Detenidos 19 involucrados

Detenidos 19 involucrados

Cae red de apoyo a delincuentes al interior de Investigaciones y el Poder Judicial
Una operación realizada esta madrugada por la Fiscalía Centro Norte permitió la aprehensión de varios detectives y funcionarios que, a cambio de dinero, confeccionaban documentos falsos con el fin de ayudar a involucrados en delitos como narcotráfico, violaciones y homicidios. El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, llamó a no estigmatizar a las instituciones involucradas. En tanto, el juez Mario Carroza, quien ya investigaba irregularidades detectadas en los tribunales de Garantía, asumirá también como ministro en visita en este caso. [Actualizada]
Por El Mostrador.cl



El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, confirmó hoy la detención de once detectives de la Policía de Investigaciones de Chile, diez de ellos en servicio activo, y y ocho funcionarios del Poder Judicial vinculadas a una red de corrupción que usaba y falsificaba documentos públicos para lograr beneficios a personas que cumplían condena por delitos tan variados como narcotráfico, robo, homicidios e incluso violación.

"En un trabajo muy acucioso la Fiscalía Centro Norte logró determinar la participación para imputar a aproximadamente 20 personas y hoy día (viernes) en la madrugada se han despachado las órdenes de aprehensión", declaró la autoridad a radio Cooperativa.

"Este país puede estar tranquilo de que el sistema judicial va a perseguir la responsabilidad sea quien sea los autores", agregó.

Las órdenes de detención fueron dictadas por la fiscal Nancy González, que investigaba esta red desde abril pasado cuando se detectó que la funcionaria judicial Gloria Navarrete emitió una resolución falsa para dejar en libertad al narcotraficante Janio Henry González.

La mujer, que fue procesada y expulsada del servicio, recibió 300.000 pesos (500 dólares) de parte del detective Manuel Donoso, que a su vez fue dado de baja por la Policía de Investigaciones y formalizado por el Ministerio Público.

Se especula que los funcionarios recibían entre 300.000 y cuatro millones de pesos (entre 500 y 6.700 dólares), dependiendo de la gravedad del delito que había cometido el beneficiario de la operación.

El departamento de comunicaciones de Carabineros descartó que haya funcionarios de la policía uniformada involucrados en la operación, mientras que los miembros del poder judicial detenidos son trabajadores en servicio y otros desvinculados.

El fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte de la capital, Iván Millán, sostuvo que la operación asestada esta madrugada "es una de las investigaciones de mayor envergadura con lo que dice relación con temas de corrupción en instituciones vinculadas con sector justicia”.

En esa línea, confirmó que "en términos generales existen funcionarios en ejercicio del Poder Judicial, de la Policía de Investigaciones, y funcionarios que lo fueron alguna vez y civiles" involucrados en la confección de documentos que ayudaron a delincuentes vinculados a delitos tan variados como narcotráfico, violaciones y homicidios.

Al respecto, el fiscal detalló que se trata de personas vinculadas al sector justicia, lo que no significa que esas instituciones estén involucradas en los hechos.

Ministro en visita

En tanto el Pleno de la Corte Suprema determinó otorgar dedicación exclusiva al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza Espinoza para que indague las eventuales vinculaciones del Poder Judicial con una organización que se dedicaba a buscar beneficios irregulares para personas con antecedentes criminales.

Reunido el Pleno del máximo tribunal del país en la ciudad de Santa Cruz, Región de O’Higgins, se determinó adoptar la decisión dado la gravedad de los hechos que han sido conocidos públicamente y que ya estaban siendo indagados desde mayo pasado por el ministro Carroza.

“Se ha determinado otorgarle dedicación exclusiva al ministro señor Carroza y ampliar (sus facultades) a cualquier antecedente que sea necesario investigar. Esto forma parte de nuestra política de asumir las situaciones que nos afectan y tratar de investigarlas y corregirlas”, dijo el presidente de la Corte Suprema Urbano Marín.

Consultado respecto de si le parece preocupante que funcionarios judiciales aparezcan vinculados a organizaciones delictuales, el ministro Marín respondió: “Siempre es preocupante por la gravedad que tienen y por eso se está investigando. La investigación que ha hecho el ministro Carroza está en el plano administrativo, porque desde el punto de vista penal está en el Ministerio Público, pero ambas investigaciones se han tramitado de manera separada”.

A primera hora, el ministro Mario Carroza había informado que dos funcionarios judiciales que se encontraban en funciones integraban un grupo de personas para facilitar beneficios a personas con antecedentes judiciales. Se trata de René Pizarro Araya del 32° Juzgado del Crimen del Santiago, y de Joaquina Carreño Ramírez del 4° Juzgado del Crimen de Santiago.

Ambos funcionarios fueron suspendidos de sus funciones y se determinó abrir una investigación administrativa en su contra para determinar su responsabilidad funcionaria en estos hechos.

Además, el grupo lo integraban la ex funcionarias Margarita Cuadros Aedo y Beatriz Biarretz quienes cumplieron funciones en los antiguos juzgados del crimen y que desde hace años no forman parte del Poder Judicial.

A ellos se suman la funcionarias Uberlinda Elizondo y Gloria Navarrete que ya fueron expulsadas del Poder Judicial, luego de iniciarse en mayo pasado la investigación por actuaciones irregulares en la entrega de beneficios a personas procesadas o condenadas.

Investigaciones: "Fuimos vulnerados"

El prefecto jefe de la zona metropolitana de la Policía de Investigaciones, Óscar Gutiérrez, confirmó que 10 funcionarios de su institución fueron detenidos por el Ministerio Público en relación con la investigación que lleva la Fiscalía Norte en el denominado caso de “resoluciones falsas”.

“Al respecto, quiero señalar que en relación a este tema la Policía de Investigaciones detectó e investigó a partir del mes de abril, aproximadamente del año pasado, una vulnerabilidad de sus sistemas de base de datos de información policial en la cual funcionarios nuestros estaban entregando información a particulares y haciendo modificaciones al sistema”, precisó el prefecto.

En ese sentido, señaló que Investigaciones estableció un sumario administrativo, en la cual, "hay actualmente nueve funcionarios suspendidos por esos mismos hechos”.

Al respecto, destacó que “los controles internos funcionaron y eso nos permitió detectar que estaban ocurriendo estas irregularidades. Se revisaron los sistemas y base de datos y se ha hecho las correcciones y modificaciones, para que no vuelva haber vulnerabilidad”.

Finalmente, aseguró que a raíz de los ilícitos “no tene