El Mercurio.
El terremoto cambió dramáticamente la realidad política no sólo por la destrucción ocurrida y las inmensas tareas no contempladas o multiplicadas que ahora están por delante -esbozadas en nuestro editorial de hoy-, sino también en cuanto al juicio ciudadano respecto de la eficacia del Gobierno y de las instituciones del Estado. Es elocuente que incluso una institución tan respetada como la Armada haya debido reorganizar el SHOA, en tanto que el desempeño de la Onemi y, en general, la coordinación y capacidad de reacción eficaz del Ejecutivo quedarán entre las páginas que el país querría poder olvidar.
Sin embargo, hacerlo sería un grave error: cualquiera hubiera sido el signo del gobierno entrante, no habría podido cerrar los ojos al juicio de la ciudadanía frente a estos hechos, del cual la encuesta que se publica en esta edición es una muestra categórica: 60,4 por ciento piensa que la actuación del Gobierno para ir en ayuda de las víctimas fue "tardía e insuficiente", porcentaje que se eleva al 71,8 por ciento en cuanto a la que tuvo para restablecer el orden.
Así, dos décadas de administraciones concertacionistas que alcanzaron logros valiosos en muchos ámbitos habrían merecido un final mejor, pero esa coalición se fue deslizando irreversiblemente en el cuoteo político y el juego partidista, hasta llegar a un grado de desgaste que la catástrofe puso al desnudo.
La Presidenta Bachelet concluye su mandato rodeada del cariño de la inmensa mayoría de los chilenos, pero el poder en el aparato público demostró encontrarse en un estado de obsolescencia y agotamiento que es intolerable. Eso tiene largas raíces históricas y no es de responsabilidad exclusiva de la Concertación, pero sí lo son las deficiencias de gestión y de selección de personas para realizarla. Este último aspecto, netamente político, tampoco pasó la prueba a que fue sometido esta semana.
La Coalición por el Cambio que asumirá el próximo jueves ha de estar consciente de que, tras esta experiencia, la población difícilmente aceptará inercias o criterios cómodos que permitan la perpetuación de semejantes deficiencias. Dadas sus gravísimas consecuencia en vidas y sufrimiento, la omisión de reformar a fondo y sin más dilaciones sería ahora intolerable. No debería ella caer en la tentación de circunscribir sus energías a mejorar la gestión, sin hacer también otro tanto respecto de las fallas estructurales del Estado. Una gestión es buena o mala según la persona que la desarrolle, y sus efectos tienden a diluirse cuando ella abandona el cargo. Las estructuras e instituciones adecuadas, en cambio, perduran, suplen las debilidades o potencian las fortalezas personales y, en definitiva, constituyen un legado real.
La nueva correlación entre las coaliciones
Ayer, el Presidente electo tuvo el encomiable gesto de invitar a los presidentes de los partidos de la Concertación para analizar con ellos cómo habrán de asumirse las tareas de reconstrucción. Los jefes concertacionistas tuvieron la igualmente loable respuesta de aceptar esa invitación y, en un ambiente muy cordial, se llegó a acuerdos preliminares en materia de fomento a la reconstrucción, facilitamiento de las donaciones y la acción privada, y tratamiento de emergencias. Este clima es en extremo positivo y confirma la posibilidad de entendimiento cívico para el bien nacional.
Naturalmente, ambas partes mantendrán sus respectivos papeles, y la oposición ejercerá su papel de tal, como es necesario y saludable que ocurra. Diversas señales indican que la línea que ahora seguirá ella en su etapa inicial será de relativo bajo perfil y de espera respecto de las medidas político-económicas. Ella advierte que el desempeño del aparato estatal y gubernamental ha sido deficiente en muchos aspectos en los últimos años, y eso se ha evidenciado redobladamente a causa del terremoto. El país exige hoy mejor gestión, deposita grandes expectativas en la nueva administración y quiere darle la lógica oportunidad de probar sus capacidades de solución, innovación y reconstrucción. La Concertación no ignora que sería un error atacar desde el primer día las iniciativas del nuevo gobierno en esas áreas. Pero sabe también que, sin costo político, sí podrá mostrarse implacable desde el comienzo en relación con eventuales conflictos de interés que puedan suscitarse entre las actividades privadas y públicas del Presidente Piñera y sus ministros, subsecretarios, intendentes -como los recién nombrados- y demás autoridades que designe.
La probabilidad de tales conflictos -o la imagen de que los hay- existe, porque al subir la categoría técnica de tales nombramientos, éstos recaen fundamentalmente en personas que se han desempeñado con éxito en el sector privado en variados campos.
Al aceptar responsabilidades públicas, deben necesariamente renunciar a sus actividades anteriores, como lo han hecho desde el propio Presidente electo con las acciones de sus diferentes empresas y especialmente en el proceso de Lan que debe finiquitarse, y también lo hacen en estos días todos quienes se han sumado a participar en la nueva administración.
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