CEDAW

P. Raúl Hasbún


CEDAW son las siglas del Comité para eliminar la discriminación contra la mujer, organismo vinculado a la ONU. Su carácter vinculante para Chile está sujeto a la ratificación de un protocolo que nuestro Estado no ha suscrito aún. A pesar de ello, el CEDAW se ha permitido amonestar a nuestro país con una suerte de “tarjeta amarilla”, enrostrándole el que “todavía” mantenga vigente la prohibición legal de abortar y “todavía” no haya adoptado medidas que faciliten a la mujer ejercer en plenitud sus derechos reproductivos. En tal categoría el CEDAW incluye, por cierto, el libre y expedito acceso de la mujer a centros que provean anticoncepción y aborto.

Nuestras autoridades respondieron a tal conminación disculpándose, y en seguida inculpando de dicha omisión al predominio de sectores conservadores en los medios más influyentes de comunicación social, lo que haría por ahora inviable un cambio cultural y jurídico en favor del aborto. Doble, significativo reconocimiento: 1) esas autoridades, si de ellas dependiera, pondrían en práctica todo lo necesario para que en Chile toda mujer pudiera libremente abortar; 2) lamentan, en seguida, que la cultura y tradición chilenas continúen decisivamente permeadas por una concepción de la mujer, de la vida, del matrimonio y familia y de moralidad sexual, incompatible con la adopción o imposición de las medidas conminadas.

La simpatía y condescendencia de dichas autoridades con el ideario del CEDAW quedaría de manifiesto al proponer, como Delegada ante ese Comité, a una mujer conocida por su inequívoca postura en favor del aborto.

Cuando asumió el nuevo Presidente y Gobierno, entidades pro-vida le representaron la evidente contradicción entre su programa ( y obligación constitucional) de defender la vida desde su concepción, y la candidatura de una Delegada del Gobierno de Chile que subordina el derecho a la vida a la libertad de la mujer para elegir. Ha trascendido que la explicación sería una presunta incompetencia para cambiar designaciones hechas en la Administración anterior. No resulta verosímil tal explicación, habida cuenta de que bastaría al Ejecutivo retirar su patrocinio a esa candidatura, concebida bajo presupuestos que la Administración actual reprueba explícitamente, por convicción programática y por imperativo constitucional. Que pudiendo y debiendo impedirlo, nuestro Gobierno consienta pasivamente en ser representado por una persona que sabidamente quiere todo lo contrario de lo que el Gobierno quiere, y en materia tan esencial como el derecho a la vida, es simplemente impresentable.

En la vida todo está hecho de detalles, y son los detalles los que marcan diferencias. El nuevo Gobierno tiene aquí oportunidad de refrendar su obligado compromiso con la vida y con la dignidad de la mujer.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.