CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL CONTRA HONDURAS

OBSERVADOR Político Joaquín Samayoa

Algunos gobiernos del continente americano la siguen embarrando en el caso de Honduras. ¡Qué ironía!, o mejor, ¡Qué desfachatez! Condenar
por ilegal la expulsión de Zelaya para luego prestarse a facilitar el retorno igualmente ilegal de ese personaje a su país.
Por ahí escuché el argumento de que el ingreso de Zelaya a territorio hondureño no fue ilegal, porque le asiste el derecho de todo ciudadano a entrar a su país. Sin embargo, no debe olvidarse un pequeño detalle: ese derecho está reglamentado. Zelaya debió pasar por un puesto de migración e identificarse. Obviamente no lo hizo. Entró clandestinamente. Entró ilegalmente, ayudado por gobiernos y organizaciones políticas extranjeras. Pero ya se ve que eso de la legalidad no pasa de ser un argumento que se exhibe o se esconde a conveniencia.
El retorno de Zelaya a Honduras tiene que haber sido planeado minuciosamente. Estando las cosas como estaban, es difícil imaginar queZelaya se hubiera aventurado a entrar a Honduras sin tener previamente asegurado su refugio en la embajada de Brasil. De no haber sido así, tendríamos que aceptar que el gobierno de Brasil se dejó sorprender y permitió que quienes planearon la operación, muy posiblemente Cuba y Venezuela, lo pusieran en una situación sumamente problemática.
Eso es difícil de creer, tratándose de un país tan grande en todo sentido como es Brasil. Además, si Brasil no estaba en la jugada, tiene que explicar por qué ha permitido que Zelaya use su embajada como base de operaciones para instigar y coordinar desórdenes y otras medidas de presión. Esto es una clara violación de los más básicos cánones diplomáticos y puede catalogarse como una abierta intromisión de Brasil en los asuntos internos de Honduras.
Por otra parte, pasan los días y siguen siendo confusas y contradictorias las versiones oficiales de los gobiernos de Guatemala y El Salvador acerca del tránsito de Zelaya por esos países horas antes de ingresar a Honduras. Será necesaria una investigación a fondo para establecer el apoyo que puedan haber dado para facilitar el ingreso clandestino de Zelaya a su país. Si al involucra miento directo de varios gobiernos en la operación clandestina de retorno de Zelaya sumamos las actitudes hostiles y las medidas de presión adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos para imponer la reinstalación de Zelaya como presidente, estamos ante un caso inaudito de conspiración internacional que supone un irrespeto absoluto a la soberanía hondureña.
Desde un primer momento, las motivaciones y las razones de los que condenaron la remoción de Zelaya y exigen su restitución han sido muy variadas, desde identificaciones ideológicas, hasta elaboraciones jurídicas
más o menos coherentes, pasando por temores bien fundados ante el peligro de sentar un precedente de tolerancia que podría convertirse en aliciente para aventuras similares en otros países latinoamericanos. No hay que caer en el simplismo de etiquetar como izquierda o derecha a quienes apoyan y a quienes se oponen a Manuel Zelaya.
Hay argumentos atendibles en respaldo a ambas posiciones, pero a una de ellas le ha faltado amplitud para tomar en consideración algunos elementos de juicio que podrían y tal vez debieran agrietar esos sólidos posicionamientos. Tanto como abrir el camino a una nueva era de golpes de estado en la región, debiera preocuparnos a todos el precedente de total irrespeto internacional a la legítima institucionalidad democrática de un país. Los gobiernos americanos y europeos, la ONU, la OEA y otros organismos regionales tomaron partido indebidamente en un conflicto entre los poderes del Estado hondureño. Han actuado como si la única institución que merece consideración fuera la presidencia, es decir, con patente menos precio por la Constitución, las leyes y las demás instituciones hondureñas
Es un pésimo precedente avalar la intromisión abusiva de gobiernos extranjeros en el dictamen sobre el fundamento constitucional de la remoción del presidente Zelaya. Cualquiera puede utilizar el caso hondureño
para hacer un ejercicio de análisis de derecho constitucional, pero la última palabra la tiene en cada país su propia Corte Suprema de Justicia. Y si la CSJ hondureña dictaminó que la remoción del presidente se hizo con apego a las leyes de la república, lo que pensemos todos los demás resulta irrelevante y no debiera utilizarse para justificar la intervención en los
asuntos internos de Honduras.
Está bien censurar la expulsión de Manuel Zelaya de su país, ya que se hizo con buen o mal criterio político pero sin asidero legal. Pero eso no altera el hecho de que, según las leyes y las instituciones hondureñas, cuando Zelaya fue expulsado había ya dejado de ser el presidente de Honduras. Se expulsó a un ciudadano, no a un presidente. Y el reclamo por ese hecho no justifica la zozobra que le han ocasionado a Honduras y eventualmente a toda la región las acciones de la comunidad internacional.
Si de verdad quisieran los gobiernos de otros países restituir el orden constitucional en Honduras, debieran comenzar por respetar su soberanía y exigirle a Brasil que entregue a su huésped para que pueda ser juzgado. ¿Acaso no es eso lo que reclamaban cuando decían que el error había sido sacar a Zelaya sin antes juzgarlo?
¿En qué quedamos?