Blog El Mercurio
La información que se encontró en el computador personal de Raúl Reyes, uno de los principales jefes del grupo guerrillero abatido en Ecuador en un operativo del ejército de Colombia, ha provocado un áspero debate en Chile entre parlamentarios de oposición y autoridades de gobierno. Sin embargo, más allá de múltiples declaraciones, la ciudadanía aún no ha recibido una buena explicación acerca de los hechos.
Al parecer, en dicho computador existía información relevante para Chile, pues, de lo contrario, no se habría producido el envío de un informe por parte del director de la ANI, Gustavo Villalobos, al fiscal nacional. Si bien tal información se envió cuatro meses después de haberse recibido -porque, según el director Villalobos, se requería algún tiempo para analizar los datos encontrados-, al final la decisión fue que los antecedentes debían ponerse en manos del Ministerio Público. Asimismo, La Moneda tomó la decisión de degradar de su cargo al funcionario aludido en esos mensajes electrónicos, y aunque lo haya hecho en medio de una serie de declaraciones que expresaban cierto respaldo hacia él, tal decisión resulta también reveladora de que las autoridades consideraron seria la posibilidad de alguna vinculación con el grupo terrorista colombiano.
Pese a lo anterior, las autoridades de gobierno han insistido en que de las investigaciones desarrolladas a lo largo de este año se puede concluir que no hay peligro de que grupos violentistas nacionales tengan nexos con las FARC. Según principios básicos de inteligencia, se ha afirmado, las indagaciones se realizan sigilosamente y no se anuncian ni su desarrollo ni sus resultados. Por cierto, ésta es la forma correcta de proceder, pero la dilación y el hecho de que se hayan tomado las decisiones citadas sólo después de que los antecedentes fueran entregados por un senador de oposición al Ministerio Público no pueden sino despertar naturales suspicacias.
Tampoco contribuyen a desvirtuar las aprensiones de ciertos sectores las reacciones de algunos parlamentarios de izquierda que, pese a las decisiones del Gobierno, insisten en que Chile debe adoptar una posición firme y protestar ante el gobierno colombiano. Por cierto, no se advierte por qué la entrega de determinada información puede ser motivo de protesta, si dicha información sirvió de base para que el propio Gobierno chileno resolviera adoptar las medidas referidas.
En suma, los hechos en controversia no están claros hasta ahora, y las seguridades que da el Gobierno tampoco parecen convincentemente sólidas. Es difícil efectuar afirmaciones tajantes frente a grupos clandestinos que están continuamente preparando operaciones de violencia. Y no constituye bastante garantía la sola aseveración de que nuestro país está indemne a las amenazas de violencia, mientras, al mismo tiempo, se procede a entregar antecedentes sobre esta materia al Ministerio Público.
El país no ha olvidado que hace algunos años se fugaron de la cárcel supuestamente más segura de Chile varios terroristas del FMR, en un espectacular operativo protagonizado por dos mujeres pertenecientes al IRA, grupo terrorista irlandés. Las organizaciones extremistas están siempre buscando formas de apoyarse mutuamente y de crear nexos entre ellas, y ya al menos en una oportunidad sorprendieron de un modo grotesco y burlaron a las autoridades chilenas. Éstas han señalado ahora que en materias de seguridad es necesario actuar con mucha prudencia y responsabilidad, desprovista de consideraciones políticas o del deseo de dañar a los adversarios.
Al parecer, en dicho computador existía información relevante para Chile, pues, de lo contrario, no se habría producido el envío de un informe por parte del director de la ANI, Gustavo Villalobos, al fiscal nacional. Si bien tal información se envió cuatro meses después de haberse recibido -porque, según el director Villalobos, se requería algún tiempo para analizar los datos encontrados-, al final la decisión fue que los antecedentes debían ponerse en manos del Ministerio Público. Asimismo, La Moneda tomó la decisión de degradar de su cargo al funcionario aludido en esos mensajes electrónicos, y aunque lo haya hecho en medio de una serie de declaraciones que expresaban cierto respaldo hacia él, tal decisión resulta también reveladora de que las autoridades consideraron seria la posibilidad de alguna vinculación con el grupo terrorista colombiano.
Pese a lo anterior, las autoridades de gobierno han insistido en que de las investigaciones desarrolladas a lo largo de este año se puede concluir que no hay peligro de que grupos violentistas nacionales tengan nexos con las FARC. Según principios básicos de inteligencia, se ha afirmado, las indagaciones se realizan sigilosamente y no se anuncian ni su desarrollo ni sus resultados. Por cierto, ésta es la forma correcta de proceder, pero la dilación y el hecho de que se hayan tomado las decisiones citadas sólo después de que los antecedentes fueran entregados por un senador de oposición al Ministerio Público no pueden sino despertar naturales suspicacias.
Tampoco contribuyen a desvirtuar las aprensiones de ciertos sectores las reacciones de algunos parlamentarios de izquierda que, pese a las decisiones del Gobierno, insisten en que Chile debe adoptar una posición firme y protestar ante el gobierno colombiano. Por cierto, no se advierte por qué la entrega de determinada información puede ser motivo de protesta, si dicha información sirvió de base para que el propio Gobierno chileno resolviera adoptar las medidas referidas.
En suma, los hechos en controversia no están claros hasta ahora, y las seguridades que da el Gobierno tampoco parecen convincentemente sólidas. Es difícil efectuar afirmaciones tajantes frente a grupos clandestinos que están continuamente preparando operaciones de violencia. Y no constituye bastante garantía la sola aseveración de que nuestro país está indemne a las amenazas de violencia, mientras, al mismo tiempo, se procede a entregar antecedentes sobre esta materia al Ministerio Público.
El país no ha olvidado que hace algunos años se fugaron de la cárcel supuestamente más segura de Chile varios terroristas del FMR, en un espectacular operativo protagonizado por dos mujeres pertenecientes al IRA, grupo terrorista irlandés. Las organizaciones extremistas están siempre buscando formas de apoyarse mutuamente y de crear nexos entre ellas, y ya al menos en una oportunidad sorprendieron de un modo grotesco y burlaron a las autoridades chilenas. Éstas han señalado ahora que en materias de seguridad es necesario actuar con mucha prudencia y responsabilidad, desprovista de consideraciones políticas o del deseo de dañar a los adversarios.
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