COBARDE DENEGACION DE HONORES MILITARES

El sistema político chileno establecido constitucionalmente otorga amplias facultades al Presidente de la República, entre ellas la de dictar Decretos Supremos con disposiciones sobre múltiples aspectos. Estos decretos tienen tanto valor como cualquier ley que antes de su promulgación ha tenido que pasar por un trámite legislativo.



Esta es una realidad que no se puede cambiar y esas atribuciones otorgadas constitucionalmente al Presidente, no son necesariamente malas, siempre y cuando estén en buenas manos, y que se apliquen en bien del país y de todos los chilenos, sin divisiones ni odios.



En resumen un Presidente de la República en Chile, está facultado para emitir en su mandato Decretos Supremos, los que con su sola firma, adquieren tanta validez como cualquier Ley. Claro que lo normal debiera ser que eso se realice abiertamente, vale decir, que todos los chilenos y el Parlamento sepan que es lo que el Presidente “está decretando”.



Recién en los últimos días los chilenos supimos de la existencia de un Decreto Supremo que estaba lo suficientemente oculto, firmado por la señora Bachelet hace tres años, el que aunque cuenta con el “Tómese Razón” del Contralor General de la República, nunca fue difundido debidamente. Y este documento dispone una importante modificación a un Reglamento Militar, el “Reglamento de Servicio de Guarnición de las Fuerzas Armadas”, el cual contempla disposiciones que atañen únicamente al personal militar, retirados incluidos.



La modificación dispuesta por la señora Bachelet se refiere a los Honores Militares que corresponden a uniformados o ex uniformados fallecidos, los cuales a partir del Decreto en cuestión no se pueden rendir a quienes, textual: “hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada a pena aflictiva”.



Ante esto tenemos que tener en cuenta que siempre han sido las propias Fuerzas Armadas las que realizan y proponen las modificaciones que corresponda a la normativa y reglamentación que las rige, ya que ese es un tema de corte profesional, no político.



Esta situación resulta increíble, no es razonable que la señora Bachelet y su ministro Vidal, hayan dedicado tiempo ocultamente para interferir en un hecho puntual que no era de importancia para la inmensa mayoría de los chilenos... Los honores de Rigor a un Militar fallecido.



Además es ridículo que para lo anterior se extendiera un Decreto Supremo, como si hubiera sido un tema de vida o muerte que afectara al país o a la soberanía. Fácilmente esto y por la poca relevancia que tiene para la ciudadanía, pudo tramitarse como muchos otros temas que a pesar de ser más importantes, duermen en el Parlamento.



La forma en que la señora Bachelet hizo esto es sucia y odiosa, a puertas cerradas con su Ministro de Defensa, otra arpía llena de odiosidad, el señor Vidal. Así, cobardemente, evitaron que en la oportunidad muchos manifestaran su malestar.



Este Decreto Supremo es lamentablemente, valido como cualquier Ley. Y los chilenos recién lo pudimos conocer después del fallecimiento de un Oficial que se encontraba preso, a quien le negaron los Honores que le correspondían tras una brillante carrera militar, en la que tuvo que lidiar con peligrosos subversivos en defensa de su país.



¿Era necesario hacer esto?, ¿Era esa una preocupación de los chilenos?... No. Nadie necesitaba de ese Decreto Supremo, solo los que lo firmaron y su entorno cercano, gente envuelta en odio y resentimiento.



Recordemos que la señora Bachelet tiene un pasado subversivo, como muchos otros politiquientos que hoy se lucran del Estado. Para ellos perseguir a quienes los combatieron es una norma de vida, y para ello usan todas las suciedades que lamentablemente, la ley permite.



De paso, la señora Bachelet al firmar ese Decreto Supremo le negó los honores militares a su propio padre, quien (inmerecidamente por supuesto), los podría haber recibido en forma póstuma. Ahora eso no es posible ya que él murió mientras cumplía una condena aflictiva en prisión, y por ¡TRAICIÓN A LA PATRIA!, no por SERVIRLA DIGNA Y PROFESIONALMENTE, como los Militares que hoy están presos, procesados o perseguidos.



No obstante todo lo anterior, es bueno saber que un Decreto Supremo puede, bajo el mismo sistema político constitucional que nos rige, ser anulado. Para eso sólo se requiere de otro Decreto Supremo que así lo establezca. Pero hay otro ingrediente importante que se necesita… la voluntad del Presidente de la República.



Si el actual Presidente en conciencia, quisiera cumplir su promesa hecha en campaña ante Uniformados en Retiro: “Justicia Igual para todos”, debiera anular ese Decreto lleno de odio y firmado tras bambalinas por la señora Bachelet.



¿Qué dirían los políticos, de izquierda y derecha, si algún buen día llegara a La Moneda un gobernante patriota, con pantalones y estampa, y emitiera un Decreto Supremo disponiendo se derrumbe la estatua del mal recordado (con minúscula) allende?



Alejandro Russell O’Kuinghttonss