Concertación: Parlamentarios denuncian que falsos exonerados "abusaron de su buena fe"

La senadora Isabel Allende (PS) y el diputado Carlos Abel Jarpa(PR) entregaron su versión tras la investigación de un programa de TV que reveló irregularidades en la entrega de pensiones estatales.

SANTIAGO.- Parlamentarios de la Concertación involucrados en una denuncia sobre falsos exonerados políticos, que recibieron el beneficio de pensiones estatales sin merecerlo, entregaron esta tarde su versión de los hechos.

"Contacto" reveló anoche que los legisladores firmaron documentos sin verificar los datos, lo que permitió a un sinnúmero de personas acogerse a estas ayudas y que, en algunos casos, estos beneficios económicos eran entregados para obtener votos en las elecciones.

La senadora Isabel Allende (PS) condenó el actuar de los "inescrupulosos que abusaron de la buena fe" de los legisladores como también de la voluntad del Estado de resarcir a los exonerados políticos.

Agregó que en su caso, recibió muchas solicitudes para conseguir el beneficio y que "sólo di mi certificado en aquellos que me parecieron válidos, partiendo de la base de la honestidad de las personas".

Respecto del programa para apoyar a exonerados, dijo que esta calidad "la otorgan los organismos públicos competentes, siendo los antecedentes revisados por el programa de exonerados del Ministerio del Interior, el ex INP y la Contraloría, entre otros".

"Dentro de este proceso-agregó-, los certificados que entregan los parlamentarios, como lo señala el procedimiento, son un antecedente más y no son determinantes".

Allende también recordó que este "mecanismo permitió que el Estado saldara una deuda histórica con quienes fueron marginados de sus trabajos por razones políticas. El despido de miles de funcionarios públicos por sus ideas, o en muchos casos, por sospechas, fue uno de los tantos abusos a que nos sometió la dictadura; no por el abuso de algunos, podemos poner en tela de juicio la justicia de este mecanismo".

Por su parte, el diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) "lamentó profundamente" verse involucrado en esta denuncia por sólo un caso detectado, entre cientos, "que no es fiel a su testimonio".

"Este certificado por sí solo, no otorga en ningún caso la entrega del beneficio de pensión a exonerados; sólo es un antecedente más para la evaluación que debe realizar la comisión evaluadora", dijo a través de una declaración pública.

"Todos los certificados otorgados por mi oficina parlamentaria fueron revisados y me consta en un alto porcentaje que las personas a quienes se les entregó este documento sufrieron una serie de vejámenes. El porcentaje restante fueron avalados por personas de toda mi confianza, la mayoría de ellos sacerdotes de la Vicaría de la Solidaridad", agregó.

En esa línea, Jarpa sostuvo que "este es el costo que debemos pagar quienes luchamos por los derechos humanos en Chile y por recobrar la democracia. Por un caso, entre cientos, se genera un enfoque subjetivo y faltó de antecedentes que siembra un manto de dudas entre cientos de personas que fueron exonerados de sus cargos por el sólo hecho de pensar distinto".


Oficialismo: La Concertación montó una "fábrica de votos" con falsos exonerados políticos
La UDI y RN anunciaron ofensiva judicial y política tras denuncia que involucró a parlamentarios concertacionistas en la firma de documentos falsos sin chequear para otorgar pensiones estatales.

SANTIAGO.- Una ofensiva que incluye acciones políticas y judiciales anunciaron este mediodía parlamentarios oficialistas, tras la denuncia en contra de falsos exonerados políticos que falsificaron documentos para recibir pensiones estatales.

Un reportaje exhibido anoche por el programa "Contacto" además reveló que legisladores concertacionistas, sin verificar los datos, avalaron con sus firmas certificados fraudulentos con el fin de conseguir, en algunos casos, simpatía y votos que los favorecieran en las elecciones.


"Queremos partir diciendo que en este país sí hubo exonerados políticos y víctimas de la violencia política; pero también queremos decir que el tiempo nos dio la razón y que, lamentablemente, hubo personas que ocuparon fraudulentamente los beneficios destinados a las personas que efectivamente sufrieron el horror de la dictadura", dijo la diputada Karla Rubilar (RN), acompañada por los UDI Cristian Letelier y Felipe Salaberry; y los RN Pedro Browne, Leopoldo Pérez y Nicolás Monckeberg.

"Llegó el momento, por el respeto a las verdaderas víctimas, de investigar a fondo y sancionar a los responsables de este abuso y de este fraude. Es por eso que nosotros hemos conformado, como Coalición, un equipo de trabajo destinado a llevar todas y cada una de las acciones, para que logremos una sanción ejemplificadora, que no se puede abusar ni hacer lucro político con un tema tan sensible para el país como lo son los derechos humanos", señaló Rubilar.

Letelier agregó que "cuando el país votó que 'No' lo hizo en el convencimiento de que la gente que iba a gobernar lo iba a hacer con probidad. Hoy, justo en el día en que dicho conglomerado político celebra el triunfo del No, lamentamos nuevamente hechos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de la Concertación".

Las acciones que llevarán a cabo los parlamentarios, tal como lo anticipó Rubilar a Emol, implican solicitar un ministro en visita al presidente de la Corte Suprema, un Fiscal con dedicación exclusiva al Fiscal Nacional, y acciones ante el Consejo de Defensa del Estado.

"Esperamos que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Sergio Ojeda, renuncie a su cargo, porque está incapacitado moralmente de seguir presidiendo esta comisión. Él desestimó en el año 2008 las denuncias y hoy día aparece fuertemente cuestionado por este tema", anunció Rubilar, en alusión a que Ojeda también fue cuestionado con estas irregularidades en "Contacto".

Monckeberg, en tanto, hizo un emplazamiento "a aquellos que hace dos años injuriaron a la diputada Karla Rubilar (por este caso), que públicamente dijeron que no estaba diciendo la verdad, incluso que atentaron físicamente contra su propiedad, que hoy día sean los primeros en dar explicaciones y pedir disculpas", afirmó.

En la misma línea, Salaberry dijo que "estamos frente a un hecho grave e inmoral. Lo que existe aquí es no sólo una fábrica de votos para parlamentarios de la Concertación, que compraban votos a través de estos certificados, sino la inmoralidad de las autoridades de la época, ministros del Interior, presidentes de la República, que aceptaron la calidad de exonerados a través de certificados entregados por parlamentarios".