Los nuevos disparates jurídicos del cristinismo

By Guillermo Cherashny

En las facultades de derecho se enseña que las leyes, la jurisprudencia y la costumbre son las fuentes del derecho. En los países anglosajones, la jurisprudencia es, sin duda, la fuente principal del derecho, mientras que en la Argentina seguimos la tradición del derecho codificado francés. Pero nuestra Constitución es muy parecida a la de EEUU, aunque la reforma de 1994 se inspiró en las constituciones europeas. Después de nueve años de kirchnerato, el cristinismo parece considerarse a sí mismo como una fuente del derecho. Esto surge de que Juan Manuel Abal Medina y Hernán Lorenzino defendieron en conferencia el decreto 1307, que rebaja sueldos de prefectos y gendarmes, que habían sido avalados por fallos de la Cámara de Apelaciones y de la Corte Suprema. De ahí que se dude de la constitucionalidad de este decreto, que cercena derechos adquiridos, anunciado en una larga alocución de los dos ministros que denunciaron la existencia de una supuesta industria del juicio entre gendarmes, prefectos, jueces y abogados, destinada a fundir al Estado Todo esto hace recordar similares denuncias de Domingo Cavallo, tan vilipendiado por este gobierno, cuando siendo ministro denunció la industria del juicio en Ferrocarriles Argentinos.

Sin límites

Los dislates jurídicos del gobierno aumentan cuando se trata del caso Clarín. Ayer, por ejemplo, la presidente sostuvo que fue ilegal la designación del renunciado juez Raúl Tettamanti en el juzgado que tramita la acción de inconstitucionalidad de la ley de medios presentada por Clarín. Como todo el mundo sabe, Tettamanti fue designado por la Cámara competente, conforme la ley que regula las subrogancias, decisión que avaló la Corte Suprema. En este tren de disparates, la presidente aclaró también ayer que el 7-D será en realidad el 10-D y que se aplicará plenamente la ley de medios. La realidad es que el artículo 161 sobre la desinversión está suspendido por una medida cautelar otorgada a Clarín y que la Corte Suprema puso plazo hasta el 7 de diciembre para la vigencia de la cautelar. Después, casi todos los juristas concuerdan en que se abre el plazo de un año para efectuar la desinversión. En su desesperación, el gobierno insistirá ahora en el Consejo de la Magistratura para designar un juez que falle contra Clarín. Pero este grupo presentaría entonces un recurso con efectos suspensivos de la decisión del juez de primera instancia. Pero el discurso de ayer de la presidente tiene otra lectura entre líneas. El lunes 10 de diciembre, el gobierno podría intervenir Cablevisión, como hizo con Repsol-YPF y Ciccone. En realidad, la situación es totalmente distinta y aparte, nadie se arriesga a decir si no surgirán problemas en la Gendarmería si ésta recibe órdenes de dudosa legalidad. Los talibanes de Olivos hasta hablan de cortarle la luz y el agua al edificio de Cablevisión, como hicieron días atrás con el edificio Guardacostas. Nada puede extrañar de alguien que admitió que se sentía como Napoleón con la codificación de las leyes.