CAMARA PIDE ACLARAR CASOS DE FALSOS EXONERADOS

Diputados de la Comisión de DD.HH. presentarán antecedentes a la Contraloría el próximo miércoles:
Cámara pedirá a ministro Pérez Yoma aclarar eventuales casos de falsos exonerados políticos

El Gobierno descarta irregularidades en la entrega de indemnizaciones y asegura que todos los casos son revisados por el ente contralor.

N. HERNÁNDEZ, P. YÉVENES Y C. CARVAJAL
El Mercurio

Con el fin de aclarar la eventual existencia de irregularidades en la certificación de exonerados políticos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pedirá al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que asista a la sesión especial que la instancia fijó para el próximo miércoles.


Esto, luego que durante la semana se dieran a conocer antecedentes de la existencia de personas que no cumplirían con los requisitos para ser consideradas exonerados políticos y que recibieron los beneficios que el Estado entrega a través del Programa del Exonerado Político del Ministerio del Interior (ver recuadro).

En esta sesión, los diputados solicitarán al ministro Pérez Yoma que explique el mecanismo que se utiliza para determinar quiénes cumplen con los requisitos para ser calificados como exonerados políticos y cómo se les hace entrega de los beneficios.

Según explicó la presidenta de la Comisión de DD.HH., diputada Karla Rubilar (RN), si bien la idea original de la invitación al ministro Pérez Yoma se dio tras el caso del falso detenido desaparecido, los miembros de la comisión evaluaron ayer -a raíz de esta nueva denuncia- revisar junto al ministro "todos los temas que tengan que ver con las leyes de reparación", incluidos estos nuevos antecedentes. Además del jefe de gabinete, serán convocados María Luisa Sepúlveda, asesora presidencial en materia de DD.HH., y dirigentes de las agrupaciones de derechos humanos.

"Éste es un tema escandaloso, que atenta contra la fe pública y pone en tela de juicio un importante programa para Chile, que es el de reparación en materia de derechos humanos (...). Acordamos hacer esta citación luego de conocer los hechos aparecidos en la prensa y algunas denuncias formales que han realizado importantes miembros del mundo de los derechos humanos y que tienen bastante credibilidad", dijo el diputado Gabriel Silber (DC), miembro de la Comisión de DD.HH.

Desde el ámbito oficial, la coordinadora nacional del Programa Reconocimiento al Exonerado Político, Marta Joignant, declaró que no existe ninguna persona a la que se le haya otorgado un beneficio sin el consentimiento previo de la Contraloría General de la República.

Agregó Joignant que a la fecha han postulado 258 mil 767 personas, de las cuales 145 mil 286 fueron declaradas exoneradas políticas, aunque sólo 67 mil 496 han sido beneficiadas por pensiones que otorga el INP.

"Es imposible engañar al sistema", declaró Joignant, quien agregó que el programa terminará a mediados de 2009.

Los beneficios

En 1993 comenzaron a otorgarse beneficios previsionales a exonerados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Éstos deben acreditar fecha y causal política de exoneración. Se dictaron tres leyes para ampliar el plazo, la última en septiembre de 2006, la cual vence el 30 de este mes.

"Lamentable"

Como "lamentable" calificó el abogado jefe de la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, Nelson Caucoto, que pudiera haber falsos exonerados políticos. Caucoto dice que tal situación no le "asombraría", ya que cree que están "fallando los controles". Dijo que en la Corporación hacen la calificación de los exonerados gratuitamente y piden un oficio del Ministerio del Interior, pero que sospecha que otros podrían estar lucrando con el tema.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que de ser cierto se deben tomar medidas, porque las víctimas de violaciones a los derechos humanos "deben entrar por la puerta correcta".

Denuncia: cien mil casos inexistentes y clientelismo electoral

Raúl Celpa, presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, asegura que de 145 mil 286 personas calificadas como exonerados, unas cien mil no lo son, sino que se trataría de casos falsos surgidos al amparo de una ley que "ha sido instrumentalizada desde 1998 para fines electorales".

Este ex militante PS y ex gerente del Banco Español Chile, afirma que cuenta con datos reunidos durante diez años para demostrar una situación que estima perjudicial para los verdaderos afectados.

Dice que desde 1993, "una organización progobiernista, con ayuda de todo el aparataje fiscal, cautiva un mercado ilimitado de personas, que cuando se les ofrece ser calificadas como exonerados políticos acceden a ello. Pero esa cautivación significa votar, obviamente, por los candidatos de la alianza política que sustenta al gobierno". Agrega que más tarde "se suben a este carro los partidos de la oposición". Incluso afirma que hay parlamentarios que lograron ser elegidos con estos votos.

"Es cuestión de revisar el distrito de Jaime Naranjo (senador PS), en la VII Región. Por ejemplo, Longaví, Cauquenes, Parral, tienen más exonerados políticos que Linares, que era cabecera de provincia y contaba con toda la infraestructura estatal. Colbún tiene exonerados y no existía en 1973", declaró en La Segunda.

Parlamentarios: investigar y sancionar

Parlamentarios de todos los partidos concordaron en que si se demuestra la veracidad de las acusaciones acerca de la existencia de falsos exonerados políticos, la situación es de extrema gravedad.

El diputado del PPD Tucapel Jiménez, miembro de la comisión de Derechos Humanos, dijo: "Existe una alta probabilidad de que existan personas que nunca tuvieron la condición de exonerados y se hayan aprovechado de la ley. Si se llegara a demostrar, yo lo consideraría de una gravedad tremenda, porque se trata de recursos del Estado".

En la misma línea, el senador y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, anunció que el partido está a la espera de más antecedentes para iniciar acciones políticas o jurídicas. El diputado de la UDI y también miembro de la comisión de DD.HH., Felipe Salaberry, dijo que junto al senador Coloma evaluaron la posibilidad de reactivar la denuncia que interpusieron ante el Ministerio Público por el caso conocido hace unas semanas del falso detenido desaparecido, "para que se investigue la totalidad de beneficiarios con leyes de reparación, y que se acredite el correcto uso de los fondos".

En tanto, el diputado socialista Marcelo Schilling dijo que "cualquier fraude o irregularidad que se descubra en este tema hay que investigarlo y sancionarlo de la manera más drástica".