MEMORANDUM RELATIVO A PROPOSICION DE BASES PARA UN ACUERDO NACIONAL DEL SENADOR DON HERNAN LARRAIN

1.- El Análisis del Proyecto de Acuerdo Nacional planteado por el Senador Hernán Larrain evidencia por un lado, que la Concertación de Partidos de Gobierno, está hoy reducida a distintos grupos político partidista que luchan por conservar el Poder y, por otro lado, que los Sectores Democráticos de Oposición – si logran alcanzar un Acuerdo Nacional que proponga a la Ciudadanía solucionar los grandes Problemas Nacionales - tiene las mejores posibilidades para reemplazar en la conducción del Estado a esos Grupos de Poder que creen superar sus propios problemas asociándose con sectores de la extrema izquierda que incluye al Partido Comunista, en la conducción del Estado.


2.- Con todo, dicho planteamiento ignora los notables esfuerzos que están realizando los ex Presidentes Lagos y Frei, para lograr su reelección con el pretexto de reunificar las fuerzas políticas de la Concertación, pero afrontando el riesgo que la Democracia Cristiana se retire de esa Coalición si el Senador Frei no sea el candidato final de la misma.

3.- En el complejo escenario resultante, el Proyecto del Senador Larraín procura generar un Proyecto Nacional para los sectores, partidos, grupos políticos y personas que integran la oposición democrática del actual Gobierno en un esquema general que ignora enteramente la necesidad que dicho Proyecto logre real y efectivamente la indispensable Unidad Nacional que requiere el País. En efecto, esta carencia se advierte en el hecho que ello no se refleja en ninguno de los fundamentos, consideraciones y Propuestas Concretas para implementar los Nuevos Consensos que sugiere en su Capítulo 5. En efecto, dicho documento no manifiesta preocupación alguna por la monstruosa situación que afrontan los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden de la República, en servicio activo o en retiro a quienes correspondió, durante el Gobierno Militar, cumplir con la ingrata tarea de impedir que las fuerzas del extremismo criollo, al servicio del imperialismo soviético y sus aliados castro comunistas, pudieran recuperar por la violencia el Poder en Chile, del que fueron expulsados el 11 de Septiembre de 1973.

4.- Conforme lo consignado en el párrafo anterior, cabe destacar que el mencionado documento no tiene siquiera una modesta preocupación y menos aún Propuesta específica alguna en favor de dichos integrantes. Por esto es que en las Bases de la misma y en su consiguiente Estrategia Política ni siquiera se menciona y para que decir analiza la aberración jurídica que hoy día no exista para dichos integrantes igualdad ante la ley y el consiguiente Estado de Derecho que garantiza nuestra Carta Fundamental para todos los habitantes de la República pues la mayor parte de sus Tribunales acoge ilegítimamente las acciones penales interpuestas en su contra sea por el Gobierno de la Concertación, sea por aquellos – o sus herederos - que en su época fueron los victimarios de la democracia. Al amparo de esas sentencias penales, en cambio, para tales victimarios rige la ley de Amnistía de 1978, se aplican en su favor las referidas normas legales de prescripción de la pena y la acción penal y rigen distintos convenios internacionales que nuestra República no ha ratificado. Así mismo, se dictan leyes de indemnizaciones que los benefician al extremo que ya al mes de Agosto del año 2007 alcanzaron a la cifra de US$ 1.386.000.000 (Mil trescientos ochenta y seis millones de dólares), sin considerar la situación de quienes, con sus familias, lo dieron todo para salvar la República del marxismo y sus aliados internos y externos. En cambio, a los referidos militares en retiro o en servicio activo, se les llena de oprobio inventa delitos imposibles como el de secuestro permanente y a sus familias, se ignoran las referidas normas constitucionales y legales, al extremo que luego de ser condenados a penas privativas de libertad que en mas de un caso exceden de 100 años de Cárcel, se les obliga a cumplir con esas penas aun cuando exceden de 80 años de edad o estén grave e irreparablemente enfermos. Pero solo esos militares y sus familias los que reciben un trato inaceptable y vergonzante, sino es también afectados todos los que no son partidarios de la extrema izquierda o de los sectores de gobierno, quienes soportar a candidatos o personas constituidas en autoridad que entonces fueron terroristas.

5.- En otras palabras, en la Propuesta del Senador Larraín se ignoran las personas y los gravísimos problemas indicados en el párrafo anterior que afectan al sector de chilenos que integran, en servicio activo o en retiro, las Instituciones Armadas. Para ellos y sus familias no rige en su favor el Estado de Derecho consagrado para todos los chilenos en la Carta Fundamental de la República, lo que hace estéril y sin sentido incorporarse a su proyecto de Acuerdo Nacional. Sin perjurio de ello, resulta difícil entender que por un lado se crea que con dicha propuesta se ganarán las próximas elecciones al dar por supuesto que “los militares son un voto cautivo de la Alianza por Chile y, por otro, que es probable es que otros sectores de la oposición democrática que tengan igual apreciación y cuestionan errores y mezquindades de algunos de líderes de la Alianza podrían preferir llevar candidatos propios en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

6.- Pero la situación expuesta es aún mas compleja pues aún cuando la Alianza por Chile lograra ganar las elecciones mencionadas en el párrafo anterior sin haber planteado de un modo expreso la urgente necesidad de resolver la gravísima e injusta situación en que se encuentran actualmente los referidos integrantes en servicio activo y pasivo de las Instituciones Armadas y sus Familias, tampoco se darían las condiciones para que solo entonces los eventuales ganadores de esas elecciones plantearan a la Nación la necesidad de resolver la indigna situación de dichos integrantes y sus familias pues los perdedores le generarán al nuevo Gobierno Aliancista una oposición política de tal gravedad que generarían situaciones de difícil gobernabilidad con el pretexto que ello no fue lo que dicha Alianza ofreció al País y la ciudadanía aceptó al votar por sus candidatos.

7.- Lo anteriormente expuesto tiene, adicionadamente una connotación inmediata de la mayor importancia. Hasta ahora, si bien es cierto que la mayoría de las sentencias de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones en materia de juicios criminales por los llamados derechos humanos contra militares condenan a estos, existen diversas sentencias de minoría de dichas Cortes reconocen a favor de ellos la amnistía, la prescripción de la pena y su acción penal y la no vigencia en Chile de los tratados internacionales que se han aplicado en su contra, lo que deja la posibilidad de un eventual cambio de dicha jurisprudencia por un aumento en la adecuada selección de los Ministros de Cortes. Desgraciadamente esta situación amenaza cambiar luego del insólito rechazo del Senado al ascenso a la Corte Suprema del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Alfredo Pfeiffer pues no solo porque se designó en vez de él al Ministro Señor Haroldo Brito de reconocida tendencia de izquierda, sino que luego, se volvió a rechazar al Ministro Sr. Pfeiffer, aprobándose la designación el 11 de este mes como Ministro de la Corte Suprema al Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción don Guillermo Silva G. Este contó con una gran publicidad del diario La Nación y otros medios de difusión de izquierda por haber participado en sentencias que condenaban a militares o ex militares en los referidos juicios. Pero esto no es todo porque dicho nuevo Ministro de la Corte Suprema contó con la votación unánime de todos los Senadores de Gobierno y Oposición, con la singularidad que además contó con elogiosos discursos de los senadores señores Alberto Espina (RN) y Víctor Pérez (UDI).

En otras palabras, lo claro es que en el año y medio que resta de la presidencia de la Sra. Bachelet ya puede advertirse cual podría ser la próxima realidad en materia de Sentencias de la Corte Suprema en los juicios pendientes relativos a integrantes en servicio activo o en retiro de las Instituciones Armadas y cual sería la naturaleza de las votaciones de la Alianza por Chile en el Senado en las proposiciones que planteará la actual Jefe del Estado; todo lo cual hará mucho mas lejano y difícil resolver positivamente la muy grave situación que actualmente se está viviendo en esta materia.

8.- Finalmente, pareciera indispensable profundizar objetivamente y a la brevedad en la compleja situación política que se esta viviendo al respecto y luego ir adoptando las medidas necesarias destinadas a lograr al menos que en todos los Programas tanto de la Alianza por Chile, como del PRI y de Chileprimero para las próximas elecciones parlamentarias y presidencial se incluya, entre otros aspectos (que pudieran ser distintos por la naturaleza partidista de cada sector), la necesidad de superar la menoscaba situación jurídica en materia de derechos humanos que se encuentran integrantes en servicio activo o en retiro de las Instituciones Armadas.

Lo anterior, sin perjuicio que lo optimo sería ( aunque muy difícil, pero posible de lograrlo) que las elecciones parlamentarias y presidencial fueran enfrentadas en conjunto por todas las Fuerzas de la Oposición Democrática con un Programa básico de Gobierno que tenga, entre otros aspectos, el lograr el restablecimiento del Estado de Derecho para los integrantes de las Instituciones Armadas y sus familias y una Lista única de Candidatos de dichas Fuerzas.


Santiago, 17 de Noviembre del 2008