CARTA; LA CAM Y LA CORTE PENAL

Señor Director:

En cuanto Chile ratificó el Tratado de Roma (la Corte Penal Internacional, CPI), los núcleos violentos organizados en la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) desataron la violencia. ¿Simple coincidencia o algo que se veía venir? Muy pronto lo sabremos, más allá de cualquier duda razonable.

Pero en lo inmediato, hay fuertes razones para presumir la estrecha conexión entre ambos asuntos. Ahora, las últimas noticias señalan que la CAM le habría declarado la guerra a la República de Chile desde el río Biobío al sur, sin precisar exactamente el extremo austral donde terminan esas hostilidades.

Es decir, la CAM pone el problema justo en el centro de competencia de la Corte Penal Internacional, un pueblo alzado contra los opresores, de manera que en adelante nuestras autoridades legítimamente constituidas y democráticamente elegidas están sujetas a la fiscalización y poder sancionador de un panel de desconocidos abogados con domicilio en La Haya, que determinará si nuestra Presidenta de la República, su ministro del Interior y Carabineros, desde el alto mando hasta el simple uniformado que recibe los perdigones (por el momento), se sujetan al comportamiento que ellos estiman el adecuado en materia de orden público. Da lo mismo si el próximo gobierno es de la Concertación o de la Alianza, aunque se puede suponer que el problema será más complicado para la Alianza, ya que la CPI responde a un tipo de justicia penal ideologizada.

Evidentemente, la solución del “conflicto mapuche”, si es que existe en un sentido distinto a un problema social radicado en la pobreza, no pasa por la violencia. En ningún sentido. Pero también es obvio que todas las soluciones implican mantener el orden público en la zona. De lo contrario sería la barbarie.

La respuesta simple a lo que se nos viene encima es sostener que los gobiernos de Chile actuarán siempre dentro de los parámetros del panel de abogados de La Haya. Conforme. ¿Pero qué pasa si nuestros futuros gobiernos tienen una diferencia de apreciación con esos distinguidos profesionales, expertos calificadísimos en derechos de las minorías? Por ejemplo, sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Pues bien, va a prevalecer la opinión de esos jurisconsultos, pues les cedimos la soberanía en esa materia. Y hay que andarse con cuidado, porque pueden meter preso a cualquiera que les venga a discutir su criterio, desde el Primer Mandatario de Chile para abajo.

Muy pronto quedará claro si la ratificación del Tratado de Roma fue una irresponsabilidad con consecuencias desastrosas o una decisión consecuente y razonable. La apuesta es fuerte. Y, de todos modos, queda la duda de si los destinos del país pueden ser arriesgados en la mesa de los ideales o, más probablemente, de las declaraciones ampulosas.

Carlos Goñi Garrido