sábado, 31 de agosto de 2013

ACUERDO ADOPTADO POR LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS EL 22 DE AGOSTO DE 1973.


Considerando:

1°: Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho, que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la Ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado.

2°: Que la juricidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su connivencia. Atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que negar, en la práctica, toda posibilidad de vida democrática.

3°: Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado, que de acuerdo a su artículo 2° señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue, y en el artículo 3° del cual se desprende que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición.

4°: Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución Política que tuvo un preciso objeto de asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar.

"5°: Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece.

6°: Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen gravísimo peligro para la nación; con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho.

7°: Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:
a) Ha usurpado, al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del, país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad-,del legislador,
b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a éste compete para destituir a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la Ley, o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental;
c) Y, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental.

8°: Que por lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:
a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;
b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;
c) Violando leyes expresas y haciendo tabla rasa del principio de separación de los Poderes, ha dejado sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios; y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis de derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales y de determinar cuándo éstos deben ser cumplidos.

9°: Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República - un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él.

10°: Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución pueden destacarse los siguientes:
a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;
b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas “cadenas" ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos"
c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;
d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos, a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;
e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza,. poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista,
f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales, de predios, agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos, ilegalmente y constituir así. por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional. y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;
g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;
h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;
i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores:
j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11°: Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos, porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la Ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el Art. 10, N° 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP. etc., destinados todos a crear el mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.

12°: Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos, y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida. al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No puede silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros.

13°: Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad nacional" y le señaló como tareas fundamentales las de "imponer el orden político" e "imponer el orden económico", lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República.

14°: Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes, y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo.

"La H. Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, acuerda:

PRIMERO: Representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos quinto a duodécimo precedentes;

SEGUNDO: Representarles asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.

TERCERO: Declara que si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometería gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización".


Dios guarde a S.E.


LUIS PARETO GONZALEZ
Presidente


Raúl Guerrero Guerrero
Secretario



Leer más....

CLASE MAGISTRAL


CLASE MAGISTRAL
21 de agosto de 2003, Día de la Universidad Bernardo O’Higgins


EL ESTADO DE DERECHO EN CHILE
Y SU CRISIS PRESENTE


Prof. Héctor Riesle

La expresión Estado de Derecho tiene su origen en la Ilustración y denota
el propósito de estructurar el Estado de acuerdo al racionalismo jurídico de la
época. El mérito de la expresión es su éxito histórico, que más allá de la ideología
que la acuñara, hace comprensible para todos que el poder, y específicamente el
poder del Estado, no es un poder arbitrario sino que está para realizar el derecho,
que es como decir para aplicar la justicia.

En efecto, el derecho es el objeto de la justicia. Esta es su acepción primera
y fundante, derecho objetivo, analogado principal de sus otras acepciones (que
son las de derecho normativo, equivalente a la de ordenamiento jur ídico, y la de
derecho subjetivo, sobre las que no podemos extendernos ahora). Hay derecho
cuando se realiza la justicia. El derecho es el acto que satisface (y por lo tanto
realiza) la virtud de la justicia. En consecuencia no hay auténtico derecho, co n su
significación moral, sin virtud de la justicia.

Pero la virtud de la justicia nos inclina a dar a cada uno lo suyo, pero no nos
dice qué es lo suyo de cada cual. Hay que llegar a conocer qué es lo suyo de cada
cual. No teniendo tiempo para profundizar esta materia, bástenos decir que para
conocer qué es lo suyo de cada cual recurrimos a la sindéresis, hábito intelectual
que contiene los fines primarios de nuestra naturaleza, los que se corresponden
con los primeros preceptos (que mandan buscar y realizar esos fines) del orden
práctico o, dicho de otra manera, del derecho natural (pues decir naturaleza
humana y ley natural humana es decir lo mismo). De tales primeros preceptos
nuestra razón deducirá, cuando sea necesario para resolver el caso que
enfrentemos, nuevos preceptos, secundarios, a través de uno o muchos
razonamientos. Y cuando la vía del razonamiento se agote, determinará
(legislador, causante, contratantes), prudentemente, cual será la norma aplicable
al caso. Al resultado de esta determinación lo llamamos derecho puramente
positivo.

La ley positiva puede y debe recoger los preceptos naturales (sobre todo
los secundarios), para darlos a conocer entre quienes sean menos capaces de
emprender rigurosas, largas y a veces complicadas deducciones (función
pedagógica de la ley) y respaldar su vigencia con la fuerza coactiva que le es
propia. También le corresponde recoger y sancionar el derecho positivo existente
en la sociedad de que se trate y, en su caso, crear nuevo derecho positivo (el que
para ser derecho deberá ser proveniente del y compatible con el derecho natural,
toda vez que la determinación se hace a partir de una norma previa, natural o
derivada de una natural).

Así, la ley no se identifica con el derecho objetivo, pero necesitamos de ella
para conocerlo. Santo Tomás expresó esto con su claridad y concisión habituales,
al decir “La ley no es el mismo derecho, propiamente hablando, sino una cierta



razón del derecho”, agregando que la aplicación y cumplimiento de la ley al caso
concreto que nos ocupe debe hacerse “según una regla de prudencia”.

Así, Estado de Derecho equivale a vigencia y aplicación del derecho,
entendido como lo opuesto a lo injusto, lo tiránico y lo arbitrario.

Esta breve consideración teórica me pareció necesaria para contrastarla
con las ideologías que se traducen en una negación del Derecho. Cuando
Guillermo de Ockham, a fines del siglo XIII negó los universales, que es negar las
esencias o naturalezas de las cosas , en sus sistema no quedó lugar sino para la
voluntad del César, para un puro voluntarismo que equivale a un puro positivismo.

El positivismo puro puede ser y frecuentemente es el reino de la
arbitrariedad tiránica. Pero el Siglo XX nos mostró su mayor peligrosidad cuando
se combinó con la ideologías gnóstico-panteístas que fundaron los totalitarismos
que llenaron buena parte de él. La famosa ley nazi que establecía como delito
“todo lo contrario al sano espíritu del pueblo alemán” tenía su semejante en
legislaciones que establecían como el peor crimen el de ser
“contrarrevolucionario”, y que postulaban que la clase obrera (léase el Partido en
su versión leninista) debía usar el poder del Estado como un martillo para destruir
y aplastar a la bur guesía y a su cultura. Tales sistemáticas y tiránicas expresiones
habían sido precedidas por la Revolución Francesa que asesinó miles de
modestos franceses bajo la acusación de ser “aristócratas”, es decir fieles a su
Rey, y a miles más bajo la acusación de ser “fanáticos”, es decir católicos. Hoy
observamos semejantes descalificaciones semánticas, como el uso de llamar
“integristas” o “fundamentalistas” a los católicos que quieren vivir coherentemente
su fe.

Hagamos un alto para recordar una verdad: el derecho está para dar a cada
persona concreta lo que le es debido, y no es un instrumento de violencia, abierta

o solapada, para “cambiar al hombre”, para cambiar la naturaleza humana
valiéndose del poder del Estado, lo que es una actitud utópica y totalitaria.
Cuando era ya claro que la revolución marxista violenta era inviable en
Occidente, el comunista italiano Antonio Gramsci propuso una nueva vía, no un
nuevo objetivo. En vez de esperar alcanzar el poder total, político y económico,
para destruir lo que para ellos es “la superestructura burguesa” (en la que
quedaría comprendido el Derecho), propuso servirse de tal superestructura para
alcanzar el poder total. El camino propuesto suponía saturar y controlar medios
de comunicación, universidades, Iglesias, editoriales para alcanzar una
hegemonía en la cultura, capaz de “cambiar el sentido común” haciendo así
crecientemente aceptable lo que hasta el momento era rechazado. De la
hegemonía en la cultura se pasaría a la hegemonía en la sociedad, y ella llevaría
al poder total y consolidaría a éste, y así sucesivamente. Un papel muy importante
en tal proceso le cabe a la guerra semántica, alteración dirigida e inadvertida del
sentido de las palabras que termina cambiando la manera de pensar de las
personas. También la reinterpretación de la historia en un sentido marxista. Como
es fácil de ver, todo esto es aplicable al Derecho. Y los nuevos medios
audiovisuales y su globalización han dado un alcance insospechado a tales
procesos.

Chile fue blanco privilegiado de estos métodos. Recordemos que el
Presidente Allende, en casi todos sus primeros discursos, planteaba que su deseo



era que la Revolución se hiciera según procedimientos legales, pero que si no se
podía hacerlo así se recurriría a otros procedimientos hasta llegar a la violencia
revolucionaria. Cuando la Unidad Popular llegó al poder comenzó un abuso
sistemático del Derecho que no podemos hoy recordar en detalle, pero que fue
representado por la Corte Suprema y por el Parlamento, además de por las
fuerzas vivas del país.

Se comenzó extralimitando las facultades del Gobierno, en términos que
muchos hablaron de legalidad sobrepasada. Luego vino la peregrina (aunque
peligrosa) teoría de los resquicios legales, para seguir con ilegalidades flagrantes
y violaciones patentes a la Constitución, que terminaron quebrando el Estado de
Derecho y acarreando la ilegitimidad del Gobierno. Quien desee recordar más
detalles puede referirse a los acuerdos del Colegio de Abogados y de la Corte
Suprema en esa época, así como al Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22
de Agosto de 1973.

Tal ruptura del Derecho hizo legítimo el ejercicio del derecho natural de
rebelión, lo que hace que el Gobierno nacido de tal ejercicio fue un Gobierno
legítimo de origen, un Gobierno de jure. Y hay más hechos y argumentos para
probarlo.

Ya en ese tiempo nuestra cultura jurídica mostró deficiencias. Les cuento
una anécdota. Haciendo yo clase entonces en la Universidad de Chile, un alumno
me preguntó qué eran los famosos resquicios legales. Le respondí que eran actos
de desviación y abuso de poder, y más precisamente de simulación administrativa,
pues la causa alegada por la autoridad (para requisar abusivamente, por ejemplo )
era inexistente, y la causa real (la voluntad de estatizar la economía) era ilícita.
Algo después introduje el concepto en una acusación constitucional, de donde fue
recogido por la prensa y terminó en considerando de algún fallo de la Corte
Suprema.

Entretanto yo había sugerido a un conocido abogado del foro
santiaguino, hoy fallecido, con quien tenía algunos casos en común, alegar la
simulación en estos casos. Me respondió: pero eso es derecho civil, no derecho
administrativo... Como si los actos administrativos no fueran actos jurídicos, o
como si hubiera actos jurídicos sin causa.

La situación de hoy:

No es necesario ser un observador especialmente agudo para
percatarse de que hoy el Estado de Derecho en Chile está nuevamente bajo un
ataque sostenido, radical y sistemático. Tal ataque se debe a motivaciones
ideológicas y a motivaciones políticas vinculadas con ellas. Comencemos por las
primeras.

En profundidad, liberalismo y marxismo emanan de una misma actitud
anticristiana y antirrealista, la actitud gnóstica, dependiente de la herejía del mismo
nombre. Hoy tal actitud tiende a divinizar lo subjetivo y a demonizar lo objetivo. Lo
mismo que parece divino en cuanto apetencia es considerado demoníaco en
cuanto exigencia objetiva. Así, por ejemplo, la sexualidad aparece divina en
cuanto apetencia, pero su finalidad y sus consecuencias objetivas aparecen
inaceptables (finalización objetiva a la procreación y obligaciones que de ello
fluyen y que en definitiva configuran la familia). Sin base donde fundar



objetivamente la justicia, la armonización (o condicionamiento) de las
subjetividades se realiza a través de los medios de comunicación de masas y en
su defecto (o tras su preparación por ellos) por simple decisión del poder.

No puede sorprender, entonces, que un objetivo fundamental que la
revolución gnóstica (tal nombre comprende sus etapas individualista, racionalista
liberal y colectivista) quiere destruir sea la familia. Esto es tan claro que todos los
gobiernos modernos de inspiración social demócrata u ocultamente marxista,
aunque no puedan realizar su objetivo de una sociedad colectivista, persiguen,
todos, en forma más o menos explícita, la destrucción de la familia. Se
transparenta el sueño de vivir en una promiscuidad y en un colectivismo tribal. El
ataque contra la familia es universal y concertado. Un caso de laboratorio es lo
ocurrido en España. Pero en Chile no lo estamos haciendo tan mal.

La familia basada en el matrimonio indisoluble es una exigencia de la
naturaleza humana. En Chile, además, el derecho civil, el derecho penal y la
misma Constitución Política confluían para darle plena protección.

Quienes empujan estos actos revolucionarios comenzaron su ataque
contra la familia por la periferia y diciendo querer mejorar la legislación.
Despenalizar el adulterio (en vez de perfeccionar la norma); debilitar la patria
potestad; suprimir la filiación legítima, equiparando hijos “matrimoniales con hijos
“extramatrimoniales”; despenalizar la homosexualidad, son iniciativas que
aisladamente no muestran toda su intencionalidad, pero que vistas en conjunto
son inequívocas. Y lo son más aún si agregamos el divorcio vincular, al que se le
agrega la imposibilidad de contraer un matrimonio indisoluble, aunque lo pidan los
contrayentes, el aborto y lo que ya se divisa: las uniones homosexuales y la
facultad de tales parejas de adoptar. El conjunto significa clarísimamente
destrucción de la familia, pese a los términos enfáticos con que nuestra
Constitución Política le da protección. Se está violando la subordinación debida
entre los diferentes niveles normativos, base de nuestro ordenamiento jurídico.

Pero aquí nos enfrentamos a un caso típico en que nuestra cultura
jurídica y nuestra voluntad de defender el Derecho y por lo tanto el Estado de
Derecho están siendo burlados. Se alega que la Constitución protege la familia
pero no definiría qué es la familia, lo que quedaría entregado a la ley. Con tal
criterio podría decirse lo mismo respecto a la vida, a la libertad, a la propiedad o a
cualquier otro bien jurídico, lo que equivaldría a sostener que la Constitución no
protege ni garantiza nada. Por la vía de la redefinición la ley podría hacer tabla
rasa de la Constitución.

La realidad es otra. Como lo señalé años atrás, cuando la Constitución
utiliza una palabra (en la especie: ”familia”) está recogiéndola del uso general
(sentido natural y obvio), de su acepción legal y de su acepción técnica. Las tres
acepciones confluyen para decir que la familia que la Constitución protege es la
constituida por el matrimonio indisoluble y la filiación legítima, con sus corolarios
de patria potestad, potesta d marital rectamente entendida, derechos y deberes
recíprocos de cónyuges e hijos, sucesión y otros. La ley no puede sustituir por otra
cosa la familia que la Constitución protege. Lo dicho no impide que alguna norma
pueda ser perfeccionada, pero evidentemente excluye la destrucción de la
institución, estableciendo normas contradictorias con ella como se está haciendo.
Así, se está usando la ley para destruir instituciones jurídicas fundamentales que



la misma Constitución Política protege. Esto es un uso subversivo de la ley, es
usar la ley para destruir el Derecho.

Más aún, las normas más básicas del derecho natural, que reciben la
mayor protección de la Ley, como el mismo derecho a la vida, han sido atacadas
por mera resolución administrativa, como ha sido el caso de la llamada “píldora del
día después”. Ha bastado por una parte la afirmación olímpica de que no es
abortiva y por otro la renuencia de los tribunales a entrar en lo vivo de la cuestión.
Lo que nos lleva a dos temas importantes:

El primero es la vinculación esencial del derecho con la verdad, con lo
que las cosas son. La ley, la sentencia, si quieren ser jurídicas, justas, no pueden
prescindir de la verdad. Prescindir de la verdad es violar el derecho y por ende la
justicia. Esto vale para cuando se desconoce una verdad conocida y alegada y
para cuando se da por verdad algo inexistente o ficticio. Cabe agregar aquí que si
el legislador puede en nuestro sistema positivo, en algunos casos, y sólo para
asegurar la aplicación objetiva del derecho, establecer algunas ficciones, ello está
absolutamente vedado a los funcionarios que sólo tienen las atribuciones que se
les hayan conferido expresamente, y, a fortiori, a los jueces.

De algún modo estamos yendo más allá de los meros resquicios legales
para entrar en una olímpica y amenazadora negación del Derecho.

El segundo es la importancia de la protección judicial de los derechos. La
mejor doctrina y la mejor legislación son inútiles si los jueces no los amparan.
Jueces incapaces, o negligentes, o corruptos, o temerosos y sumisos ante el
poder, político o de otra clase, es decir que incurran en los llamados delitos
ministeriales, equivalen al colapso efectivo del derecho. En este sentido puede
decirse que Derecho es lo que declaran los jueces, y si no lo declaran, lo
esterilizan. Corruptio optimi pessima.

Quizá convenga recordar, pues tiene importancia, que los jueces están
llamados a pronunciarse sólo a través de sus sentencias y resoluciones, y no a
través de la prensa. Las candilejas van mal con la objetividad, la serenidad y la
imparcialidad que exige la función judicial.

Hay que dar importancia a los criterios y métodos de interpretación. Un
sistema jurídico se cambia con más facilidad cambiando los criterios de
interpretación que cambiando sus disposiciones.

De lo dicho podemos concluir que hay diferencias entre el ataque actual y
el que el Derecho sufrió a comienzos de los años setenta. En este último caso
había simulación administrativa e intento de no cumplir las sentencias de los
Tribunales. Hoy se trata de vaciar ontológicamente la norma misma, de inhibir a
los jueces de protegerla y de hacerlos fallar con prescindencia de la realidad de
las cosas. Sobre la base de afirmaciones o negaciones arbitrarias y contrarias a la
realidad se busca hacer caso omiso de las instituciones y normas más
fundamentales.

En efecto. Instituciones tan fundamentales y tan aseguradas por nuestro
ordenamiento jurídico como la cosa juzgada, la prescripción, la amnistía y la
obediencia a la tipificación delictual han sido desconocidas, y no en algún caso
particular imputable a error o inadvertencia, sino en enteras categorías de casos.

La cosa juzgada y la prescripción son instituciones de derecho natural
precisamente porque son necesarias, esenciales, para la seguridad jurídica, ella



misma indispensable para el Bien Común. Su importancia se muestra en la
recepción y en la sanción que les ha dado nuestro ordenamiento jurídico. Sin
embargo se ha pasado sobre ellas. Ello muestra la gravedad y radicalidad del
ataque que hoy sufre el Estado de Derecho en Chile. Y aún hay quienes quieren, y
lo han dicho, pasar por sobre el principio de subordinación le gal y aplicar tratados
internacionales aún no ratificados.

Lo mismo vale para la amnistía. Cabe recordar aquí que por su
naturaleza misma ella no puede ser derogada una vez que ha producido sus
efectos. Ello equivaldría a una violación de la irretroactividad de la ley penal, pues
se estarían estableciendo sanciones con posterioridad a la comisión del acto, y del
principio pro reo. Cualquiera que sea la categorización jurídica que se le dé
(derogación ad casum de la ley penal o de la pena, renuncia total a las acciones
derivadas de ciertos hechos) cuando ha producido sus efectos ella es inviolable e
inconturnable y no puede volverse sobre ella. Esa es una exigencia de su propia
esencia, de la que da testimonio la Historia, desde su mismo nombre que viene de
la palabra griega olvido, a las múltiples ocasiones en que se ha recurrido a ella
para facilitar reconciliaciones, restañar heridas y superar divisiones o afinar la
equidad en situaciones que sobrepasaron el marco conceptual e intención de la
norma. Para ser lo que es la amnistía es siempre definitiva. ¡Qué grave es que se
diga que una amnistía es irrelevante pues no es aplicada!

Recién señalábamos la esencial vinculación del derecho con la verdad.
Fallar sobre un hec ho falso y a sabiendas es violar el derecho. Los jueces no
pueden fallar sobre ficciones que ellos mismos establezcan. Sí sobre
presunciones. Pero las presunciones son un medio de prueba para establecer
hechos reales o verdaderos. No es aceptable que se diga que una conducta cae
“formalmente” bajo una norma que se sabe y a veces se reconoce que se refiere
a otra situación, a otra realidad. ¿Quién cree verdaderos los supuestos
secuestros permanentes, continuados hasta el día de hoy, aunque no haya
indicio alguno que haga pensar que tal situación existe? Más aún, es evidente
que no sólo no existe sino que es un imposible en lo práctico y concreto. Además
no se ha decretado medida alguna encaminada a encontrar y librar a los
secuestrados, y sí muchas encaminadas a encontrar sus restos. Fallar contra la
verdad es violar la ley, violar la Constitución y violar el derecho natural. En una
palabra, violar el Derecho. Un distinguido Senador caracterizó tales conductas
como un verdadero golpe de Estado judi cial.

También se ha suscrito un instrumento internacional en violación de
nuestra Constitución, al suscribir el Tratado del Tribunal Penal Internacional. El
Tribunal Constitucional lo declaró así, y por eso ahora se propone una Reforma
Constitucional que permita suscribirlo. Cabe estar atento a tal propuesta, pues
además de ceder o delegar atribuciones soberanas para dar jurisdicción y
competencia a tal Tribunal puede introducirse, más o menos oblicuamente, la
normativa que respalda a ta l Tribunal, la que luego se dirá que se añadió o que
incluso reemplazó a disposiciones de nuestra normativa interna. Ello podría
establecer delitos y penas no contemplados por nuestra legislación interna, e
incluso venir a cohonestar algunas de las extrali mitaciones ya realizadas.

Tal tipo de Tratados tienen no sólo una evidente finalidad política, sino
que ciertamente serán usados con finalidades político -ideológicas. Los



suscriptores, que responden a cierta ideología, serán quienes nombren los jueces,
los que actuarán en el sentido que se espera de ellos. Hemos visto casos
suficientes. Si muchos y serios autores consideran que la ideología predominante
sobre los derechos humanos no esconde otra cosa que revestir con el prestigio del
Derecho a un programa político, no cabe equivocarse en cuanto a la aplicación
que será hecha.

Cabe por lo mismo considerar con atención otras Convenciones, como
la de imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos o la que se
refi ere a la desaparición de personas.

Por otra parte los intentos de generar jurisdicciones universales, algunos
fracasados como el belga, revisten gran peligrosidad pues el derecho es la
protección de los débiles, y cabe anticipar que serán usados al servicio de cierta
ideología y en sentido único por los países relativamente más poderosos,
pudiendo transformarse en un método de sojuzgamiento internacional y de
violación de la igualdad jurídica de los Estados, especialmente grave en estos
tiempos de globalización..
Resumiendo:

El Estado de Derecho está en crisis en Chile, olímpicamente
desconocido por unos, deficientemente comprendido por otros. Atacado para
destruir precisamente lo más fundamental que el derecho garanti za, que es el que
se dé a cada uno según lo que objetivamente le corresponda, es decir, que el
derecho realiza la justicia entre los hombres concretamente existentes, pero no
pretende cambiar la naturaleza de éstos. El utopismo neomarxista, que no ha
desaparecido tras la caída del Muro, pretende precisamente forzar un imposible
cambio en la naturaleza del hombre. Para eso debe destruir la familia, lugar donde
el hombre llega a ser plenamente tal y donde se realiza la formación valórica, el
traspaso de las tradiciones y la recepción de la fe. Por idénticas razones y por
otras más propiamente ideológicas se ataca también a la vida. Se busca separar
el sexo del amor, de la generación y de la familia. Hoy se trata de la píldora del día
después y otros rechazos a la generación de la vida. Ya se anuncia el aborto, y
tras él vendrá la eutanasia. Todo esto es un radical ataque al hombre. Como no
han logrado aún cambiar todas las normas que evitan tales injusticias, y mientras
lo logran, han desarrollado diversas y g raves violaciones al Estado de Derecho.

Por otra parte el afán de venganza, de reinterpretar la Historia, de
estigmatizar a quienes se atrevieron a defender la Patria, de asesinar la imagen de
las instituciones y de los sectores políticos que se opusieron al totalitarismo
marxista, y el afán de destrucción psicológica de todo opositor a su ideología ha
llevado a otra línea de ataques al Estado de Derecho. Tales ataques se inscriben
en el campo más amplio de la guerra cultural y del “cambio del sentido común”
según lo ya señalado, como también lo hacen la supresión de toda “censura” y la
insistencia en difundir obras irreverentes, inmorales o blasfemas.

Paralelamente se ha tenido una actitud permisiva tanto
frente a la violencia de algunos grupos mapuches como frente a la delincuencia en
general, actitud que deriva de presupuestos ideológicos bien conocidos.

Todo esto dibuja una silueta. La silueta de un sistema donde
el derecho es vaciado de su substancia para transformarse en el simple ejercicio
arbitrario del poder. Los derechos se transforman en meras situaciones



amparadas o toleradas, siempre a título precario, por el poder. Es decir, un
totalitarismo práctico, mediado por el control de los medios de comunicación de
masa.

Tras tal silueta, la sombra de un sistema en que los criterios
de interpretación serán criterios ideológicos.

Una última consideración, que recurre a la memoria
histórica. Cuando en la década de los sesenta (siglo XX) comenzó una gran
ofensiva contra el derecho de propiedad privada en Chile, la gran mayoría del país
se mostró indifere nte, pensando que la acción iba dirigida sólo contra los
agricultores (quienes serían sometidos a expropiaciones inicuas, indemnizaciones
inicuas y tomas de posesión material de los bienes también inicuas y a menudo
violentas). Antes de una década la acció n había desbordado y se dirigía, en una
depredación inicua, contra toda actividad privada, y estuvo a punto de destruir
completamente al país. Cuando se ponen las premisas las conclusiones
necesariamente llegan.

Por lo tanto, más vale que cada uno tome su lugar para la
defensa del Derecho. Quien crea que la injusticia cometida a su lado no lo tocará
se hace ilusiones. Como Universitarios estamos comprometidos con la verdad.
Como chilenos estamos comprometidos con la Patria. Quienes somos hombres
de Derecho estamos especialmente comprometidos con la justicia, la que es “el
fundamento de los reinos”, como señala una frase clásica. Todos debemos
ocupar resueltamente nuestro puesto para defender el derecho, para respetar la
naturaleza del hombre en su plenitud ontológica y teleológica y para respetar y
servir la verdad. Los procesos que hemos descrito se desarrollan con facilidad en
las sombras. Pierden gran parte de su fuerza si se los expone a tiempo a la luz del
día. Es un buen combate que podemos coronar con la victoria, si Dios quiere.

Muchas Gracias.



Leer más....

UNA FURIOSA VENGANZA POLÍTICA DE LA GUERRILLA Y SUS CÓMPLICES REVESTIDA CON DISFRAZ JURÍDICO



Desobeciendo las sabias instrucciones de un prestigioso periodista,
que fue mi profesor y hoy es un entrañable amigo y lúcido consejero,
escribo ahora mismo -pese al dolor y a la bronca-  para intentar
traducir en algo útil la sensación de impotencia que me embarga.

No voy a esperar  que pasen las horas y, con ellas, la irritación que
ahora tengo. Redactaré lo que pienso y siento en este instante para
intentar algo así como sublimar la indignación que me produce ver cómo
la izquierda está orquestando esta campaña que, por un lado,
desarrolla una apología de la guerrilla criminal y, por otro, el
ataque político-jurídico a quienes cumplieron con el deber de
combatirla.

Al tiempo que van llegando desde Argentina los pedidos de extradición,
la izquierda  -a través del control que ejerce sobre todos los medios
masivos-   impone su versión mentirosa, oculta la verdad histórica e
instala una especie de justificación de los crímenes de la guerrilla.
Ahí está la gran maniobra, repugnantemente hipócrita, que avanza en
forma simultánea a dos puntas tras un doble objetivo: glorificación de
la guerrilla asesina y destrucción de las fuerzas que debieron
enfrentarla.

La guerrilla fue derrotada en el campo militar pero ella triunfó en el
terreno de la propaganda.  Con Gramsci como guía, coparon el sistema
educativo y los medios masivos para que sus acciones psicopolíticas
les dieran el triunfo del cual hoy disfrutan viendo como son
humillados quienes arriesgaron sus vidas en la lucha contra el
terrorismo guerrillero.

La causa primera de todo esto. El problema real.

La cuestión de fondo es político-ideológica y no judicial.

Por haber ganado en materia propagandística, ahora están en
condiciones de llevar adelante esta furiosa venganza barnizada con una
supuesta defensa de los derechos humanos. Malditos hipócritas, ellos
que mataron sin piedad, que pisotearon derechos y libertades, ellos
que atacaron las instituciones, que sometieron a la población a un
clima de terror, estos mismos que todavía hoy siguen aplaudiendo a las
más sanguinarias dictaduras, fingen ahora ser defensores de los
derechos humanos.

Lejos de ser contraria a los gobiernos de fuerza, la izquierda ha sido
 -y es-  favorable a las dictaduras por brutales que ellas sean,
siempre que respondan a su mismo signo ideológico.  Esto explica la
idolatría que la izquierda practica con el tirano vitalicio de Cuba a
quien no le ha salido al cruce ningún juez valiente.

¿Se puede creer en la sinceridad de estos izquierdistas, amantes de la
metralla y de la bomba asesina, cuando se muestran como defensores de
los DDHH?. La única respuesta seria debe incluir una categórica
negativa porque lo que hacen, en realidad, es usar hipócritamente el
tema "derechos humanos" para atacar a personas, instituciones y
gobiernos antimarxistas. Ya lo he dicho alguna vez y lo ratifico
ahora: darle crédito a un militante del marxileninismo en su discurso
a favor de los derechos humanos, sería algo así como confiar en un
narcotraficante que se diga contrario al consumo de drogas.

Es tan sincero el militante (no el militOntO) marxista hablando de
democracia, de independencia del Poder Judicial y de derechos humanos
como un pirómano que niega su tendencia patológica a provocar
incendios y quiere que le admitan la condición de bombero.

Para que el odio revolucionario y revanchista de la guerrilla y sus
compañeros de ruta pueda ser digerido por cuanto cretino-útil anda por
ahí, utilizan como edulcorantes un supuesto idealismo de los homicidas
y una aparente actitud filantrópica de los terroristas.

Pero la verdad es una y bien diferente a la que pretenden. Los
guerrilleros despreciaron el valor de la vida humana, nunca tuvieron
escrúpulos en asesinar  -cobarde y vilmente-   a civiles, policías y
militares. Jamás se arrepintieron de sus crímenes. Ni siquiera para
intentar hacer más disculpable la pésima actitud de los políticos
(¿cuándo no?) que los premiaron con una amnistía. Recuérdese que se
sometió a consulta ciudadana la ley de caducidad después de haberles
regalado la amnistía a los delincuentes guerrilleros sin que hubiese
consulta alguna a la población para tal obsequio.

Así, amnistía y premios múltiples mediante, liberados unos, regresados
del exilio otros, todos se dedicaron a crear las condiciones que poco
después les permitiría acceder al gobierno (objetivo cumplido) y
concretar la gran venganza político-ideológica-jurídica que ahora
presenciamos.

Por todo esto sostengo que, el problema sedicioso y el tan publicitado
tema de los "derechos humanos" estuvo mal planteado y peor resuelto
desde el primer momento, a través de:

A - Una inmerecida amnistía general e irrestricta para criminales de
todo tipo, incluidos los guerrilleros (hasta los que regresaron del
exterior o de la clandestinidad sin haber sido juzgados ni haber
estado presos un solo minuto) y

B - Una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, (para
quienes tuvieron que librar heroicamente la lucha contra la sedición)
llena de imperfecciones y de talones de Aquiles para permitir que se
le pase por encima cada vez que la izquierda entienda que hay
condiciones para ello.

Si para esta furiosa venganza que está en marcha, la ley fuese un
serio obstáculo, la izquierda  -encaramada en los órganos estatales-
se encargará de interpretarla de manera tal que el obstáculo se
supere. Y si ello no fuese posible, o no fuese tolerable para el
grueso de eso que llamamos "opinión pública", entonces simplemente se
le pisotea, se le atropella o más directa y brutalmente se le anulará,
como ya están anunciando varios voceros de la izquierda gubernamental.
Y eso, lo hacen y lo seguirán haciendo, sin importarles que se haya
declarada la constitucionalidad de la ley por parte de la Suprema
Corte de Justicia, además de haber sido refrendada por el voto
ciudadano.

Pasarán por encima de la voluntad expresada por el cuerpo electoral y
también de lo resuelto oportunamente por la Suprema Corte. Y qué?

La democracia y sus "formalidades burguesas", las libertades,
garantías y derechos, nada importaron, fueron despreciadas antes y las
volverán a pisotear ahora.

Se utiliza un armazón jurídico para encubrir la maniobra política.

Hubo un vaciamiento de la memoria en la población. Ya casi nadie
recuerda los crímenes de la guerrilla. Está prohibido recordarlos. Los
papagayos rojos incrustados en todos los medios masivos "cocinan" la
información de tal forma que siempre lucre la izquierda. Se amordaza a
quienes pudieran revertir la amnesia y se le pone un megáfono todo el
tiempo a la izquierda mentirosa y vengativa.

Esta gran maniobra orquestada por la izquierda sigue siendo posible
porque, frente a la gigantesca maquinaria propagandística, solo hubo y
hay silencio.

Ese silencio fue denominado "austero" por algunos.  Otros le llamaron
"solemne".  Yo lo califico como injusto, nocivo y cobarde porque
posibilitó que los crímenes de la guerrilla fueran borrados de la
memoria colectiva y facilitó que las mentiras se impusieran como
"verdades oficiales", sin estorbos y dejó campo libre para que se
enchastrara a quienes combatieron la guerrilla.

Ese silencio se le impuso disciplinariamente a los uniformados (doy
gracias a Dios por ser civil) mientras se fueron apretando las
mordazas a quienes, reaccionando ante tamaña injusticia, decían -de
tanto en tanto-  alguna verdad incómoda para la maniobra izquierdista.

Se le debe decir SÍ A LA VERDAD siempre que sea completa y total.

Y se debe rechazar las interesadas "verdades a medias" y las mentiras
fabricadas para glorificar a la guerrilla y demonizar a quienes
arriesgaron sus vidas para combatirla.

Es preciso contrarrestar el manejo mediático, teatral y macabro del
tema derechos humanos.

Dicho de otro modo: SÍ a la memoria integral, no maliciosamente
selectiva, parcial ni tramposamente hemipléjica.

No es justo valorar acontecimientos a partir de una amnesia parcial
deliberada para ocultar las brutalidades de la guerrilla sanguinaria
que aterrorizó al país.

Ya se verá, con claridad, cuánta "independencia técnica" hay en jueces
y fiscales. Se podrá ver si ceden o no a las presiones de la izquierda
gubernamental y de los medios de comunicación manejados por ella.

Nadie se atreve a pedir que quienes formaron parte de la guerrilla
criminal -y hoy integran el elenco gubernamental- expresen clara,
explícita y públicamente su arrepentimiento por los brutales
asesinatos cometidos. Tal arrepentimiento, en el supuesto caso de
existir, (oh ingenuidad...) debería estar acompañado del firme y
público propósito de NUNCA MÁS intentar esa vía violenta

Los partidos políticos, las más altas autoridades nacionales,
militares y policiales, las organizaciones sanas en general, deberían
hacer público un reconocimiento expreso a quienes arriesgaron y
entregaron sus vidas en la lucha contra la guerrilla. Tal gesto debe
dejar suficientemente claro ante la población que, más allá de los
excesos que se hubiesen cometido, la lucha contra la guerrilla fue
NECESARIA, JUSTA Y LEGÍTIMA.

Hombres-símbolos

Los hombres más atacados son quienes más se arriesgaron en la lucha
antiguerrillera. Estuvieron en la primera línea del combate. Son los
que tenían que ir a buscar a las bestias guerrilleras escondidas en
sus berretines. Debían sacarlas de sus madrigueras. No fueron
políticos ni burócratas parapetados detrás de escritorios. Se jugaron
la vida y vieron caer a su lado a varios de los suyos.

Seguramente, por la acción decidida de estos hombres y de otros como
ellos, la guerrilla perdió la ocasión de transformarnos, a sangre y
fuego, en otra Cuba. Eso jamás se lo perdonarán. Los perseguirán
siempre, los extraditarán, los difamarán, los calumniarán.  Para
ellos, dice la izquierda, "ni olvido ni perdón" sino que merecen
"paredón". Y a ese paredón pretenden conducirlos a través de un
calvario judicial. Junto con ellos, serán perseguidos todas las
personas e instituciones que tengan la osadía de enfrentar el
terrorismo marxista.

Hasta la propia izquierda, con su incesante propaganda, resalta el
valor de estos hombres y ha contribuido a convertirlos en figuras
representativas de la lucha antiguerrillera. Son todo un símbolo
aunque, claro está, odiado por quienes integraron la organización
criminal y sus cómplices.

Lo que viene sucediendo en torno a las extradiciones pone en evidencia
la actualidad de los problemas predominantemente ideológicos y el
papel que juegan las personas que se han convertido en símbolos del
combate contemporáneo, incruento y psicopolítico.

Uno de los ingredientes más nocivos de la campaña propagandística
actual de la izquierda  -que funciona gracias a la complicidad de los
mass-media- es imponer arbitraria e injustamente límites temporales
caprichosos a la historia reciente. Para la maquinaria de
desinformación al servicio de la izquierda, todo comienza con los
pronunciamientos militares como si nada hubiese existido antes. En
realidad, ocultan que el protagonismo militar fue consecuencia directa
de las acciones violentas de la propia izquierda y del reclamo de la
sociedad que se vio inerme ante los ataques del terror guerrillero.

Hoy, fiel a la doctrina y a la praxis de la violencia revolucionaria,
la izquierda ve con buenos ojos las acciones guerrilleras y
terroristas en diversos países. Basta observar las simpatías y
complicidades con la narcoguerrila en Colombia, con la organización
terrorista ETA, etc.

Así está procediendo la izquierda en su furiosa venganza, glorificando
a la guerrilla mientras persigue a quienes han luchado contra el
terror marxileninista.

A los lectores que llegaron hasta este final, pido disculpas por todo
lo que pueda haber de desorden y de yerros. No corregiré esos yerros
pero quedo en paz con mi conciencia y miro al Cielo.

Pido al Juez Supremo, al único Juez infalible, a Él que es tan odiado
por el materialismo ateo que postulan los marxistas, que nos conceda
sabiduría y fortaleza para luchar contra sus enemigos que son también
los nuestros.

A Él que es infinitamente justo, le pido especialmente que proteja a
mis compatriotas perseguidos. Y a mí, que me conceda la gracia de
poder seguir dedicando cada minuto de mi vida a luchar en defensa de
la Civilización Occidental y Cristiana, contra su enemigo letal: el
marxismo-leninismo en todas sus modalidades y variantes actuales.-


Prof. Alexander Torres Mega
Dir. Resp. de FLASHES Culturales


Leer más....

NUESTRA VERDAD


TESTIMONIO DE UNA GENERACIÓN DE SOLDADOS

INTRODUCCIÓN
Resumir en pocas palabras las vivencias de una época, desde la perspectiva de quienes éramos en ese entonces jóvenes Soldados de las FF.AA. y de Orden, constituye un desafío mayor, en especial si el período señalado coincide con una de las mayores crisis de nuestra historia reciente y por la cual hoy se nos pasa injustamente la cuenta, resultando en el encarcelamiento progresivo de un gran número de camaradas de armas y en la eternización del odio que una vez dividió a los chilenos.

Aceptando que la Historia no es otra cosa que la interpretación de los hechos realizada desde la perspectiva de quien la escribe, nos permitiremos formular ante ustedes una visión de los acontecimientos ocurridos antes, durante y después del 11 de Septiembre de 1973, intentando a través de ello traspasarles lo que hemos debido enfrentar quienes fuimos los Soldados del 73, ayer felicitados y aplaudidos por nuestros conciudadanos y hoy perseguidos y denostados, ante la indiferencia de los mismos que ayer nos aplaudieron.

Con el propósito de negar a nuestros adversarios la fijación histórica de una verdad sesgada y tendenciosa, entregaremos a ustedes la versión de esta generación de soldados que hoy integra la Cruzada por la Reconciliación Nacional (CREN), sin excluir en ningún caso a nuestros más antiguos ni a los más jóvenes, hacia todos los cuales profesamos la misma lealtad de siempre, en particular a aquellos que al igual que nosotros fueron también protagonistas de la historia.

Intentaremos en primer lugar extraer de los hechos históricos las reales causas, responsabilidades y consecuencias de un conflicto que la persistencia inagotable del enemigo mantiene vivo hasta el presente.

Posteriormente, expondremos en forma sucinta las distintas formas de participación que tuvo nuestra generación en dicho conflicto y sus fundamentos constitucionales y morales, identificando a continuación a quienes fueron nuestros adversarios y quienes hoy porfían en seguir siéndolo, develando para ello las verdaderas razones de la odiosidad que encubren bajo un manto de justicia y de defensa de los derechos humanos.
Conociendo los elementos que dan forma a un conflicto, daremos una mirada hacia el futuro para intentar demostrar cuales son las amenazas que se ciernen sobre la nación chilena.

Finalmente, terminaremos con algunas reflexiones que (a modo de conclusiones) nos permitan conseguir entregarles una visión renovada acerca de la indigna situación que afecta a los Soldados del 73, cobardemente atacados por los revolucionarios de ayer y deslealmente abandonados por parte importante de una sociedad que una vez más vuelve la espalda a quienes debe la vida.

CAUSAS REALES DEL
CONFLICTO

Los acontecimientos que dan origen a nuestra situación actual se remontan a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra de Corea, cuando comenzaba la Guerra Fría y el mundo se encontraba profundamente dividido entre Este y Oeste. Años aquellos en que los grandes bloques en confronto intervenían abiertamente en la vida política de los países para disputarse su dominio ideológico, tratándolos como las piezas de un tablero de ajedrez, donde cualquier procedimiento que lograra sus fines era considerado válido, por inmoral que éste fuera.

Este gran conflicto mundial afectó severamente la vida política del continente americano y de nuestra nación, transformándonos en uno de los campos de batalla donde se enfrentaron las fuerzas y estrategias empleadas por ambos bloques, hasta arrastrarnos a la crisis institucional de 1973.

Tanto la Unión Soviética como los EE.UU., en su calidad de líderes de los polos antagónicos, emplearon sus estrategias para expandir su dominio por el mundo, valiéndose la primera de la guerra revolucionaria, modelo al cual los EE.UU. opusieron la guerra contrarrevolucionaria. Todo ello, desarrollado fuera de sus propios territorios y teniendo como escenario a aquellos países donde el subdesarrollo económico, las debilidades de su sistema de gobierno o los conflictos internos de cualquier tipo ofrecían condiciones favorables para promover la instauración de un régimen político afín a los intereses de la potencia patrocinante.

La revolución socialista empleó medios de acción muy diferentes de los usados en una guerra clásica, entre los que destacamos la resistencia política, la subversión, el terrorismo, etc., hasta llegar a la guerra de guerrillas. En contraposición, la contrarrevolución empleó las operaciones de contrainsurgencia o contraguerrillas. Todo ello, en medio de una profusa actividad de inteligencia y contrainteligencia.

Mientras la Unión Soviética avanzaba rápidamente en su campaña de rebelión de masas, subversión y guerrilla, los EE.UU. se concentraban en desarrollar las operaciones de contrainsurgencia y de contraguerrillas. Surgen en el país del norte las Fuerzas Especiales, conocidas como los “Boinas Verdes”, constituidas por unidades altamente especializadas, destinadas a asesorar y entrenar a las unidades militares de países amigos en la lucha contra la subversión y la guerrilla pero también destinadas apoyar a fuerzas rebeldes en países hostiles, para la organización, entrenamiento y dirección de la guerra de guerrillas.

EE.UU. EN LATINOAMÉRICA Y EN CHILE

Así como Moscú creaba escuelas y universidades para formar a los líderes subversivos de todo el mundo, EE.UU., habiendo creado en 1942 la Junta Interamericana de Defensa (JID), organiza en 1946 la Escuela de Las Américas en la Zona del Canal de Panamá, cuyo propósito era el de uniformar las doctrinas militares de los países de América Latina para neutralizar la creciente influencia soviética. En los años posteriores, numerosos Oficiales y Suboficiales chilenos (entre los que se cuenta particularmente nuestra generación) pasarían por las aulas de la Escuela de las Américas, recibiendo las enseñanzas de la guerra contrarrevolucionaria. Esto ocurrió incluso bajo el propio gobierno de Salvador Allende, cuando se da el mayor número de alumnos chilenos asistiendo a dicha escuela.

En 1947 y con dos años de anticipación al Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los EE.UU., consiguen la suscripción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), integrado por casi la totalidad de los países miembros de la OEA. y en cuyo texto se estableció el compromiso para actuar en conjunto ante el ataque armado realizado en contra de cualquiera de los estados miembros.

En 1952, los gobiernos de Chile y de EE.UU. suscriben el acuerdo bilateral que dio origen al Pacto de Ayuda Militar (PAM), cuya mayor influencia se concreta a partir de 1960, en pleno apogeo de la Alianza para el Progreso de Kennedy. Allí se produce el traspaso de material de combate para el re-equipamiento de las unidades terrestres, aéreas y navales chilenas, junto con la entrega de asesoría para el entrenamiento y nuevas tácticas de combate de las FF.AA. chilenas. A esta época corresponde por ejemplo la creación de la especialidad de Comandos y de la Escuela de Paracaidistas y FF.EE. del Ejército de Chile.

La antigua metodología de instrucción del Ejército, de origen prusiano, es reemplazada por la llamada Nueva Modalidad de Instrucción (NMI), conteniendo nuevos enfoques para la técnica de combate que incluyen temas tales como el tratamiento de prisioneros de guerra, el control de disturbios, y otros derechamente enfocados a la contrainsurgencia. Un importante número de militares estadounidenses se instala en el último piso del Ministerio de Defensa, hoy Edificio de las FF.AA., desde donde asesoran a las instituciones chilenas, (ocurrió mucho antes de 1973).

ESTADO Y DOCTRINA
Cabe preguntarse si estos cambios en la doctrina de las FF.AA. (lo que hoy sería considerado una grave intervención extranjera) pudieran ser atribuidos exclusivamente a la iniciativa de los mandos militares de la época, siendo que éstos fueron consecuencia de tratados y acuerdos internacionales, suscritos por el Poder Ejecutivo y debidamente ratificados por el Congreso, o sea, contando no sólo con la anuencia del Gobierno de Chile, si no que formando parte de la Política de Defensa Nacional que orientaba y encuadraba la voluntad doctrinaria de las FF.AA..

Se nos enseñó a todos que el enemigo ahora era “quien actuaba en contra de la Seguridad Interna”. Aprendimos también que todo el trato caballeroso y el respeto que se nos había inculcado para con nuestros adversarios en una guerra regular, no tenía cabida en una de tipo irregular, como en la guerra de guerrillas o en un combate contra el terrorismo urbano, donde no se hacía prisioneros y en caso de capturar a un enemigo éste no tenía derecho a ser tratado como Prisionero de Guerra, por no vestir uniforme y no contar con un mando responsable a su cargo. Esto es lo que se nos enseñó por bueno y necesario para defender a Chile.

Esta dura pero real visión de la guerra interna, omitida por años y jamás considerada por juez alguno, consta en los documentos oficiales que regulan la formación militar de las FF.AA. de la época, tales como los Reglamentos y Cartillas de Instrucción Militar, Reglamento de Combate para las Tropas, Reglamento de Comandos, etc., todos los cuales fueron impresos y publicados por el Estado de Chile, con timbre y escudo del Ministerio de Defensa Nacional, bajo gobiernos de plena democracia y mucho antes de 1973.

Más aún, si se revisan los documentos de la diplomacia chilena en el curso de esos mismos años, tales como notas diplomáticas y discursos de embajadores presentados ante organismos multilaterales y en los que es fijada la posición de Chile dentro del conflicto mundial en desarrollo, podrá apreciarse que existe una perfecta simetría entre la Política Internacional del Estado de Chile y esta Política de Defensa que vengo enunciando.

Es decir, en estricto rigor, dicha política de defensa fue solo una de las expresiones de una política de estado que también se tradujo en la política exterior. Solo que a los embajadores y diplomáticos de la época nadie los ha perseguido.

Luego, podemos afirmar con certeza que fue el Estado de Chile quien incorporó una nueva forma de actuar para las instituciones armadas, adaptando su doctrina para enfrentar el nuevo tipo de conflicto en desarrollo, en correspondencia con la Política Exterior y en perfecta concordancia con la estrategia contrarrevolucionaria propugnada por EE.UU..

Esa era la situación al momento de iniciar nuestra carrera militar, después de haber recibido una sólida y completa formación enmarcada en los términos definidos por dicha Política de la Defensa Nacional. Luego, comprenderán ustedes por qué planteamos que nadie tiene derecho a acusarnos de inventar el concepto de enemigo interno el día 11 de Septiembre de 1973 ni los métodos para combatirlo. Quien lo hizo y lo avaló fue el propio Estado de Chile, a través de sus poderes constitucionales, desde la década del 40 en adelante.

En síntesis, podemos decir con firmeza que los soldados chilenos no buscamos ni creamos este modelo estratégico si no que éste nos fue impuesto como consecuencia de la política formulada y mantenida durante años por el Estado de Chile para hacer frente a la lucha ideológica bipolar que nos amenazaba desde la década del 40.

PARADOJAS Y CONTRADICCIONES

Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, este modelo estratégico en plena aplicación en Chile, se vio enfrentado a una paradoja pocas veces comprendida y dimensionada. Ello sucede cuando la doctrina de seguridad nacional del Estado de Chile se encuentra sorpresivamente con que sus enemigos conceptuales (los revolucionarios) se encuentran instalados en el gobierno por la vía electoral, a cargo de dirigir los destinos del mismo Estado que los calificaba claramente como enemigos del orden constitucional.

Es dable entonces pensar en la enorme contradicción que enfrentaron los conductores militares de la época, cuando los movimientos subversivos y paramilitares de los últimos años, formaban ahora parte del propio gobierno y la resistencia política o insurgencia cambiaba de bando y eran ejercidas por la población común que trataba de evitar la imposición del yugo marxista.

Quien ayudó finalmente a despejar esta paradoja fue el propio gobierno de la Unidad Popular, al reemplazar sus responsabilidades y obligaciones constitucionales por las instrucciones provenientes de Moscú y de La Habana para intentar implantar en forma más acelerada que lo que la prudencia recomendaba, la revolución socialista “a la chilena”.

A poco andar quedó demostrado que ellos no tenían dudas respecto de lo que vendría y los hechos posteriores probarían que su intención fue asumir el control total a sangre y fuego, impidiendo toda reacción.

DERECHOS HUMANOS Y LEGALIDAD

Así llegamos a aquel día de Septiembre en que la nación chilena (agobiada por el caos y por la violación sistemática de sus derechos humanos) nos demandó el cumplimiento de nuestra promesa ante Dios y la Bandera, asumiendo nosotros con entusiasmo las tareas que se nos asignaron, en el pleno ejercicio de nuestro Deber Militar y acatando a cabalidad aquella parte del juramento sagrado que nos obliga a: “obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de nuestros superiores…”, lo que corresponde a la única actitud posible en un verdadero soldado en combate.

Nos detenemos un instante para formular una inquietud fundamental respecto de este concepto. Hoy, cuando vemos a las instituciones armadas sometidas a ingentes presiones para que nuestros soldados se empapen de la doctrina de respeto a los derechos humanos y para que sólo cumplan órdenes encuadradas en la plena legalidad, nos preguntamos si es posible tanto razonamiento previo en medio de la acción, sin debilitar la estructura psicológica de quien participa en un combate.
Imaginemos por un momento a un Cabo recibiendo la orden de su Teniente para tomar por asalto una posición enemiga desde donde se recibe fuego y  quien, antes de iniciar una acción que debiera corresponder casi a un reflejo, se detiene a reflexionar sobre su legalidad o conveniencia. Peor aún, imaginemos a ese Cabo evaluando la misión recibida hasta estar completamente seguro que su ejecución no le causará problemas legales en el futuro….en 20 o 30 años más.

¡Dios nos libre si ello llega a suceder en nuestras Fuerzas Armadas y de Orden!, ya que podríamos olvidarnos de los más modernos tanques, de los aviones de última generación o de los buques mejor equipados, yendo directo al fracaso, el cual en términos militares solo se conoce como DERROTA, por cuanto en el momento en que un subalterno deje de confiar en la orden recibida de su mando superior se acaba el fundamento de la disciplina y se anula la sinergia que de ella se deduce y que permite desequilibrar una situación de combate en favor propio.

No se trata de plantear a un militar irreflexivo y sólo cumplidor de órdenes, pero tampoco podemos aceptar que la buena intención de promover el respeto a los derechos humanos llegue al punto de coartar la acción militar, haciéndolo titubear ante una orden, lo que pondría en peligro el cumplimiento de su misión y la vida de su gente.

No sabemos como pueden interactuar mejor ambas necesidades en la mente de un Soldado, pero nos inclinamos por la opción de mantener la responsabilidad en las manos del superior que ordena y no atemorizar con culpas eventuales al subalterno que ejecuta, puesto que quien dirige tiene la obligación de mantener el control sobre lo que el subordinado hace, apoyándolo o rectificándolo en caso necesario. Así lo pensábamos en nuestra época y así esperamos que sobreviva en nuestras instituciones por siempre, a pesar de la acción mal intencionada de nuestros adversarios y de la ingenuidad de otros.
INTERVENCION INEVITABLE

Mientras el desabastecimiento y el desgobierno elevaban la insatisfacción de la población a niveles insostenibles, adquirieron relevancia pública las organizaciones terroristas de tipo paramilitar, formadas unos años antes, tales como el MIR, la Vanguardia Organizada del Pueblo, el Movimiento Obrero Campesino, etc., todas ellas organizadas, equipadas y entrenadas para la imposición de la revolución socialista por la vía violenta, tal y como su doctrina revolucionaria lo establecía. Paralelamente, las fuerzas de apoyo al gobierno organizaban la lucha popular sin disimulo, creándose núcleos de combate tales como los cordones industriales, con los que amenazaban atenazar Santiago.

Abundante armamento y explosivos ingresaron masivamente al territorio nacional, sin provocar una reacción eficaz de parte de los demás Poderes del Estado, quienes veían pasivamente como el Ejecutivo preparaba la acción de las “milicias populares” o “nuevas FF.AA.” con las que pretendían sustituir a aquellas que calificaban de “fascistas” o “totalitarias”, es decir a nosotros mismos.

A pesar de nuestra juventud y de nuestra total prescindencia de la política partidista, sentíamos que las Fuerzas Armadas y de Orden se debían al Estado antes que al gobierno de turno que lo llevaba a su destrucción. Apoyaba este sentimiento el hecho de ver violados sistemáticamente los elementos constitutivos de nuestro Estado (Territorio, Nación y Soberanía) con el ingreso ilegal de armas e instructores extranjeros, con la división creciente de la sociedad chilena y por último, con el intento de imponer una ideología externa, en contra de la voluntad soberana de la gran mayoría de los ciudadanos.

En medio de todo, nuestra simple vida de cuartel se había ido alejando de aquella con la cual habíamos soñado, llenándonos de inquietudes y sumiéndonos en un desconcierto y frustración creciente, en especial cuando las autoridades comenzaron a emplearnos en tareas ajenas a las nuestras, tal como ocurriera con el Paro de Octubre de 1972. Con ello, el propio gobierno nos apartaba de nuestra función principal y sin quererlo nos familiarizaba con un escenario de combate hasta ahora poco conocido por nosotros.

Frente a la incapacidad del mundo político para controlar la escalada de la crisis, llegamos por fin al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de Mayo de 1973 y de la Cámara de Diputados, el 22 de Agosto de 1973, en los cuales se declaró formalmente la ilegalidad en que actuaba el régimen marxista, dejando en evidencia la irreversibilidad de la crisis y como única alternativa posible a la intervención militar.

LAS ACCIONES INICIALES

Cuando el caos alcanzaba niveles insufribles, los derechos ciudadanos eran avasallados por el gobierno y la sociedad demandó a gritos la intervención de las FF.AA., no dudamos en seguir a nuestros mandos en aquel día inolvidable, cuando la ciudadanía izó nuestra bandera, nos lanzó flores y agitó sus pañuelos para expresar la alegría que les producía ver a Chile una vez más libre y soberano, rescatado del yugo marxista que habían estado a punto de imponernos.


Nunca deseamos enfrentar a nuestros propios compatriotas. Como estudiosos de la historia, nos bastaba saber del dolor que provocó la Revolución de 1891, cuando la lucha fratricida hizo enfrentarse entre sí a héroes militares que habían luchado juntos apenas diez años antes, en la Guerra del Pacífico.


A pesar de ello, la ideología marxista, brutalmente opuesta a nuestros valores patrios nos recordó a cada instante que quienes nos enfrentaban eran los enemigos del Estado y por tanto nuestros enemigos, a cuyas intenciones criminales nos habíamos anticipado apenas por una pocas horas. Este sentimiento inevitable, fue sólidamente respaldado por el apoyo popular masivo que nos otorgó la ciudadanía, ratificándonos la confianza de estar actuando por y para el Estado de Chile.

En nuestro carácter de mandos subalternos nos correspondió cumplir todo tipo de tareas de nivel táctico, destinadas a alcanzar en breve plazo el control del país, para impedir que el enemigo lograra concretar sus amenazas de resistencia sanguinaria. Como era de esperar, las operaciones militares fueron desarrolladas en un estricto marco disciplinario, encuadrándose en la legalidad deducida de los estados de excepción constitucional que amparaban el uso de la fuerza.

Desde el primer momento, fue de pleno conocimiento público la promulgación de bandos que nos ordenaban aniquilar o fusilar en el acto a quien se resistiera a la acción militar. Luego, cabe preguntarse cual puede ser el valor de una justicia extemporánea que hoy en día se permite perseguir responsabilidades  penales de Oficiales y Suboficiales de la época, por hechos desarrollados bajo los parámetros señalados.

En esta fase de la batalla, la única forma de actuar fue la que se nos había enseñado y que exigía el uso de nuestras armas para quebrantar la voluntad de lucha del enemigo, lo que (en vocabulario militar) solo puede ser alcanzado capturándolo, inflingiéndole heridas que lo dejen fuera de combate o dándole muerte, lo que hoy es mañosamente presentado como asesinato.

LA LARGA GUERRA IRREGULAR

Durante los meses y años siguientes, nuestra forma de participación en la lucha fue evolucionando, pasando rápidamente del combate inicial a una condición de guerra irregular típica, en la cual el propósito perseguido era la consolidación del Estado de Derecho recientemente recuperado. Incluyó esta etapa la necesaria desarticulación y neutralización de aquellos grupos subversivos que con abundante apoyo extranjero actuaban en el país. Esta dificilísima tarea fue llevada a cabo fundamentalmente por las unidades de inteligencia de las FF.AA. y por aquellas creadas especialmente por el Gobierno, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Todas ellas, correspondieron a unidades organizadas militarmente y operadas por Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, entre los que se incluye a muchos de nuestra generación, siendo las encargadas de realizar la parte más riesgosa y menos reconocida de la batalla por la Paz, al enfrentar a un enemigo vil y traicionero que se ocultaba en medio de una población civil inocente a la que exponía sin la menor consideración a los riesgos del combate.
En los últimos años del Gobierno Militar, la lucha subversiva evolucionó hacia el sabotaje selectivo y las protestas dirigidas, llevando al Ejército a reforzar la acción de las unidades de inteligencia con tropas especialmente organizadas y entrenadas para la protección de las instalaciones críticas y para el control de disturbios.


Sea cual sea el tipo de unidad que nos tocara integrar durante esos años, no existió cargo o destinación alguna que pudiera haber sido obtenida o rechazada por nuestra voluntad, siendo ellas la consecuencia de un proceso formal y reglamentario, cuyo eventual rechazo habría constituido un grave incumplimiento del deber militar o incluso una traición a la Patria, al encontrarse ésta en situación de guerra.

No hay entonces justificación para la utilización de la figura legal de la “asociación ilícita” con que se acosa judicialmente a quienes trabajaron en las unidades de inteligencia, presentándolos para ello como simples ciudadanos concertados para la comisión de un delito. Dicha condición, utilizada profusamente por algunos jueces, es sin embargo convenientemente revertida a la hora de acoger demandas reparatorias en contra del Estado de Chile, ante las cuales los mismos militares son ahora reconocidos como “agentes” de dicho estado.

UNA “MISION” MILITAR

Podemos afirmar con certeza que ningún militar actuó por cuenta propia y que cada acto cometido en cualquiera de los períodos y tipos de acciones descritas fue realizado en cumplimiento de una Misión Militar, lo que en nuestra jerga significa que ésta fue debidamente ordenada por un Mando Superior, contó con un Objetivo claramente señalado y se encuadró en los correspondientes límites de tiempo y espacio.

Por feo que pueda resultar el reconocimiento de un hecho ocurrido bajo esta connotación, en especial cuando se mira desde un contexto diferente y distante, la verdad es que no es posible desentender de responsabilidad a las Instituciones, puesto que si el autor hubiese actuado por si solo, habría sido reprimido en el acto, haciéndolo objeto de todo el peso de la Justicia Militar e incluso poniéndolo en situación de responder con su propia vida.

LOS LLAMADOS “EXCESOS”

A propósito de lo que señalo, los invito a detenernos un momento a comentar los hechos calificados como “excesos”, denominación que (pudiendo ser aplicable a un escaso número de situaciones en las que la pasión o la presión recibida superó a la razón) es utilizada con liviandad en contra de Oficiales, Suboficiales y Soldados que en forma honesta y leal solo se limitaron a cumplir órdenes, en defensa de la Patria amenazada.

Aún los hechos de sangre calificados desde la perspectiva actual como “horrendos”, se encuadraron en un contexto de hostilidad, presión psicológica y en  algunos casos hasta física, sin que puedan ser considerados como un simple acto criminal, inmerecedor de exhibir atenuantes y carente del derecho a la prescripción, particularmente cuando se sabe que los recuerdos han penado por más de treinta años en la mente y en la conciencia de quienes tuvieron que participar en este tipo de hechos.

LAS AMENAZAS EXTERNAS


En medio de esta difícil condición de seguridad interna, nuestra generación debió enfrentar dos graves amenazas de origen externo, como ocurrió con la tensa situación vivida con los estados vecinos del Norte, en 1975 y posteriormente con los del Este, cuando el peligro de guerra inminente nos puso ante la evidencia de una hipótesis vecinal máxima. A pesar del desgaste causado por una antipatriota acción subversiva y gracias a la firme y prudente conducción de nuestros mandos, las FF.AA. fueron capaces de enfrentar y disuadir la agresión inminente que se cernía sobre nuestras fronteras, evitando un conflicto mayor que habría dañado severamente el desarrollo futuro de nuestra nación.

Al correspondernos ocupar una vez más los cargos de mando de primera línea, los mismos Subtenientes y Cabos del 73 ahora con el grado de Capitán o Sargento, compartíamos una vez más un destino especial junto a nuestros superiores y subalternos, apoyados (al igual que otrora) en forma masiva por nuestros ciudadanos.

EL REGRESO A LOS CUARTELES

Después de largos años de entregar dignamente nuestra contribución diaria al esfuerzo de recuperación y refundación del Estado de Chile, llegamos al final del Gobierno Militar y a pesar de saber que no sería fácil lo que vendría, nos preparamos para volver al tipo de vida que habíamos soñado cuando ingresamos a nuestras instituciones.

Con la conciencia tranquila que brinda el deber cumplido, aceptamos la posibilidad de tener que enfrentar algún intento de venganza de parte de un adversario que creíamos del ayer. Erróneamente, pensamos que sería el escalón político quien se haría cargo de prevenir y neutralizar la amenaza y que los nuevos encargados del gobierno velarían por controlarla, para impedir que la reivindicación de unos fuera lograda a costa de la dignidad de otros.

Lamentablemente, nos equivocamos y desde la entrega del poder a los gobiernos de la Concertación hemos sido testigos y víctimas de una persecución denodada, en la que se nos culpa de hechos tan absurdos como los descritos precedentemente y se nos hace responsable de un conflicto que (como antes se demostrara) no fue causado por nosotros.

La voluntad revanchista de unos pocos, emulando un pasado que no quisiéramos revivir, se impone sin contrapeso ante la debilidad e indiferencia irresponsable de los otros, siendo manoseada nuestra imagen cada vez que requieren reavivar la débil llama de unidad que les va quedando.

ADVERSARIOS DE AYER Y DE HOY

En el contexto de los años 70, el enemigo interno (claramente definido por la Política de Defensa Nacional que imperaba en Chile), era caracterizado.



Leer más....

CHILEVISIÓN, ESTE ES SU COMUNICADOR EN LOS PROGRAMAS DE LA IZQUIERDA



COMENTARIO: ME DARÍA VERGÜENZA REPRESENTAR AL ZURDERÍO EN PROGRAMAS EN CONTRA DEL GOBIERNO MILITAR, PARA ESO HAY QUE ELEGIR UN HOMBRE BIEN MACHO, Y NO DISFRAZAR SU VERDADERA PERSONALIDAD DE ACTORES, EN  ACTUACIONES DE  PERSONAJES HOMOSEXSUALES O MARICONES ¿ O NO PAMPITA?

Beso de personaje homosexual de Benjamín Vicuña desata expectación en Argentina

Medios trasandinos han hecho eco de una esperada escena protagonizada por el actor chileno, la que se transmitirá por la pantalla chica de ese país este lunes.


SANTIAGO.- Gran expectación se ha generado en Argentina ante la emisión este lunes de un nuevo capítulo de la exitosa teleserie "Farsantes", la que cuenta con la participación estelar de Benjamín Vicuña y cuyo personaje protagonizará un esperado beso homosexual junto al actor Julio Chávez.

Medios trasandinos como "
La Nación", "El Clarín", "El intransigente", "Ciudad.com" o "Minuto Uno" han hecho eco del la esperada escena, la que fue grabada durante la semana pasada y que tuvo un pequeño adelanto publicado este viernes por la estación televisiva "El Trece", donde se emite la teleserie. 

En la ficción, Benjamín Vicuña encarna a Pedro, un abogado que trabaja en una firma judicial liderada por Guillermo Graziani (Julio Chávez), quienes poco a poco comienzan a sentirse atraídos el uno al otro. Finalmente, sus sentimientos se concretarán este lunes con su esperado primer beso.

"Farsantes" comenzó sus emisiones en junio pasado, y se ha transformado en una de las producciones más exitosas de la pantalla chica argentina en lo que va del año. Junto a Chávez y Vicuña, el elenco de la teleserie lo completan Facundo Arana, Griselda Siciliani y Alfredo Casero, entre otros.

Sobre su personaje en "Farsantes", Vicuña 
contó en junio pasado a Emol que se trata de alguien "muy interesante, idealista y con contradicciones que lo hacen dejar la vida cómoda de un abogado exitoso para ir a luchar por la gente que lo necesita de una manera muy valiente, pero al mismo tiempo su vida sufre un gran cambio a nivel personal".

Esta no es la primera vez que un personaje del intérprete nacional protagoniza un beso homosexual. En 2008, Vicuña formó parte de la película española "
Fuera de Carta", cinta en la que dio vida a Horacio, un futbolista gay que mantiene una relación con Maxi, un chef encarnado por el español Javier Cámara.
Leer más....