconciliación a la que la gran mayoría de los chilenos
aspira exige, de manera urgente y necesaria, rescatar la
correcta interpretación y aplicación de los principios básicos
en que se fundamenta el Estado de Derecho; propio de
aquellas comunidades en que la legalidad establecida rige por
sobre individuos, grupos e instituciones.
El Estado de Derecho se funda en la Constitución y en las
leyes dictadas conforme a ella, las que obligan tanto a
gobernantes como a gobernados.
Lamentablemente, la juridicidad está siendo gravemente
erosionada y nuestros tribunales están marginándose del
Estado de Derecho, al someter a proceso a militares sin dar
cumplimiento a la legalidad vigente.
Lo anterior reviste una enorme gravedad, por cuanto el
Poder Judicial es el poder del Estado que tiene la mayor
responsabilidad en el resguardo del Estado de Derecho y que
constituye el poder moderador por excelencia de una nación,
que modera las pasiones y que hace cumplir la ley.
La ciudadanía necesita confiar en la tutela que el
ordenamiento jurídico le garantiza por medio de los tribunales.
En Chile se predica, por todos sus confines, la necesidad
de respetar los derechos humanos.
Sin embargo, en el caso de los militares y carabineros, se los
atropella salvaje e impunemente, despreciando la dignidad de
ellos y la de sus familias, debido a jueces que se han
abanderizado con posiciones políticas y colocado su ministerio
al servicio de ellas.
Las excusas para esquivar el imperio de la ley han
superado a la más fértil imaginación.
Si la sanción por la violación de los derechos humanos
pasa por el desconocimiento de las instituciones jurídicas
fundamentales —tales como la amnistía, la prescripción y la
cosa juzgada—, en lugar de consolidarse la democracia y la
institucionalidad, se las está erosionando peligrosamente.
El deber primordial del Estado es la preservación e
imperio de la juridicidad, esto es, el respeto a la legalidad;
porque tolerar su quebrantamiento persistente y progresivo,
como está ocurriendo entre nosotros, conduce inefablemente a
la destrucción del orden institucional y al caos social.
Ya vivimos esa experiencia y debemos tenerla muy
presente, pues, como dijo Santayana, “quienes no recuerdan el
pasado están condenados a repetirlo”.
Es por eso que no debemos reescribir la historia, sino que
asumirla sin distorsiones y definir el camino que queremos
recorrer en el futuro. Solo así será posible consolidar la
libertad, la paz, el orden social y la democracia.
Sin embargo, en el último tiempo, vuelven a manifestarse
síntomas alarmantes, porque evocan una experiencia ya vivida.
Imperceptiblemente, volvemos a tolerar la violencia en
sustitución del diálogo y la presión sobre las autoridades para
doblegarla, erosionando las leyes y el Estado de Derecho.
Los ejemplos son múltiples, pasando desde la usurpación
de establecimientos educacionales hasta la violencia terrorista
en la Araucanía.
Tal como ha sucedido en otras coyunturas nacionales de
infeliz desenlace, las advertencias frente al sobrepasamiento
de la legalidad no están surtiendo mayor efecto, y tarde o
temprano el país habrá de soportar las nocivas consecuencias
de ello.
No hay futuro para una nación que tolera, en impávido
silencio, la anestesia de sus conciencias y los eclipses de la
verdad.
Es de esperar que la actual dirigencia política pueda
adoptar una decisión de altura y no vuelva a fracasar, como
cuando los políticos del año 1973 fueron incapaces de
controlar la situación de odio, violencia, polarización y quiebre
de la democracia y del orden institucional y acudieron a los
cuarteles a solicitar, desesperados —tanto los de gobierno
como los de oposición—, la intervención de las Fuerzas
Armadas.
Pensamos que no es el espíritu ni la finalidad del Poder
Judicial.
Sin embargo, la actitud de los tribunales de justicia que hemos
denunciado en este trabajo es plenamente funcional al objetivo
perseguido por esas hordas violentas y vociferantes que
escupen y golpean a mujeres y ancianos por el mero hecho de
asistir a la presentación de un libro o a la exhibición de un
documental, y que pretenden destruir a los militares —aunque
sigan existiendo, pero dejando de ser lo que son, dejando de
ser lo que tienen que ser; es decir, manteniendo sólo la
apariencia de tales— para que no tengan la capacidad moral de
intervenir en caso de que volvieran a presentarse en nuestra
patria situaciones de violencia, polarización y quiebre del
orden institucional como la que culminó en el año 1973.
Corresponde en especial a gobernantes y legisladores
contribuir a poner término a las iniquidades que estamos
denunciando en este documento y que, de no mediar su visión
superior y patriótica, tienden a perpetuarse; manteniendo
indefinidamente a una sociedad fracturada, discriminatoria y
excluyente de un trato equitativo a los uniformados.
Es preciso no seguir postergando una solución política —
basada en la equidad y en una justificada clemencia— a
procesos que han politizado a la justicia y que, ciertamente,
debilitan al Poder Judicial y a la Fuerzas Armadas y de Orden,
instituciones fundamentales de la República.
Sobre la base de los planteamientos expresados a lo largo
de estas páginas, venimos en formular un ferviente llamado a
los señores miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, de
los partidos políticos, del Colegio de Abogados —al que le
corresponde “representar al Presidente de la República y a los
Tribunales Superiores las incorrecciones que notare en la
administración de justicia y hacerles las observaciones que
estime conducentes para que ésta se ejercite en forma correcta
y expedita”— y a todos los diversos sectores de la sociedad
chilena para que, cada uno de ellos dentro de sus respectivos
ámbitos de acción o de su competencia, adopten las medidas
que estimen más apropiadas para el restablecimiento de la
juridicidad y del Estado de Derecho, requisito esencial para el
progreso y grandeza de nuestra patria.
Viña del Mar, 28 de agosto de 2012.