EL PROBLEMA NO ENTENDIDO

Según la Real Academia de la Lengua Española ( R.A.E.), “entender” significa: “tener idea clara de las cosas, comprenderlas”. El debate que comienza a generar la sola posibilidad de que la propuesta de indulto de la Iglesia Católica incluya a los condenados por causas de derechos humanos, nos demuestra que en el gobierno y en el mundo político no-de-izquierda hay muy pocos que hayan tomado la molestia de “entender” el problema, repitiéndose mayoritariamente en letanía las monsergas de la izquierda, labradas en la mente de los chilenos durante sus veinte años en el poder.

Los comentarios de algunos miembros del gabinete y uno que otro parlamentario, caen en la misma discriminación hábilmente establecida por la izquierda en contra de los ex – uniformados. Quien conoce el tema o se ha molestado en “entenderlo”, sabe que la calificación genérica de “violadores de los derechos humanos” es intrínsicamente perversa y obedece a una estrategia de anulación de lo obrado por las FF.AA. en el año 1973, utilizada en apoyo a la entronización de un Allende completamente desconocido para quienes vivimos sus 1.000 días de desgobierno.

No es fácil “entender” la real situación de los militares encarcelados o perseguidos por razones políticas. La “idea clara de las cosas” indica en este caso que los hechos por los que se imputa genéricamente a este sector de la sociedad son absolutamente diversos en gradualidad y en el tipo de responsabilidades personales, siendo los medios utilizados para probar su culpabilidad y condenarlos ─en su mayoría─ alejados de la juridicidad que merece cualquier ciudadano chileno.

¿Cómo podría explicarse la condena de un oficial de ejército por complicidad, en un homicidio en que no hay autor ni cuerpo del delito? ¿Quién ─si no un marxista convencido del principio: “miente, miente que algo queda”─ estaría en condiciones de demostrar que es posible condenar a un hombre por mantener secuestrada a una persona por más de 30 años, incluso después de encontrarse el supuesto secuestrador varios años tras las rejas? ¿Qué jurista honesto puede sostener que un juez tiene derecho a aplicar la Ley conforme a sus personales interpretaciones e intereses políticos? ¿Que ─al igual que Garzón─ por simple capricho puede imponer conceptos internacionales por sobre la Ley interna?
No cabe duda que si los estudiantes de derecho conocieran o “entendieran” esta realidad, se horrorizarían al ver la forma en que se discrimina en los tribunales a un sector de la sociedad, perseguido en forma distinta solo por haber vestido el uniforme en una época en que los responsables de la vida nacional no fueron capaces de mantener la paz y la institucionalidad.

En medio de esta irrealidad nacional, podemos aseverar que no hay razón para que los militares pidan un indulto gracioso cuando han sido encausados y condenados en forma espuria. Cuando por ejemplo, se les ha negado el derecho que tiene cualquier chileno a exigir el beneficio de la prescripción, norma legal que la mayoría de la gente acostumbra mencionar y que pocos “entienden”. Para aquellos que lo usan sin saber, es necesario explicarles que en las sociedades organizadas ─racionales y decentes, no las marxistas─ transcurrida una cierta cantidad de años sin haber sido perseguidos judicialmente, la acción penal en contra de un delito se extingue automáticamente como consecuencia del paso del tiempo, aceptándose que éste ha hecho pagar al autor con el remordimiento por lo obrado. En consecuencia, la responsabilidad penal desaparece, siendo obligación del juez suspender el proceso en cuanto determine que los hechos ocurrieron dentro del plazo de prescripción establecido por la Ley. Exactamente lo que no se hace en el caso de los miembros de las FF.AA. y Carabineros de Chile. ¿La razón para ello? Simplemente la voluntad de algunos jueces de aplicar ─por su cuenta y riesgo─ un criterio internacionalista mediante el cual se auto-facultan para sobreponerse al ordenamiento legal interno de nuestro país, auto-otorgándose el derecho de utilizar los conceptos, principios y normas jurídicas de cualquier parte del mundo que más le acomoden al fallo (prejuiciado) que desean dictar en contra del inculpado militar.
Hay cientos de alegaciones efectuadas en los tribunales por distinguidos abogados defensores de uniformados que ─pese a su calidad jurídica y el peso argumental─ han servido de nada ante el dominio avasallador de una izquierda vengadora, amparada en un poder político que le permitió presionar al sistema de justicia y conseguir el encarcelamiento de gente inocente o por hechos largamente prescritos. En algunos casos, ni siquiera se requirió presionar, bastando tan solo apoyar y estimular la venganza personal de algunos magistrados.

Hablando de la amnistía, nos encontramos con otro tema que es ampliamente utilizado por políticos y medios de comunicación, omitiéndose convenientemente la gran cantidad de extremistas y delincuentes subversivos que hicieron uso del beneficio otorgado por la Ley respectiva, mientras a los militares les es sistemáticamente negada. Tampoco hay muchos que se molesten en “entender” el propósito que tiene una ley de este tipo, el cual es pacificar los espíritus, después de un período de división y violencia, propendiendo al olvido. ¿Le suena familiar esto del “olvido”? No hay que ser muy astuto para comprender la razón del mensaje “ni perdón ni olvido”, profusamente utilizado por la izquierda. A través de el han conseguido neutralizar per se el propósito fundamental de la Ley de Amnistía, descartando el olvido ─única forma que alguna vez llegue la reconciliación─ y ocultando el uso amplio y completo dado a la misma Ley en beneficio de sus cuadros terroristas, asesinos y secuestradores.

El marco global que hoy Justifica la no aplicación de la prescripción y de la amnistía, ha sido montado a través de la fijación de la idea que ellos son “delitos de lesa humanidad”. Este fraudulento mensaje nubla por desgracia el “entendimiento” de la gente y también de muchos políticos, haciendo a éstos emitir categóricas opiniones, en que señalan (sin “entender”) estar en completo acuerdo con el tratamiento dado a este tipo de delitos. Lo incompresible es que ─tratándose de personas letradas─ no se tomen la molestia de comprender que la tipificación de los delitos de lesa humanidad no es aplicable a hechos ocurridos antes de septiembre del año 2009, por expresa indicación de la ley que validó este concepto para Chile, al suscribirse por el gobierno y ratificarse por el Congreso el Estatuto de Roma.

Ante el importante debate que se inicia y que pareciera conducir nuevamente a una exclusión de todo beneficio a militares, marinos, aviadores y carabineros, cabe pedir a nuestros políticos y en especial al gobierno que dediquen un poco de su valioso tiempo para tratar de “entender” o “tener idea clara de las cosas” en lo que se refiere a los ex – uniformados condenados o perseguidos políticamente, en causas de derechos humanos. A ver si de una vez por todas dejan de seguir haciendo el juego a una izquierda vengadora que se sirve de sus buenas intenciones y vocación de respeto a los derechos humanos, para embaucarlos con un discurso que por repetitivo y convincente que parezca, sigue siendo falso y engañoso.

Por otra parte, hay que entender que lo que necesitan los presos y perseguidos políticos militares no es un indulto, si no que se garantice (de verdad y no solo de boca) una justicia igual a la que se aplica al resto de los chilenos. Con ello bastaría para poner término inmediato a esta triste y vergonzosa venganza política, dejando para otro momento la necesaria exigencia de cuentas a quienes han violado la Ley chilena, amparándose cobardemente en la supuesta defensa de los “derechos humanos” que hoy violan con descaro.

30 de Junio de 2010

Patricio Quilhot Palma