Inconsecuencia jurídica (o ilegalidades que cometen los mismos jueces y ministros)

DE CHILE INFORMA EDICIÓN Nº 488

El montaje jurídico montado por los altos jueces, que
actuando como Ministros en visita, en los juicios que se han
iniciado en contra de los militares, es tan evidente que es
imposible creer que se está aplicando justicia y vivamos en un
Estado de Derecho.
La mayoría de los juicios a los militares están caratulados
por “secuestro”. Este delito lo cometen los particulares
(civiles) de acuerdo al Art. Nº 141 del Código Penal.
El delito que cometen los empleados públicos (militares)
es “detención ilegal, según el Art. Nº 148 del mismo Código y
tiene una pena mucho menor que la anterior.
Hasta que se produce el fallo en la Corte Suprema el
delito es consignado como “secuestro”. Vale decir que los
condenados están investigados por su actuación como civiles.


Pero en los fallos de primera instancia, de la Corte de
Apelaciones y Corte Suprema, se les “carga” con delitos de
Tratados o Convenios internacionales destinados a sancionar a
agentes del Estado (empleados públicos) como militares.
Aparte que la mayoría de esos tratados o convenios no
estaban vigentes en el momento de cometerse el supuesto
delito, lo que vulnera la garantía del Art. Nº 19 de la
Constitución Política del Estado de que no puede aplicarse una
ley con efecto retroactivo.
Tampoco puede aplicarse un delito que no esté tipificado
en nuestras leyes, tal como el de lesa humanidad, que recién el
18 de julio de 2009 fue promulgado.
En ninguna parte del proceso judicial se explica cómo los
“particulares o civiles” se transforman por arte de magia en
“agentes del Estado” para aplicarles delitos que no estaban
vigentes en la época que presuntamente se cometieron.
Pero, lo más ridículo y hasta risible en este montaje
judicial, es que, en el momento de los alegatos en las Cortes de
Apelaciones y Suprema, un abogado del Ministerio del Interior
apoya las acusaciones para obtener las máximas penas en
contra de ex uniformados que defendieron el sistema
democrático en el cual está inserto dicho ministerio.
¿O acaso no recuerdan que la Unidad Popular quería implantar
una dictadura como la cubana que ha tenido subyugado a su
pueblo por más de 50 años?



Pero aún más ridículo, es que también alega un abogado
del Consejo de Defensa del Estado en contra del abogado del
Ministerio del Interior para evitar que el Estado pague
reparaciones por estos “particulares” transformados en
“agentes del Estado”.
Aún no se ha encontrado una persona cuerda que
explique cómo se ha permitido que este montaje burdo ideado
desde las más altas esferas judiciales, haya hecho tabla rasa
de principios jurídicos permanentes de un Estado de Derecho.
Sólo el temor de ser inhabilitado políticamente, tal como
se hizo con el Ministro Cereceda de la Corte Suprema, explica
la cobardía de jueces al no aplicar procedimientos y leyes
vigentes a quienes los salvaron de ser reemplazados por los
Tribunales Populares.
Llegará el día en que se abrirán amplias alamedas por
donde transitará la verdad y estos cobardes sean enjuiciados.