INTERIOR REVISARÁ PROGRAMA DE EXONERADOS POLÍTICOS

Subsecretario Rodrigo Ubilla:
Interior revisará a los inscritos en programa de exonerados políticos

Serán fiscalizados 14 mil expedientes en trámite y 147 mil beneficiarios.

O. SAAVEDRA
El Mercurio

A un exhaustivo proceso de revisión serán sometidos cada uno de los 14 mil expedientes presentados por las personas que actualmente tramitan su incorporación al Programa de Exonerados Políticos.

Y también serán examinados los procesos de afiliación de los 147 mil beneficiarios que hoy tiene el plan, inscritos durante los gobiernos anteriores.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, así lo informó ayer, tras sostener una reunión con la diputada RN Karla Rubilar y un grupo de dirigentes de la Agrupación Nacional Unitaria de Exonerados Políticos.

La investigación, dirigida por el propio subsecretario, surge luego que la PDI detectara que un falso abogado habría inducido a campesinos para que inventaran testimonios sobre eventuales vejámenes perpetrados por agentes del Estado durante el régimen militar, con el fin de conseguir los beneficios de la Ley Valech.

Según los antecedentes de la policía, Julio Allendes (59) cobraba hasta $250 mil por gestionar el ingreso al programa. En su poder se halló una nómina con los nombres de 1.500 personas -quienes podrían haber obtenido irregularmente la subvención-, y tarjetas de presentación y documentos grabados con el membrete del Gobierno.

Ubilla explicó que, además, "la diputada Rubilar y la agrupación de exonerados me han informado de antecedentes que el año 2008 se le entregó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que dice relación ya no con la existencia de documentación falsa, sino con una afirmación que el beneficio había sido entregado a personas que no cumplen con los requisitos exigidos por la Ley".

Por su parte, la parlamentaria RN afirmó que "planteamos que existían casos como el del señor Allendes, y creemos que siguen habiendo más casos".

Rubilar añadió que "también dijimos que había personas que calificaban con antecedentes que no correspondían... Y que el único antecedente para obtener beneficios era un certificado de una autoridad política".

En la arista penal del caso, el 7º Juzgado de Garantía acogió ayer la querella que el Ministerio del Interior interpuso contra Allendes por los delitos de falsificación de instrumento público, de instrumentos privados y usurpación de funciones.

1.500
personas podrían haber recibido los beneficios de la Ley Valech, en base a mentiras.

$250 mil
cobraba Allendes por los trámites para lograr la ayuda.