Financiamiento de la sociedad civil:
Gobierno de Bachelet cuadruplicó aportes a ONGs y fundaciones en sus últimos días
Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2010, Hacienda registró giros a privados por $3.106 millones. Para el mismo período, los traspasos promedio de los tres años previos fueron de $665 millones.
Pablo Obregón Castro
El Mercurio
Los últimos días de la administración Bachelet estuvieron marcados por millonarios traspasos de dineros desde el Estado a organizaciones de la sociedad civil.
Este tipo de transferencias es una práctica tan vieja como el propio Estado. Sin embargo, recién en agosto de 2003 el Gobierno de Ricardo Lagos promulgó una ley -la 19.862- que obligó a las instituciones de la administración central a llevar un registro de las entidades a las que proveen dineros sin contraprestación (ver recuadro).
Estos registros públicos son los que permitieron a la administración entrante constatar cómo estos giros se incrementaron de manera explosiva durante los últimos meses del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, la Subsecretaría de Hacienda registró traspasos a privados del orden de $3.106 millones, cifra que contrasta con los $489 millones que se transfirieron en el mismo período de 2009.
Las nuevas autoridades están revisando acuciosamente las cifras pero, desde ya, advierten que el volumen de donaciones cuadruplican los traspasos habituales.
Consultada sobre este explosivo aumento, la ex subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, aclaró que la tarea de esa repartición se limita a administrar un sitio con la información de las transferencias que efectúan otras instituciones del Estado, pero no las autoriza, no decide los volúmenes ni a los destinatarios.
La Subsecretaría de Hacienda opera como el vehículo a través del cual la Presidencia canaliza estos aportes.
La ex asesora de la Presidencia en materias de subvenciones y sociedad civil, Paula Narváez, confirma que estos recursos corresponden a un apartado que descansa en el Ministerio de Hacienda -y que a su juicio rara vez supera los $2.400 millones anuales-, pero que efectivamente son platas que han estado ligadas históricamente a la voluntad y a la figura del Presidente.
Hay otro antecedente que resulta clave para entender por qué los volúmenes transferidos pueden diferir tanto entre un período y otro: la Ley de Presupuestos permite al gobierno excederse en los montos, incluso, sin necesidad de Decretos, sancionándose posteriormente los excesos.
Es así como el 2 de febrero de 2010, el Gobierno publicó una transferencia de $1.000 millones para la Fundación Festival Internacional Santiago a Mil, cifra que es equivalente a la mitad de todos los dineros que el Estado le donó a esta entidad en cuatro años: $2.320 millones.
Otras fuentes
Así como la Presidencia tiene atribuciones para destinar dineros a la sociedad civil a través de la Subsecretaría de Hacienda, los ministerios pueden hacerlo directamente. La Subsecretaría de Interior, por ejemplo, administra dineros que le permiten financiar actividades y proyectos presentados por juntas de vecinos, organizaciones evangélicas, feministas, indígenas y de adultos mayores, entre otras. La Subsecretaría del Trabajo, en tanto, dispone del Fondo de Diálogo Social, mecanismo que le permite apoyar actividades sindicales y fomentar la negociación colectiva.
Con cargo a estos fondos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) recibió $221 millones en cuatro años destinados a fomentar la sindicalización. Mientras, la Fundación Justicia y Democracia que lidera el ex Presidente Patricio Aylwin captó $188 millones. En este último caso, gran parte de esos recursos se gastaron en la organización del Foro Biarritz, que es una instancia que reúne a líderes políticos y gremiales.
Fondos acotados
La Subsecretaría de Interior administra el Fondo Social que, por estos días, es acuciosamente revisado por la administración entrante.
Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, Interior transfirió más de $1.500 millones con cargo a este fondo -de un total anual de $4.600 millones-, mientras que en el mismo lapso de 2009, giró sólo $109 millones.
Según el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, este aumento se debe a una definición previa, que apuntaba a concentrar los traspasos en los primeros meses del año para que las organizaciones beneficiarias alcanzaran a ejecutar sus proyectos dentro del correspondiente año. A la vez, desvirtuó la tesis de que este acelerado traspaso de fondos responda a un intento del gobierno saliente por garantizar el funcionamiento de las entidades afines.
Como contraparte, el actual subsecretario, Rodrigo Ubilla, cuestiona que en poco más de dos meses se haya ejecutado el 25% de todo el Fondo Social de 2010. Pero más importante que eso -dice- es que la mayoría de los proyectos están sin rendición de gastos: "No es normal el volumen de transferencias. Estamos revisando los parámetros con que se aprobaron los proyectos y la concentración en algunas comunidades".
$17 mil millones sin rendición de gastos ha identificado la administración entrante. Corresponden a proyectos financiados a través del Fondo Social del Ministerio del Interior.
El caso del Ceduc y las platas de la Democracia Cristiana
Los gobiernos de turno tienen espacio para excederse en materia de giros hacia el sector privado. Sin embargo, hay episodios recientes que sirven para cuestionar, al menos, la efectividad de los mecanismos de control. Uno de los casos más recordados ocurrió entre 2001 y 2002, cuando a través de la Fundación Ceduc se habrían desviado recursos a la campaña parlamentaria de María Rozas (DC).
En 2003 emanó un primer informe de la Contraloría sobre el uso y destino de los fondos transferidos por las subsecretarías del Interior, dirigida entonces por Jorge Correa Sutil, y del Trabajo, a cargo de Yerko Ljubetic, ambos de la DC. Durante ese período se transfirieron $298 millones para desarrollar proyectos destinados a absorber la cesantía con cargo al Fondo Social que administraba Interior. En su informe, la Contraloría hizo ver que los recursos no se destinaron a su fin original, sino a pagar trabajos de imprenta realizados por empresas de varios militantes del partido.
ONGs postulan sin contraprestación
Es efectivo que los Gobiernos están facultados para donar dineros a organizaciones afines sin que haya una contraprestación de por medio, como podría ser una consultoría o un trabajo académico que tenga alguna utilidad pública. El único requisito para hacerse acreedor de estos fondos es estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y no tener fines de lucro.
Sin embargo, una de las obligaciones que sí deben cumplir los beneficiarios es rendir los gastos. De hecho, en la página web donde se publican los proyectos financiados existe un apartado para detallar la rendición de las platas. Sin embargo, fuentes de Interior que están dedicadas a revisar la gestión de estos recursos aseguraron a "El Mercurio" que, en estos 22 días de trabajo, ya han identificado proyectos equivalentes a $17 mil millones sin rendición de gastos. La mayoría de ellos corresponde a iniciativas que ya se efectuaron con cargo al Fondo Social de la Subsecretaría y un porcentaje menor a trabajos que, supuestamente, todavía están en ejecución.
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Patricio Grez de H.
Sin ruido, sin show mediático, la sociedad civil terremoteada gradualmente se pone de pié. Mientras tanto, en el "mundo político" continúa el manso debate sobre el "financiamiento de la reconstrucción", que se ha transformado en la nueva batalla ideológica. Y la "papa caliente", los impuestos a las "grandes empresas". Tema que el propio gobierno, con infinita torpeza, puso en el centro del debate. Es increíble, casi como una tragedia griega. Llevamos quizás 40 años o más con principios respetados por moros y cristianos, como aquel sagrado principio KISS (Keep It Simple Stupid) que aconseja impuestos parejos y simples. Pero ahora caímos en esta fatal espiral demagógica.
Tal como va la cosa, el gobierno planteará que, para "financiar la reconstrucción", el impuesto parejo del 17% a las empresas será ahora disparejo, pero solo por 2 o 3 años. Y será, solo por 2 o 3 años, más alto para las llamadas "grandes empresas" o sea como 10.000 empresas que venden más de 1 mishón de dolaritos al año. Y subirá a tipín 19%, pero solo por 2 o 3 años. Yo le aseguro a usted que eso será excelente pretexto para que la progresía izquierdosa pida que se suba al 25% y permanentemente, tal como lo pidió Panchito Vidal. Y tendremos un festín para la poderosa progresía cultural. Guillé en TVN y Paulsen en Chilevisión se llenarán la boca con la "injusticia" y pidiendo que las "grande empresas" y "los ricos" paguen más, mussho más. Como para darle un huevo de oro a los ministros Larraín y Hinzpeters, por pasarse de listos.
Querido presidente, por favor hágame caso usted. Hága lo que haga, la oposición y mala leche de la progresía serán implacables. Le ruego que lea atentamente las pelotudeces que dicen algunos de sus "líderes" como ese increíble demagogo del diputado Silverio Silva .
Nada de lo que usted haga o no haga logrará apaciguar a esa gente. Usted, mal aconsejado, se está metiendo en la boca del lobo, se está metiendo en un tete. Aunque le meta el famoso "impuesto a las grandes empresas" que su gran visir Hinzpeters considera una idea genial, igual lo van a guevear, igual lo van a acusar porque pasar de 17% a 19% es muy poco y además temporal.
Querido presidente, le ruego tratar de actuar guiado nada más que por la verdad. Y la verdad es que todo este cuento demagógico del "impuesto a las grandes empresas" no es mala idea, no es mala, es PESIMA, y varios le hemos dado 500 razones que sería una lata para usted repetirselas, para que le voy a explicar nuevamente los efectos en la inversión, en la competitividad, para que insistir que afectará a todos los trabajadores cuyas cuentas en su AFP tienen acciones, hay tantas razones que no me cabe en la cabeza tamaño error demagógico. Haga lo que hay que hacer presidente, guiado por la verdad de lo que es mejor para Chilito, y no por los "focus groups" del gran visir. Y que me perdone el amigo Hinzpeters que en el fondo es una bellísima persona, estoy seguro.
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Además movilizará 10 mil efectivos a las regiones Sexta, Séptima y Octava:
Quince mil hombres contratará el Ejército para la reconstrucción en las regiones devastadas
Los primeros cupos de empleo alcanzaban a 13 mil, pero gestiones posteriores los elevaron a 15 mil. El Ejército decidió no hacer una convocatoria extraordinaria al servicio militar. Se mantiene el llamado a los 11 mil 90.
Nelly Yáñez N.
El Mercurio
Toda la planificación 2010 del Ejército, incluida la agenda Bicentenario, se desplomó con el terremoto del 27 de febrero y con una decisión: la del Presidente Sebastián Piñera de darle a esa institución un rol clave en la reconstrucción, que le expresó en forma personal al recién asumido comandante en jefe, general Juan Miguel Fuente-Alba, en la Base Naval de Talcahuano.
"Aquí hay una voluntad política de querer emplear al Ejército activamente en la reconstrucción", dijo el jefe castrense, al sostener que su institución no se puede restar de ayudar a "quienes hoy necesitan amparo".
El diseño contempla la movilización de 10 mil efectivos, más la contratación -por parte del Cuerpo Militar del Trabajo- de 15 mil personas sin empleo en las regiones Sexta, Séptima y Octava para obras de demolición, construcción de casas de emergencia y habilitación de caminos. Durante la mañana de ayer la cifra alcanzaba a 13 mil cupos (ver gráfica), pero aumentó a 15 mil posteriormente.
Dos divisiones del Ejército, la Segunda y Tercera, quedaron concentradas en la reconstrucción, mientras que las restantes continuarán con sus labores normales.
"No se va a afectar la actividad fundamental que corresponde constitucionalmente al Ejército", sostuvo el general Fuente-Alba frente a posibles flancos en defensa por el giro de funciones.
Al mando de la estructura fue nominado el general Antonio Cordero, comandante de la "Fuerza de Apoyo Humanitario", bajo cuyas órdenes quedaron cuatro generales: Carlos Zimmermann, de la Región del Biobío; Jorge Salas, del Maule; y Antonio Yakcich, de la del Libertador Bernardo O'Higgins. Más, Alessandro Cartoni, comandante de Ingenieros del Ejército, por la labor del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT).
La operación se hará a través de siete Centros de Apoyo Humanitario -que emplearán las instalaciones de la institución- y unos 17 subcentros ubicado en localidades con menor número de habitantes. Y contarán, para el trabajo, con más de 500 vehículos, 20 aeronaves de todo tipo, equipamiento de ingenieros, maquinarias, comunicaciones e instalaciones sanitarias.
En cuanto al servicio militar, el Ejército decidió mantener la convocatoria a los 11 mil 90 estipulados y no llamar contingente extraordinario. Esto, porque 1.200 conscriptos decidieron continuar todo este año para ayudar en las tareas de reconstrucción y unos 6 mil 500, que debían licenciarse entre marzo y mayo, se quedarán en forma transitoria hasta junio.
Dos plazos se puso el Ejército: lograr que al 11 de junio ningún chileno quede sin techo (meta impuesta por La Moneda) y el 31 de diciembre como fecha de término original del plan de trabajo en las labores de reconstructivas.
"No se va a afectar la actividad fundamental que corresponde constitucionalmente al Ejército", sostuvo el general Fuente-Alba, Comandante en Jefe del Ejército.
Defensa al accionar del Ejército
Un categórico respaldo hizo el general Fuente-Alba ante los cuestionamientos recibidos por el Ejército tras el terremoto. "No son comparables las situaciones de crisis o conflictos de carácter internacional con una situación de catástrofe como la que hemos vivido. El terremoto, en minutos, provocó más daño que las fuerzas de muchos países juntos. O sea, en 5 o 6 minutos el daño fue así, instantáneo", dijo, al hacer ver que los conflictos son graduales.
Frente a la salida de las tropas a la calle, reveló que en la institución se estudió hasta el mínimo detalle, porque el "Ejército no podía salir a improvisar".
E hizo ver que, por ejemplo, ante los saqueos, las instrucciones fueron especialmente estrictas, porque "ninguna vida vale un televisor".
En cuanto a la nebulosa sobre los horarios de la firma de los decretos de excepción (la ex Presidenta Michelle Bachelet sostuvo que la instrucción la entregó a las 9 de la mañana del domingo 28 de febrero), el jefe del Estado Mayor, general Guillermo Castro, quien ese día participó de las conversaciones, aseguró que "tuvimos conocimiento de esta decisión presidencial a las 4 de la tarde", durante una reunión en el Estado Mayor con el ex ministro Francisco Vidal.
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COMENTARIO:
VER DECLARACION DE LA SRA PEREZ QUE SE OPONE A DAR INDULTOS A LOS COMBATIENTE DEL 73, QUE NEUTRALIZARON EL TERRORISMO EN NUESTRO PAIS DANDOLE LA OPORTUNIDAD A UD.,DE LLEGAR A DONDE SE ENCUENTRA.
EL PAGO DE CHILE SRA PEREZ. ¡¡¡¡ UNA VERGÜENZA !!!
Como todos ya sabemos en las elecciones presidenciales, senatoriales y diputadas en nuestro país, en nuestra V región cordillera salió como senadora electa la Sra. Lily Pérez.
Lamentamos demasiado que una representante del sionismo internacional, ahora se encuentre inserta como representante de nuestra región y peor aún, inserta dentro de nuestros sistemas políticos.
La verdad es que el hecho de que la Sra. Pérez haya salido como Senadora, responde a muchos patrones ajenos a lo políticamente correcto, situaciones que en la actualidad son muy comunes en la forma que se esta haciendo política en nuestro país. Esas campañas chabacanas, llenas de espectáculo y dinero son un muy buen reflejo de ello.
Creemos que el “triunfo” de la Sra. Pérez, en ningún sentido refleja su capacidad como representante de nuestra circunscripción y nuestra gente, este fenómeno solo responde al poder de un aparataje, de una industria de los rostros de la política y sus modos de operación, de su mediatización.
Si bien no se ha conseguido el objetivo total que pretendía la campaña antisionista, estamos muy satisfechos por haber colaborado con cierto grado de conocimiento a la comunidad en relación a lo que significa esa ideología racista, genocida y totalitaria. También estamos muy agradecidos a todas las personas que se sumaron a esta campaña, a todos ellos que quisieron luchar por la verdad, por la vida y por Chile.
Nunca imaginamos que por querer expresarnos, por querer hacer valer nuestro derecho a la libre expresión, a la verdad y la vida, seriamos perseguidos, acusados de propagar el odio hacia el pueblo judío (cosa que es absolutamente falsa).
El poder del sionismo dejo caer parte de su mazo sobre nuestras personas, uno de nuestros integrantes, por tener la valentía de dar su cara y pedir explicaciones sobre los comentarios racistas de la candidata a senadora, ha sido victima de falsas acusaciones, victimas de ilegalidades y difamaciones, encontrándose en estos momentos en prisión.
Sin embargo, esto en ninguno de los casos significa una derrota para nosotros, los Sionistas pueden continuar mintiendo todo lo que quieran, pueden continuar engañando al mundo entero, pueden seguir entregando basura a través de su poder, pueden victimizarse de falsas persecuciones, pueden seguir diciendo que los hermanos palestinos son los malos, pueden seguir sintiéndose “el pueblo elegido”, pero de una u otra forma la verdad es imposible poder esconderla y callarla, esta por condición de la lógica natural siempre sale a flote.
Viva la libertad, la vida y nuestra patria,
esta lucha nos pertenece a todos.
Elliott Quijada: Patriota, Nacionalista y Héroe de la lucha por Chile.
Elliott Quijada, Chileno y ferviente nacionalista, defensor de su patria, se encuentra hoy preso con falsas pruebas, lejos de su familia por defender esta nación, por gritar la verdad, es acusado de antisemita y neonazi cosa que es una completa mentira porque ni el ni su agrupación profesan la ideología neonazi, y su campaña no fue una campaña de odio contra el pueblo judío sino una campaña ANTISIONISTA (quien no sepa la diferencia entre un sionista y antisemita puede recurrir a Wikipedia), mientras nosotros estamos tras una computadora conversando, cuidando a nuestros hijos o hermanos, Elliott se encuentra tras las rejas y su familia llora su ausencia, provocada por gente que destruye su imagen acusándolo de tener además pornografía infantil... Cosa que es imposible según quienes lo conocen porque el es un padre de familia abnegado y muy responsable que LUCHA PARA QUE SUS HIJOS TENGAN UN FUTURO MEJOR, ahora es el momento en que necesitamos de todo el apoyo posible para que el nombre de Elliott sea limpiado y la opinión publica conozca su historia, la de un héroe de verdad, no de esos de los que hablamos como si fuesen leyendas, sino de uno al que podemos ayudar, doblarle la mano al destino, invito a todos quienes visitan este blog a unirse a los grupos de facebook, y copiar en lo posible este texto y publicarlo para que el nombre de Elliott suene y el mundo entero conozca que en Chile se esta violando la libertad de expresión y OPRIMIENDO A LOS GRUPOS NACIONALISTAS, mientras Elliott sufre encerrado por defender una causa verdadera, la causa de la lucha por chile, la lucha contra el Plan Andinia, la lucha contra el sionismo, el gobierno da cancha a los verdaderos asesinos y terroristas, ¡¡¡Esos si que tienen ideologías peligrosas!!! Comunistas y anarquistas genocidas que proponen guerras civiles para llegar al poder, solo es cosa de leer un par de libros y darse cuenta quienes de verdad son los "malos", mientras Elliott, el valiente mártir del nacionalismo Chileno se sienta en el banco de los violadores, narcotraficantes y asesinos, los del Frente anti-Patriótico Manuel Rodríguez, los MIR, los del Partido Comunista, los verdaderos asesinos pasean libres por las calles y hasta son escoltados por la policía en sus manifestaciones...
ELLIOTT NOS NECESITA, DEMUESTRA TU APOYO A LA CAUSA, DEFIENDELO PUBLICAMENTE Y DIFUNDE ESTE ESCRITO.
Más Información en:
http://www.elliott-libre.tk/ -para leer sobre el caso de Elliott-
http://www.patriota.tk/ -para entender la ideología de su organización-
Cuento con su apoyo, porque apoyar a Elliott es apoyar a CHILE!!!
Claudio Garrido
¡VIVA CHILE!
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Valparaíso | 31/03/2010 | Departamento de Prensa
Senadora Pérez cree que indultos por Bicentenario se deben revisar caso a caso
La legisladora señaló que está dispuesta a analizar la propuesta que hizo la Iglesia de evaluar que reclusos por hechos menores y con buena conducta puedan acceder a rebajas de sus penas y beneficios carcelarios.
Absolutamente dispuesta a analizar la propuesta que hizo la Iglesia en el marco del Bicentenario, en el sentido de otorgar beneficios carcelarios y rebajas de penas a reclusos por hechos menores y con buena conducta, se manifestó la senadora Lily Pérez. No obstante, la legisladora advirtió que es partidaria que los indultos o beneficios se vean "caso a caso" y no en una propuesta global.
"Estoy dispuesta a verlo caso a caso, no en un paquete global porque creo que gente que ha estado vinculada a hechos de sangre no debe estar indultada; personas que están por violaciones o por homicidios, por ningún motivo; personas vinculadas a procesos de derechos humanos que sean directos autores, tampoco. Por eso insisto en que hay que ver un tema caso a caso", señaló.
Cabe recordar que el año pasado la Iglesia había enunciado la idea de un indulto a reclusos con miras al Bicentenario de nuestro país, pero postergó la iniciativa hasta conocer quien encabezaría el gobierno. De ahí que durante la homilía realizada el 12 de marzo el Arzobispo de Santiago Monseñor Francisco Javier Errázuriz, planteara la necesidad de que exista un sistema penal "clemente" con los ancianos y enfermos más graves y que favorezca la rehabilitación de los reclusos.
TEMA COMPLEJO
Al respecto, la senadora Pérez señaló que "somos sumamente respetuosos de lo que nos proponga la Iglesia en esta materia, porque ha hecho gestos de esta naturaleza en el pasado, de solicitar indultos a personas que están cumpliendo sentencias en las cárceles".
Agregó que la "voluntad del Presidente Sebastián Piñera es siempre analizar en su mérito este tipo de iniciativas porque tiene que ver con los derechos de las personas".
La senadora precisó que "por principio no me gusta hablar de indultos, porque creo que esa es una facultad que nace de la monarquía y que ha ido perdiendo relevancia con el paso del tiempo, sobre todo porque tenemos un Poder Judicial absolutamente autónomo".
No obstante, señaló que "quiero entender la propuesta de la Iglesia Católica en el contexto de lo que ellos plantean en el Bicentenario, de darle un impulso al humanismo cristiano de más fuerza, y desde ese punto de vista estoy super abierta a discutir el tema, sobre todo porque nos debiera llegar a la Comisión de Derechos Humanos, en la cual aspiro a continuar el trabajo que hice en la Cámara Baja".
La senadora Pérez precisó que "no es fácil abordar un tema de indulto. A mí, por principio no me gusta, pero si hay una solicitud de la Iglesia obviamente tengo la mejor disposición para mirarla. Espero que nos llegue un informe al respecto en la Comisión de Derechos Humanos, espero que empecemos a ver esta solicitud, pero creo que es algo tremendamente complejo y que tendría que ser caso a caso, no lo veo como algo tan simple".
En tal sentido señaló que si bien puede haber casos de personas mayores de 75 años o con enfermedades terminales, no es partidaria de que quienes han cometido crímenes violentos y que están condenados a cadena perpetua, puedan salir libres por un indulto.
"Creo que hay una muy buena disposición del gobierno, pero es un tema complejo que hay que analizar bien, porque no es llegar y decir nos vamos por un indulto, porque hay hechos y hechos", puntualizó.
Aunque no se ha realizado una propuesta formal al gobierno, se estima que los beneficios podrían aplicarse a personas mayores de 70 años, enfermos terminales, reclusos por hechos menores, mujeres que están criando hijos y extranjeros recluidos por delitos menores.
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DOCUMENTO YA PUBLICADO PERO QUE TIENE PLENA VIGENCIA
EL MERCURIO, Domingo 28 de Noviembre de 2004
Jaime Guzmán
y los Derechos humanos
(Entrevista de Enero de 1987)
A fines del régimen militar, el entonces secretario general de la UDI decidió explicar a un reducido auditorio su posición respecto a la represión política. Este texto - aparecido en “El Mercurio” en Noviembre de 2004 – ilustra el pensamiento de uno de los civiles más influyentes del gobierno de Augusto Pinochet.
Enero de 1987, Juan Pablo Illanes entrevistó a Jaime Guzmán en el encuentro “Líderes de cara al futuro” realizado en el Centro de Estudios públicos. En un auditorio compuesto por jóvenes, el fundador del gremialismo y – en ese entonces – secretario general de la UDI analizó el gobierno militar y explicó su opinión respecto al retorno a la democracia. Entre los temas tratados, destacó su análisis de la situación de los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet y el impacto que tendría para los gobiernos del futuro. En este extracto de las conversaciones entre Juan Pablo Illanes y Jaime Guzmán reproducimos sus impresiones en momentos en que se discuten las repercusiones del Informe sobre Prisión Política y Tortura.
Juan Pablo Illanes:
- El texto de la Constitución, no cabe duda, protege bien los derechos de las personas. No obstante, llama la atención que a este Gobierno se le formulan graves acusaciones en relación con el respeto a los DD.HH. Se le acusa de desapariciones, se indica que ha habido ejecuciones sumarias, aparentemente irregulares. Hay una serie de acusaciones de esta naturaleza, que pueden traer secuelas sociales muy graves y que, a juicio de muchos, constituyen un germen de inestabilidad futura. Me gustaría preguntarte a ti, que estuviste participando en el gobierno desde el comienzo, tu opinión sobre estas acusaciones.
Jaime Guzmán:
- Yo creo que eso nos lleva a un tema delicado e importante, que debe ser tratado de la manera más seria y franca posible. Creo, desde luego, que no se refiere básicamente a la consagración constitucional de los derechos, porque en general las transgresiones a los derechos humanos son actos que desbordan la legalidad y que por cualquier causa no son aclarados debidamente para su sanción correspondiente. Por eso no se trata principalmente de un problema de orden jurídico sino de un problema de orden práctico.
Creo que cualquier enfoque serio del tema de los DD.HH. durante este régimen debe partir de una realidad que enmarca el análisis. Esa realidad es que el actual régimen accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país había sido arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior. Este hecho reviste la máxima importancia, porque la realidad histórica enseña que no hay situaciones objetivas de guerra civil que no acarreen muy dolorosos y graves hechos de violencia, de muertes y de transgresiones a los derechos de las personas. El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuan grave responsabilidad tiene el gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron.
Por esta razón, no puedo aceptar, en conciencia y después de haber reflexionado durante trece años, que los dirigentes y partidarios del régimen de la UP pretendan enfocar este problema unilateralmente, colocándose en la calidad de víctimas y acusando al Gobierno militar de victimario. Me parece que eso es una falsedad y una osadía moral inaceptable, quizá sólo explicable – en ciertos casos – por la falta de objetividad que pueden producirse en el ser humano las situaciones de muy grave dolor.
Producido el 11 de Septiembre 1973, se desencadena una serie de hechos que son consecuencia inevitable del cuadro de guerra civil generado por la UP. Esto no quiere decir que sean hechos justificables, pero sí indica que la responsabilidad de su ocurrencia recae en mucho mayor medida en quienes hicieron necesaria la intervención militar con esa guerra civil que incentivaron, que en quienes se vieron en la obligación, completamente ajena a su voluntad, de conjurarla. Porque está claro que el advenimiento del Gobierno Militar no fue algo que las FF.AA. y Carabineros buscaran.
Con el correr del tiempo, empiezan a yuxtaponerse dos realidades. Por un lado, la que acabo de señalar. Por el otro, la dinámica peligrosísima que tienden a adquirir los organismos de seguridad en los gobiernos autoritarios. Es allí dónde pasamos a un área distinta de realidades, en que de excesos inevitables se pasa a excesos evitables, y por ende condenables respecto de la autoridad que los llevaba a cabo. Quiero subrayar cómo estas dos realidades se yuxtaponen, para hacerles vislumbrar lo difícil que era superar adecuadamente este problema. Naturalmente que el tema habría sido muy simple de abordar si uno parte de la base que no se requería un Gobierno Militar, o que el Gobierno Militar llegó en condiciones diversas a una guerra civil. Pero si llegó en condiciones propias de una guerra civil y él fue indispensable para conjurarla, necesariamente estas dos realidades deben ser analizadas como elementos que confluyen en un cuadro muy complejo.
¿Dónde estaba, a mi juicio, la solución del problema? Precisamente en ir desmontando gradualmente la dinámica peligrosa que habían adquirido los servicios de seguridad, al excederse abusivamente en forma que era evitable, pero realizar eso sin restarle potencia a la esencial lucha antiterrorista.
Me parece indispensable, incluso señalar, en forma bastante categórica que hay dos maneras en que el estado puede violar los DD.HH.; una por acción y otra por omisión.
Cuando la autoridad no combate a la subversión o al terrorismo de una manera eficaz, no es acusada en ningún foro internacional de violar los DD.HH., pero los está violando por omisión porque a ella le corresponde evitar los atropellos a los derechos humanos que implica toda la acción terrorista y subversiva.
El problema, entonces, nace en que hay que armonizar la eficacia en la lucha antisubversiva y antiterrorista, que es la lucha exigida por los DD.HH., con el respeto a los parámetros éticos y legales que enmarquen esa lucha dentro de los criterios aceptables desde la dignidad del hombre que nos inspiran. Ese elemento permite apreciar el problema desde una dimensión seria, no simplificada ni panfletaria como desgraciadamente ha tendido a abordarse en chile. Estoy perfectamente consciente que decir estas cosas no es fácil ni es grato, porque se ha producido en amplios sectores del país una simplificación unilateral, emocional y superficial del tema. Digo esto además, porque personalmente desde los inicios de este Gobierno, el tema de los DD.HH. me preocupó muy intensamente. Me preocupó por una cuestión ética y por una cuestión de sensibilidad. Hay personas que son más o menos sensibles a estos temas, y yo lo soy mucho.
En esa época, dicha preocupación era estimada algo excéntrico y curioso por la enorme mayoría de los sectores civiles que apoyaban al Gobierno Militar y que miraban todas las inquietudes que yo planteaba como algo muy secundario o como un mero costo que había que asumir sin más.
Además, hay un aspecto de mi ingerencia dentro del gobierno durante esa época, en el cual no me parece abundar públicamente. Pero no cabe duda que la disolución de la DINA, y el subsecuente reemplazo del general Contreras en la dirección del organismo que la sustituyó fue un paso decisivo en una tendencia o evolución favorable del problema. También siento el deber moral de decir que algún día se reconocerá el papel decisivo que en igual línea tuvo Sergio Fernández como Ministro del Interior, etapa en que se puso fin al gravísimo hecho de los detenidos desaparecidos y en que se mejoró notoriamente la situación general de los DD.HH., aun cuando en el arduo desafío de combinar lo anterior con la eficacia de la lucha antiterrorista y antisubversiva, el ex Ministro Fernández no lograse en plenitud todo lo que se propuso a favor de los DD.HH. y por lo cual luchó silenciosa pero incansablemente, y con frutos que sólo la extrema pasión política actual es capaz de pretender desconocer.
Me interesa también subrayar en este tema que el caso chileno presenta una original y atinada solución jurídica y que fue una idea impulsada por Sergio Fernández, en 1978. Esa solución fue fijar una fecha determinada por ley, como término de las secuelas de la guerra civil.
Esa fecha es el 10 de marzo de 1978. La norma o fórmula que se buscó para eso fue la Ley de Amnistía, que borró los delitos cometidos en el período 73-78, por ambos bandos.
Cuando la Ley de Amnistía fue promulgada, la jerarquía de la Iglesia católica la celebró como una medida de conciliación, porque, de hecho, como producto de esa ley, salieron en libertad dirigentes o activistas de la UP que estaban condenados o procesados por delitos cometidos antes del 11 de Septiembre de 1973, o después de esa fecha, y por cierto que también la ley apuntaba a blanquear jurídicamente, que eso es la amnistía, los delitos que se hubieran cometido por los órganos de seguridad en la lucha contra las secuelas de la guerra civil, producidas entre los años 73 y 78.
Pero todo lo ocurrido con posterioridad al 11 de marzo de 1978 en Chile está sujeto a la jurisdicción común, de manera que la discusión de si debe haber o no juicios para los actos que impliquen trasgresión a los derechos humanos no tiene ningún sentido en la realidad chilena. La solución ya está dada. No hay sanción para los hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1978.
La UDI ha señalado, y yo quisiera subrayar esta tarde, que donde recae la principal responsabilidad del actual Gobierno al respecto, es en el esclarecimiento de de los hechos que impliquen violación de los derechos humanos – y especialmente de los crímenes de connotación política – acaecidos con posterioridad al 11 de marzo del año 78, y que desgraciadamente no han sido esclarecidos de la manera en que es indispensable que lo sean para que se juzgue y sancionen conforme a la legislación vigente, y se despeje así un elemento que puede ser extraordinariamente traumático en el paso del gobierno militar hacia la plena democracia. Creo que allí hay una responsabilidad pendiente del actual gobierno.
Juan Pablo Illanes:
- Sobre la base de los mismos argumentos que tú diste, el problema de omisión se aprecia como muy grave. Hay una serie de asesinatos importantes, ninguno de los cuales está aclarado. A raíz de uno de ellos se produce incluso la renuncia de uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Recordemos que Nixon no cayó por lo que ocurrió en Watergate, sino que por su encubrimiento posterior. Las omisiones y la continuación hasta hoy de los conflictos, ¿no crees tú que indican que el problema de los derechos humanos está muy lejos de haber sido superado en marzo de 1978?
Jaime Guzmán:
- Yo creo que está lejos de haber sido superado. Justamente allí reside el problema. Creo que lo que está superado es la solución jurídico-política al problema, que en otros países fue necesario resolver en el momento del traspaso del gobierno militar al gobierno civil o después de instalado éste. Hay una solución jurídica. Pero ¿Cuál es el gran problema? Precisamente lo que tú señalas. El problema reside en que hay una serie de hechos posteriores al 11 de marzo de 1978 que no han sido esclarecidos y cuyas víctimas son opositores al Gobierno. Esto no autoriza a culpar al Gobierno de los hechos, pero sí hace válida la exigencia de que él los esclarezca, o preste la colaboración eficaz e indispensable a los organismos policiales para que estos casos sean esclarecidos por el Poder Judicial. El caso de los tres dirigentes comunistas degollados es uno de los más agudos en la materia. Porque allí hay constancia fehaciente de participación de uniformados en el inicio de los hechos que condujeron a que estas personas fueran finalmente asesinadas y degolladas. Por esa razón es que estimo fundamental insistir en este punto como una exigencia que nace de un imperativo ético.
Esto es lo que considero un enfoque serio y equilibrado del tema de los derechos humanos.
Rechazo que se simplifique el problema, poniendo en plan de igualdad, por ejemplo, el caso de Lonquén o de los comunistas degollados. Quien pone en igualdad de condiciones los dos casos, por una vía o por otra, está revelando una falta de seriedad absoluta en el análisis del problema. Si las pone en igualdad de condiciones en forma acusatoria, está desconociendo la situación de guerra civil en la cual se dio el caso de Lonquén. Y si las pone de igualdad de condiciones para pretender una supuesta absolución u olvido del problema, yerra gravemente porque desconoce el hecho de que el caso de los degollados no puede quedar impune sin que para el Gobierno recaiga una grave responsabilidad por no contribuir eficazmente a esclarecer el caso.
Creo que estos hechos tienen tal gravitación que, efectivamente, pueden opacar realizaciones extraordinarias de un gobierno en lo jurídico, en lo institucional, lo mismo que en lo económico y social. Son aspectos vitales que conmueven los valores éticos más profundos de las personas y sus reacciones más sensibles. Por eso es que yo disto de pensar que el problema está superado. Lo que sí me interesa reiterar es que eso no debe llevarnos tampoco, a estimar, que estas acciones injustificables y que deben ser sancionadas, son unilaterales. O sea, tampoco hoy hay una víctima y un victimario, porque existe una permanente y sistemática acción de terrorismo y de subversión impulsada y ejecutada por el comunismo, que exige una lucha antisubversiva y antiterrorista en defensa de los derechos humanos afectados por el terrorismo y la subversión. Y también defensa de todos los chilenos en cuanto si lograra tener éxito una revolución que llevase al poder a un gobierno marxista, nuestros derechos humanos se verían conculcados en medida incomparablemente más grave que todo lo peor que haya sucedido en Chile desde 1973.
Por esa razón, lo que hay que propiciar tiene que ser realista y equilibrado. Hay que fortalecer la lucha antisubversiva y antiterrorista en términos que ella resulte eficaz, evitando caer en las consignas descalificatorias contra los organismos encargados de un combate que, hablando con sinceridad, tienen una rudeza que le es inherente e inseparable.
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Nuevo libro de Víctor Farías:
Los secretos de la caja fuerte de Salvador Allende
El académico da a conocer el contenido de la dependencia secreta que el ex Presidente tenía en La Moneda. En los documentos encontrados dentro de ella, se da cuenta de cartas personales, movimientos de dinero y se detalla el arsenal que poseía la guardia privada del Mandatario.
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Pilar Molina
En imprenta está un nuevo libro de Víctor Farías, quien ya escribió otros dos sobre Salvador Allende ("Antisemitismo y eutanasia", 2005, y "El fin del mito", 2007). Esta vez el historiador y doctor en Filosofía de la U. de Freiburg se sumerge en los documentos que se encontraron en su caja fuerte de La Moneda, la cual fue rescatada cuando se reconstruyó el palacio de gobierno.
Aunque no cuenta cómo llegaron a sus manos, refiere que la caja fuerte la encontró un capataz de una empresa privada que hacía los trabajos. Los papeles pasaron a manos del subsecretario de Obras Públicas, coronel Guillermo Navarro, quien los envió al general Gustavo Leigh, miembro de la Junta de Gobierno, cuyo asesor, Julio Tapia Falk, declaró en septiembre de 2009 que los documentos -ahora depositados en el Archivo Nacional-, corresponden a los que tenía Leigh y que él detalló en la época.
Pero no todos, porque el autor consigna que falta uno que el coronel Navarro había titulado "Plan Secreto de Seguridad Nacional".
Los demás papeles desatan la capacidad de investigar de Farías, quien los sitúa en el contexto de la época y los explica, siempre con el afán, por él confesado, de caracterizar política y éticamente a Allende.
En la caja se encuentra un recibo de un pago por 5 mil dólares, en octubre de 1970, de Allende a Óscar Squella. El autor relata su condena a 15 años "por sus gravísimos delitos como narcotraficante del mayor contrabando de cocaína de la historia de Estados Unidos hasta entonces".
Además, documenta el interés de Allende por su suerte, en la que tratan de intervenir el entonces canciller Clodomiro Almeyda y el embajador en Washington, Orlando Letelier.
Hay mucho otros cheques que conservó Allende. Algunos girados a su secretaria, Miria Contreras, y algunos recibos que le firma él. O fondos que destina a los deudos de un profesor que murió cuando lo chocó un GAP en Concepción en enero de 1972.
Hay documentos nuevos y algunos que han trascendido parcialmente, como la carta original de Darío Sainte-Marie, desde Estoril, Portugal (mayo de 1972), donde trata a Allende de Peyuquito y alude a la venta de "El Clarín", donde participó "Vituquito", Víctor Pey.
También en el secreto de La Moneda consigna una carta del embajador Letelier (enero de 1973) ofreciéndole diversos modelos de armas, solicitados por Allende, y uno de los documentos que Farías considera más revelador: el informe de José Rivero (diciembre de 1971) sobre el armamento en poder de su guardia personal. Bajo el título manuscrito por Allende "muy secreto", consigna de todo, desde 5 cañones a 16 subametralladoras UZI.
Hay correspondencia que revela la preocupación de Allende por los abusos cometidos por funcionarios del MAPU con el Estanco Automotriz y hasta informes confidenciales donde la Casa de Moneda revelaba cómo había multiplicado por 24 la emisión de divisas en 4 años.
Farías dará qué hablar una vez más a los defensores y detractores del ex gobernante.
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COMENTARIO:
Por favor lea con espíritu crítico, nada de lo que dice este satanás es verdad.
Saludos
Roberto Finat
El ex candidato presidencial califica de "inaceptable y preocupante" la forma en que se ha manejado la huelga de hambre de los disidentes cubanos. Además, se refiere a las dificultades que enfrenta en la isla su ex jefe de campaña, Max Marambio.
por Juan Cristóbal Villalobos - 04/04/2010 - 09:53
Marco Enríquez-Ominami tiene fuertes lazos con Cuba. Ha visitado la isla muchas veces; una avenida lleva el nombre de su padre biológico, Miguel Enríquez, y a uno de los puntales de su campaña, Max Marambio, se le ha reconocido como uno de los extranjeros más cercanos de Fidel Castro.
El ex presidenciable, sin embargo, lanza duras críticas al gobierno de Raúl Castro por la situación de los huelguistas en la isla. Además, se refiere a las dificultades que están atravesando las empresas de Marambio en la isla, en medio de una cesación de pagos del régimen -llamado "corralito"- a los privados hasta 2011.
¿Qué opina sobre las violaciones a los DD.HH. en Cuba?
Las violaciones a los DD.HH. son inaceptables en cualquier parte del mundo. Pero al parecer, para algunos en Chile se les considera tales sólo cuando se les imputa a países que son enemigos de EE.UU. A mí los DD.HH. me preocupan en Cuba, en Chile, en EEUU o en cualquier parte por igual. Y en ese contexto, el Presidente Piñera tiene una gran oportunidad, pues cuando seamos visitados por el líder chino en pocos días más podrá seguir expresando sus preocupaciones democráticas sobre los DD.HH. en ese país. Me gustaría ver a todos los que condenan a países pequeños, que lo hagan también con los que tienen democracias insuficientes, independientemente de su PIB o de su peso en la escena internacional.
Usted es un líder político en Chile y todo el espectro se ha definido respecto del sistema cubano, ¿no es el momento de hacerlo ahora?
Considero que los hechos que hemos visto últimamente en Cuba nos muestran una administración que actúa con autoritarismo e intolerancia: el hecho de dejar morir a un ciudadano, independientemente de quién sea, un opositor verdadero o delincuente como se ha dicho, no es aceptable. Tampoco lo ocurrido con Silvio Rodríguez, que por expresar una reflexión crítica ha sido denostado en la prensa oficial. Son situaciones muy preocupantes. Y es igualmente inaceptable. Estoy hablando expresamente de Cuba, de su actual administración y no me sumo al coro de los que satanizan como un problema común a Ecuador, Bolivia y Venezuela, entre otros, como parte de un supuesto "eje del mal".
¿Conoce a Raúl y a Fidel Castro? ¿Qué opinión tiene de ellos?
No conozco a Fidel, pero no me cabe duda que es uno de los americanos que más aportaron a la lucha contra la desigualdad en el pasado. Respecto de Raúl, acompañé a la ex Presidenta Bachelet a la visita de Estado en febrero del año pasado y, como correspondía al protocolo, nos saludamos.
Siempre se ha justificado el no criticar al régimen por el bloqueo de EE.UU. ¿Es viable ese argumento?
Lo paradógico es que, además de todo lo que sabemos, el bloqueo ayuda y legitima a los sectores más conservadores del gobierno cubano actual, que sienten que el bloqueo justifica cualquier cosa.
¿Qué le parecen las recientes críticas del PS al gobierno cubano?
Me parece bien que un partido no se omita de pronunciamientos relevantes. La clave es no ser parte del coro que no le reconoce nada a la Revolución Cubana desde hace 50 años y que es la misma que promueve sanciones inhumanas para el pueblo cubano. Estando de acuerdo con que hayan hecho esa declaración, no recuerdo haber visto nada sobre EEUU y su política de DD.HH. ni tampoco sobre China.
Max Marambio tiene lazos históricos con Cuba. ¿Es efectivo que la adhesión de él a su candidatura no fueron del agrado del régimen?
Cuando Max aceptó coordinar el área política de mi campaña presidencial, fue claro en advertirnos que su incorporación podía no ser bien vista en la isla, así como en Chile. Y asímismo fue, puesto que nuestro programa político es un proyecto diametralmente distinto al que promovía la izquierda conservadora en Chile, así como discrepante con la visión de altos funcionarios de la burocracia partidaria actual cubana, los que en general son muy conservadores en aceptar otros caminos políticos de los que promueven sus socios en Chile. Por lo demás, Max fue uno de los que junto a mí conceptualizamos la opción progresista en oposición a los conservadores de derecha e izquierda.
Se ha informado que Marambio ha tenido problemas con sus empresas en Cuba, ¿Cuál es su impresión?
Cuando fuimos en la delegación presidencial de la ex Presidenta Bachelet en el viaje del año pasado a Cuba, se organizó un seminario empresarial con la delegación chilena y las autoridades cubanas, y en ese encuentro presentaron a las empresas de Max como el paradigma de las mejores empresas de inversión extranjera. Pocos meses después, empezó un proceso de "corralito", donde por razones aparentemente de falta de liquidez, el gobierno cubano no permitía las transferencias a las empresas para que pudieran pagar a sus proveedores externos. Por supuesto que ello ocasionó un deterioro de las relaciones por las razones antes dichas. Casualmente, el 14 de diciembre pasado, al día siguiente de terminada nuestra participación en la elección presidencial, empezó allí un proceso de acoso y derribo contra las empresas de Max. Todo lo anterior se da en un contexto de una situación muy difícil y compleja hoy día en Cuba, que abarca, además, a todos los empresarios extranjeros, tanto canadienses como españoles y chilenos.
¿Qué le parece el que Marambio pase por esa situación, considerando sus fuertes lazos con Fidel Castro?
No tiene nada que ver. Fidel Castro está retirado y la relación de Max con él es personal y afectiva.
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Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo
Nadie puede poner en duda que la catástrofe que vive Chile a consecuencia del sismo del 27 de febrero pasado requiere tanto del esfuerzo gigantesco de todos y cada uno de nosotros como de autoridades con poderes y facultades suficientes para encarar estos nuevos desafíos. De no ser así, probablemente, demoraremos muchos años en restañar heridas materiales y morales muy profundas. No es el momento de poner en discusión, una a una, cuáles deben ser las medidas excepcionales que se adopten. Todas ellas deben formar parte de un plan integral y coherente, elaborado por las autoridades del Ejecutivo. Uno de los problemas más graves que encaró la administración del Presidente Jorge Alessandri, a propósito de la devastación que sufrió el sur del país el año 1960, fue el retraso con que el Congreso Nacional despachó las leyes necesarias para enfrentar la reconstrucción. La Constitución de 1980 fue más sabia al prever, en casos especiales, la posibilidad de que el Parlamento delegue en el Presidente de la República su potestad legislativa en materias precisas, por un tiempo definido (que no puede ser superior a un año), pudiendo establecer las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes (artículo 64 de la Carta Fundamental).
A medida que se desarrolle el plan de emergencia diseñado por el nuevo Gobierno, surgirá una serie de cuestiones que, atendida su naturaleza, deberán ser resueltas por medio de leyes. Trasladar al Congreso Nacional la decisión de todas ellas suscitará conflictos innecesarios y servirá para agitar diferencias que, en lugar de promover la unidad nacional, estimularán la confrontación y el divisionismo.
No debe resolverse, en este ámbito, la procedencia o improcedencia de aumentar los impuestos, de recurrir al crédito externo, de revisar las franquicias tributarias, de enajenar parte del patrimonio del Estado, de modernizar la normativa sobre la construcción y reparación de los bienes afectados, etcétera. Se trata de cuestiones puntuales, reservadas por la Constitución al dominio legal, que deben incorporarse a la política global de reconstrucción sin provocar desajustes o tardanzas injustificadas. De aquí la necesidad de dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias para la dictación de Decretos con Fuerza de Ley, evitando disputas políticas con una carga ideológica innegable.
No es necesario tener una imaginación muy fértil para descubrir que en el debate parlamentario, en un Congreso con mayoría opositora, todo proyecto de ley que incida en las materias antes referidas será objeto de disputas y desencuentros, que irán profundizando los antagonismos y, por qué no decirlo, explotados con miras a sacar provecho político electoral en desmedro de la población. Ya hemos visto las primeras manifestaciones —a propósito del “bono marzo” y de las medidas adoptadas en resguardo de la seguridad ciudadana— y, ciertamente, ello aumentará progresivamente.
Nuestro sistema jurídico permite garantizar que la delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República no afecte los derechos fundamentales, ni la organización y atribuciones de los demás poderes del Estado, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Contraloría General de la República, como tampoco aquello que disponen las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado. Por lo tanto, la delegación mencionada no pone en peligro ni compromete las bases esenciales de la institucionalidad. Un Decreto con Fuerza de Ley puede ser objetado por la Contraloría o declarado inaplicable o inconstitucional de la misma manera que una ley.
A medida que pasen los primeros efectos de esta catástrofe y el país vaya normalizándose, reaparecerán las contiendas políticas y la tarea del Ejecutivo se irá haciendo cada vez más difícil. Perderemos ese sentimiento nacional de solidaridad que hoy nos embarga y, por ese camino, haremos más difícil, si no imposible, muchas medidas que hoy pueden adoptarse con una adhesión ciudadana mayoritaria. Es hora, creo yo, de medir la generosidad de nuestros parlamentarios —de Gobierno y oposición— para desprenderse, en función de satisfacer las necesidades más apremiantes, de sus legítimas atribuciones y poner en manos de quienes nos gobiernan las herramientas que se requieren para enfrentar esta crisis.
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1) Bien por el Ministro Carreño que aplicó la ley vigente en Chile, veremos que va a resolver la fatídica Segunda Sala Penal de la Corte Suprema y la opinión de su Presidente Milton Juica de “Sensibilidad de izquierda”.
2) Se podría haber pensado que iban a apelar de la medida los querellantes, no señor ¡¡¡, sorprendentemente lo hizo la Directora Ejecutiva del Programa de DDHH del Ministerio del Interior recién nombrada en el cargo doña Rossy Lama, así hizo su estreno en sociedad, al parecer su política es de mano tendida hacia las organizaciones de ultra-izquierda, que han profitado desde hace 20 años de dicha Oficina .Así cree ella, no le harán problemas dichas organizaciones. Craso error: Su lema es claro Ni perdón, ni Olvido.
3) Cabe consignar también que dicha Oficina dependiente del Ministerio de Interior, antes de la retirada del 11 de Marzo el Subsecretario Rosende, dejó más de 25 nuevas querellas presentadas en distintos Tribunales del país, acrecentando así la persecución político – judicial contra miembros de las FFAA…Veremos que actitud respecto de estos libelos acusatorios adoptará doña Rossy Lama. De momento la señal no es buena.
4) Hay que recordar (Porque el Chileno tiene muy mala memoria) que por el caso del Sr. Carmelo Soria el Estado de Chile con recursos de todos nosotros, pagó a su familia la indemnización mas alta que hasta la fecha se haya pagado por una sola persona: UN MILLON Y MEDIO DE DOLARES. La razón: Soria era un funcionario subalterno de la Cepal de Santiago dependiente de la ONU, con doble nacionalidad chileno-española. Su hija Carmen, hábilmente, lo subió de categoría internacional elevándolo a la calidad de DIPLOMATICO y logró entonces una negociación directa entre el Estado Español y el Estado de Chile, de allí la elevadísima suma compensatoria. Hoy Carmen amenaza con ir nuevamente a Tribunales Internacionales, al parecer aún no está satisfecha…
5) Esperemos que la Oficina de DDHH del Ministerio del Interior, corrija el rumbo .Hasta aquí está en deuda. O bien nosotros no estamos entendiendo nada¡¡¡
Marcelo Elissalde Martel, Abogado, Consultor DDHH.
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Manuel Contreras Valdebenito fue formalizado hace casi dos años por lesiones graves y amenazas con arma de fuego contra dos jóvenes en Santo Domingo. Dice que lo están condenando anticipadamente sólo por ser hijo del general Contreras y está sumido en profunda depresión.
Reclama persecución
Manuel Contreras Valdebenito fue formalizado hace casi dos años por lesiones graves y amenazas con arma de fuego contra dos jóvenes en Santo Domingo. Dice que lo están condenando anticipadamente sólo por ser hijo del general Contreras y está sumido en profunda depresión.
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"Hay veces en que no quiero seguir viviendo"
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Monseñor Goic hace llamado de unidad a gobierno y oposición para enfrentar reconstrucción
El presidente de la Conferencia Episcopal dijo que "en este tema creo que no debe haber dos opiniones, debe haber sólo una".
La Tercera
Compartir Un fuerte llamado de unidad al gobierno y la oposición para enfrentar el tema de la reconstrucción del país fue el que hizo esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic.
"El talento que tiene que tener el gobierno es buscar la unidad, y en el caso de la oposición -legítima, que está llamada a fiscalizar y ser una oposición constructiva ya que es parte de la democracia- en este tema creo que no debe haber dos opiniones, debe haber sólo una, porque lo que importa aquí es tratar de resolver el problema de los más humildes", dijo en entrevista con radio Agricultura.
En ese sentido, agregó que el gobierno de Sebastián Piñera "tiene un enorme desafío y una enorme oportunidad para organizar al país, para tratar de ir resolviendo los dramas de los más pobres. Dios quiera que en la etapa de reconstrucción los pobres estén en el corazón del gobierno, de los empresarios y las iglesias para poder ayudarlos a que tengan viviendas más dignas y educación mucho mejor".
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