Becas irregulares

El Mercurio

La denuncia sobre eventual mal uso del programa de becas para víctimas de abusos contra los derechos humanos -las llamadas "Becas Valech", creadas en 2004- exige esclarecimiento. El ministro de Educación ordenó a la dirección jurídica de esa secretaría de Estado designar a un fiscal que indague las presuntas irregularidades y las responsabilidades que pudieren caber a instancias del anterior Ministerio del Interior sobre "tan mal uso de fondos de todos los chilenos". También la diputada Karla Rubilar (RN) y agrupaciones de ex presos políticos presentaron una denuncia por fraude al fisco ante la Fiscalía Centro Norte.

Según el Ministerio de Educación, de los dos mil 812 beneficiarios de este programa, más de mil 500 se inscribieron en un discutible programa especialmente creado por una universidad privada, lo que le significó a ésta ingresos cercanos a cinco mil millones de pesos por concepto de pago de becas. El resto de los beneficiarios lo ha hecho en otras entidades de educación superior, en programas de educación continua o en cursos de pre y posgrado, sometiéndose a los sistemas de admisión que dichas instituciones exigen.

Dada la relevancia del objetivo del programa -dar educación superior a afectados por los referidos excesos-, la naturaleza de las instituciones involucradas -la División de Educación Superior del ministerio y una universidad- y los montos mencionados, es de máxima urgencia dar transparencia a este sistema de becas.

Para eso se requerirá un mayor control de la División de Educación en cuanto a los programas a que postulan los beneficiarios, la calidad de los mismos, los procesos de selección correspondientes y el seguimiento de sus resultados.

Una manera de fiscalizar el buen uso de estos recursos fiscales es que los programas de pre y posgrado estén acreditados, o que lo estén las respectivas universidades. Asimismo, los cursos de educación continua debieran regirse por la Norma Chilena 2728, que fija los requisitos mínimos para los organismos técnicos de capacitación autorizados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, buscando asegurar una gestión de calidad, evaluación de los profesores y altos niveles de asistencia por parte de los estudiantes.

Los avances en el sistema de aseguramiento de la calidad deberían hacer posible ofrecer con responsabilidad y calidad las prestaciones de una iniciativa como la comentada, que compromete dineros de todos los chilenos, en un marco de confianza pública.