PÉRDIDAS DE DINERO EN GENDARMERÍA

Dineros sin respaldo fueron detectados en sumario administrativo ordenado por Gendarmería:
Suspenden a tres funcionarios por pérdida de más de $150 millones en cárcel de Rancagua

Hoy se reúne fiscal de Gendarmería con el fiscal regional de O'Higgins. También se hicieron llegar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Ximena Pérez G.
El Mercurio

Una advertencia de Contraloría- que en abril pasado en una auditoría al Complejo Penitenciario Rancagua detectó fallas en las rendiciones de cuentas de los dineros de la unidad- alertó a Gendarmería para iniciar un sumario administrativo en curso, en el que ya se ha establecido que existen más de $150 millones "perdidos" en dicho penal concesionado, situación por la que fueron suspendidos tres funcionarios.


Una auditoría contable desarrollada en el marco de la investigación interna a cargo del fiscal de Gendarmería Carlos Olivarí, quien se constituyó en el penal y revisó las cuentas desde el año 2006 en adelante, detectó que existen $150 millones 470 mil 843 que faltan -de los fondos destinados a gastos administrativos de la unidad penal (luz, agua, alimentación, custodia de dinero de los internos, etc.)- y respecto de los cuales no existe respaldo.

"Se detecta que estos ciento y tantos millones no tienen respaldo real en cuanto a dónde fueron a parar las platas, porque no hay documentación ni ningún pago que haga cuenta de esta plata. No hay ninguna compra, ningún servicio prestado frente a esas platas que faltan, y eso lo acreditó la auditoría de Gendarmería", explicó a "El Mercurio" el director nacional de la institución, Alejandro Jiménez.

Según se ha establecido en el sumario, alrededor de $66 millones del monto total no habido aparecen siendo cobrados o depositados en la cuenta de una funcionaria habilitada para manejar esas platas, quien fue suspendida de su cargo el 4 de mayo.

Otros dos funcionarios -entre ellos el ex jefe del Complejo Penitenciario Rancagua, que ahora trabaja en la ex Penitenciaría- fueron suspendidos ayer de sus cargos mientras se desarrolla el sumario administrativo en su contra.

En paralelo, Gendarmería denunció los hechos ante el Ministerio Público y ante el Consejo de Defensa del Estado.

Esta tarde, el fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, recibirá al fiscal Olivarí, quien se constituyó en el penal rancagüino para interrogar a funcionarios y recabar antecedentes.

Los empleados sumariados podrían ser formalizados por apropiación indebida o falsificación de instrumento público y privado. Según se informó, habría cheques del servicio extraviados.

El director de Gendarmería aseguró que si se produce la formalización de funcionarios, éstos "van a ser destituidos inmediatamente" de sus cargos.

"Aquí no vamos a dejar que ellos continúen trabajando si es que son imputados. Van a ser destituidos y retirados del servicio si se acredita su participación directa", sentenció Jiménez.

La autoridad penitenciaria reconoció que éste es el primer episodio de este tipo y con montos tan altos de dinero involucrados que se detecta en el sistema carcelario concesionado, si bien los dineros son de fondos de Gendarmería.

El director del organismo destacó que apenas fueron recibidos los antecedentes de Contraloría -que aún no entrega el informe final sobre su auditoría-, se iniciaron las investigaciones internas respectivas, en las cuales aún no se formulan cargos contra los funcionarios.

"A partir de lo que la Contraloría nos señala verbalmente, de inmediato empezamos a investigar y pusimos en conocimiento de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado estos hechos, porque nos parecieron sumamente graves", subrayó Alejandro Jiménez.

>> Consejo de Reforma Penitenciaria se centrará en medidas alternativas a cárcel

Ayer, en el Ministerio de Justicia se realizó la primera reunión del Consejo para la Reforma Penitenciaria, integrado por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado; el ministro de Justicia, Carlos Maldonado; el subsecretario de dicha cartera, Jorge Frei; el subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Francisca Werth; el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Cristián Riego; la directora del Programa de Seguridad Ciudadana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Lucía Dammert, y la coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), quienes acordaron reunirse quincenalmente para concluir su trabajo el 15 de diciembre de este año, y entregar las propuestas a la Presidenta Bachelet en enero próximo, aunque la aplicación de dichos planteamientos le correspondería al próximo gobierno.

Según se explicó al término de la primera cita del consejo, la discusión estaría centrada en la reinserción de los internos y en la aplicación de medidas alternativas a la reclusión en los penales.

>> Gendarmes no descartan nuevas movilizaciones

Este viernes se cumple el plazo impuesto por los gremios de Gendarmería y el Gobierno para evaluar el trabajo de la mesa constituida tras el paro de los funcionarios, para revisar aspectos del proyecto de ley de plantas que éstos cuestionan, y el panorama no es alentador: Algunos dirigentes gremiales ya han hecho ver sus cuestionamientos al "nulo avance" de la instancia, donde según han reclamado no se ha cedido a sus principales peticiones, como la eliminación del grado 26, el más bajo en la escala de sueldos.

Hoy el Gobierno les entregará una contrapropuesta a los gremios respecto a esa área, y el viernes sobre los cambios al escalafón de funcionarios. Todo será sometido a la votación de las bases para evaluar los pasos a seguir.

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1995

internos tiene actualmente el Complejo Penitenciario Rancagua.

2005

fue el año en que se inauguró el penal, del primer grupo de cárceles concesionadas.

$150.470.843

destinados a gastos

administrativos están "perdidos", sin documentos de respaldo.

COMENTARIO:
SR. MINISTRO Y SUBSECRETARIO DE JUSTICIA PREOCUPENSE DE SUS ORGANIZACIONES DEPENDIENTES, EN VEZ DE ACOSAR Y PERSEGUIR A LOS MILITARES POR ACUSACIONES SIN FUNDAMENTOS EN ASUNTOS DE DERECHOS HUMANOS.