VINCULOS EXTREMISTAS

El Mercurio

Con ocasión de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Biobío en relación con el ataque del que fueron víctimas el fiscal Mario Elgueta y su comitiva en octubre del año pasado en la zona de Tirúa, cuando pesquisaban atentados incendiarios perpetrados por extremistas, la autoridad judicial emitió una orden a la Policía de Investigaciones para que ubique a la ciudadana francesa Julia Goyout, que estaría casada con el mapuche Joel Millalef, con quien tiene una hija de dos años. En su casa se encontró documentación relacionada con ETA, con otros grupos anarquistas argentinos y con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que se ha adjudicado numerosos actos de violencia terrorista en esa zona.


El hallazgo de material proveniente de ETA (o de Batasuna, su brazo político) confirma las versiones que hace ya varios años insisten en que agrupaciones extremistas y nacionalistas extranjeras, principalmente europeas y latinoamericanas, mantienen estrechas relaciones políticas -y, probablemente, de apoyo financiero y logístico- con organizaciones chilenas que invocan la causa indigenista para sus fines ideológicos. Así, en junio de 2007, Batasuna envió un emisario a Chile para participar en encuentros con el extremista grupo guerrillero "Frente Manuel Rodríguez". Y reiterados indicios -nunca investigados sistemáticamente por la autoridad- apuntan a similares relaciones con las FARC de Colombia y otras organizaciones de parecida orientación de Perú y Ecuador, así como con redes internacionales de adoctrinamiento. En fin, es abierta la acción del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por extender continentalmente su "socialismo del siglo XXI", de explícita inspiración castrista y aspiraciones hegemónicas, traducidas en respaldos económicos y asesorías.

La participación de extranjeros en movimientos radicalizados chilenos quebranta la legislación vigente y constituye siempre una intromisión inaceptable.

En este caso, el Gobierno, por intermedio del subsecretario del Interior, ha expresado su respaldo a lo dispuesto por la fiscalía, mostrando con ello un loable interés por resolver una situación que, larga y repetidamente, se ha caracterizado por la falta de determinación para aplicar las normas de la legislación vigente que sancionan las conductas terroristas. Cabe desear que esto signifique un giro completo, que cambie el balance que arrojan las últimas dos décadas de acciones delictivas de grupos extremistas en esa región, en las que la magnitud de los atentados contra personas y propiedades no ha guardado relación con las reacciones propias de un Estado de Derecho.