UN NUEVO IMPULSO A PESQUISAS POR BOMBAZOS

Por Editorial/La Nación
Los grupos anarquistas que colocan las bombas en un modelo de “acción directa” escapan a la lógica clásica insurgente y se ubican en un espacio marginal.

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ha resuelto cambiar al persecutor encargado de dirigir la investigación en torno a la sistemática instalación de bombas -de distinta magnitud y poder destructivo- que se viene produciendo en Chile desde hace algo más de cuatro años.

Aunque la decisión de remover al jefe de la Fiscalía Oriente, Xavier Armendáriz, y sustituirlo por el jefe de la Fiscalía Sur, Alejandro Peña, ha sido explicada como un modo de distribuir de manera más adecuada las tareas propias del Ministerio Público en consideración al volumen de trabajo de Armendáriz, no escapa al análisis la posición crítica del gobierno que el domingo 13 explicitó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Éste manifestó la disconformidad del Ejecutivo por la falta de resultados y la lentitud en la indagatoria acerca de la secuencia de bombazos.

De hecho, el primer estallido ocurrió en enero de 2006 y desde julio de 2007 ha habido cuatro equipos de fiscales a cargo de las pesquisas; sin embargo, éstos no han conseguido penetrar ni desarticular la red de autores. El balance arroja en todo este período más de 80 atentados, si bien algunos cifran el número hasta en 100. Incluso en mayo de 2009 un joven murió mientras trasladaba un artefacto que presuntamente instalaría en la Escuela de Gendarmería.

El marco de la observación expresada por Hinzpeter ha sido la explosión registrada el reciente fin de semana en una sucursal bancaria a siete cuadras de la residencia del Presidente de la República, que precisamente sus hechores presentaron -en el cuadro de propaganda armada que estos grupos ejercitan para llamar la atención pública- como una violación de la seguridad del Jefe de Estado. Se trata, por tanto, de un cuadro que legítimamente inquieta al ministro, quien es responsable ante el país de la seguridad ciudadana y que por asegurar esa garantía constitucional será evaluado.

En este contexto su inquietud tiene pleno sentido. No obstante, también es cierto que tanto el Ministerio Público como las policías se enfrentan a un cuadro inédito de violencia subversiva. Los grupos anarquistas que reivindican la colocación de bombas en un modelo de “acción directa” escapan a la lógica clásica insurgente, ya que se ubican en un espacio marginal difuso, horizontal, anónimo, desestructurado y fuertemente generacional; no parecen tampoco tener mayor interés en vincularse con las organizaciones populares, cuya forma de actuar rechazan por tener éstas como referencia el Estado. Desde este punto de vista son sectores minoritarios profundamente antidemocráticos.

Las particularidades de los grupos que reclaman el anarquismo en sus acciones delictivas demandan, por tanto, un modo específico de respuesta por parte de la autoridad, en el que deben converger el gobierno y el Ministerio Público. Se necesitan estrategias operativas propias y recursos tecnológicos y humanos. También se ha planteado revaluar el escenario legal dentro del cual se combaten las prácticas terroristas. Desde luego esto no debería disminuir los estándares de respeto a los derechos humanos y al debido proceso.