CDE defiende reparaciones del Estado en DD.HH. al rechazar petición de hijas de general Prats por $7 mil millones

El comandante en jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, junto con los ex comandantes en jefe Juan Emilio Cheyre y Oscar Izurieta reciben a Angélica, Hilda Cecilia y Sofía Prats, en uno de los gestos de esta institución hacia la familia del extinto general.
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"No es posible amparar cifras indemnizatorias millonarias en la investidura de las personas asesinadas", sostiene la entidad, pues el "dolor es asimilable al de cualquier hija que ha sufrido daños similares".

por: Malú Urzúa,
La Segunda

Además del habitual argumento de que una acción civil de ese tipo está "prescrita", el Consejo de Defensa del Estado (CDE) echó mano a toda su artillería para oponerse a la demanda indemnizatoria presentada por las hijas del general Carlos Prats, asesinado en Argentina junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en septiembre de 1974. Tanto, que incluso hizo valer los $10 millones que a cada una de ellas se les canceló a modo de "bono de reparación" por la Ley 19.980, al considerarse a sus padres como víctimas de violación de DD.HH.

Sofía, María Angélica e Hilda Cecilia Prats Cuthbert demandaron al fisco y a los condenados por esas muertes en marzo por $7.199.844.000 por daño emergente, lucro cesante y daño moral.

El CDE ya presentó su contestación y en ella detalla "mecanismos de reparación" que, según el organismo, "han compensado los daños, no pudiendo (...) ser exigidos nuevamente".

El pago que "concurrieron a recibir al INP"

El CDE señala que "la Ley 19.980 otorgó, por una sola vez, un bono de reparación de $10 millones para los hijos del causante que nunca recibieron la pensión de reparación". Y detalla: "El pago es producto de una petición elevada al Gobierno por Hilda Cecilia Prats Cuthbert, que se hace extensiva a todas las beneficiarias, quienes concurrieron a recibir dicho pago del Instituto de Normalización Previsional".

Se hace ver también que, hasta donde el organismo sabe, ellas no cobraron "otros beneficios a los que pudieron tener derecho, tales como pensiones mensuales".

Recuerdan los gestos del Ejército hacia las hijas

El CDE argumentó que el Estado ha hecho diversas obras de reparación simbólica para reducir el daño moral de las familias víctimas de violaciones a los DD.HH. , como memoriales y obras recordatorias.

Y es explícito respecto a Prats: "Esta ha sido objeto de reconocimientos en los últimos años (...) negados mientras no existía democracia". Enumera seis acciones impulsadas por el Estado en favor de las hijas, como la invitación que se hizo para asistir a la ceremonia de cambio de mando del Ejército en 2002 o las honras fúnebres póstumas efectuadas en 2004.

Respecto de esa indagación, recordó a la familia Prats que "el Estado se hizo parte en los procesos" que investigaron el doble crimen. Eso, tanto en Chile como en Argentina, con pagos a abogados "solventados íntegramente por el Estado de Chile".

Según el CDE, "los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los DD.HH. han no sólo cumplido todos los estándares internacionales, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera".

Agrega que es imposible "establecer una discriminación arbitraria entre víctimas de similares hechos, debiendo establecerse cierta congruencia entre la indemnización solicitada, ya que los precedentes jurisprudenciales son muy inferiores a las cifras demandadas (...) No es posible amparar cifras indemnizatorias millonarias en la investidura de las personas asesinadas, ya que lo que se pretende con la acción es reparar los daños de las hijas que sobrevivieron, dolor que es asimilable al de cualquier hija que ha sufrido daños similares".