Familiares de víctimas de la dictadura rechazan indultos para violadores de DD.HH.

COMENTARIO:
NO SOLO LES PREOCUPA A ESTAS AGRUPACIONES DE APROVECHADORES EL TEMA DEL INDULTO SINO QUE TAMBIÉN El destino del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el recién creado Instituto de Derechos Humanos también forman parte de este clima de incertidumbre.
SE LES TERMINARIA LA FUENTE DE RECURSOS QUE A MANOS LLENAS LES PROPORCIONARON LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN.
MENOS MAL QUE ESOS RECURSOS QUE ALIMENTABAN A LOS PIERDETEUNA QUE QUERIAN CONTINUAR VIVIENDO A COSTA DEL ESTADO Y DE TODOS LOS CHILENOS , AHORA PODRÁN SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRO PAIS DESVASTADO POR EL TERREMOTO.
A ESTOS GRUPOS SOLO LES INTERESA SU BENEFICIO PERSONAL Y NADA MAS.
¡¡¡¡ UNA VERGÜENZA !!!! SRAS. DE LOS DERECHOS INHUMANOS.
RUS.



escrito por Juan Pablo Palacios
lunes, 15 de marzo de 2010


Distintas agrupaciones de derechos humanos exigieron al gobierno de Sebastián Piñera una definición sobre la petición de indultos realizada por el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz y sostienen que los autores de los delitos de lesa humanidad nunca pueden recibir indultos.


Si bien las agrupaciones de derechos humanos se mostraron a favor de la propuesta de indulto bicentenario que hizo la Iglesia Católica para liberar a presos ancianos o con enfermedades graves, descartaron ampliar este beneficio a los uniformados condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Frente a esta situación, las organizaciones civiles exigieron al nuevo gobierno una "definición" acerca de la solicitud de indultos expresada por el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz.

En ese sentido, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos afirma en una declaración pública que "el Bicentenario no puede ser excusa para liberar a quienes, a nuestro juicio cometieron los mayores atropellos en contra de chilenos y chilenas".

Ante la posibilidad que un beneficio de este tipo incluya a militares o civiles que violaron los derechos humanos, la presidenta de la organización, Lorena Pizarro, enfatizó que estas personas no pueden ser beneficiadas.

"Quienes se encuentran vinculados a delitos de lesa humanidad, quienes se encuentran vinculados a delitos tan graves como fueron las violaciones a los derechos humanos no pueden estar sujetos a ningún beneficio por la gravedad y la magnitud del delito que ellos cometieron, por lo tanto, nunca pueden recibir este tipo de beneficios", sostuvo la derigenta.

En la misma línea, la presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, cuestionó la propuesta de Indulto Bicentenario y aseguró que si Piñera decide acogerla concurrirán a organismos internacionales y a la movilización para revertirla.

"Lo más probable es que Piñera lo haga y nosotros como familiares de ejecutados políticos vamos a denunciar ante organismos internacionales, vamos a hacer presión y movilización en nuestro país, porque no se puede indultar a aquellas personas que contravienen todos los tratados internacionales, toda la ética. Cuando se han planificado crímenes tan horribles de miles de personas en el este país", indicó Lira.

Por su lado, el diputado del Partido Comunista y abogado especialista en derechos humanos, Hugo Gutiérrez, también rechazó la iniciativa y explicó que de acuerdo a la doctrina internacional de garantías fundamentales las personas que han cometido este tipo de delitos no pueden acceder al beneficio de indulto.

"¿Qué pasa con los violadores de los derechos humanos? El acuerdo de las asociaciones internacionales de DD.HH. establece que estos violadores de derechos humanos no pueden ser beneficiados por indultos, es parte de la doctrina de los derechos humanos. No pueden ser amnistiados, ni indultados, ni tampoco favorecidos por la prescripción, eso está claro y me imagino que la iglesia católica es partidaria de la doctrina de DD.HH. Es aplicable a los delitos comunes, pero nunca a los delitos de lesa humanidad", explicó el parlamentario.

La iniciativa había sido manifestada ya el año pasado, pero no fue presentada oficialmente al gobierno a la espera de que el clima político se normalizara después de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, esta no es la única decisión política que preocupa a las organizaciones que promueven el respeto a las garantías fundamentales.
El destino del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el recién creado Instituto de Derechos Humanos también forman parte de este clima de incertidumbre.