REEMPLAZO DE LEY RESERVADA DEL COBRE

Editorial de El Mercurio

Mientras distintos países latinoamericanos, encabezados por Brasil, actualmente corrigen mediante inversiones extraordinarias largos períodos de desatención a sus sistemas de defensa, Chile arriesga entrar en una discusión sin marcos claros sobre el reemplazo a la Ley Reservada del Cobre. Nuestro país, en efecto, logró equipar un sistema de disuasión de nivel aceptable, pero la clave más racional y económica de este logro exige una inversión constante, planificada por períodos largos y no sujeta por entero a la discusión presupuestaria anual, como ahora se propone. Si esto se deja entregado a la decisión política, las lógicas de esta última indican que siempre las necesidades de la defensa serán preteridas frente al argumento del gasto social, y al cabo de 10 años sólo tendremos chatarra en aquello que tanto costó materializar.


Las prioridades en defensa nunca parecen inmediatas, y las acciones que se llevan adelante en este ámbito, si bien de la mayor trascendencia para el país, no son políticamente vistosas. Por eso, todos los estados —y sus gobiernos— enfrentan la necesidad de equilibrar adecuadamente las necesidades de largo plazo con las demandas ciudadanas más urgentes. Y como los representantes de la ciudadanía enfrentan elecciones en plazos breves, la mirada estratégica de largo plazo puede quedar suspendida. De allí que los más diversos países busquen fórmulas institucionales más permanentes para definir sus presupuestos de defensa.

Chile ensayó imperfectamente arreglos de esta naturaleza desde fines de la década de 1930, pero en la práctica nuestras grandes crisis vecinales de la segunda mitad del siglo pasado nos encontraron sin preparación y sin respaldo disuasivo, en situaciones en que no basta tener derechos jurídicos irrefutables, como se probó en 1978 respecto de Argentina. Finalmente se definió que el 10 por ciento de las ventas de Codelco, con un piso mínimo, debía destinarse a las compras de defensa. Esta solución ha operado por más de tres décadas, y si bien ha despertado reparos, ellos no han sido significativos, permitiendo que las FF.AA. puedan desarrollarse de manera efectiva sin entrar en una carrera armamentista. Contra lo que habitualmente se cree, el giro real de recursos por parte de sucesivos gobiernos no ha sido nunca el total devengado, sino sólo una parte —alrededor de un tercio.

Sin embargo, como todos admitimos, la Ley del Cobre no es una solución eficiente, pues afecta la competitividad y la modernización de la cuprera estatal, y obstaculiza su transformación en sociedad anónima y su eventual apertura a la bolsa. Es razonable, pues, buscar soluciones institucionales alternativas, como lo pretende el Gobierno con el envío de un proyecto que reemplaza esta ley reservada por un esquema de presupuestos plurianuales para defensa, con un horizonte de 12 años divididos en subperíodos de cuatro, para mantener coherencia con la duración de los mandatos presidenciales.

Es éste un esquema similar al de otros países, pero falta una definición precisa de cómo se acordarán los presupuestos de defensa, ya que no se contempla un piso mínimo, como hasta ahora. Es razonable que éste no sea una cifra específica, pero sí que exista un procedimiento para definirla. En rigor, corresponde determinar una suerte de gasto estructural compatible con los escenarios de mediano y largo plazo que se vislumbran para el país, así como con las necesarias reposiciones y mantenciones del material, definidas en función del desarrollo tecnológico de los sistemas de armas. Así se podrían ir estableciendo patrones de gasto plurianuales conocidos, en función de parámetros técnicos —revisables, por supuesto— que garanticen el adecuado equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas, y no dejar entregada esta decisión a las presiones políticas y demagógicas de coyuntura.

Está en la propia conveniencia de los parlamentarios el autolimitarse en beneficio de un interés permanente del país.

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juan aninat solar
15/09/2009 09:13
[ N° 1 ] El articulista muestra un temor de falta de madurez del sistema político en dotar a nuestras FFAA de los recursos para la necesaria funcionalidad de la defecnas nacional. O sea, nuestros representantes no son chilenos.
El articulista debería también considerar que
el actual aporte de Codelco está comprometiendo el futuro de la gallina de los huevos de oro que es Codelco. Y el regalo que el país hace a la minería privada.


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antonio lopez carvajal
15/09/2009 09:18
[ N° 2 ] Guste o no nos guste en America latina no han desaparecido las amenazas que pueden afectar nuestra seguridad nacional, basta ver como se arma Chavez o los continuos actos inamistosios del Perú, en este sentido la LRC proporciono a nuestras FFAA los fondos necesarios para mantener una fuerza disuasiva razonable por lo tanto derogarla sin encontrar el mecanismo adecuado que la reemplace en condiciones similares me parece una irresponsabildad digna de la falta de visión geoestratégica del gobierno avalado por el liderasgo de Bachelet a mi jucio una persona carente de todo rasgo de liderasgo y con un porte de estadista sumamente limitado


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Eduardo Valdes
15/09/2009 09:20
[ N° 3 ] Lo unico que afecta la competitividad del cobre son los miles de pitutos en cargos inventados(dierctores, gerentes, etc) sumado a los contratos mulas que solo sirven para que la concertacion siga robando.....ojo con disminuirle la plata a las FFAA. A estas les da lo mismo si la plata les llega por la ley del cobre u otra via, pero si volvemos a depender de la lacra de los diputados y senadores para aprobar las platas cometeremos nuevamente el mismo error que hace 100 años....los gobiernoz de izquierda se caracterizan por bajar la mano dura tanto en justicia (ya vemos lo que paso con esto) y ahora se quieren meter con las FFAA....craso error, uno mas de esta obsoleta y corrupta administracion....