Garzón constata que Franco murió
n Más que bando de los buenos o los malos, las razones en la historia están repartidas
PACO G. REDONDO PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Qué podemos pensar de la seriedad de un juez que, en vez de administrar justicia entre los vivos, se dedica a constatar que los personajes históricos de siglos pasados murieron? No es cuestión de aplaudirle porque quiera condenar el franquismo y el franquismo fuera una dictadura ni de criticarle por no perseguir a Fidel Castro u otros dictadores como persiguió a Augusto Pinochet. La justicia debe ser igual para todos, al margen de ideologías.
Simplemente, se trata de plantear cuál es su función como juez de la Audiencia Nacional sin llegar a la irónica propuesta de Esperanza Aguirre que le espetó, en el bicentenario de la Guerra de la Independencia, por qué no persigue los desmanes de los ocupantes napoleónicos. Los crímenes contra la humanidad no prescriben, pero para sentenciar su castigo los acusados deben estar vivos. Y el juez debe atenerse a sus competencias y ejercerlas con imparcialidad.
La historia de Garzón ha sido la de un juez mediático. Se labró fama de anticorrupción con sus causas contra narcotraficantes, luego fue como «número 2» por Madrid en la lista del PSOE de Felipe González, después no fue nombrado ministro del Interior y luego persiguió los crímenes de Estado de los GAL y el saqueo personal de los fondos reservados, por los que fueron condenados un ministro del Interior, un secretario de Estado y un director de la Guardia Civil.
Con el «juez-estrella» Garzón hemos topado. Ahora constata que Franco murió en 1975, y se inhibe de la inquisición general que pretendía abrir. Si la divisa de la justicia es ser ciega y llevar una balanza, como símbolos de su independencia de partidismos, y ponderación de hechos y pruebas, el juez ha querido meterse a justiciero progre de un pasado histórico de trágica y cruel guerra civil, que los españoles decidieron civilizadamente superar durante la transición democrática.
Puestos a juzgar hechos pasados no imputables a los vivos, cosa que ni los historiadores hacen, pues su función no es juzgar, condenar o absolver desde la mentalidad presente, sino explicar los hechos pasados proyectados, sus causas, características y consecuencias, ¿por qué se redujo el juez a 1936 y no a 1934 para explicar y castigar el apasionamiento del odio y la violencia entre las «dos Españas», afortunadamente superado por casi todos?
Nadie duda del derecho a la memoria y al honor de quienes lucharon por unos ideales sin cometer delitos ni del derecho al enterramiento digno o rito funerario que prefieran. Cosa distinta es tratar de perseguir judicialmente a los muertos o de condenar regímenes políticos del pasado desarrollados en circunstancias distintas de las actuales. Más que haber bando de los buenos y de los malos, en la historia las razones suelen estar repartidas.
No puede ser que la decisión sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña dependa de si ganan 8 a 7 los propuestos por el PSOE o el PP. Lo que una España liberal y próspera necesita es una auténtica separación de poderes, jueces independientes y rigurosos, a tono con el país moderno y la sociedad democráticamente avanzada que propugnamos, sin caer en protagonismos personales ni caricaturas extemporáneas.
viernes, 28 de noviembre de 2008
¿SERIEDAD DE UN JUEZ?
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