P. Raúl Hasbún
El Gobierno ha dispuesto cancelar la festividad religiosa de La Tirana, invocando su deber de garante de la salud y la vida de más de 200 mil personas. Con dolor, la Iglesia ha comprendido y aceptado esta restricción al libre ejercicio de una de sus expresiones de culto más queridas y masivas: la vida está primero. Un año atrás, el Gobierno ordenó el desalojo de los habitantes de Chaitén: sus derechos de propiedad y libertad ambulatoria y residencial cedían ante la preponderancia del derecho a la vida. Cada vez que un medicamento o alimento reportan o sugieren evidencias de efectos peligrosos para la salud, la Autoridad sanitaria ordena su requisición y destrucción: la salud y la vida prevalecen sobre el derecho de propiedad y emprendimiento o la libertad de comprar y consumir. Sorprendido un ciudadano conduciendo bajo los efectos del alcohol, a velocidad excesiva, manipulando su celular o sin cinturón de seguridad, el Estado ordena sancionarlo severamente. Su libertad y su derecho de propiedad se subordinan al bien jurídico superior: la vida y la salud, de sí mismo y de los demás. Igual restricción y penalidad se descargan sobre quienes invocan su libertad y propiedad para conducir su vehículo o hacer funcionar su industria en días de preemergencia ambiental, o pasan por aduana un bien legítimamente adquirido pero que pone en peligro las normas de protección sanitaria. Por cierto, la libertad de comprar, vender y consumir drogas se cancela ante el evidente peligro y daño para la salud y vida de muchos.
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