CONFLICTO CRECIENTE EN LA ARAUCANÍA

Editorial de El Mercurio

Siguen repitiéndose las ocupaciones de predios en la zona del conflicto mapuche, sumadas a reiterados actos de violencia que siembran incertidumbre en la población. Sus autores parecen ser grupos organizados, pero pequeños, y nada sugiere que tengan el respaldo de la población mapuche que dicen representar. Esto hace aún más grave el que la autoridad no logre controlarlos, pues la sensación de impunidad puede promover la radicalización de tales grupos, y es comprensible que diversas organizaciones civiles estén manifestando creciente alarma por el curso de estos hechos.

Hace ya tiempo que los gobiernos han estimado necesario reparar a la población mapuche por abusos o discriminaciones en el pasado, y diversas encuestas sugieren que este sentimiento es compartido por la mayoría ciudadana. Pero eso no significa que ésta acepte una violencia que se agudiza sistemáticamente. Según la estrategia empleada hasta ahora, se han invertido importantes recursos en ayudar a la población mapuche, en particular la que habita en sectores rurales, teniendo como eje central el Fondo de tierras y aguas, pero su efecto real ha sido mínimo, y los de otras iniciativas son aún menos visibles. Las condiciones de vida de los mapuches en las zonas rurales siguen rezagadas respecto de otros grupos demográficos.

Se requiere una revisión profunda de la estrategia en aplicación, y el propio secretario General de la Presidencia, nombrado hace dos meses como ministro coordinador de los asuntos indígenas, admitió este miércoles que la entrega de tierras “ha hecho crisis” y que la Conadi “ya no funciona adecuadamente”. En efecto, está desprestigiada tanto por sus nulos resultados como por su accidentada trayectoria, abundante en variadas anomalías.



En todo caso, cualquier cambio de política será difícil de aplicar si no se aísla a los grupos violentistas. El Gobierno parece confiar en que la vigencia del Convenio 169 de la OIT permitirá el desarrollo de una estrategia más adecuada, pero la propuesta de Código de Conducta Responsable, que era una manera de llevarlo a la práctica, reveló los gruesos errores que se pueden cometer en la implementación de una estrategia en este ámbito: ese código planteaba, en los hechos, un conjunto de acciones que resultaban muy gravosas para la inversión nacional, sin beneficios claros para el pueblo mapuche.

Al respecto, es elocuente que países con larga tradición de políticas más eficaces para sus pueblos originarios, como Australia, Canadá y Nueva Zelandia, no hayan firmado ese convenio. Esto evidencia que es posible diseñar buenas estrategias al margen de él, y nuestra experiencia reciente demuestra cómo, a su amparo, se pueden desarrollar políticas inconducentes.

Es importante distinguir entre la estrategia de largo plazo —que supone no sólo ayudas económicas, sino un reconocimiento de la cultura mapuche y espacio para que, entre otros, puedan desarrollar proyectos educativos de calidad que preserven y cultiven el mapudungún— y las iniciativas de corto plazo, destinadas a aliviar situaciones coyunturales. A este último respecto, sin duda la actual situación económica ha incentivado en alguna medida los hechos observados. En el pasado, acontecimientos similares han ocurrido en momentos de dificultad económica y, como en los actuales, hubo un retorno a las zonas rurales de jóvenes mapuches que vieron reducidas sus oportunidades en la ciudad. Pero en las zonas rurales la situación no es mucho mejor, y esto alimenta los movimientos reivindicacionistas. Un gobierno atento a los desplazamientos que han producido las crisis en el pasado habría fortalecido los programas de empleo de emergencia en las zonas receptoras de estos flujos migratorios. Hoy, sin embargo, se improvisa demasiado, y eso debilita la posibilidad de desarrollar una estrategia robusta de compensaciones, reconocimiento y apoyo a los pueblos originarios.