Unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones monitorea internet

Alberto Cerda Silva
Profesor Asistente de Derecho Informático Facultad de Derecho Universidad de Chile

Señor Director:

El reciente Reporte sobre Derechos Humanos 2009, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, asegura que la libertad de expresión y la protección a la privacidad de las comunicaciones en línea prevalece en la casi totalidad de los países de Latinoamérica. El Estado no restringe el acceso a internet, no monitorea las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos, y las personas son libres de expresar sus ideas a través de la red.

Sólo tres países hacen excepción al respecto: el régimen comunista de Cuba; Honduras, desde el reciente golpe de Estado; y, sorpresa, Chile. De acuerdo al reporte, la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones monitorea internet para la persecución de ciertos delitos, aunque no hay reportes de que el Estado chileno monitoree e-mails o la red para otros propósitos.
Este poco decoroso reconocimiento se ve agravado por las recientes denuncias de que la Policía de Investigaciones estaría excediendo sus facultades legales, solicitando a los prestadores de servicio y de contenidos en línea la entrega de información personal de sus suscriptores y usuarios, sin orden judicial y en casos en los cuales dudosamente procedería.
No se trata de obstaculizar la labor policial, pero sí de tomar medidas para prevenir que se cometan excesos policíacos y, de paso, evitar embarazosas menciones del país en reportes especializados.