El complejo escenario que enfrentará Sebastián Piñera por el indulto

Por Lorena Ferraro L./ La Nación
Como Jefe de Estado en el bicentenario, Piñera deberá hacer frente a una serie de voces que, con diferentes posturas, solicitan desde indultos masivos hasta la modificación de la atribución constitucional.

Lunes 8 de febrero de 2010

Foto: Leandro Chávez

“El perÍodo presidencial que comienza en marzo del 2010 podría significar la puerta de entrada para estudiar y analizar temas como el indulto particular”.

Con esta breve pero relevante frase -publicada en un documento del centro de pensamiento-, el Instituto Libertad, think tank de la derecha con poderosa influencia en el futuro gobierno, reabrió una discusión que amenaza con marcar la próxima administración de Sebastián Piñera.

El indulto -la misma herramienta que utilizó con predilección el empresario para atacar durante la campaña a Eduardo Frei por el beneficio que éste otorgó a un narcotraficante en 1994- volverá a la palestra para obligar al futuro Mandatario a tomar una serie de determinaciones relativas a la facultad presidencial que, a partir del 11 de marzo, le corresponderá ejercer.

Como Jefe de Estado en el bicentenario, Piñera deberá hacer frente a una serie de voces que, con diferentes posturas, solicitan desde indultos masivos hasta la modificación de la atribución constitucional.

En primer lugar, Piñera tendrá que responder a la intención de la Iglesia Católica de indultar a miles de reos por razones humanitarias.

Una medida que el mundo eclesiástico logró el 2000 con motivo del Jubileo y que espera replicar 10 años más tarde para beneficiar a mayores de 70 años, enfermos terminales, condenados por penas menores y mujeres con hijos, entre otros.

La Iglesia comenzó las primeras tratativas para lograr el indulto masivo en julio del 2009, instancia en la que el entonces candidato no dejó entrever cuál sería su respuesta en caso de llegar a La Moneda.

La disyuntiva en la que lo pone la Iglesia no es menor, pues gran parte de los reos corresponden a la categoría delincuentes, los mismos a los que Piñera, durante la campaña, prometió férreamente no indultar.

Asimismo, el electo Mandatario deberá responder a las voces de su sector -principalmente del gremialismo- que, desde los tiempos de Jaime Guzmán como senador, han planteado la necesidad de modificar la facultad presidencial.

“Creo que debe modificarse. Me parece que tiene hoy día visiones muy anticuadas, que son de carácter feudal. El proceso de indulto tiene que darse en una institucionalidad más amplia, en la cual no sólo participe el Presidente de la República”, explicó el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Ratificando esa tesis, uno de los principales abogados del gremialismo, Giovanni Calderón -que participó en las reuniones de la Comisión de Justicia de los grupos Tantauco y que asumirá en marzo como diputado-, añadió que “somos partidarios de que haya una segunda opinión” que se sume a la del Jefe de Estado a la hora de indultar.

La de la UDI, en todo caso, no es la única voz a favor de una modificación a esta atribución. Jorge Schaulsohn, otrora vocero de Piñera y ex miembro del PPD, ha planteado que “una muy buena solución para Chile (sería) reformar la Constitución de modo que antes de concederlo (el indulto), el Presidente deba oír al pleno de la Corte Suprema. Así, si se resuelve ignorarla, deberá asumir todo el costo político personal y directamente”.

Fortaleciendo el llamado a una modificación, Piñera se encontrará, además, con los planteamientos de sus propios centros de pensamiento, como el Instituto Libertad, presionando por al menos revisar la atribución que recae sobre el Mandatario.

El instituto, dirigido por María Luisa Brahm, una de las principales colaboradoras de Piñera, publicó hace unas semanas una serie de modificaciones que a su entender “podrían ser aplicadas durante la administración que deberá tomar el control del país a partir del 11 de marzo de 2010”.

De acoger una reforma al indulto, el empresario deberá lidiar tanto con sectores contrarios a una modificación -entre ellos el presidente de su ex partido, Carlos Larraín-, como con el precedente histórico que evidencia el incierto destino que han atravesado los proyectos ingresados al Congreso sobre la materia (ver recuadro).

Asimismo, con la posibilidad que él mismo abrió en julio de año pasado de indultar a militares.

LA CARTA FUNDAMENTAL

La Constitución, en el Nº 14 del artículo 32, establece como una “atribución especial” del Presidente de la República la facultad de otorgar indultos.

Según el texto, al corresponder al Jefe de Estado la atribución, se manifiesta a través de un decreto supremo. Éste debe ser firmado por el ministro de Justicia “por orden del Presidente”.




ES CONFIDENCIAL

Un dato no menor es que el indulto tiene carácter de “confidencialidad” y no se publica en el Diario Oficial. Sin embargo, por voluntad propia, los gobiernos de la Concertación han revelado datos sobre los indultos concedidos durante los últimos 20 años.




PROYECTOS QUE HAN FRACASADO

1993: Indulto no procederá para condenados por conductas que la ley califique como terroristas, entre otros delitos. Deberá oírse al tribunal que impuso la condena.

1994: Plantea el indulto con acuerdo del Senado.

1998: Elimina la facultad del indulto particular.

2001: El indulto no procederá para condenados a cadena perpetua.

2004: Limita la posibilidad de indulto para narcotraficantes y condenados por otros delitos graves. Somete el indulto a toma de razón por parte de la Contraloría.

2005: Condenados por homicidios, detenciones ilegales, secuestros, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 no pueden solicitar indulto.

2006: Indulto tendrá efecto al ser publicado en un diario de circulación nacional.

2007: Indulto no procederá para condenados por crímenes o delitos contemplados en la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes. También se propone derogar la facultad de conceder indultos.

2008: Regula extinción de indulto excluyendo la amnistía o la prescripción si se trata de delito de lesa humanidad. Consagra el derecho a condenados de más de 70 años en estado terminal para solicitar indultos.