
Desde El Salvador comenta Luis Fernández Cuervo, médico y
periodista, la situación de militares sometidos a proceso y
condenados en Chile, en base a presunciones.
Bien se ha dicho que los marxistas ni olvidan, ni se
arrepienten, ni perdonan. También son muchos los que ironizan sobre los
Derechos Humanos Universales, que parecen serlo sólo para proteger a los que más han violado los derechos de los otros. Un caso terrible de este tipo de
injusticia es el que hoy sufre el país de Chile y muy en especial su estamento
militar.
¿Importa lo que voy a escribir a los salvadoreños? ¿No hemos tenido aquí
nuestras propias injusticias? Escribo en el presente pero mirando no al pasado
sino hacia el futuro y afirmando ese dicho conocido: “Los pueblos que ignoran la historia pasada, se ven obligados a repetirla.”
Chile fue noticia mundial cuando el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas
Armadas Constitucionales derrocaron al gobierno del presidente Salvador
Allende. Yo estaba allí y puedo asegurar que la información internacional sobre
ese hecho, sobre Allende y sobre lo que siguió, fue siempre incompleta, sesgada
hacia la izquierda y en muchas ocasiones, pura mentira. Ya escribí años atrás
sobre eso. Ahora quiero mostrar cuanto tiene de verdad eso de que “ni olvidan,
ni se arrepienten, ni perdonan” y también como la opinión pública internacional
y los que se auto proclaman defensores de los Derechos Humanos tienen “un ojo
pacho”. Ustedes verán cual es el ojo del que son tuertos.
No creo que existan muchos casos de injusticia tan monstruosa como la
que sufren, bajo los gobiernos de la Concertación (socialista-democracia
cristiana) militares acusados de delitos nunca probados, algunos de ellos bajo la
aberración jurídica de “secuestro permanente.”
“Dentro de pocas horas seré detenido para pagar por un delito que no he
cometido. Invariablemente he proclamado mi inocencia por las acusaciones que
injustamente se han hecho recaer sobre mí. Vuelvo a hacerlo al momento de ser
injustamente privado de libertad por diez años. Nunca conocí al señor Sandoval,
no lo detuve, no lo interrogué, no lo torturé, jamás lo secuestré ni le quité la vida.
Ni una sola prueba legal demuestra lo contrario. (…) No me llevan las actuales
autoridades a la cárcel, sino a un verdadero campo de prisioneros políticos. Allí
padeceremos encierro humillante un cierto número de Soldados entre los cuales,
a la época de los hechos que constituyen la acusación, éramos jóvenes tenientes
o subtenientes y otros como últimos eslabones de una larga y compleja cadena de
mandos.” Lo firma el Brigadier del Ejército Miguel Krassnoff en una carta
pública.
De nada ha servido que algunos hayan demostrado que toda la guerra sucia
y represión que en Chile se hizo contra el comunismo fue Institucional y bajo
distintos gobiernos. Cuando el abogado Luis Valentín Ferrada, defendiendo a
militares procesados alegó esa razón, dice que todos con los que habló “jueces,
políticos, militares y autoridades públicas actuales bien conocidas, me dijeron:
tienes toda la razón, es muy valiente tu posición, pero es imposible de asumir y
aceptar sin que todo el andamiaje se nos venga abajo"... todos esos jóvenes
oficiales fueron también víctimas de un sistema y de una política de Estado
antisubversiva que se definió como tal, se financió, se desarrolló y se premió
desde 1955 sin variación, incluido el tiempo del gobierno de Salvador Allende.”
No es solo una grave injusticia condenar a alguien sin pruebas del delito
del que se le acusa, sino que llega al colmo cuando se condena a la cárcel a unos
militares acusados de “secuestro permanente”. Es decir, condenados a prisión,
desde la acusación, sin pruebas, de haber secuestrado personas, hasta que
aparezcan esas personas (¡¿?!)
“Todo ser humano con mediana cultura” ---escribe Hugo Alsina en otra
carta pública--- “y un mínimo grado de inteligencia, sabe que no puede existir el
secuestro permanente y que los secuestrados no pueden subsistir vivos si los
secuestradores están presos. Pero, en fin, el Gobierno y el Poder Judicial chileno
creen que ello es posible.” Después hace un cálculo de la cifra astronómica que
sería necesaria para mantener después de 35 años a esos secuestrados y termina
diciendo: “¿Qué está pasando? ¿Es que no hay nadie en el Gobierno, en el Poder
Judicial ni en el Congreso que pueda dar una explicación razonable a la
ciudadanía de esta gravísima violación de los Derechos Humanos? ¿O es que los
miembros de las Fuerzas Armadas no tienen Derechos Humanos"? Ya es hora
de terminar con esta farsa que en nada prestigia a un país serio como debe ser
Chile.”
Así funciona la Justicia en el gobierno de la Sra. Bachelet, tan alabado por
la prensa internacional. ¿Y qué dice de esto el juez español Garzón,
autoproclamado Quijote moderno “desfacedor de todo entuerto” mundial?
■■■■■
Luis Fernández Cuervo
luchofcuervo@gmail.com
www.temas.cl – Columnistas – 10-09-2008
miércoles, 19 de noviembre de 2008
CHILE: UN CASO DE DESINFORMACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario