CHAHUÁN SACA A ARMENDARIZ DEL CASO BOMBAS

COMENTARIO:
SIEMPRE SE COMENTA QUE LOS PODERES DEL ESTADO SON AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES, Y CADA VEZ QUE SE HA PLANTEADO QUE EL EJECUTIVO INFLUYA CON ORIENTACIONES EN EL PODER JUDICIAL COMO UNA VEZ LO HIZO EL PRESIDENTE PATRICIO AYLWIN, SE DICE Y COMENTA QUE NO SE PUEDE PARTICIPAR EN LA DECISIONES DEL PODER JUDICIAL.

SIN EMBARGO EN ESTE CASO,BASTÓ LA CRÍTICA DEL MINISTRO DEL INTERIOR POR LA LENTITUD EN LAS INVESTIGACIONES, PARA QUE SE PROCEDIERA AL RELEVO DEL JUEZ ARMENDARIZ EN EL CASO DE LAS BOMBAS.

ESTA SITUACIÓN DA UNA MALA IMAGEN, YA QUE APARECE UN MINISTRO DE ESTADO EJERCIENDO PRESIÓN A LA JUSTICIA, Y POR OTRA PARTE SI SE QUISIERA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS, APLICANDO LAS INSTITUCIONES PERMANENTES DE LA AMNISTÍA, LA PRESCRIPCIÓN Y LA COSA JUZGADA, BASTARÍA SOLO UNA RECOMENDACIÓN DEL EJECUTIVO PARA SOLUCIONARLO DEFINITIVAMENTE Y DEJAR LIBRES A LOS PRESOS POLÍTICOS MILITARES, EMPLEANDO EL MISMO ARGUMENTO QUE EMPLEO EL MINISTRO DEL INTERIOR EN EL CASO EN COMENTO.
RUS.

Indagación por atentados explosivos ocurridos en la Región Metropolitana:
Chahuán saca a Armendáriz del caso bombas en medio de críticas de Hinzpeter a investigación

En la Fiscalía Oriente decisión fue recibida con "preocupación". Creen que afecta la autonomía del Ministerio Público. Asociación Nacional de Fiscales criticó duramente al Gobierno por su intromisión en las decisiones de la fiscalía.

DAVID MUÑOZ Y RODRIGO VERGARA
El Mercurio

El potente bombazo que destruyó los ventanales de una sucursal de BancoEstado del sector San Damián en Las Condes, el número 84 que registra la investigación del Ministerio Público desde junio de 2005, selló el futuro de la indagatoria y de los fiscales especiales del caso: el jefe de la Fiscalía Oriente, Xavier Armendáriz, y Francisco Jacir.

Y es que en medio de las críticas que deslizó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por la falta de resultados y lentitud en la indagatoria, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió ayer removerlos del caso y en su lugar designó al fiscal jefe de la Zona Sur, Alejandro Peña.

Según se comentó en la Fiscalía Nacional, Chahuán se comunicó telefónicamente con Hinzpeter para tratar el asunto temprano en la mañana.

Luego, cerca de las 11:00 horas, el fiscal nacional telefoneó a Armendáriz y le explicó los alcances de la decisión. Media hora después se comunicó con Peña, para oficializar el asunto y coordinar el traspaso.

El Ministerio Público argumentó a través de un comunicado que la decisión se basa en la necesidad de realizar una "adecuada distribución de las tareas de persecución", debido a que el fiscal Armendáriz tiene a su cargo, además de este caso, otras causas complejas.

De hecho, se informó que la decisión se funda en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala que "el Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un fiscal regional asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación".

Esta determinación fue celebrada por Hinzpeter, quien recalcó que se trata de una "decisión autónoma". Pero, a renglón seguido, comentó: "Naturalmente, va en la misma línea que yo he venido planteando... No podemos acostumbrarnos a vivir en un país en que se pongan bombas. A mí me parece de verdad que cuando empieza a ser normal y no nos llama la atención que se ponga un artefacto explosivo -cada vez más fuertes, porque ahora están utilizando TNT- como sociedad tenemos que preguntarnos a dónde va a llegar esto".

Molestia y crítica

Luego de la decisión de Chahuán, en la Fiscalía Oriente se declararon "preocupados" porque consideran que el hecho atenta contra la autonomía del Ministerio Público. El enroque se interpretó como una señal compleja por parte de Chahuán, quien, según fuentes de dicha unidad, cedió ante las presiones del Gobierno por generar cambios y mostrar resultados.

Pero los problemas entre los fiscales y el Ejecutivo, precisamente con el Ministerio del Interior, se arrastraban desde hace semanas. El caso del paquistaní Saif Khan, detenido luego de ingresar (supuestamente) con restos de explosivos a la embajada de EE.UU., gatilló las diferencias. Esto se materializó cuando sólo el gobierno apeló de la libertad del extranjero y la fiscalía guardó distancia.

La Asociación Nacional de Fiscales emitió un comunicado que cuestiona a Rodrigo Hinz- peter por lo que consideraba una intromisión en las facultades del Ministerio Público. "Está constitucionalmente asentada la autonomía del Ministerio Público, por lo que resulta incomprensible el continuo pronunciamiento respecto al funcionamiento del ente persecutor que ha realizado el ministro Hinzpeter", dice el documento.

Los agremiados dicen, además, que el cambio de Armendáriz sólo se gestó como excusa para esconder el "fracaso del gobierno en materia de seguridad". Según ellos, el tema se notó porque fue factible detonar un artefacto tan cerca de la casa presidencial.

"Si es posible que se viole el perímetro de seguridad en torno a la casa del Mandatario, ¿qué se espera para el resto de las personas?", sostienen.

La organización concuerda con los dichos de Chahuán en torno a los pocos recursos destinados a la indagatoria. En este punto, altas fuentes del organismo persecutor reconocieron a este diario que los problemas se generaron cuando los fiscales solicitaron a la PDI funcionarios para realizar seguimientos.

De acuerdo con esta versión, había 12 personas identificadas a las que había que vigilar con "puntos fijos". El problema fue que la policía no habría liberado los detectives necesarios para esta tarea. Se cree incluso que una de las personas a la que se le perdió la pista atentó en contra de la iglesia Inmaculada Concepción de Vitacura a fines de mayo.

Según las fuentes, sucedió lo mismo con una diligencia para detener a un sospechoso en el extranjero. Los persecutores tampoco habrían contado con los efectivos requeridos.

El fiscal Peña, en tanto, a pesar de estar con licencia médica, comenzó con el intercambio de información con Armendáriz por el caso. Mientras esté fuera, será reemplazado por Héctor Barros. Peña trabajaría con los fiscales especializados en crimen organizado, pero la decisión se conocerá cuando vuelva.

84
bombazos han afectado a distintos puntos de Santiago, desde el año 2005.

Cuatro
fiscales habían llevado el caso: Xavier Armendáriz, jefe de la zona oriente, Rodrigo Lazo, jefe de La Florida, Emiliano Arias, jefe de Pudahuel, y Francisco Jacir.


La compleja indagatoria de un fenómeno creciente
Miércoles 18 de enero de 2006. A las 7 de la mañana, un artefacto explosivo detonó justo en la entrada del edificio que alberga a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en la esquina de Agustinas con Tenderini. Fue el primer atentado explosivo donde un grupo presuntamente anarquista se adjudicaba la autoría. Se trataba del grupo denominado "Fuerzas Autonómicas y Destructivas León Czolgosz". De ahí en más, ocurrieron otros 13 atentados durante 2006, situación que motivó a la Fiscalía Nacional a designar a un fiscal preferente en el caso. Fue en enero de 2007 cuando el fiscal de Ñuñoa, Francisco Jacir, quedó a cargo de la indagatoria que agrupaba todos los atentados ocurridos en la Región Metropolitana desde el 16 de junio de 2005.

Durante el año 2007, Jacir indagó en silencio con efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar). No obstante, los "bombazos" se sucedían. Ese año se anotaron 22 atentados más. Los bancos y cuarteles policiales se transformaron en blancos habituales y el año 2008 la cifra de atentados aumentó a 23.

Los escasos resultados, principalmente la falta de pistas concretas sobre los autores, motivaron las primeras críticas por parte del Gobierno. Esto originó la creación de una dupla de fiscales antibombas que, a poco andar, se disolvió por diferencias investigativas entre Jacir y el fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias. Posteriormente se designó al primero en calidad de fiscal exclusivo y se sumó a la indagatoria al fiscal jefe de La Florida, Rodrigo Lazo. En octubre de 2008, la desactivación de un poderoso artefacto de TNT en el tercer piso del Edificio de las Industrias, ubicado en Costanera con Andrés Bello, marcó el paso de las pesquisas. Pero la investigación seguía sin resultados concretos. Y las críticas del Gobierno escalaban a medida que el fenómeno crecía y no había pistas de los autores. Tanto así que en enero de 2009, el jefe de la Fiscalía Oriente, Xavier Armendáriz, fue dejado al mando de las pesquisas. El hecho que abrió la indagatoria y permitió identificar a algunos grupos fue la muerte del joven anarquista Mauricio Morales Duarte (27), ocurrido el 22 de mayo de 2009 en las cercanías de la Escuela de Gendarmería. Morales viajaba en bicicleta y llevaba un artefacto explosivo en su mochila, el que, al ser manipulado por el joven, estalló. Su acompañante huyó, y hasta ahora no ha sido ubicado. Este hecho centró las diligencias en los movimientos "okupas" a los que pertenecía Morales y fue así como se detuvo a Cristián Cancino Carrasco, "El Margarito", quien fue sindicado como el proveedor de pólvora de estos grupos y el único condenado, hasta ahora, por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.


"El Fiscal de Hierro"
Ya en marzo de 2007, el jefe de la unidad sur santiaguina del Ministerio Público Alejandro Peña era llamado por los medios como "El Fiscal de Hierro". Su rol protagónico en continuos allanamientos a casas de narcotraficantes en la zona sur capitalina lo hicieron pronto muy famoso.

Tanto como para que, incluso, los narcos pusieran precio a su cabeza.

Fue ese mismo año que se supo que Israel Salazar, alias "El Isra", ofreció $30 millones para terminar con la vida de Peña. Pero nada pasó: el delincuente fue detenido y Peña continuó con los exitosos operativos en La Legua, San Gregorio y La Victoria, entre otras.

Durante su gestión ha logrado desbaratar una serie de grandes bandas de narcotraficantes: Los Cara de Pelota, Los Cara de Jarro, Los Gaete y La Oficina, entre las más conocidas. También consiguió poner en prisión a más de 300 personas ligadas a estas organizaciones.

Todo ello le sirvió para sustentar su postulación a la Fiscalía Nacional, cargo en el que finalmente fue elegido el jefe de la zona occidente de Santiago Sabas Chahuán.

Pero no siempre el éxito acompañó a Peña. En 2008 enfrentó una censura por escrito del fiscal Chahuán, tras un sumario por una denuncia de prácticas antisindicales. A la vez, en 2007, fue archivada una causa por violencia intrafamiliar en su contra luego que la denunciante se retractara.

En paralelo a su gestión investigativa, el abogado y fiscal metropolitano Sur está ad portas de graduarse en un MBA de la Universidad Católica.