ARGENTINA: Schoklender II: amenaza con hablar si lo procesan

Por Guillermo Cherashny para el Informador Público

Fue extraño que el primer reportaje que concediera Sergio Schoklender después de que estallara el escándalo fuera a Clarín. En alguna medida, la explicación sería que se trata del medio ideal para enviarle un mensaje al gobierno: que no lo investiguen. Para empezar, sostuvo que las Madres avalaban lo que él hacía y deshacía. Ayer, entrevistado por Eduardo Feinmann en C5N, la amenaza fue aún más explícita, al sostener que justificar su patrimonio le resultaría mucho más fácil a él que a muchos funcionarios públicos.

El monto total de los subsidios oficiales destinados a la construcción de viviendas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo habría alcanzado los U$S 300 millones. Una investigación dispuesta por el diputado Gustavo Ferrari, mano derecha de De Narváez, determinó que el parricida le sobrefacturaba al Ministerio de Planificación el doble que las empresas privadas. El asunto toma una relevancia inusitada. Esta información viene a corregir lo que expresamos en notas anteriores, comprobándose que Schoklender, en realidad, sobrefacturaba todavía más que las empresas que conforman la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Aportando semejante masa de dinero a la corona, el apoderado de las Madres se habría sentido entonces en perfecto derecho para tirarle el pocillo de café a Jose López, Secretario de Obras Públicas, cuando éste retrasó los pagos. Habría indicios de que, sobre esta suma girada de 300 millones de dólares, a lo sumo se habría construido el 30% de lo comprometido, y además sobrefacturado. También hay referencias de que el parricida le llevaba la valija con millones de euros al finado presidente y que en esta historia tiene mucho para contar, lo que justifica que mande avisos por medio del grupo periodístico más odiado por el Gobierno y por las Madres.


Un punto crítico en la guerra con Clarín
A todo esto, el viernes la Sala II de la Cámara de Casación Penal debe decidir sobre el requerimiento del Procurador General, Esteban Righi, a favor de la extracción compulsiva de muestras de ADN a los hermanos Noble-Herrera para compararlas con las del Banco Nacional de Datos Genéticos. Éste funciona en forma muy parecida al INDEK, ya que Estela Carlotto es la comisaria política de este organismo que depende directamente del Ejecutivo. La nueva doctrina Righi apunta a que la Corte Suprema apruebe la extracción compulsiva de ADN negada en los casos Vázquez y Gualtieri respectivamente, con el argumento de que, en los casos de mayores de edad, no corresponde la extracción compulsiva. El Procurador General y abogado de la familia Kirchner sostiene, por el contrario, que así como el Estado tuvo responsabilidad en la desaparición de los bebés que se dieron a luz durante detención de sus padres, también es responsable de darles respuesta a todos los abuelos que dieron su ADN al banco de datos genéticos. Lo que decida Casación tiene importancia relativa, porque aunque acepte la tesis del Procurador, será la Corte Suprema, que ya dijo dos veces no, la que tendrá la última palabra. Si, por el contrario, cambiara de parecer, sería evidente la discriminación con los hermanos Noble-Herrera.
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