Ministro del Interior (s) revela criterio fijado por Bachelet para renuncias de funcionarios

Técnicos y administrativos se mantendrán más allá del 11 de marzo:

Ante denuncias de la Alianza por intentos de "amarrar" contratos más allá del 11 de marzo, Rosende dijo que las únicas dimisiones serán de cargos políticos y de confianza.

Phillip Durán y Natalia Sánchez
El Mercurio.

Hace algunos días, el director de una repartición pública envió al despacho del respectivo ministro su carta de renuncia. Según aseveran en dicha repartición, la misiva le fue devuelta, con el mensaje de que quienes deberán dejar sus puestos antes de la asunción de Sebastián Piñera el 11 de marzo son sólo los funcionarios de confianza, sus asesores y quienes realizan labores de índole política. Es decir, no los personeros técnicos.

La escena grafica el criterio que, según dijo ayer el ministro del Interior (s), Patricio Rosende, está usando el gobierno para enfrentar lo que ha sido una de las inéditas complicaciones del traspaso de mando desde la Concertación a la Alianza.

"Todos los funcionarios que tienen responsabilidades políticas van a presentar su renuncia el 11 de marzo y los que cumplen labores administrativas, técnicas y profesionales sin una responsabilidad política, van a permanecer en sus cargos no obstante que las nuevas autoridades puedan pedir su renuncia", indicó ayer Rosende.


Los dichos del secretario de Estado se produjeron en respuesta a la denuncia levantada desde la Alianza, desde donde acusaron intentos de "amarrar" a personeros concertacionistas a sus cargos más allá del fin del período de Bachelet.

Si bien Rosende explicó que dicha instrucción ha sido transmitida por el titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma, y luego por cada secretario de Estado al interior de su respectiva cartera, en La Moneda señalan que obedece a una línea fijada desde hace unas semanas por la propia Presidenta Michelle Bachelet.

Tras el triunfo de Sebastián Piñera, el Presidente electo intensificó sus llamados para concretar un gobierno de "unidad nacional". En ese contexto, Bachelet expresó a la directiva del Partido Socialista -en una reunión-almuerzo hace dos semanas en La Moneda- su inquietud porque altos funcionarios concertacionistas validaran el diseño piñerista, quedándose para asumir cargos en la nueva administración.

En esa línea, dicen en Palacio, la Mandataria comentó a algunos personeros que su diseño -el que habría planteado al propio Piñera en la extensa reunión que la semana pasada sostuvieron en la residencia de la Presidenta, en calle Burgos- apunta a que los funcionarios políticos renuncien, mientras que los administrativos se queden en sus puestos.

La inquietud de Bachelet sobre el punto tuvo su correlato al interior de los partidos de la Concertación. De hecho, mientras el PS, el PPD y el PRSD prepararon resoluciones para impedir que sus militantes asumieran puestos de confianza a partir del 11 de marzo, la DC aprobó una norma que establece que quien acepte una responsabilidad de carácter político en la nueva administración será expulsado del partido.

Rechazo a denuncia

En ese contexto, el ministro (S) Rosende salió a "desmentir tajantemente" las acusaciones levantadas por la Alianza, en el sentido de que se estaban realizando gestiones para "amarrar" funcionarios a sus cargos. Denuncia que se originó en la V Región en contra del intendente Iván de la Maza (ver recuadro).

"Pediría a la gente de la derecha que se trate la histeria, porque es mala consejera", dijo el secretario de Estado, agregando que las denuncias apuntaban a casos que deben ser zanjados por el sistema de Alta Dirección Pública o situaciones en que la Alianza puede intervenir a través de los consejeros regionales.

"Vamos a hacer un traspaso del gobierno de manera impecable, muy distinto al block y al lápiz que recibimos hace 20 años", concluyó Rosende, al aludir al traspaso de mando desde el régimen militar a la administración de Patricio Aylwin.

"Todos los funcionarios que tienen responsabilidades políticas van a presentar su renuncia el 11 de marzo".

PATRICIO ROSENDE
MINISTRO (S) DEL INTERIOR

Manuel Millones: "Sólo espero que Rosende haya estado mal informado, porque hay evidencia de la intención del Ejecutivo"
La alarma sobre el futuro de los funcionarios públicos se encendió cuando una semana atrás, los consejeros regionales de la Alianza de la V Región sostuvieron una reunión con el jefe de administración de finanzas del Consejo Regional, Gabriel Aldana.

En esa ocasión los consejeros solicitaron los contratos del personal de la entidad para revisarlos, pero se les informó que no se podían entregar copias de ellos porque el intendente regional, Iván de la Maza, había instruido modificarlos.

El consejero regional de la UDI Manuel Millones, asegura que con esto habría pretendido eliminar una cláusula de los contratos que permite que los funcionarios puedan ser reemplazados, manteniéndolos en cambio hasta el 31 de diciembre de 2010.

La evidencia que, según Millones, demostraría la intención del Ejecutivo, es que para hacer dicha modificación de los contratos, el intendente De la Maza debía retirarlos de la Contraloría, donde ya habían sido enviados el 29 de diciembre pasado.

El oficio habría sido retirado ayer desde la Contraloría y recepcionado en la oficina de partes del gobierno regional en horas de la mañana. Pero tras las declaraciones de Patricio Rosende, fue regresado a la Contraloría el mismo día y sin ninguna modificación.

"No tendría ningún sentido que el intendente retire los contratos y los reenvíe igual como los mandó el 29 de diciembre. Eso da cuenta de que quedó la huella y no pudieron borrar el paso por la Contraloría", dijo Millones.

A renglón seguido, el consejero UDI agregó que "la modificación se iba a hacer ayer, pero a raíz del escándalo que hubo por nuestra denuncia pública, tuvieron que frenar, retroceder y los contratos se reingresaron igual como habían sido enviados".

Millones solicitó copia del oficio y espera que la Contraloría de Valparaíso se lo entregue hoy. "Sólo espero que Rosende haya estado mal informado, que no haya tenido todos los antecedentes y que no haya querido ocultar las cosas", remató.

El tema está lejos de terminar. Para hoy, el diputado UDI Alejandro García-Huidobro anunció que presentará una denuncia en términos similares contra la Intendencia de la VI Región.

La "zona gris" de los embajadores para aceptar cargos en la administración de Piñera
En términos estrictamente formales, son funcionarios de confianza designados directamente por el Presidente de la República para su representación en el exterior. Sin embargo, también son funcionarios altamente especializados, que han debido hacer una larga carrera, con evaluaciones y a veces esquivos ascensos al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De los más de 90 embajadores designados por Michelle Bachelet, cerca de 30 son nombramientos políticos; vale decir, no son funcionarios diplomáticos de carrera. Sin embargo, de los restantes hay varios que han realizado el largo proceso interno, pero que de manera natural simpatizan con la Concertación. O con la Alianza.

En ese contexto, el debate actual entre los integrantes del servicio exterior afines al oficialismo es si aceptarían una designación del nuevo gobierno.

Algunos afirman que no tendrían ningún reparo en hacerlo. Y comentan, a manera de ejemplo, el caso de los embajadores cercanos a la Alianza que durante estos años han representado a los gobiernos concertacionistas. Tema aparte, sostienen, es si se trata de una destinación considerada clave o de relevancia relativa.

En todo caso, en círculos diplomáticos se espera que la nueva administración reduzca las designaciones políticas. Algunos argumentan que esto se produciría debido a que Piñera priorizaría los nombramientos de personeros cercanos a él en otras reparticiones del Estado. Como sea, este escenario posibilitaría mayores nombramientos "profesionales", dejando a diplomáticos de carrera a cargo de plazas que hasta ahora eran ocupadas por personeros políticos de la Concertación. Y podría abrir las puertas a un mayor "tiraje a la chimenea" en el escalafón diplomático.

Algunas excepciones, comentan en los círculos allegados a la Cancillería, serían misiones tradicionalmente relevantes o complejas, como EE.UU. o Argentina, y en las que se apostaría por generar un vínculo político estrecho, como Colombia o México.

PORCENTAJE

De los más de 90 embajadores designados por Michelle Bachelet, cerca de 30 son nombramientos políticos.