GENERAL DE EJÉRCITO, ES EL ÚLTIMO NUEVO CONDENADO PRESO POR CORTE SUPREMA

DE CHILE INFORMA EDICIÓN Nº 1.134


General de Ejército César Manríquez Bravo
es el último nuevo condenado preso por
ministros izquierdistas de la Corte Suprema

El militar tiene más de 80 años, está enfermo, internado en una
clínica, pero igualmente preso y con vigilancia de Gendarmería.
Cuando salga de ese lugar, será llevado al penal de Punta
Peuco.
Si uno revisa su caso, comprueba que nuestro sistema judicial
es un fraude, con jueces y ministros prevaricadores, que
mienten descaradamente y actúan de modo contrario al
derecho para perjudicar a los uniformados que enfrentaron y
vencieron a los terroristas que quisieron imponer por la fuerza
un estado comunista en nuestro país.
Si uno revisa este caso judicial comprueba, además, que la
prensa les hace el juego a los magistrados marxistas y eso
ocurre porque unos y otros lo son.
La prensa cuenta una historia falsa a los lectores.
El Colegio de Periodistas de Chile, entidad que por mandato
legal, debe velar por el correcto ejercicio del periodismo, se
hace el leso, porque ese Colegio está dominado por
izquierdistas.

Y con estos antecedentes, uno puede entender una
monstruosidad jurídica como que el general Manríquez lo
hayan condenado por un delito que –dicen ellos- cometió el 17
de septiembre de 1974.
La fecha revela que el supuesto acaeció hace más de 38 años.
Sin tener mayor formación jurídica basta ese único dato para
saber que, jurídicamente el caso está prescrito, no
correspondía siguiera investigarlo, y menos establecer
sanciones.
Además, los chilenos medianamente informados sabemos que
en 1978, la Junta de Gobierno, dictó una Ley que estableció
una “Amnistía’’ para los delitos ocurridos entre el 11 de
septiembre de 1973 y 1978, y este “secuestro’’ sucedió en 1974,
es decir está amnistiado, palabra que significa olvido.
Si lo anterior no fuese suficiente, hay un elemento adicional
que confirma que los jueces que sancionaron al general
Manríquez Bravo son mentirosos, caraduras.
El militar fue condenado finalmente el
pasado 18 de junio de 2012 por los
integrantes de la segunda sala de la Corte
Suprema.
Esos ministros dicen en el fallo que
Manríquez, en septiembre de 1974, detuvo
y secuestró a Héctor Vergara Doxrud y
afirman que, desde entonces, Vergara está
“secuestrado’’, en poder de Manríquez.
Creen que somos tontos Héctor Vergara Doxrud
Y nuestros honorables jueces ni siquiera se sonrojan para
inventar una mentira como ésta, más grande que una Catedral.
¿Creerán los ministros que somos débiles mentales?
Hiriendo nuestro intelecto, estos sujetos afirman –y en ello se
funda su sentencia- que este tiene secuestrado a Héctor
Vergara.
Si lo tiene secuestrado – en tiempo presente- significa que al
irse a la clínica por enfermedad, donde se encuentra ahora, se
lo llevó consigo y, los gendarmes que lo vigilan, son entonces
cómplices de este secuestro, y la clínica donde está, debe estar
necesariamente coludida, pues le tiene que proporcionar
comida, bañó y alojamiento al secuestrado.
Pero falta más, Héctor Vergara, en 1974, tenía 32 años. Ahora
tendría 70.
Pero terminemos de una vez con esta farsa de los supremos.
Lo cierto es que el Sr. Héctor Vergara Doxrud debe estar
muerto y que su deceso posiblemente ocurrió el mismo año en
que fue detenido, en 1974. Y lo más probable, atendido las
circunstancias de entonces, que haya sido asesinado.
Lo anterior, aunque duro, es la verdad que sabemos o
sospechamos todos.
Pero ocurre que si aceptamos que Héctor Vergara - quien era
entonces ingeniero y militante del MAPU- fue asesinado, como
pareciera que ocurrió aunque en el proceso no se dice eso- por
el tiempo transcurrido, el delito de homicidio que sería el
correcto a aplicar, está prescrito y los autores no tendrían
sanción.
Pero los ministros, que profesan, la ideología del “ni perdón ni
olvido’’ han cambiado los hechos, nos han adulterado la
verdad histórica, han simulado o inventado un “secuestro’’,
pues la ley dice que mientras la persona no aparece, el delito
(secuestro) se mantiene.
No hay secuestrados, sino muertos
Y así, pronto completaremos 40 años de varios secuestros que
se mantienen en el tiempo. Un record que tenemos como único
país del mundo.
Revisando el proceso, uno encuentra que este ingeniero del
MAPU, grupo político que se formó en el pasado, a raíz que los
elementos más radicales de la DC, se marginaron del PDC,
partido que sufrió dos cismas antes de 1970.
Los alejados de la DC formaron dos nuevas colectividades,
ambas más de izquierda que la DC, ésta, el Mapu y la Izquierda
Cristiana.
El mapucista Héctor Vergara fue detenido en su oficina por
personal de la DINA y llevado a distintos lugares -de dirección,
perfectamente precisados en el proceso- hasta ser trasladado
finalmente a Villa Grimaldi.
En Villa Grimaldi, el ingeniero es visto por varias personas,
quienes prestan su testimonio en el tribunal, aportando fechas
y otros antecedentes.
Repentinamente, de ese lugar, Villa Grimaldi, desaparece.
Lo más posible es que lo hayan hecho desaparecer.
Combatieron el terrorismo, felizmente
El hoy condenado general Manríquez Bravo era entonces un
joven oficial de Ejército a quien su Institución lo destinó a la
Dirección de Inteligencia Nacional, donde llegó a
desempeñarse como jefe de su brigada metropolitana.
Si uno analiza su carrera, comprueba que volvió
posteriormente a sus labores institucionales y que, dentro de
sus destinaciones, ejerció como subsecretario de Guerra, entre
1981 y 1982.
La víctima, el ingeniero mapucista, no aparece vinculado con
actividades terroristas, como la mayoría de los marxistas que
murió en enfrentamientos con fuerzas regulares.
El era claramente una persona de izquierda, pero eso no es
delito alguno.
Su muerte, además de lamentable, pareciera ser fruto de los
excesos que hubo entonces por ambos bandos.
La Junta de Gobierno, con sabiduría, dictó una Ley de
Amnistía, para superar los errores del pasado.
Esa Ley, en la práctica, favoreció exclusivamente a los
izquierdistas.
Los uniformados son procesados, condenados, o están
presos, a partir de 1991, cuando llegó al poder Patricio Aylwin
Azócar.
Pero esta verdad objetiva, no la cuenta nuestra prensa.
Aparte del general Manríquez Bravo, los supremos condenaron
por esta Causa a penas de cárcel al general Manuel Contreras y
al Coronel Marcelo Moren Brito. Ellos no entraron a prisión,
pues ya estaban en ella por otras causas, presos en el Penal
Cordillera desde hasta años.
Distinto es el caso del general Manríquez, quien es condenado
a cumplir pena afectiva, con cárcel, por vez primera.
Pero queda más venganza judicial socialista.
Los supremos condenaron, por esta misma Causa, a un oficial
de Gendarmería, ya jubilado, don Orlando Manso Duran, quien
–al igual que Manríquez- nunca había estado con pena aflictiva.
El comandante Manso ingresó a cumplir la condena a Punta
Peuco, hace cosa de una quincena, tal como lo dijo,
oportunamente “Chile Informa’’.

La injusticia de…

Este caso lo llevó el ministro Juan Fuentes, izquierdista, quien
condenó a Contreras, Manríquez, Moren y Manzo, a 800 días de
presidio, con el beneficio de la libertad.
Fuentes
Posteriormente, el caso lo tomó el ministro Joaquín Billard, de
la Corte de Apelaciones de Santiago, también izquierdista,

quien en su sentencia, condenó a los cuatro a 5 años, pero con
beneficios, es decir, en el medio libre y firmando
quincenalmente.
Billard
Sin embargo, a sus superiores nada les importó las dos
sentencias anteriores y subieron el tiempo de pena, pero ahora
sin ningún beneficio.
¿Quiénes fueron los ministros de esta sentencia? Se lo
indicamos enseguida.
Milton Juica, Juan Araya, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito

y
el abogado integrante Emilio Pfeffer.

Como si el fallo mismo no fuese una burla, en la resolución se
dice, además, que éste es un delito de “lesa humanidad’’ que
no admite prescripción de la acción.
Otra gran mentira de los supremos.
Revise usted y comprobará que el Congreso Nacional
despachó, como proyecto de ley, el tratado internacional que
estableció el delito de “lesa humanidad’’.
Lo hizo a fines del gobierno de Michelle Bachelet, es decir, a lo
menos 30 años después de ocurrido este “delito’’ de secuestro.
La Constitución de Chile dice expresamente que ninguna ley se
puede aplicar antes que sea Ley, es decir, que esté publicada
como tal en el Diario Oficial.
Y si usted revisa, comprobará que la Ley 20.357 que establece
el delito de “lesa humanidad’’, salió publicada en el diario
oficial del 18 de Julio de 2009 fecha que entró en vigor.
El artículo 44 de esa ley, para evitar cualquier abuso, expresó
que se aplicarán los delitos de lesa humanidad solamente a
aquellos cuya ejecución sea posterior a su entrada en vigencia,
18 de julio de 2009, pero esto los supremos lo intrinquen
abiertamente.