jueves, 31 de diciembre de 2009

FELIZ AÑO 2010




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CARTA : RELACIONES CON BOLIVIA



Jueves 31 de Diciembre de 2009

Señor Director:

El próximo 22 de enero la Presidenta Michelle Bachelet asistiría, según se ha dicho, al acto en el cual el Presidente Evo Morales iniciará un nuevo período de gobierno. De ocurrir esto, lo considero dañino para los intereses de nuestro país porque significaría que el gobierno chileno desestima la gravedad del hecho de que el Estado altiplánico haya declarado en la nueva Constitución “su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo” (artículo 267) y que el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituye un objetivo irrenunciable. Se suma a lo anterior, el artículo 9 transitorio, el cual establece que “en el plazo de cuatro años desde la selección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.

Como hemos sostenido en estas columnas, ello implica pretender renegociar o simplemente denunciar el tratado de límites de 1904 con Chile. La sola posibilidad de establecer en la Constitución la denuncia unilateral de un tratado de límites atenta contra la estabilidad de nuestras fronteras, que ha sido pilar básico para la conservación de la paz, no sólo con nuestros vecinos, sino también en la región. Hemos inquirido privada y públicamente qué hizo el gobierno chileno ante esta situación, sin tener respuesta.

Cabe además recordar que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y, por tanto, la concurrencia de la Mandataria, sin tener obligación protocolar de hacerlo, podría constituir la equívoca señal de otorgarles a las relaciones una connotación de normalidad que a mi juicio no es tal.

También parece inconveniente institucionalizar un “Acuerdo de fortalecimiento de las relaciones bilaterales” con la agenda de 13 puntos, porque, fuera de desconocerse sus alcances en la llamada cuestión marítima, la prudencia indica que debería ser escuchada la opinión del nuevo gobierno chileno.

Ernesto Videla Cifuentes


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lisandro contreras radic
31/12/2009 09:31
[ N° 1 ] Bueno, ya hemos mandado hasta uniformados a escuchar los gritos de venganza de bocas bolivianas en actos oficiales, y naca la pirisnaca.


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Gustavo Rojas Fernández
31/12/2009 09:40
[ N° 2 ] Ya se va la señora así que el tema queda para el próximo gobierno..

Para terminar con este reclamo centenario propongo un canje que debiera incluir gas a cambio de todos los recursos renovables del mar que se cede hasta las 200 millas; incluye los recursos de metales (nódulos) al fondo del mar que son no rentables por el momento.

Esto significa que este gas debiera ser un continuo a través de los años.

En cuanto al territorio cedido incluyendo el mar, debiera canjearse por territorios cerca o hacia Tarija con proyección al Amazonas..

Eso es un canje justo.

Algunos quieren regalar lo que no es de ellos o que les regalen o se les hace creer eso..., Chávez, Morales, el pueblo Boliviano y Castro incluidos.

A los bolivianos que escriben aquí o en otros Blogs les digo con todo respeto que no crean que Chile les va a regalar territorio y Uds. debieran prepararse para propuestas razonables y justas como esta.

Los regalos de territorios no existen en el mundo; nunca existieron salvo por la fuerza...

Por otro lado hay que consultar con Perú que no pierde las esperanzas de recuperar sus territorios perdidos..

Me parece que aquí hay un problema sin ninguna posibilidad de resolución diplomática salvo las buena voluntad de las tres partes.

A Perú no le interesa negociar una franja de territorios que supuestamente era de ellos, léase de el Hito #1 en adelante y hacia el Norte desde la paralela marítima...

Regalos, no creo y es peligroso para Evo que haya insinuado eso a su pueblo...
El gobierno debiera ser claro ya que aparentemente, en las negociaciones con Bolivia, se ha sido ambiguo...

Mrs. Bachelet se habría evitado la traición de su, me imagino que ahora, ex-líder y del "risitas" Chávez.

En cuanto a la macana esa de "inprescristible e irrenunciable" y demases son sólo eso, macanas y blufeos.

El canje es la solución después de lo de La Haya y previa consulta con los "hermanos" peruanos...


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Ciro Cardenas Aldea
31/12/2009 10:10
[ N° 3 ] Don Ernesto, impecable.

Ha sido grosero el anuncio de una línea de metro cuya ejecución duplica el período presidencial de la titular saliente, y de hacer este anuncio en plena campaña presidencial y a pocos meses de tener que dejar el cargo.

También lo sería compartir las celebraciones del presidente boliviano castrista con desprecio de nuestros intereses y de la opinión del Presidente electo.

Si la señora Bachelet cree que despachándose estas afrentas se abre espacio para el 2014 está muy pero muy equivocada.


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Roberto Finat Díaz
31/12/2009 10:17
[ N° 4 ] La escuadra, pronto y de totora. El Almirante Titicaco ahora asesor, podrá traspar la "tecnología" del poncho y el chullo/llucho, la firme mano en el remo 'e palo.
Este que se va en marzo ya aprendió a aguantar valiente, que le ladren en la cara y lo amenacen quitarnos la tierra y el agua nuestra, no se retiró, sino aguantó a pie firme la injuria y el desprecio.
Estamos listos, cocinados.
Esa fue la Obra Magna de la Concerta, tenemos "inmejorables" relaciones con las dos cholilandias zafias.
Hoy ellos ladran, con llanto de quena chica y nosotros mandamos gatos, donde habiá que mandar leones.


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Martin Müller Biscar
31/12/2009 13:45
[ N° 5 ] Sr. Rojas (2)

Los regalos de territorio si existen en el mundo y no necesariamente por la fuerza.

Somos expertos en la materia y para muestra solo basta recordar La Patagonia y los "metros demas, metros de menos" de don Patricio Aylwin.

Atentamente,

Martín Müller


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Mario Acevedo Campos
31/12/2009 14:22
[ N° 7 ] No creo que la señorita Bachelet se pierda este viaje. Su criterio y forma de mirar los asuntos importantes no le da para mucho. Va a ir y va a aprovechar de pedirle a Evo que la apoye cuando ella gima y ladre por un voto en una peguita en algún organismo internacional,la que además de la peguita que se autoasignó en el Museo de la Mentira (léase Derechos Humanos de los comunachos) le va a asegurar un futuro esplendor. Para esto le va a prometer el oro y el moro a Evo y com este es medio tontorrón y se las cree todas va a pisar el palito. No le deso buen viaje.


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SALUDO DE AÑO NUEVO DE NUESTRA PÁGINA



ESTIMADAS AMIGAS Y AMIGOS:
EN ESTE ULTIMO DÍA DEL AÑO 2009 QUE SE VA, DESEO AGRADECER A TODOS, VUESTRO CONSTANTE APOYO AL CONSULTAR DIARIAMENTE NUESTRA PÁGINA, LA QUE ORGULLOSAMENTE DESTACAMOS ENCONTRANDONOS ENTRE LAS PRIMERAS PREFERENCIAS POLÍTICAS. DESEO QUE, ME INDIQUEN A TRAVES DE SU ANONIMO SUS IDEAS Y PROPOSICIONES, PARA ENGRANDECERNOS AÚN MAS Y SATISFACER VUESTROS PROPÓSITOS Y DIFUSIÓN DE SUS COLABORACIONES, SEAN PROPIAS O DE OTROS AUTORES, LOS QUE SERÁN BIENVENIDOS. LA CRITICA BIEN INTENCIONADA, CUANDO ES CONSTRUCTIVA ES LO OPTIMO PARA MEJORAR Y PERFECCIONARSE EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN QUE UDS. REQUIEREN.
LES PIDO, QUE COMENTEN Y DIFUNDAN LOS CONTENIDOS DE NUESTRA PÁGINA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS, Y NOS APORTEN SUS PROYECTOS LOS QUE SERÁN BIEN RECIBIDOS Y PUBLICADOS.

UN SALUDO A MIS CAMARADAS DE CHILE QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LIBERTAD POR LOS JUICIOS INJUSTOS DE LOS HOMBRES, COMO TAMBIEN A LOS DE ARGENTINA Y URUGUAY, ESPERANDO QUE PRONTO SE ENCUENTREN EN LIBERTAD JUNTO A SUS DISTINGUIDAS FAMILIAS.

ESPERO QUE EL DIA 17 DE ENERO DE 2010, PODAMOS CELEBRAR EN CHILE, EN CONJUNTO, EL CAMBIO DE GOBIERNO CON SEBASTIAN PIÑERA COMO PRESIDENTE.

LES DESEO CON UN CORDIAL ABRAZO, A TODOS, UN FELIZ AÑO NUEVO 2010 ,Y QUE LA PERSECUCIÓN IMPLACABLE EN CONTRA DE LOS MILITARES Y FUERZAS DE ORDEN, TERMINE DE UNA VEZ POR TODAS, PARA VIVIR EN PAZ Y PENSAR SOLO EN EL ENGRADECIMIENTO DE NUESTRA PATRIA.

UN FELIZ AÑO 2010.

BRIGADIER DE EJÉRCITO ROBERTO U. SCHMIED ZANZI


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AHORA TE TOCA A TI , GANA UN VOTO




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TU VOTO VALE MAS QUE LAS VACACIONES




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TU PATRIA NECESITA TU VOTO AHORA




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ISABEL ALLENDE Y DR. LARRAIN QUE OPERA A FREI MONTALVA

TESTIMONIO DE LA SENADORA ISABEL ALLENDE Y SU OPERACIÓN QUE LE EFECTUÓ EL DR. LARRÍN, EL MISMO QUE OPERÓ AL EX PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA.

SAQUE AMIGO VISITANTE, SUS PROPIAS CONCLUSIONES, AL QUERER RESPONSABILIZAR A OTROS DEL BULLADO " ASESINATO" EN DONDE ESTÁN PROCESADOS DISTINGUIDOS MÉDICOS CIRUJANOS Y OTROS.





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POR FAVOR , NO MÁS





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PRINCIPE DEL FPMR.





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CARTA: JUAN PABLO II EN LA MONEDA


Jueves 31 de Diciembre de 2009

Señor Director:

Monseñor Cristián Precht (domingo 27) me imputa “términos despectivos” hacia el cardenal Tucci por haber afirmado éste que Pinochet “hizo asomarse (a Juan Pablo II) al balcón del palacio presidencial contra su voluntad” en su visita a Chile en abril de 1987. Cita, además, palabras del entonces secretario privado del Santo Padre, el hoy cardenal Dziwisz, para afirmar que Juan Pablo II “después de verse ‘obligado’ a asomarse al balcón del palacio presidencial, en el encuentro privado, le sugirió a Pinochet que ya había llegado el momento de restituir el poder a las autoridades civiles”.

Nunca conocí al padre Tucci y no le tengo animadversión. Siento mucho que palabras mías afectaran a monseñor Precht. Desconociendo cuál (es) de ellas pudieron hacerlo, estoy disponible para explicarle por qué las dije y por qué disiento de él en calificarlas como “términos despectivos”.

Sobre los asuntos de fondo planteados por monseñor Precht, algunas palabras.

Nunca nadie en la Santa Sede, superior o inferior en jerarquía al entonces padre Tucci, me refirió en modo alguno la salida de Juan Pablo II al balcón de La Moneda a saludar a los miles de personas que se encontraban en la Plaza de la Constitución. Tampoco lo hicieron los dignatarios de la Secretaría de Estado con quienes me encontraba, en esos momentos, en el Salón Montt del primer piso de La Moneda. Me parece que la personalidad y el carácter de Juan Pablo II, tantas veces demostrados, son prueba de que si no hubiera querido salir a ese balcón y saludar a aquella multitud simplemente no lo hubiera hecho. Nadie lo habría podido forzar a ello. Habrá tenido sus razones para hacerlo.

En mi presentación de cartas credenciales, en noviembre de 1987, Juan Pablo II me refirió su conversación de La Moneda con el Presidente Pinochet en el sentido de su deseo de que la transición chilena fuera pacífica y mediante el diálogo y la negociación. Me citó el modelo de España post 1975. La hipótesis de la restitución del poder a las autoridades civiles, mencionada en abril de 1987, no era una novedad. Era una opción prevista en la Constitución Política desde 1980 como parte del fin de la transición institucional en torno a 1989. Ocurrió, de hecho y derecho, en los plazos y condiciones constitucionales al vencer el “No” en octubre de 1988. Tal resultado electoral fue comunicado por mí al Secretario de Asuntos Públicos, monseñor Angelo Sodano, en la madrugada del 6 de octubre de 1988 (hora romana), junto al compromiso personal del Presidente Pinochet al Santo Padre de cumplir estrictamente la Constitución y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias para diciembre de 1989, conforme a las normas constitucionales vigentes desde 1981. El Santo Padre agradeció la deferencia de la comunicación al Presidente Pinochet y le aseguró sus oraciones, en conversación de monseñor Sodano conmigo, a primera hora de esa misma mañana. En mi audiencia de despedida, en marzo de 1990, recordé al Santo Padre aquella opinión suya de tres años antes. Juan Pablo II me reconoció su conformidad con el curso efectivo de la transición en Chile, a días de concluir el 11 de marzo de 1990, y me pidió transmitir al Presidente Pinochet su especial reconocimiento y saludo.

Francisco Javier Cuadra Lizana




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MAPUCHES DETENIDOS POR TERRORISTAS


Ataques incendiarios en la Ruta 5 Sur:
Dos mapuches quedan detenidos por delitos terroristas en La Araucanía

Se elevaron a 34 los indígenas imputados por conductas subversivas en la zona de conflicto.

SERGIO BUSTOS
El Mercurio

TEMUCO.- Recluidos por 30 días en los centros de cumplimiento penitenciario de Angol y Temuco quedaron ayer dos mapuches imputados por delitos terroristas, registrados en julio y octubre pasados en La Araucanía. En la capital regional, el fiscal Alberto Chifelle formalizó cargos en contra de Mario Cristián Chicahual Canío (22), presunto implicado en el ataque a un Tur-Bus y tres camiones en la Ruta 5 Sur, la madrugada del 28 de julio.

"Con el objetivo de impedir el accionar policial, derribó árboles y parte del tendido eléctrico e instaló barricadas en cinco rutas que llegan al bypass Temuco", precisó Chifelle. Tras esto, Chicahual vigiló mientras otros sujetos atacaban a pedradas el bus y amenazaban con escopetas a 50 pasajeros.

Otros 9 mapuches han sido formalizados por este ataque.

En tanto, en Victoria, el fiscal especial de causas mapuches, Miguel Velásquez, formalizó por asociación ilícita y homicidio frustrado terrorista, robo con intimidación e incendio a Jorge Marimán Loncomilla (21). El indígena es el sexto detenido y presunto integrante del grupo de encapuchados que en la madrugada del 11 de octubre último levantó barricadas y disparó en contra de dos vehículos en la ruta que une Curacautín con Victoria, para luego asaltar el peaje Quino, quemar un camión y disparar contra Carabineros.







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SUPREMA RECHAZA AMPAROS DE PROCESADOS


En un fallo dividido, de cuatro votos contra uno:
Suprema rechaza amparos de cuatro procesados por homicidio de Frei Montalva

Por estar justificada la existencia del delito y las presunciones fundadas para estimar la participación de los encausados. En la resolución, incluyen nuevos antecedentes respecto del doctor Patricio Silva Garín.

CINTHYA CARVAJAL A.
El Mercurio.

Tras un extenso debate y luego de revisar los 28 tomos de la investigación, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema resolvió rechazar los amparos presentados en favor de cuatro de los seis procesados por el homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

La decisión fue adoptada en un fallo dividido, de cuatro votos contra uno. Por rechazar el recurso estuvieron el presidente de la Sala, Nibaldo Segura, Jorge Rodríguez, Hugo Dolmestch, y Carlos Künsemüller. El voto de minoría fue del ministro Rubén Ballesteros.

De esta manera se confirmó la resolución de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones respecto al ex chofer Luis Becerra y del ex agente de la CNI Raúl Lillo, ambos encausados como autores del homicidio. Pero se revocó la decisión del tribunal de alzada en lo que respecta a los médicos Patricio Silva -procesado como autor- y Pedro Valdivia, encausado como cómplice. Estos últimos se encontraban libres y sus procesamientos habían sido dejados sin efecto.

En el caso del chofer, sólo el ministro Segura estuvo por cambiar la calificación de su participación de autor a cómplice.

Según la resolución, en los cuatro casos y en el estado actual del proceso se cumple con las exigencias del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, es decir, se encuentra justificada la existencia del delito que se investiga y hay presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor. Por lo tanto, estiman que la orden de prisión "no resulta arbitraria o ilegal, como se pretende por el recurso deducido en su favor".

A esta conclusión llegan por la revisión del expediente en donde se "evidencian las especiales y complejas características y circunstancias de comisión del hecho punible indagado".

En la primera parte del fallo, se valida el recurso de amparo como la vía para examinar un auto de procesamiento y para reclamar la libertad.



En el considerando segundo, hacen hincapié en que en el auto de procesamiento se "impone al juez que lo dicta un nivel de exigencia probatoria inferior al que es necesario cuando se pronuncia sentencia definitiva para los mismos efectos de acreditar hecho punible y grado de participación".

Los ministros aseguran que en el presente estado procesal se requiere "únicamente la concurrencia de presunciones fundadas, es decir, deducidas racionalmente de hechos conocidos o manifestados en el proceso, de modo que el control en esta sede debe dirigirse fundamentalmente a velar por la concurrencia de tales requerimientos, mas no a ejercer un control estricto como si se tratara de una sentencia definitiva".

En el fallo también recalcan que "la naturaleza y consecuencias de esta resolución son eminentemente provisionales" y que "es perfectamente modificable y puede ser dejada sin efecto si así lo justifican nuevos antecedentes; además, vincula a una persona como parte del proceso, en razón de lo cual le es asegurado el uso de todos los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico en esta situación y no necesariamente le seguirá una sentencia condenatoria, pudiendo incluso terminar mucho antes el procedimiento si, agotada la investigación, concurre algún motivo legal que lo justifique".

Por último, explican en la resolución que las restantes "alegaciones formuladas por la defensa atinentes al fondo del asunto sobrepasan los límites que se pretenden por esta vía constitucional, y deben ser tratadas y resueltas en las etapas procesales correspondientes".

En el fallo, el ministro Rodríguez realizó una prevención de instruir al ministro Alejandro Madrid que "oriente también el curso de las pesquisas hacia la comprobación de una eventual asociación ilícita para la perpetración del delito contra la vida de que se trata".

Nuevos antecedentes

En la resolución del doctor Patricio Silva, los supremos incluyen nuevos antecedentes en cinco puntos, que no figuraban en el procesamiento que dictó -el 7 de diciembre pasado- el juez Madrid, quien se encuentra inhabilitado en esta causa hasta que se resuelva una recusación en su contra.

Sostienen que estaba en conocimiento de la gravedad del estado de salud de su paciente, y que "no adoptó con la prontitud que las circunstancias ameritaban las medidas necesarias para evitar su agravamiento, ya que, estando a su cargo, y ante su propio diagnóstico de obstrucción intestinal el cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, no intervino quirúrgicamente al Sr. Frei Montalva, único procedimiento médicamente adecuado para tal patología, según sus propios dichos y el de otros facultativos, manteniéndolo en cambio sin las atenciones que la urgencia requería, desencadenando un severo shock séptico, y operando al ex Mandatario tan sólo cuando se encontraba en extrema gravedad".

Segundo, que ante la advertencia sobre la inoculación de sustancias tóxicas al paciente, que la posterior investigación permitió determinar como talio y mostaza sulfúrica, "no dispuso ninguna medida eficaz para constatar o descartar la presencia de químicos en el cuerpo del enfermo, a pesar del progresivo deterioro que presentaba".

Agregan que el seis de diciembre de 1981, y con posterioridad a la intervención quirúrgica que dispuso Silva Garín, "decidió mantener al paciente en el sector de pensionado, no obstante las condiciones de extrema gravedad en que se verificó tal procedimiento".

Los ministros también afirman que como médico tratante y con ocasión del procedimiento que dispuso para su paciente, "no advirtió importantes anomalías ocurridas en el suministro de antibióticos, tanto en su naturaleza, dosificaciones, efectos y periodicidad".

Por último, dicen que "no instó por la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa determinante del fallecimiento y posible circunstancias concomitantes y permitió un embalsamamiento de manera inconsulta y sin recabar por escrito la autorización de los familiares directos de la víctima".

''Lo que había señalado el ministro Madrid, que el Presidente Frei fue asesinado, fue ratificado hoy día por la Corte Suprema, que mantuvo todas las encargatorias que había dictado el ministro.

La justicia tarda, pero llega. La Corte Suprema ha dicho hoy día que se trató de un homicidio. Los tribunales serán los encargados de determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales. Digo responsablemente: no a la Ley de Amnistía, no a la Ley de Punto Final, para que se conozca toda la verdad".

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, candidato presidencial e hijo de Eduardo Frei Montalva


Los argumentos del voto de minoría de Ballesteros
El ministro Rubén Ballesteros, voto de minoría, dice que si la causa de la muerte fue el envenenamiento, los procesados deberían haber tenido conocimiento "de la decisión conjunta con los verdaderos autores -si ella fue la manera de causar la muerte del ex Mandatario- de la circunstancia que ese medio sería empleado, entendiéndose que 'concertados para la ejecución del delito, facilitó los medios con que se llevó a cabo'".

Sostiene que no facilitaron "los medios para la comisión del delito de homicidio por envenenamiento, si ésta fuera la hipótesis verdadera, no proporcionó el veneno, no hay certeza que sabía 'que los hechos ocurrieron de esa forma', de manera que no fluye de los antecedentes que deseara el hecho, que tuviera la voluntad de hacerlo suyo, no surge entonces su vinculación subjetiva ni objetiva con el hecho".

Agrega que los procesados no facilitaron "los medios con que se llevó a efecto el hecho, mediante el empleo de sofisticado veneno y la condición de profesionales de quienes se supone son los autores principales, ejecutores, inductores y cooperadores", y que "no resulta racional atribuir al comportamiento del imputado alguna trascendencia y eficacia merecedora de sanción penal".

Los dos médicos se presentarán el lunes ante la justicia:


Defensores pedirán la libertad de procesados

Claudio Feller, abogado de Pedro Valdivia, dijo que la Corte dejó una puerta abierta para solicitar revocatoria.

JAIME PINOCHET
Los abogados de los procesados por la muerte del Presidente Frei Montalva tomaron con tranquilidad el rechazo de la Corte Suprema en torno a los recursos de amparo presentados por los defensores.

Claudio Feller, abogado del doctor Pedro Valdivia, aseguró que el amparo fue denegado por razones formales "en el sentido que las alegaciones que se hicieron no deben hacerse en este recurso, porque no permite una discusión compleja".

A eso agregó que "La Corte Suprema deja la puerta abierta para que el proceso termine rápidamente, pues nos permite solicitar el revocamiento del auto de procesamiento".

El doctor Valdivia se encuentra en el sur del país, pero le comunicó a su defensa que se presentará voluntariamente ante el ministro (s) Mario Rojas para conocer los antecedentes y volver a prisión preventiva el próximo lunes.

Sin prescripción

En tanto, Luis Valentín Ferrada, abogado del médico Patricio Silva, indicó que estudiará más detalladamente los nuevos antecedentes presentados en el fallo entregado en tribunales en torno a la responsabilidad del médico en la muerte de Frei.

Ferrada señaló que mantendrán la estrategia de que Silva es totalmente inocente, pues él no era el médico tratante, sino que él era sólo el cirujano.

Con esto, el defensor desechó utilizar la prescripción del caso, pues está convencido de que su cliente es inocente.

Silva también está fuera de Santiago y el lunes se presentará ante la justicia para ser notificado de la resolución que lo devolverá a cumplir prisión preventiva. Ese mismo día, la defensa solicitará su libertad.

Por su parte, Cristián Letelier, abogado de Luis Becerra, insistió en que el Presidente Frei Montalva no fue asesinado, sino que murió por causa natural.

"Luis Becerra no era su chofer en ese tiempo, sino que era una persona común y corriente que quería mucho al Presidente Frei", dijo Letelier.

Agregó que "vamos a seguir luchando para que se esclarezcan estos peritajes que han provocado esta confusión y que no tiene sólo ribetes jurídicos, sino que también políticos e históricos. Las únicas autoridades que han sido asesinadas en este territorio son Diego Portales, como ministro, y Jaime Guzmán, como senador".

El defensor adelantó que solicitará la libertad de Becerra, quien cumple prisión en el Hospital de Gendarmería.

CDE: "Es satisfactorio"

De buena forma fue tomada la resolución de la Corte Suprema en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Así lo ratificó el presidente Carlos Mackenney, quien aseguró que "hemos visto con satisfacción que algunas alegaciones planteadas tanto por la parte querellante como por el CDE ante la Corte han producido resultados concretos que han definido el rechazo de los recursos de amparo de los procesados".

Mackenney agregó que el fallo viene a justificar que el Consejo de Defensa del Estado se haya hecho parte del proceso.

Respecto a solicitar diligencias, la máxima autoridad del CDE comentó que es un papel que deberán estudiar tanto los querellantes como las defensas, debido a que existen una serie de cosas que se deben precisar con mayor detalle.

En tanto, el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, catalogó como "muy relevante" el rechazo de los amparos para los efectos de la investigación, porque es una decisión tomada por la Corte Suprema, que realizó una investigación profunda y a fondo de la pesquisa y del expediente de 28 tomos.

Varela señaló que aún existen varios episodios que requieren mayores diligencias. "Una vez que éstas terminen, debieran arrojar posibles nuevos procesamientos en la causa", dijo.





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miércoles, 30 de diciembre de 2009

El Movimiento Regionalista, que apoyó a Marco Enríquez en primera vuelta ha resuelto, apoyar a Piñera


El Movimiento Regionalista, que apoyó a Marco Enríquez en primera vuelta ha resuelto, por mayoría de las regiones que lo integran, apoyar en segunda vuelta a Sebastián Piñera

“..No estoy de acuerdo con tus ideas, pero estoy
dispuesto a dar mi vida por tu derecho a defenderlas..”
Voltaire

El Movimiento Regionalista, que durante años ha planteado la construcción de un país amable, sin odios, descentralizado y justo, que en primera vuelta apoyó la candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami y fue parte del pacto Nueva mayoría, junto a humanistas, ecologistas, progresistas en red e independientes, donde presentó candidatos al parlamento y defendimos nuestro derecho para apoyar regionalistas en forma transversal, superando el viejo esquema de izquierda, centro o derecha que tanto divide a los chilenos, ha resuelto, sobre la base de coincidencias programáticas, apoyar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera.

En ese contexto y manteniendo nuestro apoyo a Marco Enríquez Ominami, en primera vuelta, llamamos entonces a marcar la diferencia votando por una candidata de corazón regionalista, como es Marta Isasi en Tarapacá y por Marco Enríquez y Francisco Chahuan en la V costa, además de candidatos independientes y del PRI en diversos distritos. La primera mayoría de Marta y la sorpresa de Chahuan, junto a la votación obtenida por 19 candidatos que directamente apoyamos, demuestran que el proyecto regionalista, ahora enriquecido con el aporte del Movimiento de Acción Regionalista (MAR) y la integración formal del Movimiento Adulto Mayor, dejo de ser un sueño para convertirse en realidad, lo que debe cristalizar en las próximas elecciones municipales donde, con esta alianza constituida legalmente como partido, presentaremos candidatos en todos los municipios del país. Para impulsar esa noble tarea tenemos la voluntad política, organización, y regionalistas de corazón en todo Chile que se identifican con esta propuesta y reconocen en Marta Isasi el rostro que mejor representa y defiende nuestras demandas.

Con la tranquilidad que nos da él haber sido consecuentes con nuestros principios, leales con la campaña de Marco y no haber abandonado nunca a nuestra gente, hemos solicitado a los miembros del Movimiento Regionalista que, en conciencia y de acuerdo a los documentos que han sido publicados en nuestra pagina web, se pronuncien sobre la opción que debe tomar el regionalismo, lo que fue enriquecido con una propuesta concreta al consejo nacional formulada por el abogado regionalista Claudio Rivera Canihuante.

En este ejercicio democrático se dieron a conocer a través de diversos medios la legitima opción del profesor Carlos Alamo Berdicheski, la propuesta del abogado regionalista Claudio Rivera Canihuante, de la presidenta del Movimiento Elizabeth Bravo, de la Federación Juvenil Regionalista, del Movimiento de acción Regionalista, de Juan Carlos Moraga D. y de la diputada regionalista Marta Isasi, lo que se ha hecho con el respeto que merecen quienes piensan distinto y que han manifestado su voluntad de acatar fraternalmente lo que resuelva la mayoría que, para transparentar el proceso y tal como se hizo cuando apoyamos a Marco Enríquez, hemos resuelto en esta ocasión dar a conocer los nombres y RUT de los presidentes regionales que integran esta mayoría.
De esta forma, con la presencia de dirigentes de 14 regiones del país, donde solo falta Arica Parinacota, 8 se inclinaron por apoyar a Sebastián Piñera en segunda vuelta presidencial, 3 por anular el voto y 3 por Eduardo Frei.

En esta determinación influyó que hace 4 años y también en segunda vuelta, los regionalistas apoyamos a Michelle Bachelet, ocasión en que se suscribió un protocolo firmado por los dirigentes regionalistas y por Andrés Zaldivar y Sergio Bitar a nombre de su comando, ocasión en que la Propia presidenta y ante los periodistas pidió a los regionalistas “participar en mi gobierno”, lo que, a pesar de haber sido publicado por la prensa, nunca fue respetado por la Concertación ni Michelle Bachelet.

Simultáneamente la reunión tomó nota del compromiso de Sebastián Piñera de apoyar la elección democrática de intendentes, acoger y estudiar para resolver la propuesta de los trabajadores del salmón en la región de Los Lagos y de esta forma terminar con la cesantía que, en esa región, afecta a 17 mil personas. Los asistentes al consejo manifestaron compartir la propuesta de constituir realmente un gobierno de unidad nacional, que es una de las más sentidas demandas del regionalismo. Sobre la base de estas coincidencias programáticas, la mayoría de las regiones representadas acuerdan entregar el apoyo del Movimiento Regionalista a Sebastián Piñera en segunda vuelta presidencial.

La participación en esta campaña será coordinada por la diputada Marta Isasi, la cual, en su trabajo político y orgánico será acompañada por la presidenta del Movimiento, Elizabeth Bravo; nuestra Secretaria General, Claudia Urrutia y el abogado Claudio Rivera Canihuante, quienes se preocuparan de dar forma, como partido legalmente constituido, al referente unitario del regionalismo, la Alianza Independiente Regionalista, AIRE.

Los asistentes acuerdan realizar un acto público el sábado 9 de Enero de 2010 en la ciudad de Viña del Mar, V región, para los efectos de dar a conocer los acuerdos políticos y orgánicos que, en este acto, se han adoptado. La organización del evento queda a cargo del presidente del Movimiento regionalista en la región de Valparaíso, camarada Antonio Campos.

Las regiones y dirigentes que constituyeron mayoría para este acuerdo son

1.- Región de Tarapacá
Guillermina Gálvez Urbina RUT 11 223397 – 0
Ex consejera General PRI – Coordinadora Mov. Regionalista Iquique

2.- Región de Valparaíso
Juan Antonio Campos Aguilera RUT 8.767.263-8
Dirigente social. Fundador PRI – V Región

3.- Región de La Araucania
Raúl Urrutia Cofré RUT 3 843533-7
Concejal de Perquenco. Coordinador Mov. Regionalista Araucanía

4.- Región de Los Lagos
David Mardones Rivera RUT 8.419.510-3
Ex presidente PRI . Presidente Regional Movimiento Regionalista

5.- Región de Los Ríos
Ramón Mansilla Sánchez RUT 6.503.599-5
Dirigente Gremial, fundador ANI – Coordinador zona sur Mov. Regionalista

6.- Región de Aysen
Jorge Haro Vera RUT 7 955132-5
Fundador ANI y PRI – Presidente Mov. Regionalista Aysen

7.- Región de Magallanes
Eugenio Bahamonde Pérez RUT 3 276519-K
Fundador PRI y Movimiento Regionalista. Rep. Mov. Adulto Mayor

8.- Región Metropolitana
Víctor Marchant Vergara, RUT 6 488351-8
Fundador ANI, ex candidato PRI. Coordinador Mov. Regionalista

Moisés Pinilla Díaz
Secretario de Comunicaciones
Movimiento Regionalista
www.regionalistas.cl

Diciembre 29 de 2009.-



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Corte Suprema confirma procesamientos en caso Frei Montalva


Tribunal máximo rechazó los amparos presentados por los médicos imputados y revocó la resolución de la Corte de Apelaciones que los había dejado libres.

Emol

SANTIAGO.- La Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió rechazar todos los amparos presentados en contra de los procesamientos dictados por el juez Alejandro Madrid por el homicidio del ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.

El tribunal máximo revocó así el fallo de la Corte de Apelaciones que había dejado sin efecto los procesamientos de dos de los seis encausados: los doctores Patricio Silva y Pedro Valdivia, al acoger los respectivos amparos.

La decisión de la Corte Suprema repone en la práctica las resoluciones adoptadas por el juez Madrid y que afectan a los médicos Patricio Silva, Sergio González, Pedro Valdivia y Helmar Rosenberg, además del ex agente de la CNI Raúl Lillo y del ex chofer de Frei Montalva, Luis Becerra.

Madrid se encuentra actualmente suspendido en la causa, luego que uno de los abogados querellantes, Claudio Feller, presentó una recusación en su contra.



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URUGUAY: MUJICA PRESENTA GABINETE DE EX TUPAMAROS


Proceso de transición del ejecutivo uruguayo:
Mujica presenta gabinete de ex tupamaros y tecnócratas e instala comisiones interpartidarias para reforma estatal


El Presidente electo uruguayo, José Mujica, tuvo ayer un día colmado de actividades en plena transición del actual gobierno de Tabaré Vázquez a lo que será su gestión una vez que asuma, el 1 de marzo.

En la mañana estuvo en la instalación de comisiones interpartidarias, en la sede del Congreso, donde les dio la bienvenida a los técnicos y representantes de la oposición, que trabajarán en temas de educación, energía, seguridad y medio ambiente.

Los equipos incluyen a miembros del izquierdista Frente Amplio, los partidos Blanco y Colorado (ambos conservadores) y el Independiente. "Sabemos que tenemos que modificar y transformar el Estado. Hay ciudadanos que han dedicado la vida a estudiar esta materia. Algunos no son de nuestra fuerza. Queremos tener el derecho de hablar con ellos y ponerlos como críticos de lo que estamos haciendo", dijo Mujica.

Durante la tarde Mujica estuvo con los integrantes de su futuro gabinete ministerial en un acto presidido por Vázquez. El Mandatario saliente entregó a su sucesor una serie de documentos que contienen el estado de situación de cada ministerio.

El equipo de Mujica será integrado por varios ex tupamaros -Mujica también fue parte de esa movimiento guerrillero en los 70- y un grupo de tecnócratas.

Eduardo Bonomi sería ministro del Interior, y posterior titular del futuro Ministerio de la Presidencia; Luis Rosadilla iría a Defensa, y Ricardo Erhlich, a Educación y Cultura. Los tres mencionados fueron detenidos durante la dictadura militar (1973-1985) por su militancia tupamara. El pasado de Bonomi como guerrillero, por ejemplo, causa malestar entre los opositores, que lo han acusado de haber asesinado a un policía por la espalda durante la dictadura, acusación que no ha sido probada.

En tanto, en Relaciones Exteriores estará el diplomático Luis Almagro; Economía será para el ingeniero Fernando Lorenzo; Industria para el socialista Roberto Kreimerman, y Salud para el economista Daniel Olesker, consignó la agencia EFE.






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Brasil-DDHH: Militares amenazan con renunciar


Los comandantes del Ejército, Enzo Martins Pieri, la Aeronáutica, Juniti Saito, y el ministro de Defensa Nelson Jobim amenazaron renunciar si el Presidente brasileño Luiz Lula da Silva crea la Comisión de la Verdad sobre los crímenes durante la dictadura militar, revelaron hoy medios locales.

Los altos jefes militares expresaron su disposición a dejar sus cargos luego que el Gobierno aprobó un proyecto para crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes contra disidentes políticos durante la dictadura (1964-1985), informó hoy Folha de Sao Paulo.

Ese proyecto, presentado en un acto el 21 de diciembre, encabezado por el Mandatario Lula y el secretario de Derechos Humanos Paulo Vannucci es “excesivamente insultante, agresivo y revanchista” hacia las Fuerzas Armadas, dijeron los militares el pasado 23 de diciembre, reveló Folha.

“La presión (militar) es fortísima”, afirmó una fuente del Gobierno a ese diario.

Se estima que el Presidente no adoptará una posición definitiva sobre el tema en los próximos días, pero se espera que lo haga a su regreso de las vacaciones el 11 de enero.

De acuerdo con Folha, el Mandatario dialogó con el secretario Vannucci a quien sugirió reelaborar el proyecto y buscar una fórmula de Conciliación”.

Vannucci, ex preso político, también analiza renunciar al cargo en caso que la propuesta sea vetada por la presión militar.

En tanto, el diario Estado de Sao Paulo indica que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, también habría expresado su intención de dejar el cargo ante el tenor “revanchista” de la iniciativa respaldada por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia.

El Plan Nacional de Derechos Humanos lanzado por Lula y Vannucci incluye varios ejes sobre temas como minorías sexuales, discapacitados y derechos sociales.

El punto que causó incomodidad entre los uniformados fue el “Eje Orientador 6: Derecho a la Memoria y la Verdad” que entre sus objetivos consigna el de “identificar y tornar públicas las estructuras” que el régimen montó para secuestrar, torturar y matar.

Ese ítem obligaría a las Fuerzas Armadas a entregar supuestos archivos con documentación sobre la represión.

El diario Estado publicó que los militares no aceptarán la revisión de la ley de Amnistía, sancionada en 1979, la cual prohíbe investigar y abrir procesos contra los uniformados.

Según ese diario, un general en actividad dijo que si los militares son procesados también deberían serlo la ministra y pre candidata presidencial Dilma Rousseff, ex presa política tras haber integrado una organización armada que enfrentó al gobierno de facto.



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FIEL PROTECTORA DE SU PATRÓN ¿ LA DESPEDIRÁN?




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PASCUA LAMA: GOBIERNO NO ENTREGA INFORMACIÓN


Consejo para la Transparencia falló a favor de ONG

La información sobre Pascua Lama que el gobierno no entrega
Un nuevo gallito entre el Consejo presidido por Juan Pablo Olmedo y una repartición pública protagoniza la subsecretaría de Minería, que optó por la vía judicial para no entregar información sobre un paso fronterizo para el proyecto de Barrick Gold solicitada por la ONG OLCA hace nueve meses. En tanto, la Subsecretaría del Interior, que había rechazado dar los datos requeridos basándose en un problema de forma, anunció que los entregará en enero.

.por Claudia Urquieta Ch.
El Mostrador.

Desde octubre ya se ve movimiento en el valle del Huasco en torno la construcción del polémico proyecto minero Pascua Lama, que luego de varios años en stand by, básicamente por falta de acuerdo en temas tributarios entre Chile y Argentina, finalmente obtuvo los permisos pendientes.

Ese mes, la canadiense Barrick Gold anunció oficialmente el inicio de la construcción de la apuesta binacional, que contará con un paso fronterizo entre ambos países que, en base a un decreto del ministerio de Minería de 2003, debe ser financiado por la propia empresa que será fiscalizada.

Hace nueve meses, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, solicitó información relacionada con esta suerte de aduana especial a los ministerios del Interior y Minería.


Luego de una consulta preliminar, antes de que entrara en vigencia la Ley de Transparencia, el 8 de mayo pasado la ONG pidió al Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, Henry Saldívar, dependiente de la Subsecretaría del Interior, información relativa a la creación del paso fronterizo, específicamente para saber si está creado y funcionando, y quién estaría financiándolo.

Ese mismo día se solicitó información similar al ministerio de Minería, señalando que los antecedentes que le fueron entregados al respecto por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) -del Ministerio de Relaciones Exteriores- son contradictorios con los aportados por la división a cargo de Saldívar.

Entre otras consultas, se pidió acceder a las últimas informaciones relativas a la fijación de las tasas tributarias que le corresponderá a cada país y los mecanismos de funcionamiento y de fiscalización del acuerdo tributario por Pascua Lama.

Según explicó Cuenca, Interior y Minería negaron entregar los datos requeridos, por lo que OLCA recurrió al Consejo para la Transparencia, que se pronunció a favor de la organización no gubernamental.


“Este fallo es especialmente relevante, porque desautoriza la desidia casi crónica de los servicios del Estado ante los requerimientos del proyecto Pascua Lama y reposiciona la legitimidad del derecho de los ciudadanos a la información pública”, aseguró el líder de OLCA.


Minería acusa abusos del Consejo
El 2 de diciembre, por unanimidad el Consejo acogió el reclamo de Cuenca y solicitó a la Subsecretaría de Minería, liderada por Verónica Baraona (DC), entregar la información.

La decisión destacó que la negativa a entregar la información “implica un impedimento para el debido control ciudadano, particularmente en materias de interés público, como es el desarrollo minero del país. Y que el derecho de acceso a la información “puede servir de instrumento para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.

El acuerdo no dejó conforme a la repartición, que el 23 de diciembre presentó un reclamo de ilegalidad sobre acceso a la información pública contra el Consejo para la Transparencia.

Su rechazo se basa en que, a su entender, el organismo habría excedido las atribuciones que la ley le otorga al establecer que lo solicitado a la subsecretaría de Minería está dentro de sus competencias, en circunstancias “que aquello está fuera de las atribuciones que la ley ha otorgado a esta repartición del Estado”.


Según Minería existe abuso en el ejercicio del derecho a solicitar antecedentes en el marco de la Ley de Transparencia, ya que “una simple carta en que se pide información genérica, sin indicar el o los actos (decretos, resoluciones, acuerdos, entre otros) y sin cumplir con los requisitos mínimos para acceder a la administración, el Consejo para la Transparencia la transforma y considera como una solicitud válida de acceso a la información pública”.


¿Fuera de plazo?

Un camino distinto tomó la Subsecretaría del Interior. El 26 de noviembre pasado, el Consejo para la Transparencia acordó por unanimidad acoger parcialmente el amparo interpuesto por Cuenca, para lo cual solicitó al subsecretario Patricio Rosende entregar la información relativa al procedimiento para aprobar e implementar un determinado paso fronterizo.

El Consejo rechazó sus alegaciones con respecto a que Cuenca no había presentado formalmente la solicitud de información, asegurando que “es carga del órgano de la administración el remitir las solicitudes de información al órgano competente y no del ciudadano, por lo que por el hecho de que no haya ingresado formalmente por el sistema del Ministerio del Interior, no se puede entender que dicha presentación no constituya una solicitud de información”.

Según explicó Felipe Ramírez, abogado analista de la Unidad Promoción y Clientes del Consejo para la Transparencia, como la Subsecretaría de Interior no argumentó causales de reserva para no entregar lo requerido -que pueden afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano- sino que se centró en problemas de forma de la solicitud, la Subsecretaría tiene derecho a presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.


Ramírez detalló que el plazo para presentar este reclamo había terminado el 16 de diciembre, luego de lo cual tenía 5 días hábiles para dar la información a OLCA. Hasta el minuto eso no ha sucedido, situación que la semana pasada Cuenca denunció públicamente.


Al respecto, la jefa del departamento de Extranjería y Migración, dependiente de la Subsecretaría de Interior, Carmen Gloria Daneri, señaló que según su oficina jurídica tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar un recurso, acción que no van a concretar. “No vamos ir a tribunales, vamos a entregar la información, que nunca hemos negado: el señor Cuenca vino, se le recibió, se le contestó lo que es de nuestra competencia. Pero se le pidió que la solicitara de acuerdo al procedimiento y en vez de eso decidió acudir al Consejo”.

Si no se cumplen los plazos, el Consejo puede interponer sanciones contra el jefe superior del servicio, en este caso Patricio Rosende, que van desde multas a suspensiones. En todo caso hasta el momento ninguna repartición pública ha enfrentado sanciones, porque, como detalla Ramírez “hay una consideración a favor de las entidades públicas porque este año son los primeros meses de entrada en vigencia de la ley. Por eso se ha priorizado orientar e impulsar buenas prácticas y no hemos sido un tribunal sancionatorio. Pero llegara el día en que sí lo seremos”.


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CORTE SUPREMA EN CASO FREI


30 de Diciembre de 2009

Decisión de la Segunda Sala es la más esperada del año

Los escenarios que enfrenta el caso Frei en la Corte Suprema
Hay al menos cinco chances de cómo podrían votar los ministros del máximo tribunal respecto de los autos de procesamiento dictados contra seis personas por el juez Alejandro Madrid. Desde que los supremos revoquen todo lo obrado por el magistrado y manden al tacho de la basura una investigación de casi seis años o bien lo apoyen completamente y confirmen la tesis del homicidio y la participación de los imputados. En cualquier caso, los magistrados dejaron para el último día del año el secreto mejor guardado por estos días en el Palacio de Tribunales.

.por Jorge Molina Sanhueza
El Mostrador.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema debe resolver este miércoles los recursos de amparo de los cuatro procesados por el ministro Alejandro Madrid, en el proceso que sustancia por el homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El destino del caso Frei en manos de la Corte Suprema Los documentos secretos que analizará la Suprema en semana clave para el caso Frei Suprema deja en suspenso el caso Frei El fantasma del Caso Frei les pena a los jueces de la Suprema Juica responde a cuestionamientos sobre juez Madrid y caso Frei Montalva Arrestan a hijo de juez de caso Frei Montalva por estado de ebriedad y daño a la propiedad Hasta ahora es un secreto muy bien guardado por los cinco altos magistrados cuál será su voto y en qué lo fundamentarán.

Por de pronto lo único claro hasta ahora es que Madrid encausó en calidad de autores del homicidio al ex agente de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez, al ex chofer de Frei, Luis Becerra y al doctor Patricio Silva Garín, quien participó en la segunda intervención. Al mismo tiempo encausó en calidad de cómplice al ex médico de la DINA, Pedro Valdivia y como encubridores a los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González. Estos últimos, de acuerdo a la convicción de Madrid, hicieron una autopsia para encubrir el envenenamiento con gas mostaza y talio y la escondieron en el archivo del centro asistencial universitario, modificando su contenido casi veinte años más tarde.

Junto a lo anterior, Madrid estableció que la muerte de Frei se produjo por un homicidio, es decir acreditó un “hecho punible”, mientras que los mencionados anteriormente tienen participación en los hechos.


Y es respecto de estas dos materias donde la Suprema buceará. ¿Habrá configurado bien Madrid los presupuestos fácticos para sostener que Frei fue asesinado? ¿Y en el caso de la participación de los procesados, existen elementos coincidentes y concordantes que los ubiquen dentro del tinglado conspirativo que se tejió contra Eduardo Frei?

Las dos preguntas, que si los supremos estiman que Madrid no las respondió bien en su auto de procesamiento, pueden echar por tierra todo lo investigado hasta ahora en el caso Frei. Básicamente, porque los encausamientos son la prueba que el juez Madrid está pasando con sus superiores.

Con todo, los ministros de la Sala Penal deben resolver dos cosas: los amparos rechazados por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Lillo y Becerra. Además, los amparos acogidos a favor de los médicos Silva y Valdivia por la misma sala del tribunal de alzada capitalino.

El misterio
En ese contexto, la semana pasada los supremos escucharon los alegatos de todos los abogados defensores y querellantes. Se esperaba que la resolución se conociera la semana pasada, pero a última hora algo cambió y el dictamen quedó en compas de espera, debido a que se pidió una copia completa del expediente antes de resolver el fondo del asunto.

La Sala Penal está compuesta por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Jaime Rodríguez Espoz. Los dos primeros, en general, tienen criterios de fallo pro aplicación de la prescripción en materia de Derechos Humanos, mientras que el resto es más cercano al mundo concertacionista y casi siempre está por sancionar a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad.

Por eso, la semana pasada, tanto los abogados como periodistas acreditados en el Palacio de Tribunales se sorprendieron que la Segunda Sala haya revocado el estado de “acuerdo” de la causa y pidiera el expediente completo.

La votación que hubo detrás quizás entrega un guiño de cómo podría ser la resolución que se conocerá hoy. Ballesteros y Segura estuvieron por resolver de inmediato los procesamientos. Dolmestch, Künsemüller y Espoz, quisieron formarse una convicción antes de emitir su voto.

Para los efectos reales hoy puede suceder cualquier cosa.

Escenario 1:
La Suprema por tres votos contra dos, confirma los procesamientos de Lillo y Becerra y revoca los amparos que acogieron a favor de los doctores Silva y Valdivia, otorgándole un férreo apoyo al juez Madrid y confirmando que la tesis respecto de que Frei fue asesinado, es la línea correcta para llegar a la verdad.

Escenario 2:
La Suprema por cinco votos contra cero, mantiene los procesamientos de Lillo y Becerra, pero confirma los amparos acogidos por el tribunal de alzada a favor de los médicos. La señal que envían los ministros es que los datos sobre la CNI son lo suficientemente potentes como para sostener que Frei fue asesinado y que tendrían algún grado de participación. Sin embargo, para el caso de los facultativos, los antecedentes resultan insuficientes para decir que podrían ser los partícipes necesarios para terminar con la vida de Frei.

Escenario 3:
La Suprema resuelve que Madrid no ha logrado configurar el hecho punible, es decir el homicidio ni la participación de los procesados y revoca todos los encausamientos. No sólo de Lillo y Becerra, sino que también de los patólogos Rosenberg y González. Y confirma los amparos de los médicos Silva y Valdivia. Esta señal sería fulminante para Madrid, porque implica que su investigación, que ha durado más de cinco años, queda reducida a un montón de papeles inservibles.
En este sentido, lo más lógico es que Madrid cerrara la causa y dictara el sobreseimiento. En todo caso, las reacciones políticas no se harían esperar y quedaría una sombra de duda sobre el actuar de los supremos en medio de la segunda vuelta presidencial.

Escenario 4:
La Segunda Sala Penal confirma los procesamientos de Lillo y Becerra y revoca los amparos de los médicos. También agrega nuevos antecedentes al auto de procesamiento de Madrid.

Escenario 5:
La Suprema modifica la calidad de los involucrados. Por ejemplo, los patólogos Rosenberg y González pasan de encubridores a cómplices. Valdivia de cómplice a autor.

Se espera que no más allá del mediodía se conozca el resultado de una resolución que los ministros quisieron redactar puntillosamente por el efecto judicial y político que tiene. Quizás por eso decidieron dejarla para el último día hábil de los jueces ejerciendo en la sala, ya que el jueves hay pleno y todo el país trabaja sólo medio día.

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REPARACIONES A VICTIMAS DE LOS DD.HH.



COMENTARIO:
SE CONTINUARÁ CON LA CANTINELA DE LOS DD.HH. LO ANTERIOR, PARA SEGUIR ESQUILMANDO AL ESTADO DE CHILE, POR UN NÚMERO CONSIDERABLE DE MENTIROSOS (seudos torturados y detenidos)QUE DESEAN RECIBIR RECURSOS SIN TRABAJARLE UN PESO A NADIE. DE ESTO, DEBEN FIJARSE LOS CHILENOS EL DIA 17 DE ENERO, YA QUE SI SALE EL SR. FREI, ESTE CUENTO SEGUIRA SIN NUNCA ACABAR.HAY QUE FIJARSE EN LAS REMUNERACIONES QUE RECIBEN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN. Y OJALÁ POR TRANSPARENCIA, LO DEN A CONOCER A LA OPINIÓN PÚBLICA.¿ CUANTO PERCIBE POR ESTE CONCEPTO SRA. SEPÚLVEDA, DELEGADA DE DD.HH. DE LA PRESIDENCIA?
RUS.


Instancia creada en 2003 por Lagos retomará labores por 6 meses inmediatamente después de la segunda vuelta:
Comisión Valech vuelve a constituirse e inicia labor para ampliar reparaciones a víctimas de DD.HH.

Por primera vez en más de cinco años, equipo volvió a reunirse la tarde del lunes, en una reservada cita convocada en la residencia de su presidente, monseñor Sergio Valech.

ALEJANDRO TRUJILLO Y MARGARET VALENZUELA
El Mercurio.

"Y aquí estamos todos de nuevo". Era la frase más repetida entre quienes poco a poco iban llegando, la tarde del lunes, hasta la residencia de monseñor Sergio Valech, en la comuna de Providencia.

Eran pasadas las 19 horas y el anfitrión daba inicio a un reservado encuentro que volvía a reunir, después de más de cinco años, a la totalidad de los miembros de la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura creada por el ex Presidente Ricardo Lagos en 2003.

A dos semanas de la entrada en vigencia de la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos y que reabre por un período de seis meses el trabajo de estudiar y calificar casos de víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el gobierno militar, la denominada Comisión Valech inició ya las labores para reconstituirse formalmente a mediados de enero.

Pese a su estado de salud de cuidado, la instancia seguirá siendo presidida por monseñor Valech, quien en las últimas semanas habría manifestado su interés por mantener la coordinación de todas las labores.

Con el mandato de abocarse al estudio e incorporación de unos 4 mil nuevos casos a las listas de personas beneficiadas por el Estado por concepto de reparación (se reabre también el informe Rettig, que es el que recopila a los ejecutados y al que se incorporarían algunos casos surgidos de nuevas indagaciones judiciales), la instancia comenzaría a funcionar activamente, con sesiones cada miércoles, inmediatamente después de la segunda vuelta.

Así lo comunicó al menos, en la cita el lunes pasado, la delegada presidencial para el tema de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, quien comunicó a los asistentes la voluntad de la Presidenta Michelle Bachelet de desvincular el trabajo de la comisión con el debate de la campaña presidencial.

Uno de los principales puntos analizados en el primer encuentro fue el de los resguardos que en esta ocasión tendrá que tomar la instancia para garantizar la veracidad de los antecedentes que sean recepcionados.

"Este trabajo es mucho más delicado y exige mucha más prudencia que la vez anterior, sobre todo porque ahora se atenderá a gente sin la debida documentación, y debiendo hacer frente a las expectativas de la gente por recibir una compensación económica, aspecto con el que tampoco se lidió antes", dijo ayer a El Mercurio el abogado e integrante de la instancia Miguel Luis Amunátegui.

"Este trabajo es mucho más delicado y exige mucha más prudencia que la vez anterior, sobre todo porque ahora se atenderá a gente sin la debida documentación, y debiendo hacer frente a las expectativas por recibir una compensación económica".

MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI, ABOGADO E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN VALECH

SEDE

La comisión arrendaría una oficina en la calle Phillips, a un costado de la Plaza de Armas.

28.459
es el número de casos aceptados por la comisión.

$121 mil
en promedio mensual por persona reparte el programa.

$7 mil
millones al año aprox. desembolsaría el Estado para los nuevos beneficiarios.


Los más de 35 mil testimonios de la comisión
Creada como un órgano asesor del Presidente Lagos, la comisión nacional de prisión política y tortura -conocida como "Valech" al ser presidida por monseñor Sergio Valech- tuvo como objetivo identificar a aquellas personas que fueron víctimas de torturas por razones políticas o privadas de libertad, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Durante seis meses, y en más de 40 países, más de 35 mil personas entregaron su testimonio escrito. El 28 de noviembre de 2004, tras 18 días de estudio del documento entregado por la comisión, el entonces Presidente Lagos dio a conocer los resultados en cadena nacional. El primer informe presentó 27.255 casos aceptados por la comisión. Un segundo informe-solicitado por el propio Lagos- entregado en mayo de 2005, reconocería a 28.459 personas como víctimas de prisión política y tortura.

Se estableció una reparación monetaria mensual: para aquellas víctimas menores de 70 años el monto fue de $112.816; entre 70 y 75 años la cifra fue de $123.957; y para los mayores de 75 años el número establecido fue de $129.118.


60% de la pensión a viudas
El 10 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial la ley que establece una pensión equivalente al 60% de lo que percibía el cónyuge beneficiario por la Comisión Valech, para las viudas. La postulación debe realizarse mediante un formulario descargable en la página web del Instituto de Previsión Social, y que se entrega en uno de los centros de atención.





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CARTA: JUAN PABLO II EN LA MONEDA


Miércoles 30 de Diciembre de 2009

Señor Director:

El año 1987 el Papa Juan Pablo II recibió en La Moneda a toda la familia del Presidente Pinochet, entregándonos afectuosamente un obsequio que celosamente conservo. Su Santidad fue afectuoso y cordial, dándose el tiempo de saludar no sólo a los hijos del general, sino también a cada uno de sus nietos, incluso a aquellos de muy corta edad.

Un año antes, un miembro de la Iglesia chilena cuestionaba la veracidad del atentado del que fui víctima junto a mi abuelo, ironizaba al llamar el lugar donde ocurrió el hecho como “Cuesta Creerlo” en vez de su verdadero nombre: “Cuesta Achupallas”. Su confusión deslegitimaba la memoria de los cinco uniformados que fueron asesinados en aquel acto terrorista.

Hasta el día de hoy pareciera que algunos sacerdotes confunden los hechos que involucran al Presidente Pinochet, al hablar de un supuesto engaño; sin embargo, existen testigos de esos hechos —como lo fue el general (r) Guillermo Garín y su relato en carta del día 29 de diciembre de 2009— que a Dios gracias podemos contribuir a aclarar dichas confusiones.

Rodrigo García Pinochet





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NUNCA MÁS. UN ENSAYO SOBRE EL QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA EN CHILE


Un ensayo sobre el quiebre de la democracia en Chile

José Piñera

El miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para "analizar la situación política y legal que afecta al país". Al iniciarse la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien, en su discurso de presentación del proyecto de Acuerdo, afirmó que "el país está sufriendo actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tantos años de vida independiente... Hasta este momento la crisis no se resuelve; al contrario, se agudiza día a día. Por eso, nosotros, hoy día, en esta Corporación y ante la faz de Chile, queremos decir que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas... En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego V., Para una paz estable entre los chilenos, edición privada del autor, 1974).


El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista sólo había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir a la primera magistratura a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde, Allende reconocería que él firmó este Estatuto sólo como una maniobra "táctica" (Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).
Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien afirmó que el Acuerdo demostraba que "el Poder Ejecutivo había dejado de encuadrarse en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la ilegitimidad del mandato y ejercicio del Presidente de la República".
Después de otros dos diputados nacionales, intervino el diputado Luis Maira de la coalición de partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".
La sesión de la mañana finalizó con un fogoso discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edificio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto obligado a hacer uso de un arma de fuego, afirmando a la prensa

2 Nunca Más. Un ensayo sobre el quiebre de la democracia en Chile – José Piñera
que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, increpó a los diputados comunistas: "Por eso ustedes, bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas, están descalificados para hablar de la guerra civil". Ese era el clima que se vivía en Chile ese día de agosto.
A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan graves ameritan desconocer la hora del almuerzo.
La sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias de Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. En ella, el diputado comunista pronunció un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba el proyecto de Acuerdo, fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y declaró aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación. A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
Al día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló así a todo lo ancho de la página: "Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN".
El texto del Acuerdo fue publicado íntegramente ese día por El Mercurio. El Acta oficial de la sesión, que fue presidida por el diputado del PDC Luis Pareto y el del PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, fue publicada el 25 de agosto en el diario gubernamental La Nación.
El Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados (63.3%), acusaba al gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial, el Congreso y la Contraloría, y todo ello de manera sistemática y con el fin de instaurar en Chile "un sistema totalitario", es decir, una dictadura comunista.
Fue un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara haya sido aprobado por todos los diputados del PDC, el partido mayoritario cuyo líder indiscutido era el Presidente del Senado y ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, pues sólo tres años antes, el 24 de octubre de 1970, ese mismo partido había contribuido con todos sus votos a elegir Presidente a Salvador Allende en el Congreso Pleno.
Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio del poder más allá de la ley". Cuando surge ese tirano, es él quien ha colocado al país en estado de guerra al traspasar los límites de su poder, es decir, se ha "rebelado" ("re-bellare", proviene del latín "bellum" que significa guerra).

3 Nunca Más. Un ensayo sobre el quiebre de la democracia en Chile – José Piñera
La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces es la acusación que se le hace al Presidente Allende de que, pese a que fue elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y, por lo tanto, convertido en un "tirano".
Veinte violaciones y un llamado desesperado
El Acuerdo de la Cámara de Diputados constituye un verdadero "Acuerdo contra la Tiranía". Tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente de la siguiente manera:
a) Un preámbulo contenido en los artículos 1 a 4, que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado ("un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición"), y recuerda que el Presidente Allende no fue elegido por una mayoría del voto popular sino por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".
b) Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y las leyes: una acusación genérica contenida en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones concretas a determinados derechos humanos que están enumeradas dentro del artículo 10, siete sobre violaciones a la separación de poderes en los artículos 7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter sedicioso en los artículos 11 y 12. Este listado tiene una estructura similar a la cadena de acusaciones contra el rey Jorge III que hace la Declaración de Independencia de Estados Unidos para justificar ante el mundo esa ruptura.
c) Una precisión sobre el rol de los ministros militares que el Presidente Allende había incluido en carteras claves de su gabinete (Art. 13 y 14). Hay que aclarar que el mismo Presidente Allende había abierto las puertas de la política a los militares al designar, un año antes, a varios generales y almirantes en ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats. En agosto de 1973, un almirante era Ministro de Hacienda, el cargo clave en la conducción económica del país.
d) Un llamado al Presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas (Art.15) a poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución.
El 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior.
El jueves 24, el Presidente Allende daba a conocer una carta pública dirigida al país. En ella sostenía: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado".

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Allende acusó a la mayoría de los diputados de querer removerlo del cargo sin una acusación constitucional formal, en lo cual tenía razón. Por eso la Cámara realiza un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y obviamente a través de ellos a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente era imposible.
En efecto, la remoción del Presidente, conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, exigía para ello dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el Senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente, por impopular que fuera, perdiera de tal manera las elecciones parlamentarias durante su período como para quedar sin el apoyo de al menos un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que un gobierno la violara, incluso "sistemáticamente" como sostuvieron una amplia mayoría de los diputados, mientras ese gobierno mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.
Es reveladora la confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho que trasunta la respuesta de Allende, ya que declara que insistirá en su camino ilegal pues "tras la expresión 'Estado de Derecho' se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista".
Esta declaración es consistente con aquella que había hecho su Ministro de Justicia el 1 de julio de 1972: "La revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución".
El origen del texto del Acuerdo ha sido explicado por Claudio Orrego, de esta manera: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton... quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo. Tomé contacto, entonces, con el senador Sergio Diez y con el diputado Mario Arnello, quienes me facilitaron una copia de su trabajo. Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material y que estaba muy bien hecho... Una vez terminado el trabajo –del cual guardo el original— transmití al senador Aylwin éste para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
Según Hermógenes Pérez de Arce, el primer borrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes, y que él mismo participó en una reunión para este efecto. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que

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le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue siendo enriquecido por distintas personas del PN y el PDC en la búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara la votación unánime de los diputados de ambos partidos.
La opción por la violencia política
¿Cómo se explica que un Presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la misma Constitución y las mismas leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?
La respuesta está en que una revolución comunista-socialista, que busca establecer lo que su misma doctrina ha denominado "la dictadura del proletariado", por definición no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley de una república democrática.
Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente democrático de un país obteniendo el 36,2% de la votación, contando con la aceptación de un Congreso cuando a éste le corresponde la elección final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para abolir la democracia y establecer un sistema totalitario. Para ello se requería una mayoría abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas de la Carta Fundamental. Ello no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues todos esos regímenes han alcanzado el poder total a través de la violencia.
Es un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente que otras al interior de uno de los partidos de izquierda marxista, o a una reunión sediciosa de diputados con marineros en un barco de la Armada, o incluso a un discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección de las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron, pueden ser detonantes, pero la causa profunda fue una ideología y una praxis, tan sistemática como implacable, que concebía a la violencia como "la partera de la historia".
Son claves para comprender el origen de la ruptura democrática los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.
Ya en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido Socialista de Chile, que se definía como marxista-leninista, había sostenido lo siguiente: "Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder... El partido tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios".
Pero fue en su Congreso de Chillán cuando la postura sediciosa alcanzó su máxima expresión. Este tuvo lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115 delegados, y hubo además "delegados fraternales" de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental, Rumania y Yugoslavia, del partido Baath socialista de Siria y del partido socialista de Uruguay.

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La resolución adoptada afirmaba que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. La política del frente de trabajadores se prolonga y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental y armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano" (Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, 1997).
El ideólogo del Partido Socialista, y futuro Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Allende, Clodomiro Almeyda, especuló sobre la forma en que terminaría este proceso: "La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política, cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido y agudo" (Revista Punto Final, 22 de noviembre de 1967).
Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño del país, que sería el principal partido en la coalición, la Unidad Popular, que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile, era el mayor y mejor organizado de todos los Partidos Comunistas de América Latina, y el tercero en tamaño, después de aquellos de Francia e Italia, de todo el mundo occidental.
Por cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra Fría, en la cual el gobierno de la Unidad Popular se había aliado con la Unión Soviética en contra de Estados Unidos y la Europa democrática.
Posiblemente sin haber leído jamás a George Orwell, Allende llamó a la superpotencia comunista el "hermano mayor" de Chile, en un discurso en el propio Kremlin el 7 de diciembre de 1972, en el cual agregó, tras reunirse con los máximos jerarcas soviéticos Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin y Nikolai Podgorny, que había alcanzado una "completa identidad de puntos de vista" con los dirigentes comunistas.
Esta adhesión a los regímenes comunistas venía de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que se le hizo a Stalin en Santiago una semana después de su muerte en marzo de 1953, uno de los oradores principales fue el socialista Salvador Allende.
Es ilustrativo recordar también el increíble homenaje a Stalin del importante dirigente comunista chileno Volodia Teitelboim: "Hoy ya duerme su gloria eterna en la cámara ardiente de la Sala de las Columnas de Moscú el camarada José Stalin. Hace apenas un día y algunas horas que murió el amado conductor de los trabajadores del mundo, el más grande, profundo y noble amigo de la humanidad... Ha muerto el padre y el jefe de toda la humanidad progresista. Ha muerto, como Mayakovsky decía de Lenin, el más humano de todos los hombres... Dio abundancia y existencia dichosa a su pueblo…

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Bajo la bandera de luto, pero siempre desplegada de Stalin, los pueblos marchan por el camino más corto hacia la segura victoria, hacia el mundo de la felicidad humana" (El Siglo, marzo de 1953).
En la década del 60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar la revolución comunista al continente, la que había afirmado públicamente que "la revolución armada es la única solución para los males sociales y económicos de Latinoamérica".
Claudio Véliz, historiador y amigo personal de Allende, sostiene que los viajes de Allende a Cuba tuvieron "una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía aplicar en Chile. Tras ver Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó de la tradición chilena... No cabe ninguna duda que el gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos llevó a la guerra civil" (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).
Allende, siendo presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la violencia guerrillera en Chile. Por cierto, la violencia había sido idealizada por los líderes de izquierda de Chile y el continente por un largo tiempo.
En último término, los dirigentes marxistas chilenos no supieron resistir el embrujo de la Revolución comunista cubana. El tirano del Caribe, Fidel Castro, se transformó en el modelo y fueron intoxicados, como si fueran adolescentes, por la retórica y la acción revolucionaria del Che Guevara, quien llamaba a crear "múltiples Vietnam" en América Latina.
Una distinción fundamental que no se hizo fue aquella entre el noble objetivo de querer cambiar el mundo para mejor y buscar hacerlo utilizando la violencia. En nuestro país había al comenzar la década del 70 demasiada pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias de distinta naturaleza, como para que muchas personas idealistas, especialmente jóvenes, no se declararan en estado de rebeldía y buscaran, aunque con más pasión que rigor, un camino para crear un mundo mejor. Basta leer el "Balance Patriótico" de Vicente Huidobro, publicado en 1925, para comprobar que no mucho había cambiado en cincuenta años.
Lo que es aberrante es que tantos dirigentes comunistas y socialistas chilenos, de quienes era esperable un mínimo de madurez y responsabilidad política, impulsaran, inicialmente con su retórica incendiaria, y más tarde con sus actos de gobierno, a decenas de miles de jóvenes al abismo —y a las consecuencias-- de la violencia política.
En este contexto, es estremecedora la honesta confesión de un ex guerrillero argentino: "Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo" (Jorge Masetti, El Furor y el Delirio, 1999).

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Al borde de la guerra civil
La respuesta del Presidente Allende a la Cámara no fue la única en la que demostró su desprecio por el Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había reprochado la vulneración de las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos. Por supuesto, la Unidad Popular incluso había desarrollado la insólita teoría jurídica de los "resquicios legales", con los cuales no sólo se había avanzado en la intervención estatal de múltiples empresas privadas de todos los tamaños, sino que se estaba erosionando de manera fatal la necesaria confianza pública en las instituciones fundamentales de la República.
Así, el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del gobierno a cumplir con una decisión judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al Presidente de la República: "Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes u omisiones producen en el orden legal; como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que implican además no sólo una crisis en el estado de derecho, sino también el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la Nación".
Allende, en un discurso público a los pocos días, respondió con una afirmación que en cualquier país de larga tradición democrática le habría costado la inmediata destitución de su cargo:"En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia".
Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial.
A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte del Presidente Allende y sus ministros había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este Presidente y el Poder Judicial.
A estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente crisis económica –inflación anualizada sobre 300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo en aumento, desconfianza—producía miseria y angustias generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos conflictos institucionales, ese no era el argumento válido para remover al gobierno.

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Como el país había llegado a ser "un campo armado", lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas Armadas, había que ser ciego para desconocer que, durante el invierno de 1973, Chile había caído en un estado de guerra civil (Dos libros importantes y complementarios que comprueban esta realidad son aquellos de Paul Sigmund, The Overthrow of Allende, y de James Wheelan, Desde las Cenizas).
Oscar Waiss, quien fue director del diario oficial del gobierno e íntimo amigo de Allende, al plantear algunos escenarios posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos dirigentes de la Unidad Popular: "Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces" (Revista "Política Internacional" Nº 600, Belgrado, abril de 1975).
Pese a su clara responsabilidad en la introducción de la violencia política en Chile, parece altamente improbable que el Presidente Allende hubiese estado dispuesto a actuar con la inmoralidad extrema de los dirigentes bolcheviques que realizaron la sangrienta Revolución de Octubre en Rusia.
Pero, gracias a Dios, nunca podrá contestarse la pregunta: ¿Quién, dentro de la Unidad Popular, habría sido el Lenin chileno?
Frei inclina la balanza
Salvador Allende llegó a la presidencia tras el fracaso de los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).
Ambos gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia de desarrollo, la cual generaba un crecimiento económico tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria y crear un horizonte de prosperidad para todos los chilenos, y ambos abrieron el camino para la violación del derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad libre. Esta relación indisoluble, conceptual e histórica, entre propiedad y libertad la acaba de demostrar Richard Pipes en su libro Property and Freedom (1999).
Oscar Godoy, Director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, sostiene que "la responsabilidad de los partidos de derecha en el ascenso de la Unidad Popular al gobierno fue que no supieron defender oportunamente y con vigor las instituciones del Estado liberal. Por ejemplo, la defensa que se hizo del derecho de propiedad fue mínima, porque se fue cediendo sistemáticamente. Cuando la derecha tiene la posibilidad de recuperarse, con Jorge Alessandri, se manifiesta impotente frente a la novedad de la Democracia Cristiana y del socialismo y extrema su debilidad. Es lamentable la escasez de hombres públicos en la derecha dispuestos a defender sus planteamientos con el mismo vigor con que los socialistas defendían los suyos. La campaña de Jorge Alessandri hace concesiones múltiples para ocultar la verdadera naturaleza del proyecto liberal. En ese tiempo existía temor a expresar las palabras mercado, competencia, individualismo, etc. Entonces hace una claudicación que la hace muy débil" (La Epoca, 4 de septiembre de 1995).

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El debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó, en efecto, con la reforma constitucional propiciada por el gobierno del Presidente Alessandri con el fin de iniciar la Reforma Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas, las advertencias del ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Ossa: "La ruptura de estas garantías constitucionales respecto de la agricultura es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema democrático. Lo que hoy se hace contra esta rama de la producción no tiene por qué no hacerse mañana contra la propiedad urbana, la minería grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los bienes particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional es la experiencia piloto en materia de abolición del derecho de propiedad. Introducida esta cuña, que algunos miran tan desaprensivamente, el hueco se convertirá en inmensa grieta por donde desaparecerá la propiedad entera" (Esta intervención radial fue reproducida por El Mercurio el 6 de enero de 1962).
El gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo además en dos otros graves errores de políticas públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento de la violencia política, y fue especialmente grave que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia y el estado de derecho cuando el Partido Socialista se declaró partidario de la vía armada en su Congreso de Chillán en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del gobierno Frei multiplicó varias veces la violación del derecho de propiedad al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin una justa compensación. Además, su gobierno permitió la proliferación de las "tomas" de propiedades ajenas por grupos de agitadores. Al gobierno de Frei le "tomaron" todo: universidades, municipalidades, centenares de predios agrícolas, sitios eriazos, carreteras, industrias, un cuartel militar, y hasta la Catedral de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que los partidos de izquierda sintieran factible "tomarse" el poder total.
Fracasados los gobiernos de "derecha" y "centro" de Alessandri y Frei, y no existiendo, como hemos visto, una "izquierda" democrática, la conclusión era predecible. En agosto de 1965, el mismo Frei había dicho "Si mi gobierno falla, tendremos un gobierno de la extrema izquierda" (Leonard Gross, The Last, Best Hope, 1967).
Lo que resultó tan impredecible como extraordinario, fue que una figura política tan temerosa de aparecer como "anticomunista", como Eduardo Frei Montalva, decidiera ante la encrucijada en que lo colocó la Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en una dictadura marxista.
Frei vivía bajo el peso de la durísima acusación que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le entregaba el gobierno a Allende, pasaría a la Historia como el "Kerensky chileno". Sin embargo, decide permanecer en Chile durante este período, en circunstancias de que su ex ministro del Interior y heredero político, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas de izquierda, lo que hacía evidente que también su propia vida corría alto peligro. Ello contrasta con la actitud de Alexander Kerensky, quien escapa de San Petersburgo y muere en Nueva York (precisamente en 1970, año en que Frei entrega el poder a Allende) escribiendo libros sobre cómo fue incapaz de evitar que una banda de audaces bolcheviques se tomara Rusia por la fuerza.
Frei tiene que haber sabido que su postura sería criticada no sólo por sus adversarios, sino que incluso por muchos de sus amigos, como efectivamente lo hizo su ex Ministro del Interior, Bernardo Leighton, quien atribuiría esta actitud a "un verdadero peso de

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conciencia por el triunfo de la Unidad Popular, que vi caer sobre tu espíritu, abrumándolo, en los días posteriores a la elección de Salvador Allende" (Carta a Frei, 26 de junio, 1975).
Frei retornó a la arena política contingente presentándose en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como candidato a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó la presidencia del Senado, transformándose, por lo tanto, en el adversario principal de Allende.
Su muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin, había presentado, el 12 de mayo de 1973, una moción en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en la que se acusaba al gobierno de Allende de buscar establecer en Chile una "tiranía comunista". Posteriormente, Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones, y, sin duda tras obtener el asentimiento de Frei (presidente del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite a Orrego la aprobación final. Más aún, es Aylwin quien le replica públicamente a Allende tras la respuesta de este al Acuerdo.
Por cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados por un valiente y combativo presidente, Sergio Onofre Jarpa, habían denunciado desde muy temprano el creciente alejamiento de la legalidad del gobierno de la Unidad Popular.
Sin embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó la balanza, tanto en la ciudadanía como en los mandos militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió, con inusitada fuerza, en esos meses cruciales de 1973. Como Presidente del Senado, era el líder con mayor poder de convocatoria de la oposición y era también el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor prestigio internacional. Desde ya, el Times de Londres lo había calificado como "la personalidad política más importante de América Latina".
Existen testimonios de que en algún momento, Frei llegó al convencimiento de que sólo las Fuerzas Armadas podían impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba.
En la significativa "Acta Rivera", se describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad gremial que agrupaba a los industriales chilenos. En ella estos dirigentes le plantean que "el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana".
La respuesta de Eduardo Frei es reveladora: "Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles... les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo".
El testimonio más extenso de Frei en esta materia es su carta del 8 de noviembre de 1973 al Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el político italiano Mariano Rumor. Allí Frei reitera las acusaciones que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara: "Trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia... En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron

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a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición. Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber –y lo cumplió-- denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos".
Frei también comprendió que un Chile comunista habría apuntado, como una larga espada, al corazón de una vulnerable América Latina. Frei le dice a Rumor que "la caída de Allende ha sido un retroceso para el comunismo mundial. La combinación de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms. de costa en el Océano Pacífico y su influencia intelectual y política en América Latina, fue un paso decisivo en el intento de control del hemisferio. Eso explica esa violenta y exagerada reacción. Chile iba a ser una base de operaciones para todo el continente".
Esta perspectiva es confirmada por Brian Crozier, fundador del London's Institute for the Study of Conflict: "Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano, y por lo tanto una adición incipiente al Imperio Soviético... para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos... desde una perspectiva estratégica, se le había transformado en una importante base para operaciones subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina... la KGB soviética estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo... especialistas de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende". (The Rise and Fall of the Soviet Empire, 1999).
En una conversación con un periodista del diario español ABC, publicada el 10 de octubre de 1973, Frei ya había hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular y justificado plenamente la intervención militar: "El país no tiene más salida salvadora que el gobierno de los militares"; "El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército"; "Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el poder ejecutivo y el judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución"; "La guerra civil estaba preparada por los marxistas"; "Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad: Allende dejó la nación destruida".
Posteriormente Frei realizó una declaración pública en que reconoce haber hablado con el periodista Luis Calvo del ABC, pero en la que señala que la entrevista no reflejó exactamente sus palabras, sin aclarar cuáles fueron esas imprecisiones. Más tarde, en la carta citada a Leighton, Frei se refiere específicamente a que no hizo la durísima descripción de Allende que allí se le atribuye (y que por eso no se reproduce aquí), pero no desmiente el resto. Leighton le acepta esa retracción sobre Allende, pero le dice que los demás juicios son los mismos que le escuchó decir de manera consistente por años.
Un tercer texto clave de Frei es el prólogo que escribe en el libro --de elocuente título-- del cientista político DC Genaro Arraigada, De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional

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(1974). Allí Frei sostiene planteamientos similares a aquellos contenidos en la carta a Rumor y como epígrafe de su prólogo, Frei elige esta advertencia de Píndaro: "Fácil es, incluso para el más débil, destruir una ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura empresa levantarla de nuevo".
No deja de ser asombroso que en ese mismo 1973 en que se extendía el certificado de defunción de la democracia chilena y morían muchos de los nobles sueños de los fundadores del PDC, también fallecía en Francia Jacques Maritain, el filósofo-político francés que tanto admiraba Eduardo Frei y a quien había visitado en su lecho de enfermo en su exitosa gira a Europa de 1965.
Las Fuerzas Armadas obedecen
En la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, exactamente 18 días después de que los ministros militares recibieran formalmente el Acuerdo de la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en todo el territorio un operativo militar para cumplir el mandato parlamentario.
Así lo entendió el historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha sostenido que, con el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos, liderados por el general Augusto Pinochet, removieron por la fuerza a Allende de su cargo" (Communism. A Brief Story, 2001).
El 13 de septiembre de 1973, la influyente revista de opinión británica, The Economist, publicó un editorial titulado "El fin de Allende", cuyo contenido es tan revelador que merece ser analizado íntegramente.
La revista es clarísima en asignar la responsabilidad por la ruptura ocurrida dos días antes: "La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución".
El editorial incluso va más allá y le asigna a Allende la responsabilidad por la violencia posterior: "La batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales".
La explicación que hace la revista británica de la situación en Chile podría haberla firmado cualquiera de los diputados que aprobó el Acuerdo: "Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las

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empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los $ 1.000 millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas. Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país".
The Economist fue de los escasísimos medios extranjeros que mencionaron entonces el crucial Acuerdo del 22 de agosto: "El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que "el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta".
Para la revista británica el detonante para el golpe "fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los autores intelectuales del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso... El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil".
The Economist justifica plenamente la intervención militar cuando sostiene que "las fuerzas armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional", y realiza una importante precisión: "El General Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile".
The Economist adelanta, primero, que la tarea de reconstrucción será difícil y que habrá excesos e injusticias: "Cualquiera sea el gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado". Segundo, anticipa la colaboración militar con economistas civiles al adelantar: "El gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el gobierno de Allende destruyó". Y concluye con un lamento y una verdad: "Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable".
El desenlace natural

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Alexander Solzhenytsin, el gran escritor e intelectual ruso que denunció el horror de los campos de concentración en la Unión Soviética, afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla".
A medida que el gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer su revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
Al final fue esta presión de la civilidad la que empujó a los partidos políticos de oposición a la aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados, y después a las Fuerzas Armadas a obedecer el llamado del Acuerdo y remover por la fuerza al presidente que estaba violando "sistemáticamente” la Constitución de la República.
La resistencia civil generalizada que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados fue "la muralla" con la que se encontró el comunismo en Chile. Este Acuerdo, entonces, constituye la partida de defunción del gobierno del Presidente Allende y el certificado de bautismo del gobierno del Presidente Pinochet.
Como afirmó uno de los hombres claves detrás del Acuerdo y entonces Presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin: "El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del 'Golpe de Praga', que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente" (El Mercurio, 17 de septiembre de 1973).
No fue una afirmación aislada del futuro Presidente de Chile. Un mes después, Aylwin ratificó su pensamiento así: "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista" (La Prensa, 19 de octubre de 1973).
Es imposible, a la luz de todos estos antecedentes, no concluir que la intervención militar fue el resultado de una rebelión civil ante una tiranía. Ella fue legítima e inevitable, pues, como ha sostenido Vaclav Havel, un hombre que sufrió por varias décadas la dictadura comunista en su país, "el mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza" (New Yorker, 6 de enero, 2003).
Los hechos demuestran entonces que:
a) El Presidente Salvador Allende fue el principal responsable de su propia caída, pues cometió un suicidio político al declararse en rebelión contra la Constitución de la República.

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b) El entonces Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, fue el líder determinante de la resistencia civil que concluyó con la acusación de que el gobierno de Allende había cometido veinte violaciones a la Constitución y con un llamado a la intervención de las Fuerzas Armadas.
c) Las Fuerzas Armadas, al remover al gobierno socialista-comunista de la Unidad Popular, obedecieron un mandato moral y político de la Cámara de Diputados, un brazo del mismo Congreso que en 1970 había elegido Presidente a Salvador Allende.
Algo sorprendente sucedió en esa fría noche del 22 de agosto de 1973 inmediatamente después de terminada la votación del Acuerdo. Algunos diputados de la oposición comenzaron a cantar la Canción Nacional. Y ese gesto comenzó a ser imitado por otros hasta que al final toda la Cámara estaba de pie entonando el himno patrio.
En ese amor a Chile, compartido por todos, sobrevivía la esperanza.
Post Scriptum. He escrito este ensayo como una contribución a la causa de que nunca más se quiebre la democracia en Chile, para lo cual estimo imprescindible conocer las razones que la destruyeron y concordar hacia el futuro tres principios fundamentales para una convivencia cívica pacífica: a) Bajo ninguna circunstancia, con ninguna justificación, y en ninguna forma, un grupo debe propugnar, y mucho menos iniciar, la violencia como mecanismo de cambio económico, social o político bajo un régimen democrático; b) Iniciada la violencia por algún sector, ella debe ser atajada de inmediato por el gobierno de ese momento, dentro de la ley pero aplicando toda la fuerza de la ley; y c) El rechazo a los que propician y ejercen la violencia, y el apoyo al gobierno que la combate con mano firme, debe contar con el respaldo unánime y decidido de la sociedad política y de la sociedad civil.


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