Actos terroristas impunes

Editorial El Mercurio

En los últimos cinco años viene cobrando creciente fuerza un nuevo fenómeno violento: los atentados con bombas. Según información dada a conocer por los medios —no existe estadística oficial pública al respecto—, desde 2004 tan sólo en Santiago se han registrado más de 100 de ellos en diversas comunas y lugares. A esto se suman hechos similares en regiones. En 2008, la reiteración de estos casos en la capital pudo calificarse como una “ola de bombazos”, y desde entonces ese alarmante fenómeno no ha disminuido.

Hasta ahora no hay víctimas fatales (en el primer semestre de 2009, falleció el que portaba una bomba, al estallar prematuramente ésta), pero eso parecería deberse hasta ahora sólo a la voluntad de los hechores de no causarlas. Los expertos afirman, no obstante, que se trata de bombas con alto poder, y el azar o un cambio de intención de los autores bien podrían provocar graves lesiones o muertes.



La reacción de las autoridades ante el más reciente atentado, contra un banco en Las Condes, confirma que la impunidad de estos actos se debe, en gran parte, a la falta de decisión desplegada por las autoridades para frenarlos. Todo indica que ellos son cometidos por miembros de grupos anarquistas, que (a diferencia de organizaciones de narcotráfico, por ejemplo) tienen escasa estructura formal y son, por tanto, difíciles de perseguir. Su ideología vaga —oponerse a toda organización privada o pública de cualquier naturaleza, que tenga algún grado de poder, político, económico u otro— los hace, además, muy impredecibles. Pero nada de eso justifica la falta de prioridad asignada por las autoridades a este tema.

En dicho caso, el fiscal nacional no se pronunció, y el fiscal regional Metropolitano Oriente culpó a las policías por no aportar los antecedentes para fundar una acusación penal. Por su parte, el subsecretario del Interior anunció que preveía resultados de las investigaciones a fines de esta semana, pero expresó que en éstas hay “elementos suficientes como para avanzar un poco más y un poco más rápido”.

No se observa, pues, autoridad categóricamente al frente de esta materia, con atribuciones suficientes para coordinar a las instituciones involucradas —ambas policías, las fiscalías y la Agencia Nacional de Inteligencia—, y que rinda cuenta a la ciudadanía de las acciones emprendidas, su costo y sus resultados. En suma, tanto para los autores de estos delitos como para la ciudadanía en general, detonar bombas en Chile es relativamente poco costoso y casi impune.

Sin embargo, estos “bombazos” no son delitos comunes, sino terroristas, pues la ley respectiva tipifica como tales a aquellos que se cometan “con la finalidad de producir en la población… el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas”. Y la misma ley presume que existe “la finalidad de producir dicho temor en la población en general… por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios”, o con el objeto de “arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”, como efectivamente lo hacen los panfletos que acompañan a estos casos.

La seguridad pública hace exigible a las autoridades una respuesta sustancialmente más eficaz. El fenómeno terrorista debe ser combatido con la máxima energía en su germen mismo. No hacerlo es invitar a que él acreciente su intensidad, y entonces ya será demasiado tarde.

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Kléber Richard Juan Monlezun Cunliffe
25/11/2009 09:43
[ N° 3 ] En concreto, falta capacidad profesional e inteligencia persecutora penal para que las investigaciones integradas de estos hechos penalmente punibles, derechamente importe que sus responsables debidamente identificados por los medios leagales que franquea nuestro ordenamiento jurídico vigente, sean llevados a alguna forma de juicio. Lo demás, son excusas propias de un criollismo intolerable que denota mediocridad profesional en vez de una superación de las dificultades propias en armar y reolver este rompecabezas delictivo. Finalmente, si no se la pueden, que renuncien a sus cargos y busquemos gente idónea y preparada para estos roles. Es un derecho básico que tienen todos los ciudadanos de este país. Kléber Monlezun Cunliffe.


Posteado por:
Carlos H. Barrera Gutiérrez
25/11/2009 11:24
[ N° 6 ] Soy un convencido que los organismos que debieran aclarar estos bombazos,no están desplegando todos sus esfuerzos en esclarecer estos atentados terroristas, por la sencilla razón que es muy díficil
dar a conocer a sus Jefes y autoridades
que los autores son afines a ellos.-